Tomás Cenobio Manuel
Expediente 435/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 435/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tomás Cenobio Manuel
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de junio de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con residencia en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; lo anterior, para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta, signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en Salina Cruz; téngasele informando que remitió los autos del juicio de amparo 183/2019 IV-A, de su índice, relativo al diverso 435/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, en turno, residente en esta localidad, a fin de que resuelva lo procedente respecto al conflicto de competencia planteado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de mayo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, a través del cual remite por incompetencia la demanda de amparo que registró con el número 183/2019, promovida por Tomás Cenobio Manuel, en su carácter de presidente y apoderado legal del Comité Local de la "Unidad Cañera Democrática del Ingenio La Margarita", Asociación Civil, cuatro anexos y diecisiete copias de la demanda; toda vez que por auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, declinó la competencia por razón de territorio para conocer de la demanda, a favor del juez de Distrito en el Estado de Oaxaca en turno, con residencia en San Bartolo Coyotepec, por los motivos expuestos. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmense expedientes impreso y electrónico respectivamente, regístrense en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 435/2019. Acúsese recibo. Ahora, del oficio de cuenta se advierte que el juez Federal, declina la competencia por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo, ya que estima que el acto reclamado, consistente en la resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo 2019/00388, en la que se determinó procedente el registro del Comité Directivo de la organización denominada "Unidad Cañera Democrática del ingenio La Margarita", Asociación Civil, consignado en el acta de asamblea general celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, así como su ejecución, tiene naturaleza declarativa con efecto positivos, por ende, con ejecución material. Ello, pues considera que el quejoso se duele del registro de un nuevo Comité Directivo de la asociación denominada "Unidad Cañera Democrática del ingenio La Margarita", Asociación Civil, de la que refiere ser el presidente del Comité Directivo, registrado previamente para el periodo 2016 - 2020, y el cual no ha concluido en su encargo, por lo que la resolución tiene como finalidad sustituir al citado Comité, pues deriva de una solicitud de modificación del Comité de esa asociación ante el Director del Registro Nacional Agropecuario, dependiente de la oficina del abogado General de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con residencia en la Ciudad de México. Afirma que dicha resolución conlleva un principio de ejecución, que implica que el quejoso sea destituido como presidente del comité, así como a cada uno de sus miembros, quienes ejercen sus funciones en Acatlán de Pérez Figueroa, Tuxtepec, Oaxaca, ya que de conformidad con el instrumento notarial número diez mil quinientos cincuenta y seis, de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis, que contiene la protocolización del acta de asamblea de veintitrés de octubre de dos mil dieciséis, se desprende que el domicilio social de dicha asociación es el ubicado en Andador los Tulipanes, sin número, Vicente Camalote, Accatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. Por ello, refiere que la ejecución de dicho acto reclamado, tendrá verificativo en la residencia de la asociación civil, esto es, en Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca, Distrito Judicial de Tuxtepec, Oaxaca, lugar en donde ejerce jurisdicción territorial los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec. Ahora bien, el suscrito no comparte las consideraciones del juez declinante para fincar la competencia a este órgano jurisdiccional, por lo que a continuación se expondrá. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De tal disposición se desprenden tres reglas para fijar la competencia territorial de los Jueces de Distrito, a saber: i) Será competente el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; ii) Cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito, o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y continúe ejecutándose en otro; será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, y se atenderá al criterio de prevención en el conocimiento de la demanda, es decir, la competencia se fincará en el órgano ante el cual se presente la misma; y, iii) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presente la demanda. De lo anterior se obtiene que las posibilidades del quejoso para acudir al juzgador que conocerá de la demanda se ven limitadas cuando el acto reclamado conlleva ejecución material y, en caso contrario, o sea, cuando no amerite ejecución que le afecte alguno de sus derechos sustantivos, no habrá restricción territorial, por lo que el afectado podrá hacerlo ante cualquier resolutor de amparo, sin importar el lugar donde resida; lo anterior, en la inteligencia que cuando el acto reclamado, por su naturaleza, sea susceptible de ejecutarse en más de un distrito, tampoco se estableció restricción territorial alguna. Sin embargo, resulta necesario que en la demanda de amparo, el quejoso aporte al resolutor federal la información suficiente de la que se advierta con claridad que el acto reclamado tendrá ejecución material que afecta alguno de sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para estar en condiciones de fincar la competencia por territorio al Juez de Distrito del lugar en que acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, en el caso, es factible establecer que los actos reclamados por el quejoso son: 1. La resolución de veintiocho de marzo de dos mil diecinueve, dictada en el expediente administrativo 2019/0388, en la que se determinó procedente el registro de la modificación por elección del Comité Directivo de la organización denominada "Unidad Cañera Democrática del ingenio La Margarita", Asociación Civil, consignado en el acta de asamblea general celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho; 2. La ejecución de dicha orden, traducida en el registro de la indicada modificación por elección del Comité Directivo. Distinción que, nos permite clarificar que la naturaleza de los actos reclamados sí requiere ejecución material, la cual se traduce en el registro de la modificación por elección del Comité Directivo de la organización denominada "Unidad Cañera Democrática del ingenio La Margarita", Asociación Civil, consignado en el acta de asamblea general celebrada el dieciocho de noviembre de dos mil dieciocho, que se llevará a cabo en el Registro Nacional Agropecuario, con sede en la Ciudad de México. Registro que, desde luego, no implica considerar también como un acto necesario y consecuente a esa ejecución, la destitución del quejoso como presidente del comité, así como a cada uno de sus miembros, quienes ejercen sus funciones en Acatlán de Pérez Figueroa, Tuxtepec, Oaxaca, ya que en la resolución reclamada no se ordenó dicha destitución. En el caso, el juez declinante finca la competencia con base en la inferencia de las posibles consecuencias del acto reclamado, aspecto que no es dable tomar en consideración para fijar la competencia de este órgano jurisdiccional. Además, los datos que aparecen en la demanda y en la copia de la resolución reclamada, no aportan información de la que se advierta con claridad las consecuencias a que se refiere el juez declinante, consistentes en la destitución del quejoso como presidente del comité. Y aun cuando el juez Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, refiere que la resolución reclamada conlleva un principio de ejecución, que implica que el quejoso sea destituido como presidente del comité, así como a cada uno de sus miembros, quienes ejercen sus funciones en Acatlán de Pérez Figueroa, Tuxtepec, Oaxaca; lo cierto es que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe aplicarse literalmente, sin emplear algún método de interpretación sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, así como por el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdiccional territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, este juzgado no acepta la competencia planteada. En consecuencia, con apoyo en los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, remítanse al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, el juicio de amparo 435/2019, cuatro anexos y diecisiete copias de la demanda; solicitándole muy atentamente, de no tener inconveniente, acuse recibo. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, autorizando a las personas que indica únicamente para oír y recibir notificaciones, sin gozar de las ampliar facultades a que se refiere el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES para que en su caso, el actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Como se indicó, fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.
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