Tomas Méndez Jarquín

Expediente 188/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
188/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
25/03/2021

Partes del expediente

  • Tomas Méndez Jarquín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada en autos, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo número 188/2020; y, ********************R E S U L T A N D O:********************PRIMERO. ******************** por su propio derecho, mediante escrito presentado el trece de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este Tribunal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados al Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegado de Prestaciones dependiente de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Encargado del Departamento de Pensiones dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistentes en: ********************"El ilegal e inconstitucional mandato de efectuar el pago de mi pensión de por vida, tomando como base para calcular el monto de dicha pensión la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), lo que deriva en mi perjuicio económico lesivo a mi derecho como pensionado, situación que inicio a partir del día primero de febrero del año dos mil diecisiete y es un hecho continuo hasta el día de la presentación de esta demanda".********************"La ilegal e inminente orden de realizar el pago de mi pensión, tomando como parámetro la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), lo que equivale a posteriores actos de aplicación de la referida Ley (sic), constituyendo actos futuros de indudable realización, por parte de las autoridades responsables".********************"La ilegal omisión de otorgar al quejoso los incrementos a mi pensión CONFORME A LA EVOLUCIÓN ANUAL DEL SALARIO MÍNIMO, que es el parámetro que debe aplicarse para el cálculo de la cuota diaria de mi pensión por ser una prestación de índole laboral y no la Unidad de Medida y Actualización (U.M.A.), como indebidamente lo viene realizando la responsable a partir del año 2017 y hasta la fecha de la presentación de esta demanda". ********************Actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 5°, primer párrafo, 14, 16 y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ********************SEGUNDO. En proveído de catorce de febrero de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de que se trata, solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************TERCERO. Con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 4/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con la finalidad de evitar la concentración de personas y, con ello, la propagación del virus, se ordenó la suspensión total de labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, con excepción de los casos previstos en el citado Acuerdo; razón por la cual, se decretó la suspensión de los plazos procesales, audiencias y sesiones de los Plenos de Circuito.********************Posteriormente, mediante Acuerdo General 6/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reformó y adicionó su similar 4/2020, decretando que la suspensión de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, se extendería hasta el cinco de mayo de dos mil veinte, con las excepciones previstas en el citado Acuerdo General.********************Enseguida, mediante Acuerdo General 8/2020, emitido por el Pleno del citado Consejo, de veintisiete de abril de dos mil veinte, el cual entró en vigor el seis de mayo posterior, fueron decretados los postulados mediante los cuales se debía regir la función jurisdiccional durante el periodo del seis al treinta y uno de mayo de dos mil veinte.********************El veinticinco de mayo de dos mil veinte el Pleno del Consejo emitió el Acuerdo General 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del diverso 8/2020, hasta el quince de junio de dos mil veinte.********************Por Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se prorrogó la suspensión de labores del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, con el esquema de contingencia allí establecido.********************Con el objetivo de dar continuidad a las medidas tendientes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se continuó con la suspensión de labores hasta el quince de julio de dos mil veinte, reanudándose las actividades jurisdiccionales contempladas en dicho acuerdo plenario. Posteriormente se prorrogó tal circunstancia hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte.********************Finalmente, por Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, publicado el 31 de julio de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del 3 de agosto de 2020, en específico en su artículo 2, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 02 de agosto de 2020.********************Por lo que en auto de siete de agosto de dos mil veinte, se levantó la suspensión de plazos y términos, y se prosiguió con la tramitación del presente juicio de amparo, señalándose nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional.********************CUARTO. Por auto de treinta de octubre de dos mil veinte, este tribunal tuvo al inconforme ampliando la demanda de garantías, respecto a las autoridades responsables señalando como tales al Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos, Tesorero General de la Dirección de Finanzas, y Subdirector de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a quienes les reclama lo mismos actos reclamados; por que pidió a las responsables su informe justificado, se dio intervención a la Representante Social de la adscripción, y la audiencia constitucional se celebró al tenor del acta que antecede.******************** C O N S I D E R A N D O: ********************PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. ********************SEGUNDO. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente.********************TERCERO. Al rendir sus informes justificados el Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos, Tesorero General de la Dirección de Finanzas, y Subdirector de Pensiones, todos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negaron la existencia de los actos que se les reclamada, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tal negativa, y de autos no se deprende lo contrario. En tal virtud, en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto a dichas autoridades.********************Es aplicable en la especie, la Jurisprudencia número 284, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página 236, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que dice: ********************"INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo".********************CUARTO. De los informes justificados rendidos por el Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Subdelegado de Prestaciones dependiente de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y Encargado del Departamento de Pensiones dependiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se desprende la certeza de los actos controvertidos.******************** QUINTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público.********************En la especie, se surte la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, como así lo señalaron las responsables, numeral que establece:******************** "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . ******************** XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley".********************Del ordinal transcrito, se advierte que el juicio de amparo, se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, en atención al principio de definitividad que rige al juicio de derechos fundamentales, la parte quejosa, previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado y lograr que desaparecieren de su esfera jurídica las violaciones que argumenta en su demanda de amparo.********************En la especie, los actos aquí controvertidos deben ser combatidos previo a la instauración del juicio de amparo, mediante el Juicio Contencioso Administrativo Federal, previsto en los artículos 2, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 3, fracción VII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que disponen: ********************"Artículo 2. El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa."******************** "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] ********************VII. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; [.] Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando la interposición de éste sea optativa."********************En efecto, de los artículos invocados se advierte, que contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos en materia administrativa federal, así como las que se dicten en materia de pensiones, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, procede el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 111/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 326, Tomo XXII, correspondiente al mes de septiembre de dos mil cinco, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:******************** "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LAS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DICTADAS POR AQUÉL O POR SUS ÓRGANOS DEPENDIENTES, QUE CONCEDAN, NIEGUEN, REVOQUEN, SUSPENDAN, MODIFIQUEN O REDUZCAN LAS PENSIONES, SON ACTOS DE AUTORIDAD IMPUGNABLES A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PREVIAMENTE AL AMPARO, SALVO QUE SE ACTUALICE ALGUNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. Conforme a los artículos 51, antepenúltimo y último párrafos, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y 46, fracción II, del Estatuto Orgánico del propio Instituto, éste está facultado legalmente para conceder, negar, suspender, modificar o revocar las pensiones; resoluciones que constituyen actos de autoridad en tanto que afectan en forma unilateral la esfera jurídica del particular sin necesidad de contar con su consenso o de acudir previamente a los tribunales. Por tanto, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos son impugnables optativamente a través del recurso de revisión o por medio del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente al juicio de garantías, acorde con el precepto 11, fracción VI, de la Ley Orgánica del Tribunal citado, con la salvedad de que no habrá obligación de agotar el juicio ordinario indicado cuando se actualice alguna excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo".********************En esta tesitura, se concluye que debe abandonarse parcialmente el criterio establecido en la tesis 2a. XLVII/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 454, con el rubro: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. PARA DETERMINAR CUÁL ES EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DE LOS JUICIOS LABORALES EN LOS QUE SE RECLAME EL PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A ESE ORGANISMO, DEBE ATENDERSE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL QUE RIGE EL VÍNCULO LABORAL DEL QUE ÉSTAS DERIVAN.", para establecer que no es aplicable en los casos en que únicamente se demanden al referido Instituto las resoluciones (órdenes) mediante las cuales haya concedido, negado, suspendido, revocado, modificado o reducido la pensión respectiva". A mayor abundamiento, la legislación que prevé el citado medio de defensa, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para la suspensión del acto reclamado, motivo por el cual, la parte quejosa se encuentra obligada a agotarlo previo a la instauración de la presente vía constitucional.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1446, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son:******************** "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." ********************De ahí que al no agotar la parte agraviada previamente a la promoción del juicio de amparo dicho medio ordinario de defensa, por virtud del cual pudo haberse modificado, revocado o nulificado el acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia invocada, y por ende, conlleva a sobreseer el presente juicio de amparo, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo.******************** Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil Del Primer Circuito, visible en página 902, Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice:********************"AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". ********************Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio 188/2020, promovido por Tomás Méndez Jarquín. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a sus autos los oficios de cuenta, suscritos por las autoridades responsables, mediante los cuales rinden su informe justificado con relación a la ampliación de la demanda promovida por la parte quejosa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados, así como domicilio para oír y recibir notificaciones, los indicados en los oficios de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por auto de veintinueve de enero último, se agregaron los informes justificados rendidos por las responsables; en tal circunstancia, toda vez que aun no transcurre el plazo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan nuevamente las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DÍA DOS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO. NOTIFÍQUESE.

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