Tomás Caballero Vásquez y Otros.

Expediente 1126/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1126/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Tomás Caballero Vásquez y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    PRAL 1126/2022 MESA 3* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. 1. Estados de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en la que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto el aludido recurso contra dicho fallo. 1.1. Causa ejecutoria la sentencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2. Requerimiento de cumplimiento de sentencia. Con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, cumpla en sus términos la ejecutoria de amparo; cuyo efecto es del tenor siguiente: ".SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN: En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia solicitada, para los efectos siguientes: I. El Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca notifique a los quejosos 1) *****, 2) ***** y 3) ***** la contestación dada al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós." (Transcripción) 3. Apercibimiento. Se le apercibe que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá multa de cien días calculados al valor inicial diario de la unidad de medida y de actualización (UMA). Además, se continuará con el trámite previsto en el numeral 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, esto es, se impondrán las multas que procedan y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución. 4. Publicación de datos personales. Como las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la sentencia ejecutoriada estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Precisión sobre Acuerdo General aplicable. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes procesales que, en lo subsecuente, para la tramitación de este juicio de amparo, deberán estarse a las disposiciones previstas en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. Notifíquese. Así lo proveyó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 1126/2022 MESA 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con veintitrés minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1126/2022, como se ordenó en acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por 1) *****, 2) *****y 3) *****, por propio derecho, y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que, a la fecha, no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado agregado en proveído de dieciocho de octubre de este año, en relación a la de la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así también, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Respecto a que no han transcurrido los ocho días a que hace referencia el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en el caso, se estima innecesario que se difiera la audiencia constitucional, ello, en atención al sentido de esta esta sentencia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal; además de que la parte quejosa no solicitó el diferimiento de la audiencia, como lo establece la hipótesis del numeral 117 invocado; por tanto, debe celebrarse la audiencia constitucional. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como medio de convicción: Escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, presentado ante el Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca. La autoridad responsable, Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, remitió como prueba: Oficio de contestación de doce de octubre del año en curso. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas pruebas, que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló y la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1126/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, el mismo día, 1) *****, 2) *****y 3) *****, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 1126/2022, se admitió a trámite; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y se citó a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformo el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama a autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca: La omisión de contestar el escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, no negó ni aceptó el acto reclamado; sin embargo, realizó manifestaciones que comprueban su existencia, aunado que la parte quejosa reclamó la falta de contestación a un escrito y de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la contestación la realizó hasta el doce de octubre siguiente, lo que demuestra que a la fecha de la presentación de la demanda existía dicha omisión. Por tanto, la actuación que se reprocha a esa autoridad se tiene como existente. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, resulta imperante examinar si en este asunto opera alguna causa de improcedencia, por ser de orden público dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló el concepto de violación que se tiene por reproducido y no se transcribe, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Resulta fundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio el artículo 8° constitucional. Por tanto, a fin de evidenciar las razones por las que deriva fundado el motivo de inconformidad de la parte quejosa, es menester citar el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del citado precepto se advierte que el derecho de petición implica que los gobernados tienen la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, incluso de cualquier índole. Así, el Estado y sus autoridades (funcionarios y empleados), por virtud de la relación jurídica consignada en el artículo constitucional antes reproducido, tienen la obligación ineludible de: a) Dictar un acuerdo por escrito a la solicitud que el gobernado plantee y, b) Darlo a conocer en breve término al interesado, de forma personal. Lo anterior siempre que el gobernado cumpla con los requisitos siguientes: 1º que formule la petición por escrito, 2º que sea de manera pacífica y respetuosa. Así, se puede concluir que los elementos del derecho de petición son: Petición: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. Contestación: 1. Emitirse en breve término. 2. Ser congruente con la petición. 3. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, agosto de 2005, registro 177628, del rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". Ello revela que para que el gobernado acredite el interés jurídico cuando acuda en amparo a impugnar actos de esa naturaleza, es necesario que demuestre que realizó y presentó la petición cuya falta de contestación se duele, la que debe estar dirigida de manera pacífica y respetuosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, página 351, registro 222606, del tenor y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder". En el caso, la parte quejosa manifestó que presentó un escrito de petición el veinticinco de agosto de dos mil veintidós ante el Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca; circunstancia que acreditó con la documental que anexó a su demanda de amparo; solicitud que la autoridad aceptó en su informe justificado, al manifestar que mediante oficio sin número de doce de octubre de dos mil veintidós dio contestación al ocurso mencionado. Ahora, la responsable, con el informe justificado exhibió copia de la contestación de doce de octubre del año en curso, en atención a la petición de la parte quejosa. Documental que merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°; pues se trata de documento público, calidad que se obtiene por haber sido emitido por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, no obstante que la referida autoridad responsable acreditó que dio respuesta a la petición de la parte quejosa, lo cierto es que fue omisa en justificar que dicha contestación se dio a conocer a aquélla. En efecto, la responsable omitió notificar personalmente al quejoso de mérito la respuesta que dio al escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; toda vez que del escrito de petición se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para recibir notificaciones, por lo que la responsable debió asegurarse que aquélla quedara notificada personalmente de la determinación que dio a dicho escrito. Además, cabe reiterar que la autoridad responsable está obligada a notificar el acuerdo recaído a una petición, conforme al artículo 8° constitucional, por lo que, necesariamente, debió de realizar todas las gestiones necesarias a efecto de dar cabal cumplimiento al citado artículo, pues debe hacerlo conocer en breve término a la parte quejosa, porque, precisamente, la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada; en el entendido de que aun cuando se haya dictado el auto respectivo, si éste no fue notificado provoca, en principio, la creencia de la omisión de su dictado y, por ende, la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición, lo que así ocurre en el particular. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN: En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia solicitada, para los efectos siguientes: I. El Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca notifique a los quejosos 1) *****, 2) *****y 3) ***** la contestación dada al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a 1) *****, 2) *****y 3) *****, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia, y para el efecto indicado en el diverso considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe. PRAL 1126/2022 MESA 3 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con veintitrés minutos del veintiocho de octubre de dos mil veintidós, hora y día señalados para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio de amparo 1126/2022, como se ordenó en acuerdo de veintisiete de septiembre del año en curso, Ponciano Velasco Velasco, titular de Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistido de Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia, sin asistencia de las partes de manera física o a través de algún medio electrónico autorizado. APERTURA DE LA AUDIENCIA. Abierta la audiencia, la secretaria hizo relación de las constancias de autos, leyéndolas en su totalidad, entre las que se encuentran la demanda de amparo promovida por 1) *****, 2) *****y 3) *****, por propio derecho, y demás constancias de autos, e informa que no existe documento alguno con el cual deba darse cuenta. Asimismo, hace constar que, a la fecha, no han transcurrido los ocho días que deben mediar entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado agregado en proveído de dieciocho de octubre de este año, en relación a la de la celebración de la audiencia constitucional, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así también, que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, contenidos en los artículos 68 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que se hizo de su conocimiento en auto de admisión. Enseguida, se acuerda: I. Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales conducentes. II. Respecto a que no han transcurrido los ocho días a que hace referencia el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en el caso, se estima innecesario que se difiera la audiencia constitucional, ello, en atención al sentido de esta esta sentencia y en acatamiento al artículo 17 de la Constitución Federal; además de que la parte quejosa no solicitó el diferimiento de la audiencia, como lo establece la hipótesis del numeral 117 invocado; por tanto, debe celebrarse la audiencia constitucional. III. Por cuanto a que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, determínese lo conducente al dictarse sentencia. ETAPA PROBATORIA. Acto continuo, abierto el periodo probatorio, se hace constar que: La parte quejosa ofreció como medio de convicción: Escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintidós, presentado ante el Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca. La autoridad responsable, Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, remitió como prueba: Oficio de contestación de doce de octubre del año en curso. Acto continuo, se acuerda: Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas las citadas pruebas, que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. No habiendo pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. ETAPA DE ALEGATOS. Abierto el periodo de alegatos, se hace constar que únicamente la parte quejosa los formuló y la agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado no presentó pedimento. Por lo que se declara cerrado este periodo y procede emitir la sentencia siguiente. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1126/2022; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil veintidós ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio y remitido a este Juzgado por razón de turno, el mismo día, 1) *****, 2) *****y 3) *****, por propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto del Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintidós se registró la demanda de amparo con el expediente 1126/2022, se admitió a trámite; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, y se citó a la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, en términos de los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción I, de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformo el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, y el acto se reclama a autoridad residente en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda, así como de las constancias que integran este asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: Del Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca: La omisión de contestar el escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte -SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección- Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable, Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, no negó ni aceptó el acto reclamado; sin embargo, realizó manifestaciones que comprueban su existencia, aunado que la parte quejosa reclamó la falta de contestación a un escrito y de las constancias remitidas por la responsable se advierte que la contestación la realizó hasta el doce de octubre siguiente, lo que demuestra que a la fecha de la presentación de la demanda existía dicha omisión. Por tanto, la actuación que se reprocha a esa autoridad se tiene como existente. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Sea que las partes lo aleguen o no, resulta imperante examinar si en este asunto opera alguna causa de improcedencia, por ser de orden público dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. QUINTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló el concepto de violación que se tiene por reproducido y no se transcribe, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, página 830, del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Estudio de fondo. Resulta fundado el concepto de violación aducido por la parte quejosa, en el sentido de que la autoridad responsable ha vulnerado en su perjuicio el artículo 8° constitucional. Por tanto, a fin de evidenciar las razones por las que deriva fundado el motivo de inconformidad de la parte quejosa, es menester citar el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del citado precepto se advierte que el derecho de petición implica que los gobernados tienen la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular peticiones de manera escrita, incluso de cualquier índole. Así, el Estado y sus autoridades (funcionarios y empleados), por virtud de la relación jurídica consignada en el artículo constitucional antes reproducido, tienen la obligación ineludible de: a) Dictar un acuerdo por escrito a la solicitud que el gobernado plantee y, b) Darlo a conocer en breve término al interesado, de forma personal. Lo anterior siempre que el gobernado cumpla con los requisitos siguientes: 1º que formule la petición por escrito, 2º que sea de manera pacífica y respetuosa. Así, se puede concluir que los elementos del derecho de petición son: Petición: 1. Formularse de manera pacífica y respetuosa. 2. Dirigirse a una autoridad. 3. Proporcionar un domicilio para recibir respuesta. Contestación: 1. Emitirse en breve término. 2. Ser congruente con la petición. 3. Ser notificada en el domicilio señalado para ese efecto. Lo anterior, encuentra apoyo en la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXII, agosto de 2005, registro 177628, del rubro y texto siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo". Ello revela que para que el gobernado acredite el interés jurídico cuando acuda en amparo a impugnar actos de esa naturaleza, es necesario que demuestre que realizó y presentó la petición cuya falta de contestación se duele, la que debe estar dirigida de manera pacífica y respetuosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo VII, Junio de 1991, página 351, registro 222606, del tenor y texto siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que se tuviera por presuntivamente cierto el depósito en el correo de un escrito dirigido a la autoridad responsable y a su vez, que aquél no ha sido proveído por ésta, no es suficiente para que proceda otorgar el amparo que haya sido solicitado por violación al derecho de petición, ya que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder". En el caso, la parte quejosa manifestó que presentó un escrito de petición el veinticinco de agosto de dos mil veintidós ante el Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca; circunstancia que acreditó con la documental que anexó a su demanda de amparo; solicitud que la autoridad aceptó en su informe justificado, al manifestar que mediante oficio sin número de doce de octubre de dos mil veintidós dio contestación al ocurso mencionado. Ahora, la responsable, con el informe justificado exhibió copia de la contestación de doce de octubre del año en curso, en atención a la petición de la parte quejosa. Documental que merece valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°; pues se trata de documento público, calidad que se obtiene por haber sido emitido por un funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Sin embargo, no obstante que la referida autoridad responsable acreditó que dio respuesta a la petición de la parte quejosa, lo cierto es que fue omisa en justificar que dicha contestación se dio a conocer a aquélla. En efecto, la responsable omitió notificar personalmente al quejoso de mérito la respuesta que dio al escrito de veinticinco de agosto de dos mil veintidós; toda vez que del escrito de petición se advierte que la parte quejosa señaló domicilio para recibir notificaciones, por lo que la responsable debió asegurarse que aquélla quedara notificada personalmente de la determinación que dio a dicho escrito. Además, cabe reiterar que la autoridad responsable está obligada a notificar el acuerdo recaído a una petición, conforme al artículo 8° constitucional, por lo que, necesariamente, debió de realizar todas las gestiones necesarias a efecto de dar cabal cumplimiento al citado artículo, pues debe hacerlo conocer en breve término a la parte quejosa, porque, precisamente, la omisión o indebida notificación de la contestación correspondiente, implica la falta de conocimiento de la forma y términos en los que la autoridad contestó la petición formulada; en el entendido de que aun cuando se haya dictado el auto respectivo, si éste no fue notificado provoca, en principio, la creencia de la omisión de su dictado y, por ende, la falta de cumplimiento cabal del derecho de petición, lo que así ocurre en el particular. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN: En consecuencia, procede conceder el amparo y protección de la justicia solicitada, para los efectos siguientes: I. El Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca notifique a los quejosos 1) *****, 2) *****y 3) ***** la contestación dada al escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós. OCTAVO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a 1) *****, 2) *****y 3) *****, contra el acto y autoridad precisados en el considerando segundo; por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia, y para el efecto indicado en el diverso considerando séptimo de la misma. SEGUNDO. En su oportunidad dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 1126/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. 1. Se agrega escrito. Agréguese el escrito de cuenta firmado por los quejosos 1) Tomas Caballero Vásquez, 2) Valeriano Caballero Vásquez y 3) Catalina Caballero Vásquez, al respecto se provee: Téngase a la parte quejosa desahogando la vista otorgada en proveído de dieciocho de octubre de este año, respecto del informe justificado rendido por la autoridad responsable, Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca. Asimismo, solicita se requiera a dicha autoridad responsable, las documentales que señaló haber entregado a Eduardo Benjamín Ruíz en el escrito de contestación; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, toda vez que en este asunto se reclama la falta de contestación al escrito presentado el veinticinco de agosto de este año, por lo que, en su caso, ello, de ser procedente, será motivo de análisis en la sentencia dictada en este asunto. Finalmente, no se hace mayor pronunciamiento respecto del domicilio, autorizados, correo electrónico y número telefónico que se indican en el escrito de cuenta, toda vez que en el auto inicial se acordó lo correspondiente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PRAL 1126/2022 MESA 3 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio signado por el Comisariado Ejidal de Trinidad de Viguera, Centro, Oaxaca, mediante el cual rinde informe justificado; con el mismo dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. 1.1. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la citada responsable, copia del acuse de recibido de doce de octubre del año en curso. Misma que se desahoga en razón de su propia y especial naturaleza. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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