Tmoteo Pacheco Santiago
Expediente 628/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Tmoteo Pacheco Santiago
Actuaciones
- Principal
MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes el oficio con terminación 685/2021 signado por la Presidenta de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, por medio del cual remite copia digital con firmas autógrafas de la diligencia de uno de junio de este año, de la que se advierte: 1.- Se difirió el desahogo de la audiencia para llevar a cabo platicas tendientes a cumplimentar en laudo dictado en el expediente 418/2009 de su índice, así como ejecutoria de amparo del presente asunto y se señalaron las DOCE HORAS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma. Lo anterior en vías cumplimiento de la ejecutoria de amparo. NOTIFÍQUESE. .
- Principal
MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Isaac Rodríguez Vásquez defensor particular de TIMOTEO PACHECO SANTIAGO, contra actos del Juez de Control del Circuito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 628/2021. Se instruye al secretario a cargo de este expediente para que de fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. Ahora, del examen de la demanda se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el órgano jurisdiccional examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, tal dispositivo legal establece lo siguiente: "Arti´culo 113. El o´rgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara´ el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechara´ de plano." En efecto, de la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del órgano jurisdiccional, como se indicó, examinar el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano; sin embargo, para ello debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. En ese sentido, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII; en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]". En ese contexto, es menester precisar que debemos entender como actos de imposible reparación los que producen "ejecución inmediata" al afectar de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Al respecto el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, Materia Común, en su página 39, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Referente a lo anterior, caracterizado el amparo contra actos de imposible reparación como una más de las bases constitucionales que deberían desarrollarse en la respectiva ley reglamentaria, cabe mencionar que el Congreso de la Unión contaba con un determinado margen de libertad de configuración legislativa para hacer efectivo el derecho a reclamar en la vía indirecta este tipo de determinaciones, con la única condición de que la promoción de estos juicios no hiciera nugatoria la regla general prevista en la misma fracción III del artículo 107 constitucional, en el sentido de que al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberían hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, pues no debe perderse de vista que con esta obligación genérica lo que se quiso fue impedir una promoción abundante de demandas de amparo que, por formularse antes del dictado de la sentencia, obstaculizaran injustificadamente la celeridad de los procedimientos jurisdiccionales. Entonces, si bien la constitución federal reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, bajo la condición excepcional y grave de que pudieran calificarse como de imposible reparación, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional. Por tanto, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "substantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, tenemos que la parte quejosa en su escrito de demanda, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO. De la Juez de Control del Distrito Judicial de Ejutla de Crespo, Oaxaca. Reclamo la resolución emitida en el incidente de nulidad de los actos ejecutados dentro de la misma causa penal, y la cual fue celebrada con fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno a las nueve y media de la mañana, y en el cual la juez se niega a declarar nulos cada una de los actuaciones ejecutados en la presente causa penal por falta de designarle un traductor a favor de mi representado, a pesar de que es una persona indígena". De lo transcrito, se infiere que el quejoso se duele de la resolución emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el incidente de nulidad de los actos ejecutados dentro de la causa penal 701/2020, en la cual se negó la nulidad de los actos ejecutados durante el trámite del juicio sin la asistencia del imputado por parte de un traductor, en virtud de su calidad de indígena. Entonces, como se dijo, para que sea procedente reclamar en amparo indirecto alguna cuestión suscitada dentro de un procedimiento específico, dicho acto necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. En el caso, la parte quejosa aduce que le irroga perjuicio la determinación reclamada por no declarar la nulidad de los actos realizados sin la presencia de un traductor que asistiera al imputado. Sin embargo, el acto reclamado por la parte quejosa no constituye un acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en posibles violaciones procesales que, de ser así, afecten derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la sentencia respectiva, si ésta es favorable a los intereses de la parte promovente y, en caso contrario, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva contra dicha sentencia, impugnando la determinación de que se duele, como violaciones procesales, en términos de los artículos 173, apartado B, fracción XIV y, 171, de la Ley de Amparo. "Arti´culo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolucio´n que ponga fin al juicio, debera´n hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitacio´n del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, sen~ale la ley ordinaria respectiva y la violacio´n procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no sera´ exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, nu´cleos de poblacio´n ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginacio´n se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco sera´ exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debio´ aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitucio´n o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "Arti´culo 173. En los juicios del orden penal se considerara´n violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: [.] Apartado B. Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral [.] En caso de que el imputado no hable o entienda suficientemente el idioma espan~ol o sea sordo o mudo y no se le proporcione la asistencia de un inte´rprete que le permita acceder plenamente a la jurisdiccio´n del Estado, o que trata´ndose de personas indi´genas no se le proporcione un inte´rprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura; [.]." En este orden de ideas, se insiste que el acto combatido no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden la posibilidad de que las violaciones procesales que producen como efectos, sean reparadas en la sentencia que de manera definitiva, se pronuncie en la carpeta de enjuiciamiento de la que emana el acto combatido, en tanto que la misma resulte favorable a sus intereses pues en tal caso, la afectación que pretende combatir habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En el caso contrario, como ya se precisó, estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse el acto reclamado en análisis, en ningún de los supuestos del artículo 107 de la Ley de Amparo, es manifiesto que el juicio de amparo que se intenta resulta notoramiente improcedente, al actualizarse la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia IV.20C J/2 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, tomo III, mayo 2014 de rubro: . De igual forma, se invoca la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la otrora Tercera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 280, con rubro siguiente: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE." En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en términos del artículo 113, de la citada ley, se desecha la demanda de amparo promovida por Isaac Rodríguez Vásquez quien se ostenta como defensor particular de Timoteo Pacheco Santiago. Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y en atención a la certificación realizada por la secretaría de este juzgado se tienen por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Egla Pérez Cabrera y a la restante persona que menciona únicamente para imponerse de los autos. Con apoyo en el artículo 5, fracción I, y 3, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de lazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, ampliado en cuanto a su vigencia el diverso 1/2021, emitidos por el citado Pleno, se tiene a la parte promovente señalando el número telefónico y cuenta de correo electrónico que menciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente. Tome nota la actuaria de este juzgado Así como para que se establezca el contacto respectivo cuando sea necesario llevar a cabo notificaciones personales, a fin de lograr el éxito de la diligencia y para seguridad de quienes intervengan en la misma, en cumplimiento a las medidas de aislamiento social y sana distancia. Lo anterior, dado que para recibir notificaciones electrónicas, debe contar con el nombre de usuario o contraseña que se crea al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o su firma electrónica (FIREL), en términos de los artículo 55 y 60 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. En otro aspecto, se exhorta a la parte quejosa a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección . De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. EL PRESENTE ACUERDO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO AVISO, EN TÉRMINOS DE LA LEY DE AMPARO
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