Tito Olvera Castro
Expediente 851/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 851/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Tito Olvera Castro
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta que remite la Juez Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, mediante el cual trascribe el proveído de dos de septiembre de dos mil diecinueve, del que se advierte que dicho órgano jurisdiccional aceptó la competencia planteada quedando registrado con el número 338/2019-II de su índice. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no existe trámite pendiente de realizar, archívese el presente cuadernillo como asunto concluido y háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Finalmente, con fundamento en el punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de seis meses conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre en este cuaderno de antecedentes algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto y atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I inciso C y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa la siguiente determinación: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Tito Olvera Castro, contra actos del JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSI y otras autoridades, que estima violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, bajo el número 851/2019-I. Ahora bien, a efecto de determinar cuál órgano jurisdiccional es el legalmente competente para conocer del escrito de demanda en comento, en principio es menester precisar la naturaleza jurídica del acto reclamado, pues ello dará la pauta para identificar qué regla de competencia dispuesta en el artículo 37 de la Ley de Amparo, es la aplicable en el caso concreto. En esa virtud, de inicio se tiene que la parte quejosa señala en la demanda como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- ORDENADORAS: C. JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE RIOVERDE, SAN LUIS POTOSÍ.; C. JUEZ DE CONTROL DEL CENTRO DE JUSTICIA PENAL DE CÁRDENAS, SAN LUIS POTOSÍ.; EJECUTORAS: C. Comisario de la Policía Ministerial en el Estado, C. Director de Seguridad Pública del Estado, C. Director de Seguridad Pública Municipal en Santa Catarina, S.L.P., C. Director de Seguridad Pública Municipal en Rayón, S.L.P., C. Director de Seguridad Pública Municipal en Rioverde, S.L.P., C. Director de Seguridad Pública Municipal en Cárdenas, S.L.P." "IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las Ordenadoras, reclamo la ORDEN DE APREHENSIÓN, PRESENTACIÓN y/o COMPARECENCIA, dictada en mi contra de una manera arbitraria y fuera de todo fundamento y legalidad. De las demás autoridades reclamo la ejecución de dicha orden." En ese sentido, el acto controvertido conlleva una ejecución material, en virtud de que lo que reclama el quejoso consiste en una orden de aprehensión, presentación y/o comparecencia emitida en su contra, la cual, de llegar a ejecutarse, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el indiciado, es evidente que tiene una afectación sobre la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Además., cabe destacar que del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la orden privativa de libertad reclamada se pretendió ejecutar en el municipio de Santa Catarina, San Luis Potosí. Lo anterior, pues al efecto manifestó como ya se señaló, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: "Recientemente me he dado cuenta que unas personas que dicen ser Agentes de Policía Ministerial me andan buscando en mi domicilio ubicado (sic) la calle de Francisco I. Madero número 4, del Municipio de Santa Catarina San Luis Potosí, con el propósito aparentemente de detenerme, presuntamente en ejecución de una ORDEN DE APREHENSIÓN, PRESENTACIÓN y/o COMPARECENCIA, sin que haya cometido el suscrito delito alguno ni haya fundamento para tal acto de autoridad." En ese tenor atendiendo a que el domicilio del quejoso, en el que se pretendió ejecutar la orden de captura reclamada se localiza en el Municipio de Santa Catarina, San Luis Potosí, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer del presente asunto, de acuerdo con las siguientes consideraciones: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Recibida la demanda y sus anexos por el órgano requerido, éste decidirá de plano, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, si acepta o no el conocimiento del asunto. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación de las partes. En caso contrario, devolverá la demanda al requirente, quien deberá resolver dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes si insiste o no en declinar su competencia. Si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido y se dará por terminado el conflicto competencial. Si insiste en declinar su competencia y la cuestión se plantea entre órganos de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito de su jurisdicción, el cual dará aviso al requerido para que exponga lo que estime pertinente. Si el conflicto competencial se plantea entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo tribunal colegiado de circuito, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá los autos y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente, debiéndose estar a lo que se dispone en el artículo anterior. Recibidos los autos y el oficio relativo, el tribunal colegiado de circuito tramitará el expediente y resolverá dentro de los ocho días siguientes quién debe conocer del juicio; comunicará su resolución a los involucrados y remitirá los autos al órgano declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto ningún órgano jurisdiccional podrá declararse incompetente para conocer del juicio antes de resolver sobre la suspensión definitiva". De los preceptos antes transcritos se desprende que es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, y que el Juez ante el que se promueva un juicio de amparo que otro deba conocer, se declarará incompetente de plano y comunicará su resolución al que en su concepto deba conocer de dicho juicio. Tales reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, se puntualizan a continuación para una mejor comprensión técnica: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se éste ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. b) La segunda hipótesis normativa que se contiene en el numeral en análisis, más que una regla diversa, constituye más bien un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto legal en comento se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se hubiese presentado la demanda; como se observa, en este supuesto, basta que quede debidamente evidenciado en autos que la demanda en la que se reclama un acto que no requiere de ejecución material, se haya presentado ante el juez de distrito en el que ejerce jurisdicción, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de amparo. De todo lo anterior se colige, que en la especie se actualiza la hipótesis de competencia a que se refiere el inciso a) antes precisado, puesto que como ya se dijo, el acto reclamado conlleva una ejecución material y en la especie incluso ya ha tratado de ejecutarse en el lugar antes indicado, por lo que la competencia para el conocimiento de la demanda de mérito recae en el juzgador federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese orden de ideas, es pertinente destacar que por Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se advierte, que los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, ejercerán jurisdicción territorial en este Estado, en los municipios de Alaquines, Aquismón, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Coxcatlán, Ebano, El Naranjo, Huehuetlán, Lagunillas, Matlapa, Rayón, San Antonio, San Ciro de Acosta, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Santa Catarina, Tamasopo, Tamazunchale, Tampacán, Tampamolón Corona, Tamuín, Tancanhuitz de Santos, Tanlajás, Tanquián de Escobedo y Xilitla. De lo anterior, resulta inconcuso que si, como refiere el quejoso en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, ha sido buscado en su domicilio ubicado en el Municipio de Santa Catarina, San Luis Potosí, por agentes de la Policía Ministerial con la finalidad de detenerlo en cumplimiento de una orden de aprehensión, presentación y/o comparecencia; en consecuencia, la competencia para conocer del presente juicio de garantías, se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, pues es dentro de esa jurisdicción donde ya se ha tratado de ejecutar el acto reclamado e incluso donde se ejecutaría, de conformidad con los artículos que se mencionan en párrafos que anteceden. Sirve de apoyo a lo expuesto, en lo conducente, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 383, Tomo 1, Agosto de 2013, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." Por consiguiente, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer y resolver respecto de la demanda de amparo, por considerar que la competencia se surte a favor del Juzgado de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, en turno, quien de estimarlo necesario está en aptitud de realizar la prevención a que se refiere la jurisprudencia que antecede; por lo que con fundamento lo dispuesto por el artículo 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir de plano los presentes autos al Juzgado de mérito, previo cuaderno de antecedentes que se forme con copia autorizada de la boleta de turno, de la demanda de amparo y del presente proveído. Además, vistos los efectos del acto reclamado, beneficia al hoy quejoso, en virtud que éste podrá lograr una mejor operatividad efectiva y eficiente de sus derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al poder acudir al Juez de Distrito del lugar donde el reside y, por ende, donde es posible que sea detenido o privado de su libertad por elementos de la policía. En diversa tesitura, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Francisco Javier Ramos Rivera y Ricardo Jiménez Niño, quienes cuentan con cédula profesional número 1613306 y 1695520, registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Miguel Ángel Huerta Almendarez, por no tener su cédula registrada en el aludido Sistema. De conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente al promovente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de agosto de dos mil diecinueve. En cumplimiento a lo ordenado en el auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 851/2019-I; se forma el presente cuaderno con motivo de la incompetencia legal de este órgano de control constitucional para conocer de la demanda de amparo promovida por Tito Olvera Castro, contra actos del Juez de Control del Centro de Justicia Penal de Rioverde, San Luis Potosí, y de otras autoridades, agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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