Tomas Dominguez Vidal

Expediente 604/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
604/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Tomas Dominguez Vidal
  • Yadira Dominguez Vidal y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia que sobreseyó en este juicio. Por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción I (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la Secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. Devolución de Constancias. Devuélvanse los tomos de pruebas, consistente en el original del toca civil 126/2023 del índice de la Sala responsable, original del expediente 388/2021 y acumulado 279/2021 del control del Juzgado Primero Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, con residencia en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, original del cuaderno de pruebas de la parte demandada en dos tomos y original del cuaderno anexo al citado expediente 388/2021, que remitió la sala responsable en apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo número 604/2023; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de junio de dos mil veintitrés, en la oficialía de partes de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, Tomas y Yadira, ambos de apellidos Domínguez Vidal, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto reclamado de la citada Sala responsable [fojas 7-20], que en el considerando segundo se precisará. SEGUNDO. Incompetencia legal. En acuerdo de diecinueve de junio del presente año, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este circuito, en el expediente A.D. 286/2023, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto en la vía directa, ordenando su remisión a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, para que fuera turnado a cualquiera de los juzgados federales con residencia en esta población [fojas 31-34]. TERCERO. Admisión de la demanda. En acuerdo de veintidós de junio del año en curso, este órgano judicial radicó el asunto con el número 604/2023, aceptó la competencia y admitió la demanda [fojas 37-41]; no solicitó informe justificado en virtud de ya existir en autos, emplazó a los terceros interesados y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49, 50 y 60, fracción III (materia civil), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el mismo medio de difusión el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, una vez analizado en su integridad este asunto, se determina que el acto reclamado a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, es el siguiente: La resolución dictada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el toca número 126/2023, que revocó la sentencia emitida el treinta de enero del año en curso, en el expediente 388/2021 y acumulado 279/2022, por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, y ordenó la reposición del procedimiento para diversos efectos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, aceptó el acto reclamado [foja 6]. Para corroborarlo, anexó los originales del toca número 126/2023, y del expediente 388/2021 y acumulado 279/2022, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, a los que se asigna pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". [.] "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". En efecto, se actualiza la citada causa de improcedencia, toda vez que el juicio de amparo indirecto procede contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos (como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones) y no los adjetivos, de acuerdo con la distinción siguiente: Derechos sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales del quejoso, los cuales se encuentran tutelados en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, mediante los derechos reconocidos en la Carta Magna, en virtud de que la afectación no se destruye con el sólo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio. Derechos adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de resolución favorable, por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. En el caso, el juicio constitucional de amparo promovido por los quejosos resulta improcedente, toda vez que el acto reclamado versa únicamente sobre derechos adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación. Se afirma lo anterior, porque la resolución reclamada a la Sala responsable en el toca número 126/2023, que revocó la sentencia dictada el treinta de enero del año en curso, en el expediente 388/2021 y acumulado 279/2022, y ordenó la reposición del procedimiento para que el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cosolapa, Oaxaca, subsanara diversas violaciones procesales cometidas durante la sustanciación del juicio natural, como son: i) emplazar al Comisariado Ejidal del Núcleo de Población Cañamazal y su anexo Rancho Viejo, Municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca; ii) pronunciarse sobre la excepción de incompetencia planteada por los demandados ********************, Fidel Calles Utrera, Raymundo Calles Utrera, Prisciliano Pulido Malpica, Clemente Pulido Mendoza e Isabel Herrera Mirón; iii) resolver sobre la admisión o no de la excepción de cosa juzgada planteada por los demandados en el juicio de origen (con excepción de Isabel Herrera Mirón); y iv) aperturar un incidente no especificado y allegarse de las pruebas necesarias, incluyendo la pericial en la materia, para determinar si el analfabetismo de Fidel Calles Utrera e Isabel Herrera Mirón, les permite comprender el alcance y consecuencias de ser demandados en el juicio reivindicatorio de origen. La parte medular de esa esa decisión es la siguiente: "REYES MANTECÓN, SAN BARTOLO COYOTEPEC, CENTRO, OAXACA; DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS. (.) C O N S I D E R A N D O: En efecto, los demandados ERNESTO MORA HERRERA, FIDEL CALLES UTRERA, RAYMUNDO CALLES UTRERA Y PRISCILIANO PULIDO, contestaron la demanda en escrito presentado ante el juzgado de origen el día dieciocho de octubre de dos mil veintiuno, del texto del escrito de contestación, se advierte que la parte reo afirma que los bienes que se persiguen en reivindicación corresponden al Ejido Cañamazal y su anexo Rancho Viejo, en tanto que ellos sólo son posesionarios conforme a los certificados parcelarios que exhibieron con el escrito de contestación a la demanda y que ya fueron valorados en la sentencia apelada. (.) De ahí, que atento a lo que dispone el artículo 670 del Código de Procedimientos Civiles, debe revocarse la sentencia apelada, sin entrar al estudio del fondo del asunto, a efecto de que sea emplazado y llamado a juicio el Comisariado Ejidal del Núcleo de Población Cañamazal y su anexo Rancho Viejo, debido a que en los términos del artículo 32 de la Ley Agraria, es el Comisariado Ejidal el órgano de representación del ejido de referencia con las facultades que le otorga el artículo 33 de la misma ley. Independientemente de lo anterior, de la misma lectura de los autos de primera instancia, la Sala advierte diversa violación a la que ya fue advertida, atento a que por un lado los demandados ERNESTO MORA HERRERA, FIDEL CALLES UTRERA, RAYMUNDO CALLES UTRERA Y PRISCILIANO PULIDO, al contestar la demanda entablada en su contra hicieron valer la incompetencia del juzgado, y por el otro, también los demandados CLEMENTE PULIDO e ISABEL HERRERA MIRÓN, también hicieron valer la misma excepción; incluso esta última ofreció para tal efecto la prueba pericial topográfica a cargo del ingeniero HERNANDO HERNÁNDEZ MORA. No obstante lo anterior, el juez de origen jamás se pronunció sobre el trámite de la precitada excepción de incompetencia que ilegalmente pretende resolver en el dictado de la sentencia de fondo (.). De la misma manera, con excepción de la demandada ISABEL HERRERA MIRÓN, todos los demás demandados invocaron a su favor la excepción de cosa juzgada, sin que el juez de conocimiento se haya pronunciado sobre su admisión o no, dejando de nueva cuenta a la parte reo en total estado de indefensión, de modo que, en la reposición del procedimiento que ya se ha ordenado, el juez natural tiene la obligación de pronunciarse sobre la excepción de cosa juzgada. Además, de la misma lectura de los autos impugnados se advierte que los demandados FIDEL CALLES UTRERA e ISABEL HERRERA MIRÓN, no saben leer ni escribir, habida cuenta que sendos escritos que suscribieron, los calzaron con huellas digitales, y así puesto que ambos personajes son integrantes de un núcleo de población ejidal es evidente que deben ser considerados por su analfabetismo como integrantes de una nueva categoría sospechosa, de quienes se necesita saber si a pesar de su analfabetismo comprenden o no las consecuencias y efectos de estar inmersos en una contienda judicial; de tal manera, que en estricta observancia de lo que dispone el artículo 1º de la Constitución Federal en el sentido de que el Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos para que entre otras cosas las partes se encuentren en igualdad de condiciones en una controversia de la naturaleza que nos ocupa, es necesario que el juez de origen en la reposición del procedimiento abra un incidente no especificado y que de oficio se allegue de las pruebas necesarias, incluyendo la pericial en la materia, para determinar si el analfabetismo de FIDEL CALLES UTRERA y de ISABEL HERRERA MIRÓN, les permite comprender el alcance y consecuencias de ser demandados en el juicio reivindicatorio, en el que está de por medio la posesión de tierras parcelarias, que los demandados dicen poseer. (.) R E S U E L V E: Primero.- Sin entrar al estudio de fondo del asunto, se revoca la sentencia apelada, y se ordena la reposición del procedimiento para los diversos efectos que contienen este fallo". [subrayado y resaltado propio de este órgano de control constitucional] Como se aprecia, es evidente que el acto reclamado en este asunto, por los efectos y las consecuencias que genera, no tiene una ejecución irreparable que justifique la procedencia de esta vía, porque involucra exclusivamente derechos adjetivos que producen efectos intraprocesales, por lo que no ocasionan a los peticionarios del amparo un perjuicio actual o presente sobre un derecho cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. En conclusión, esa decisión no es de imposible reparación por tratarse de cuestiones meramente procesales, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, lo cual que en este caso no ocurre, porque una vez subsanada las violaciones procesales ordenadas por el tribunal de alzada (antes descritas), los aquí quejosos pueden obtener un resultado favorable a sus intereses legales, y en caso no ser así, estarán en aptitud de interponer el recurso correspondiente. Máxime que no se advierte que la autoridad responsable con motivo de la reposición del procedimiento haya ordenado nulificar actuaciones procesales o pruebas ya practicadas, que pudieran ser imposible desahogar nuevamente; por lo que se insiste, los efectos concretos de la reposición del procedimiento (emplazar a un demandado, pronunciarse sobre las excepciones de incompetencia y cosa juzgada, y aperturar un incidente no especificado) no tienen consecuencias de imposible reparación que pudieran hacer procedente el amparo indirecto. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 17/91, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 205810, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE DEJA INSUBSISTENTE LA DE PRIMERA INSTANCIA Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, DEBE DETERMINARSE SI LAS CONSECUENCIAS DE LA INSUBSISTENCIA DEL FALLO Y DE LA REPOSICIÓN, SON O NO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Para establecer si procede el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que deja insubsistente la de primera instancia y ordena la reposición del procedimiento por violaciones cometidas en éste, en cada caso concreto debe estudiarse y determinarse si las consecuencias producidas por la insubsistencia de la resolución de primera instancia y por la reposición ordenada, son o no de imposible reparación, y para ello debe acatarse el criterio sostenido en la jurisprudencia 6/1991, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia en sesión privada de 22 de enero de 1991, con el rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.". En efecto, si bien la mera reposición del procedimiento, por regla general, no produce la afectación cierta e inmediata de algún derecho sustantivo, consagrado por las garantías individuales, cuyas consecuencias no sean reparables aun cuando quien las sufra obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio, en algunos casos las consecuencias de dicha reposición del procedimiento pueden llegar a producir tales afectaciones, caso en el que procederá el amparo indirecto en contra de la sentencia de segundo grado que decretó la reposición. Por el contrario, si las consecuencias de la insubsistencia del fallo o de la reposición del procedimiento no afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo consagrado por las garantías individuales, se estará frente a una violación del procedimiento reclamable en el amparo directo que llegare a intentarse contra la sentencia definitiva, pues tal caso es análogo, por su gravedad y efectos, a los previstos por el artículo 159 de la Ley de Amparo, y afecta las defensas de la parte agraviada pudiendo trascender al resultado del fallo". Apoya lo anterior, por su sentido, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 2000789, del tenor: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". Los criterios que preceden a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo abrogada, resultan aplicables al caso concreto, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, en atención a que no se oponen a ésta. En consecuencia, por los motivos y fundamentos antes señalados, ante la actualización de la causa de improcedencia analizada, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 1º, fracción I, 2º, 73, 74 y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 604/2023, promovido por Tomas y Yadira, ambos de apellidos Domínguez Vidal, contra el acto reclamado de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca; por las razones precisadas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista a los quejosos y a los terceros interesados ********************, ******************** e ********************

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de julio de dos mil veintitrés. Se acuerda oficio. Incorpórese el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este circuito, con sede en esta la ciudad de Oaxaca; visto su contenido, téngasele remitiendo el oficio 225/2023 signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta encargada de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil , con sede en Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, así como el escrito signado por los quejosos Tomás y Yadira, ambos de apellidos Domínguez Vidal. En consecuencia, glósese el oficio signado por la Secretaria de Estudio y Cuenta encargada de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala Civil, con sede en Reyes Mantecón San Bartolo Coyotepec, sin que haya lugar a proveer de conformidad, toda vez que por auto de tres de julio del actual, se recibieron en este juzgado los escritos de los terceros interesados. Se acuerda escrito de quejosos. Por otra parte, incorpórese el escrito de los quejosos Tomás y Yadira, ambos de apellidos Domínguez Vidal; visto su contenido, téngasele señalando el correo electrónico y número de teléfono que se indican en su escrito de cuenta, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, dado que dichos medios no se encuentran establecidos por la Ley de Amparo NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de julio de dos mil veintitrés. Incorpórese el oficio y anexos de cuenta, suscrito por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este circuito, con sede en esta la ciudad de Oaxaca; visto su contenido, téngasele remitiendo únicamente tres escritos firmados por los terceros interesados ********************, ******************** y ********************. Acúsese recibo. En consecuencia, glósense los escritos de los terceros interesados ********************, ******************** y ********************, mediante los cuales, pretenden interponen demanda de amparo directo adhesivo, sin que haya lugar a proveer de conformidad, toda vez que el presente asunto se tramita como amparo indirecto. No obstante lo anterior, y conforme a la certificación de cuenta, el referido Tribunal Colegiado, no remitió las diversas constancias a que hace referencia en su oficio de cuenta, a saber: - Oficio 225/2023 de la secretaria de estudio y cuenta encargada de la Secretaría de Acuerdos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. - Escrito de la parte quejosa ******************** y ********************, ambos de apellidos ********************. Por tanto, solicítese al Tribunal Colegiado oficiante que de no tener inconveniente, remita las referidas constancias a efecto de proveer lo que en derecho corresponda en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE.

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