Tomás Rogelio Corona Arango
Expediente 1730/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1730/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado
- Tomás Rogelio Corona Arango
- Edgar Rojas Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 1730/2016; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Tomás Rogelio Corona Arango, por su propio derecho, mediante escrito presentado el cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, residente en esta ciudad, que por razón de turno tocó conocer a este órgano jurisdiccional, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en esta ciudad, que hizo consistir en: la omisión en el dictado del laudo en el expediente 284/2014 (3); que estima violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1° y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO.- Por proveído de siete de noviembre de dos mil dieciséis, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de garantías, solicitó informe justificado a la responsable, ordenó emplazar a los terceros interesados, dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 6º, 35, 37, 107 y 124, de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO.- Del informe justificado rendido por la Presidenta en representación de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se desprende la existencia del acto controvertido. TERCERO.- Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este órgano jurisdiccional advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano jurisdiccional estima que en la especie, se concreta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). De las copias certificadas que acompañó la Presidenta de la Sala responsable, deducidas del expediente laboral 284/2014 (3), las cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2°, de ésta, se desprende que los integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca, con fecha nueve de diciembre de dos mil dieciséis, pronunciaron el laudo correspondiente. Determinación que se notificó personalmente al apoderado legal del actor aquí quejoso, el doce de diciembre anterior, en las oficinas que ocupa la responsable. En ese sentido, es dable concluir que el citado acto reclamado dejó de subsistir y, en consecuencia de producir efectos en razón al laudo emitido el nueve de diciembre retropróximo y su notificación el doce del mismo mes, esto es, en data posterior a la presentación de la demanda de amparo (cuatro de noviembre de dos mil dieciséis), de esa manera se concreta la causal de improcedencia prevista por el citado numeral 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Se invoca en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. En ese contexto, procede sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo 1730/2016, promovido por Tomás Rogelio Corona Arango. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte los terceros interesados INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA EN OAXACA y JAVIER DE JESÚS RENSÓN SOSA, AYALON BELMAR SOSA VELASCO Y MARÍA DE LOS ÁNGELES, HERNÁNDEZ JUÁREZ, no cumplieron c0n el requerimiento que se les formuló en auto de siete de noviembre de dos mil dieciséis, esto es, señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído y, se ordena que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les hagan por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo vigente, hasta en tanto subsanen dicha omisión. Se invoca como apoyo a lo anterior, la tesis número II.T.28 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 1058, del Tomo XXIII, Abril de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. CUANDO DE LA RAZÓN ACTUARIAL SE DESPRENDA QUE NO EXISTE EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PROCEDE ORDENAR QUE SE HAGA POR LISTA. La fracción II del artículo 30 de la Ley de Amparo dispone que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de la casa o despacho, la notificación personal se hará por lista, lo cual obedece a la imposibilidad de realizarla ante la inexistencia de un domicilio; consecuentemente, atendiendo al principio de derecho ubi eadem ratio, idem ius, que establece que donde existe la misma razón, debe existir el mismo derecho, se concluye que dicho dispositivo también resulta aplicable en los casos en que de la razón actuarial se advierta que fue imposible realizar la notificación personal ordenada por no existir el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones; y, en tal virtud, lo procedente es ordenar que dicha notificación se efectúe por lista. Asimismo, agréguense a sus autos el oficio y anexo de cuenta, suscrito por la autoridad responsable, mediante los cuales rinden su informe justificado; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 119 del ordenamiento legal citado, téngase como prueba documental la que acompaña a su oficio de cuenta, misma que en razón de su especial naturaleza se tiene por desahogada en este acto, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de diciembre de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos se advierte, se encuentra transcurriendo el plazo otorgado a la autoridad responsable en auto de siete de noviembre del presente año; ante ello, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta propia fecha; por lo que se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL DIECISIETE, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
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