Tomás Martínez Almendarez
Expediente 1569/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 9 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1569/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Tomás Martínez Almendarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agrega oficio. Con fundamento en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, únicamente agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Encargado de la Subdirección Zona Media de la Dirección General de Métodos de Investigación, toda vez que en proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó la vista con el cumplimiento respectivo. Notifíquese por medio de lista.
- Incidental
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que no obra en autos el acuse de recibo relativo al oficio * dirigido a la Administración Postal de Torres de Padierna Gerencia Sur, Ciudad de México, del organismo Descentralizado del Servicio Postal mexicano, correspondiente al auto de veintiséis de abril de dos mil veintitrés, con el cual se les hizo del conocimiento a las autoridades responsables el recurso de revisión interpuesto por la Directora Contenciosa de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Requerimiento. En ese tenor, a fin de integrar debidamente el presente expediente, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de la Administración de Correos en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días, se sirva remitir el acuse de recibo relativo a los oficios siguientes: Factura de ocho de mayo de 2023 Núm Oficios Autoridad Número de registro 1 ******************** Administración Postal de Torres de Padierna Gerencia Sur, Ciudad de México, del organismo Descentralizado del Servicio Postal mexicano MN056822373MX El cual fue listado con el número de registro anteriormente mencionado, en la factura recibida el ocho de mayo del presente año, por la Oficina del Servicio Postal Mexicano, en esta ciudad de la cual se le remite copia, o bien manifieste el motivo que se lo impide. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo.
- Incidental
SE NOTIFICA POR LISTA A LAS PARTES LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que ha transcurrido el término de tres días otorgado en auto de veintisiete de octubre del año en curso, para que las partes ofrezcan pruebas y manifiesten lo que a su interés legal convenga; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Pruebas documentales, instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Con fundamento en los artículos 67 y 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de las partes quejosa y tercera interesada las que ofertaron a través de los escritos registrados con los folios 21784 y 22383, así como la imagen digital y videograbación contenida en la memoria USB ofrecida por la segunda citada. Sin que esta última amerite una diligencia especial para tenerla desahogada, ya que se retrasaría la impartición de justicia, aunado que este órgano jurisdiccional cuenta con el equipo necesario para su reproducción, lo cual se corrobora de la certificación 2 de cuenta. Por lo anterior, no ha lugar a requerir a la Fiscalía General de la República proporcione el nombre de un experto en informática para que se realice la reproducción de los archivos que contienen la memoria USB. Resulta aplicable la jurisprudencia P./J. 18/2020 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 82, Enero de 2021, Tomo I, página 5, que dispone: "INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. LAS VIDEOGRABACIONES CONTENIDAS EN MEDIOS ELECTRÓNICOS TIENEN EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL Y, POR TANTO, PUEDEN SER OFRECIDAS POR LAS PARTES EN AQUÉL. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron en forma contradictoria en torno a si una videograbación se debe considerar como prueba documental para efectos del incidente de suspensión en el juicio de amparo y, en consecuencia, si procede su admisión como medio probatorio. Criterio jurídico: Las videograbaciones constituyen una prueba documental, pues independientemente del soporte en el que consten y se aporten al incidente de suspensión, cuentan con la capacidad de registrar datos de interés procesal y, además, pueden desahogarse por su propia naturaleza y sin necesidad de una diligencia especial, siempre que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, el oferente de la prueba lo aporte. Justificación: Esta interpretación resulta acorde con los artículos 1o. y 14 de la Constitución General, al ser más protectora del debido proceso, entre cuyas formalidades esenciales que lo conforman está la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas. En este sentido, el artículo 143 de la Ley de Amparo establece que en el incidente de suspensión únicamente se admitirán las pruebas documental y de inspección judicial y, tratándose de los casos a que se refiere el artículo 15 de ese ordenamiento, la prueba testimonial. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que el avance de las tecnologías de la información supone un importante cambio en el ámbito judicial lo que, desde luego, incide en la fase probatoria de un procedimiento; de ahí que para determinar la naturaleza de una videograbación se debe partir de que, jurídicamente, un documento es cualquier instrumento con capacidad para registrar datos o información, donde lo principal es su capacidad de registro y, lo secundario, el soporte en el que aparece recogido dicho objeto. Además, si el legislador federal hizo énfasis en la finalidad protectora de la suspensión, e incluso facultó al órgano jurisdiccional para solicitar documentos y ordenar las diligencias que considere convenientes para resolver sobre la suspensión definitiva, válidamente se puede concluir que las partes pueden ofrecer una videograbación contenida en un medio electrónico como prueba documental en el incidente de suspensión para que el juzgador pueda obtener certeza sobre hechos relevantes y, de ser el caso, otorgarle cierto valor probatorio, siempre que ello no comprometa la celeridad que debe imperar en dicho incidente. Al respecto, no pasa inadvertido que, dependiendo del soporte en el que se ofrezca la prueba en cuestión, se requiere un medio técnico para su reproducción; sin embargo, ello no amerita una diligencia especial que retrase la impartición de justicia, sino únicamente que el juzgador cuente con el equipo necesario para su reproducción y, de no ser así, podrá aportarlo el oferente de la prueba". Por otra parte, téngase a la vista al momento de resolver este asunto la documental pública ofertada por la tercera interesada, consistente el juicio de amparo 635/2020, el cual constituye un hecho notorio para la suscrita de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En otro orden, se tienen como pruebas de las partes quejosa y tercera interesada la instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humana. Probanzas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Prueba confesional. Por lo que se refiere a la confesional que ofrece la tercera interesada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 67, en relación con el diverso 119, de la Ley de Amparo, no ha lugar admitirla toda vez que dicho medio de convicción no es admisible en el juicio constitucional, ni en sus incidentes, en términos del segundo precepto legal citado. Al respecto es aplicable la tesis 2a. XXXVII/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo II, página 1609, del tenor siguiente: "PRUEBA CONFESIONAL POR POSICIONES. LA PROHIBICIÓN DE SU ADMISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY RELATIVA, RESULTA ACORDE CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL. Las razones que el legislador federal tuvo para limitar la admisión de la prueba confesional por posiciones, entendida como la confesión expresa o confesión judicial provocada, consisten en la observancia de los principios de igualdad procesal entre las partes en el ofrecimiento de pruebas, idoneidad del instrumento probatorio y excepcionalidad en la procedencia del juicio de amparo. De esta manera, si la autoridad responsable fuese la absolvente, la prueba de posiciones no podría practicarse, ya que un hecho sobre el cual versara la confesión, es susceptible de ser realizado por diferentes órganos del Estado sin ser, por ende, exclusivamente propio del confesante y, en segundo término, debe atenderse a la imposibilidad de que cualquier autoridad recuerde con precisión y exactitud todas y cada una de las circunstancias en que se haya efectuado el acto reclamado, dada la multitud de casos y actos que conoce y emite en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y legales, conclusión que debe hacerse extensiva en favor de los gobernados, quejoso o tercero interesado, con apoyo en el principio de igualdad de oportunidades. Además cabe precisar que lo que pretende dilucidarse con el ofrecimiento de la absolución de posiciones, consta generalmente en documentos públicos, los cuales de conformidad con la ley, tienen eficacia plena. En este sentido la prohibición de admitir la confesional por posiciones en el juicio de amparo, encuentra justificación constitucional y legal en la medida en que con ello se evita que las partes estén en aptitud de interrogarse entre sí, afectando con ello la igualdad entre las partes, excepcionalidad y equidad procesal, en la tramitación del juicio de amparo, cuyo material probatorio se constriñe a aquellas pruebas que obran ante la autoridad señalada como responsable, considerando que no se tomarán en cuenta aquellos elementos de convicción que no hubiesen sido rendidos previamente ante dicha autoridad, sino cuando excepcionalmente no hubiesen tenido oportunidad de hacerlo". Inspección ocular del juicio de amparo. De la lectura del escrito de la tercera interesada registrado con el folio 21784, que contiene los puntos a desahogarse en la inspección judicial, se advierte que tiene como fin que el actuario judicial verifique las constancias que integran los autos originales del controvertido constitucional 635/2020, del cual deriva el incidente en que se actúa, específicamente el escrito inicial de demanda, así como los acuerdos de seis y veintidós de octubre de dos mil veinte. Ahora, el artículo 161 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, dispone que el reconocimiento o inspección judicial tiene como fin servir para aclarar o fijar hechos relativos a la controversia que no requieran conocimientos técnicos. Por otra parte, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2, constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional los asuntos que ante este se tramitan, pudiendo consultar y constatar las constancias que los integran al momento de resolver uno diverso perteneciente a su estadística, sin que se haga necesario que tales documentales obren en copia certificada en el asunto que se resuelve. Apoya lo anterior la jurisprudencia XXII. J/12, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, Enero de 1997, página 295, con registro digital 199531, que dispone: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 103/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, que ordena: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". Por lo que si el artículo 161 de la Ley Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, prevé que tal medio de prueba sólo será procedente cuando sirva para aclarar o fijar hechos relativos a la controversia que no requieran conocimientos técnicos, y si al momento de dictar resolución en el incidente en que se actúa este órgano jurisdiccional tendrá a la vista el juicio de amparo del cual deriva (635/2020), ya que en párrafos que preceden se tuvo como prueba documental ofrecida por la tercera interesada, resulta evidente que no se debe admitir la inspección ofertada, pues su objetivo ya se encuentra cumplido en el presente caso, que es ilustrar sobre la existencia o no de las constancias que refiere en el capítulo titulado "PRUEBAS", punto "INSPECCIÓN OCULAR", de la misiva con registro 21784. Ante ello, resulta impertinente e innecesario y, por tanto, contrario a derecho, admitir y desahogar la inspección aludida, ya que generaría una afectación al derecho humano de las partes del incidente en se actúa previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos, pues se dilataría la impartición de justicia en virtud del desahogo de una prueba respecto de cual su objeto se encuentra acreditado en autos. No es obstáculo a lo anterior el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 41/2002 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO RESULTE IDÓNEA PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSO, EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLA BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL HECHO ES SUSCEPTIBLE DE DEMOSTRARSE CON LA DOCUMENTAL.", ya que en este se analizó el caso en que un juez desecha la prueba de inspección ocular cuando lo que se pretende probar puede ser demostrado a través de una documental, que aún no obra en autos. Hipótesis que no resulta aplicable al caso que se analiza, toda vez que en esta incidencia ya se tuvo como prueba de la tercera interesada el juicio de amparo 635/2020, documental pública que contiene los datos que serían materia de inspección judicial, la cual resulta dilatoria si el propio órgano jurisdiccional puede hacerla directamente de dichas constancias. Pruebas testimoniales y periciales. Con fundamento en los artículos 167 y 119 de la ley de la materia, se admiten las pruebas (i) testimonial con cargo a Joaquín Cuitláhuac Mendoza Rocha y María Guadalupe Córdoba Rodríguez, así como las (ii) periciales en materias de valuación y determinación de arrendamientos inmobiliarios, así como de valuación de daños, ofertadas por la tercera interesada; por tanto, procédase a su desahogo, distribuyendo entre las partes copia de los cuestionarios relativos, haciéndolo personalmente al quejoso, y por oficio a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público adscrito a este órgano jurisdiccional. Vista para ampliar puntos. Se hace del conocimiento de las demás partes, a excepción de la oferente de la prueba, que pueden ampliar los puntos sobre los cuales versarán dichas probanzas, para ello tendrán un plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que de no hacer manifestación al respecto, se desahogarán las aludidas probanzas únicamente sobre los puntos indicados en los cuestionarios de mérito ofrecidos por la tercera interesada. Requerimiento a las partes para designar perito. Se requiere a las partes, para que si así lo estiman procedente, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, designen al profesional que se desempeñará como perito de su parte; apercibidos que de no designar experto de su parte en las materias de las periciales citadas, se tendrá únicamente al perito oficial. Requiere designación de perito oficial. Con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria la ley de la materia, a efecto de designar al perito que fungirá con tal carácter, se solicita al Delegado de la Fiscalía General de la República en esta ciudad, para que dentro del plazo precisado con antelación, proporcione el nombre de un perito que pueda determinar sobre los cuestionarios propuestos por la tercera interesada. Para su mejor comprensión anéxese copia autorizada de éstos. Apercibimiento. Apercibido que de no hacerlo, se hará acreedor a una multa por el equivalente a cincuenta días del valor de la unidad de medida y actualización, de conformidad con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, y 259, de la Ley de Amparo. Presentación de testigos. En virtud de que la tercera interesada manifestó expresamente en su misiva presentada en este juzgado el veintiséis de octubre del año en curso, que se comprometía a presentar a los atestes Joaquín Cuitláhuac Mendoza Rocha y María Guadalupe Córdoba Rodríguez; en consecuencia, queda a cargo de dicha parte procesal la presentación de los testigos referidos, debidamente identificados con documento oficial, en el local que ocupa este juzgado, sito en calle Palmira, número 905, quinto piso, ala "B", Fraccionamiento Desarrollos del Pedregal, de esta ciudad, en la fecha y hora que se programe para la celebración de la audiencia del incidente en que se actúa. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se tendrá desierto el anterior medio de convicción al celebrarse la audiencia del incidente de pago de daños y perjuicios derivados de la suspensión del acto reclamado, por falta de interés en su desahogo. Ilustra lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J 125/2009, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Marzo de 2010, visible a página 591, que dispone: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SU DESERCIÓN, POR INASISTENCIA DE LOS TESTIGOS, ÚNICAMENTE DEBE DECLARARSE DENTRO DE LA ETAPA DE PRUEBAS DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. De la interpretación sistemática de los artículos 151 y 155 de la Ley de Amparo, así como del numeral 167 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se advierte que la prueba testimonial se anunciará cinco días hábiles antes del señalado para la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la audiencia, siendo obligación del oferente, de no manifestar imposibilidad alguna, presentar a los testigos en el día y hora fijados para su celebración, so pena de que se declare desierta. En ese sentido, se concluye que la deserción de la prueba testimonial en el juicio de amparo, por inasistencia de los testigos, únicamente debe declararse dentro de la etapa de pruebas de la audiencia constitucional, en tanto que dicha declaratoria requiere, en primer término, que aquélla se lleve a cabo y, en segundo, que no se presenten los testigos anunciados; de ahí que si no se celebra el día y hora señalados para ello, el órgano de amparo no debe declarar desierta la prueba por inasistencia de los testigos, ya que el momento procesal oportuno para su desahogo es la etapa de pruebas, la cual se desarrolla precisamente en la audiencia de garantías; de manera que si ésta no se celebra, carece de sentido exigir la presencia de los testigos". Hora y fecha para celebración de audiencia incidental. Con fundamento en el indicado artículo 67 de la Ley de Amparo, se programan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y OCHO MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia del incidente de pago de daños y perjuicios derivados de la suspensión del acto reclamado. Notifíquese personalmente a las partes quejosa y tercera interesada; por medio de lista; y por oficio a la autoridad responsable, Agente del Ministerio Público de la adscripción y Delegado de la Fiscalía General de la República en esta ciudad.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a efecto de dar cumplimiento a la sentencia decretada en autos. Vista. Con su contenido, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga. Notifíquese por medio de lista.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Diego Alonso Ávila Veyna, Secretario que autoriza y da fe.
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