Tomás Pérez Rodríguez

Expediente 722/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
722/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
25/09/2023

Partes del expediente

  • Tomás Pérez Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 722/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vistos los autos, advirtiéndose que por acuerdos de fechas: I) Veintisiete de julio de este año, este Juzgado de Distrito declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ************, por propio derecho, contra un acto de la magistrada instructora adscrita a la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. II) Veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se tuvo al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, comunicando que en el juicio de amparo directo *******, previo a determinar si aceptaba o no la competencia declinada, remitió la demanda de amparo a la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que cumpliera con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo. Juicio de amparo vinculado. Ahora, de acuerdo a la certificación que antecede, en el juicio de amparo directo *********, vinculado a este juicio ********, se advierte que por acuerdo de fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, se desechó la demanda de amparo de que se trata. Al dictar esa resolución, implícitamente admitió la incompetencia legalmente planteada por este órgano jurisdiccional. 2. Archivo del expediente. En esas condiciones, como no existe asunto pendiente por diligenciar, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3. Destino del expediente. Y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu), 20, fracción II, y 23, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es DESTRUIBLE; así, será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, contado a partir de la fecha en que se emite este acuerdo, una vez cumplido ese plazo, se procederá a su destrucción, y el acta de baja documental se remitirá dentro de los treinta días naturales siguientes, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 4. Integración de notificaciones al expediente electrónico. Se ordena al (la) actuario (a) de la adscripción verifique que las notificaciones generadas en este expediente, hayan sido integradas al expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes 5. Publicación de datos personales. Y como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución de incompetencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública haya sido integrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 722/2023 MESA 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Informa colegiado que remitió demanda de amparo a la responsable para certificación y remisión de autos. Agréguese el oficio del actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, por el que se comunica que en el juicio de amparo directo ********************, previo a determinar si acepta o no la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, remitió la demanda de amparo a la autoridad responsable, Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que cumpla con lo establecido en el artículo 178 de la Ley de Amparo y le remita los autos originales del que deriva el acto reclamado, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Beatriz Bernardita Martínez Martínez, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe..

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN PREVIO AVISO Número de expediente: 722/2023 Acuerdo: P 722/2023, mesa 1 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de julio de dos mil veintitrés. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra un acto de la magistrada instructora adscrita a la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, presentada el veintiséis de julio del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en este municipio, turnada en la misma fecha a este órgano jurisdiccional; fórmese expediente con el número 722/2023. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al(la) secretario(a) de Juzgado adscrito(a), que lleva el trámite de este expediente que, de acuerdo al nuevo esquema de trabajo en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, a) haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. 3. Competencia. Por ser un presupuesto procesal que trasciende al orden público, se analiza, en primer término, el relativo a la competencia. Como antecedentes del acto reclamado, el quejoso manifestó, bajo protesta de decir verdad, que: 1. El veinte de abril de dos mil veintitrés solicitó al coordinador de Actividades en Materia de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca: a) la cancelación de crédito de vivienda por transcurrir en demasía el plazo por el que le fue otorgado; b) la prescripción de la obligación de pago, por haberse cumplido el plazo de diez años previsto en el artículo 249 de la Ley del citado Instituto; y, como consecuencia c) la cancelación de la reserva de dominio que grava la escritura de propiedad que le expidió el Fondo de Vivienda de dicho Instituto. 2. A través del oficio *** fechado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, dicha autoridad declaró improcedente la prescripción negativa respecto del crédito para la adquisición de vivienda que celebró con el Fondo de Vivienda del referido Instituto el cinco de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; y negó la cancelación de la reserva del dominio que solicitó en términos del artículo 249 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Contra esa resolución, el seis de junio de este año promovió demanda de nulidad ante la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, la que por resolución de veintiuno de junio dos mil veintitrés, dictada en el expediente ***, desechó la demanda por improcedente. Así, de lectura a la demanda de amparo se advierte que el agraviado reclama en este juicio de amparo indirecto: La resolución de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictada en el expediente ***, que desechó su demanda de nulidad, por improcedente; lo que atribuye a la magistrada instructora adscrita a la Primera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca. No obstante, se estima que este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca carece de competencia legal, por razón de grado, para conocer de la demanda de amparo de que se trata. Al respecto, los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo prevén: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. (.) Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. (.)" De dichos preceptos se advierte -en esencia- que cuando un juez de Distrito estime que los actos reclamados en una demanda son materia de amparo directo, declarará carecer de competencia y remitirá los autos al Tribunal Colegiado que corresponda. También, se advierte la procedencia del juicio de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, en la inteligencia que por resoluciones que ponen fin al juicio se entienden aquellas que, sin decidir en lo principal, lo dan por concluido; lo anterior, previo agotamiento de los recursos ordinarios que se establezcan en la Ley de Amparo, por virtud de los cuales puedan ser modificadas o revocadas. En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa consiste en una resolución dictada en el expediente *** el veintiuno de junio de dos mil veintitrés, a través de la cual se desechó la demanda en ese juicio contencioso administrativo, en la que pretendía la nulidad del oficio *** fechado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, que declaró improcedente la prescripción negativa respecto de un crédito para la adquisición de vivienda que celebró con el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y negó la cancelación de la reserva del dominio que solicitó en términos del artículo 249 de la Ley del citado Instituto. Atento a lo anterior, se advierte que el acto reclamado descrito, puso fin al juicio *** sin decidirlo en lo principal, por lo que debe ser materia de análisis en amparo directo, cuya competencia corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito, en virtud que se trata, se reitera, de la resolución que desechó una demanda de nulidad. Sustentan lo anterior, por su contenido, las tesis cuyos datos de localización, rubro y texto son: "Registro digital: 2008791 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 6/2015 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 95 Tipo: Jurisprudencia TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". "Registro digital: 2024106 Instancia: Plenos de Circuito Undécima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: PC.III.A. J/8 A (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo III, página 2290 Tipo: Jurisprudencia DESECHAMIENTO PARCIAL DE LA DEMANDA DE NULIDAD. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN CONTRA DEL CUAL PROCEDA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en sentido opuesto sobre la naturaleza del acuerdo que desecha parcialmente una demanda de nulidad y si en su contra es procedente el juicio de amparo indirecto, conforme a lo establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues mientras uno de ellos sostuvo que es un acto de imposible reparación, al afectar de manera cierta e inmediata el derecho sustantivo de acceso a la justicia del quejoso, dado que los actos que fueron materia del desechamiento ya no podrán formar parte de la litis, ni ese perjuicio podrá ser reparado de obtener una sentencia favorable, el otro resolvió que ese acuerdo no afecta de manera cierta e inmediata los derechos sustantivos del quejoso, pues si bien tiene impacto en el desarrollo del proceso en tanto que los actos o autoridades respecto de los que no se admitió la demanda no serán materia del juicio, la verdad es que esa afectación se encuentra vinculada a los derechos procesales del actor y, en esa medida, debe reclamarse como violación procesal al promover el juicio de amparo en la vía directa. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra el acuerdo por el que se desecha parcialmente una demanda de nulidad, al no revestir una ejecución irreparable, en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior es así, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación", es necesario que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho sustantivo, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; por ende, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre estas bases, se concluye que el desechamiento parcial de la demanda de nulidad, por sí mismo, no afecta algún derecho sustantivo del quejoso, como a la vida, a la libertad, a las propiedades o posesiones, sino que sólo surte efectos procesales, y si bien pudiera sostenerse que atenta contra los derechos fundamentales de acceso a la justicia y de tutela judicial efectiva, por impedir que la secuela procedimental y el resultado final se den de forma completa e íntegra, esas alegadas violaciones no trascienden más allá de lo puramente procesal, es decir, por más que esos derechos no pudieran reputarse estrictamente de naturaleza adjetiva, sino también sustantiva, finalmente lo importante es que su alegada afectación no se produce en forma independiente al procedimiento jurisdiccional del que son parte y, en esa medida, pueden repararse o extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del quejoso, si se combaten como violación procesal en la vía directa y se concede el amparo solicitado, pues se dejaría insubsistente el acuerdo de desechamiento y se admitiría la demanda en su totalidad; subsanándose con ello la afectación resentida dentro del juicio ordinario". En esas condiciones, en términos de lo que establecen los artículos 47, 48 y 170 de la Ley de Amparo, así como 38, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ESTE JUZGADO DE DISTRITO DECLARA CARECER DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DEL ACTO RECLAMADO; por tanto, remítase la demanda de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común respectiva, solicitándole el acuse de recibo en el que indique el sentido de la determinación que adopte. 4. Se ordena formar cuaderno de antecedentes Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de las constancias relativas. 5. Instrucción a la oficial judicial "A". Se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado de Distrito, haga disponible el expediente electrónico de este juicio de amparo, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con su expediente. 6. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que menciona en su demanda. 7. Autorizados legales. Y como sus autorizados legales únicamente para recibir notificaciones, en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a las personas que al efecto señala, por haberlo solicitado expresamente en la demanda. 8. Medios de comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa proporcionando un número de teléfono y un correo electrónico como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que adicionó el diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 9. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho durante las vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, con las facultades derivadas de la interpretación del numeral 161 de la anterior Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/3773/2023, de la misma fecha; y firma ante Guadalupe Mishell Zavaleta Reyes, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. .

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