Tito Ruiz Orozco

Expediente 156/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
156/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Tito Ruiz Orozco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA V "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación respecto a la vista otorgada en auto de treinta de agosto del año en curso, en el que se tuvo a la sala responsable informando sobre el cumplimiento al fallo protector. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que existen en autos, la ejecutoria de amparo, se encuentra o no cumplida, o si existe imposibilidad material para su cumplimiento. Efectos de la ejecutoria de amparo Mediante resolución dictada el veintiséis de julio de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, realizara lo siguiente: ". Deje insubsistente el acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, reclamado. En su lugar, emita otro en el que admita a trámite la queja interpuesta por la quejosa y con libertad de jurisdicción substancie el trámite, diligencias que procedan y en su caso, la resolución que en derecho corresponda." Determinación que causó ejecutoria el dieciocho de agosto de dos mil veintitrés Análisis del cumplimiento de la ejecutoria Ahora, de las constancias que obran en autos, mismas que tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte el cumplimiento de los lineamientos de la ejecutoria, ya que la autoridad responsable Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, realizó lo siguiente: 1.- Por oficio con registro 10565, la citada sala responsable, remitió copia certificada del proveído de veintiocho de agosto de la presente anualidad, dictado en el expediente 3983/19-15-01-2 , de su índice, en el cual: a).- Dejó insubsistente el acuerdo de once de enero del año en curso -materia de análisis en el presente asunto- en donde había desechado por notoriamente improcedente la instancia de queja interpuesta por el promovente del amparo mediante escrito de tres de enero de dos mil veintitrés (asimismo dejó sin efecto los diversos proveídos de catorce de octubre y veintidós de noviembre, ambos del año dos mil veintidós y, de tres de enero del presente año, en donde había impuesto multa al Encargado de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado). b).- Ordenó turnar los autos del expediente natural al Magistrado instructor de esa sala, para que proveyera lo relativo a la admisión de la instancia de queja interpuesta mediante ocurso de tres de enero de dos mil veintitrés. 2.- Con el mismo comunicado adjuntó el proveído de esa misma fecha -veintiocho de agosto del año en curso-, en donde el Magistrado instructor admitió a trámite la instancia de queja propuesta por el promovente del amparo, y proveyó lo conducente para su substanciación. Atento a lo anterior, con apoyo en los artículos 196, tercer párrafo y 214, de la Ley de Amparo, al haberse restituido a la parte quejosa en el goce de su derecho a una justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 Constitucional, así como a sus derechos de legalidad previstos en los numerales 14 y 16 de la Carta Magna, SE DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria dictada en el presente asunto, al atenderse sus efectos, sin excesos ni defectos. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que la responsable no remitió la resolución dictada en el recurso de queja, ya que los efectos del fallo protector, derivaron esencialmente de la premisa de que el desechamiento del referido recurso, privó a la parte quejosa del medio de defensa previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que debía admitirlo. Asimismo, se le otorgó libertad de jurisdicción para la substanciación del trámite y diligencias respectivas, entre las que se encuentran el dictado de la resolución. Máxime que del auto de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad de origen, se infiere que se concedió a la autoridad demandada un plazo de cinco días para rendir su informe, con apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por precluido su derecho y se emitiría la resolución correspondiente. Por lo que al quedar demostrado que se admitió el aludido medio de impugnación y se proveyó lo conducente para su substanciación, se reitera el pretendido cumplimiento de la ejecutoria, sin excesos ni defectos. Archivo En tales condiciones, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que no se encuentra pendiente a) cumplir determinación judicial ni devolver documentos originales; b) que el juicio se tramitó sin incidente de suspensión; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es CONSERVABLE, porque se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 17, fracción III, inciso a), el expediente deberá ser transferido al archivo de concentración después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los libros de control respectivos. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA V "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta por el cual el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste, acusa recibo de los comunicados 12543/2023 y 13883/2023, del índice de este juzgado, en donde se le requiere el cumplimiento de la ejecutoria y remite las constancias respectivas con las cuales da cumplimiento a la misma. En vista de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta y su anexo, para que dentro del plazo de tres días hábiles siguientes al que surta efectos la notificación de este acuerdo, exprese lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, de oficio, se procederá a analizar el cumplimiento de la citada sentencia. Se ordena a la Actuaria al que este expediente corresponda, proceder en términos del artículo 27 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo en vigor, esto es, deberá deducir copia del presente acuerdo, así como copia certificada de la resolución que en pretendido cumplimiento remite la autoridad responsable, las cuales deberá entregar a las partes, expresando en el acta respectiva, de manera indubitable, la entrega de tales documentos; todo lo cual quedará bajo su responsabilidad como notificador. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MESA III "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado de autos, se advierte que: Mediante resolución de veintiséis de julio de dos mil veintitrés, SE CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, respecto de los actos que le reclamó a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra dicha resolución. Y que ya obra la constancia de notificación de la referida resolución a la autoridad responsable. Por lo que al respecto se provee: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° de la ley de la materia, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días siguiente a la legal notificación del presente proveído, cumpla con la resolución que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, y remita en el mismo plazo copia certificada de las determinaciones que dicte al efecto. Apercibida que de no cumplir en tiempo y forma, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, con fundamento en los ordinales 192 y 258 de la Ley de Amparo, equivalente a $10,374.00 moneda nacional (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, cero centavos, moneda nacional). NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA V "... VISTOS los autos, para resolver el juicio de amparo 156/2023 promovido por ********************, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; y, ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General /2013 y reformado por los diversos 26/2022, 29/2022 y 30/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra actos emitidos en un juicio de naturaleza administrativa seguido ante una autoridad jurisdiccional de esa índole, con residencia dentro del ámbito de jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la ciudad de Oaxaca. Acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad 3983/19-15-01-2, en donde se desechó por improcedente la queja por omisión interpuesta por el quejoso, bajo el argumento de que con fecha anterior a la presentación de dicho medio de impugnación, ya había iniciado el procedimiento previsto en la fracción I, inciso a), del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada cumpla con la sentencia definitiva dictada en ese juicio de nulidad, lo que hace ocioso la instancia intentada. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado a la autoridad responsable, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. En este apartado se estima conveniente hacer una reseña de los antecedentes del acto reclamado, apoyado en las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se ha otorgado el valor probatorio de ley, y de donde se advierte lo siguiente: Mediante sentencia de diez de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de nulidad de origen, la Sala responsable declaró la nulidad de la resolución de negativa ficta impugnada, que recayó a su solicitud de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, presentada por el actor aquí quejoso, ante la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para el efecto de que: La autoridad demandada, dentro del plazo de cuatro meses, emita una resolución en la que dé respuesta a la solicitud de mérito, para el otorgamiento de pensiones. Ordene que de inmediato, a la pensión del actor, se le apliquen los porcentajes de incremento de los sueldos básicos de los trabajadores en activo de la plaza o clave E0281 Maestro de Grupo de Primaria Foráneo, en que se jubiló, que se encuentran consignadas en la constancia de evolución salarial de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, en las partes proporcionales que corresponda, pues con anterioridad, la autoridad ya había otorgado otros aumentos pensionarios solo que en menor porcentaje, por lo que solo proceden las diferencias respectivas; y proceda a liquidar a partir del veinticuatro de abril de dos mil catorce, en una sola exhibición, las diferencias procedentes, diferencias pensionarias, sumadas a la cuota original, que no podrán rebasar los diez salarios mínimos en las que también deberá tomar en cuenta las diferencias de cada año de aguinaldo, de los cuarenta días, según la cuota diaria de pensión; diferencias todas que deberán encontrarse debidamente actualizadas. El tres de enero de dos mil veintitrés, se inició el procedimiento de requerimiento contemplado en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso administrativo para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva. El once de enero de dos mil veintitrés, la Sala responsable desechó la queja por improcedente, interpuesta por el actor, aquí quejoso, por omisión en el cumplimiento de la sentencia, en atención a que consideró que de oficio ya se había iniciado el procedimiento previsto en la fracción I, inciso a) del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, para que la autoridad demandada dentro del plazo de tres días, informara y demostrara el cumplimiento a la sentencia definitiva de diez de marzo de dos mil veintitrés. QUINTO. Causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la tesis de jurisprudencia número 814, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no existir causa de improcedencia que se haga valer o que se advierta de oficio, se procede a atender los conceptos de violación formulados. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: La Sala regional vulnera su derecho a una correcta impartición de justicia consagrado en el artículo 17 Constitucional, ya que considera que el recurso de queja por omisión, es independiente de las medidas coercitivas que elabore la autoridad responsable en el juicio de nulidad, ya que ambas pueden existir jurídicamente en el mismo momento procesal, porque van encaminadas a buscar que se emita el cumplimiento de la sentencia, así como el de legalidad previsto en el 16 Constitucional y el 14 de la Carta Magna. Considera que la Sala debió admitir a trámite la queja por omisión y acordar favorablemente su petición porque ese recurso se puede promover posterior al plazo de cuatro meses en que fenezca la firmeza del juicio y la autoridad responsable no haya emitido el cumplimiento a la sentencia. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación de la parte quejosa y suficientes para conceder el amparo solicitado, ya que el acuerdo reclamado, contravino en su perjuicio sus derechos de legalidad y acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con el procedimiento de ejecución de sentencia previsto en la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, como se verá a continuación. El artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Federal, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 14 (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Luego, el numeral 16 constitucional, en su primer párrafo dispone: "Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.).". Lo citados preceptos reconocen el derecho de audiencia que tienen los gobernados frente a las autoridades administrativas y judiciales, así como el de seguridad jurídica ante todo acto de molestia proveniente de autoridad, que para gozar de validez constitucional, debe satisfacer los requisitos ahí plasmados, entre los que se encuentran los relativos a la fundamentación y motivación. Por fundamentación se entiende el señalamiento preciso del precepto legal aplicable al caso concreto, mientras que la motivación se agota con la fijación de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto de autoridad; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En tanto que el precepto 17 de la Constitución Federal dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.". De la interpretación del precepto constitucional citado, se advierte que en él se consagran a favor de los gobernados los siguientes principios: Justicia pronta. Que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. Justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. Justicia Imparcial. Significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Justicia gratuita. Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Plena ejecución. La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrán que realizarse en la forma en que se hayan fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. De lo expuesto se concluye que el derecho fundamental de acceso a la justicia no sólo vela porque los gobernados puedan hacer valer sus controversias ante tribunales expeditos, previamente establecidos, sino también porque las determinaciones de dichos órganos resolutores se ejecuten, pues de no existir ese derecho (obligación para las autoridades), no podría otorgárseles seguridad jurídica. Por otra parte, el cumplimiento de sentencia iniciado a petición de parte en el juicio contencioso administrativo federal, está regulado en la fracción II del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que dispone: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: Procederá en contra de los siguientes actos: La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el sub inciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, sub inciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), sub inciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere.". El precepto transcrito, en lo sustancial, dispone que a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal en mención, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de la propia ley -cuatro meses-, podrá actuar de oficio o a petición de parte, y en este último caso, el afectado podrá ocurrir en recurso de queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, contra: La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la propia ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51, de dicho ordenamiento jurídico, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. Asimismo, prevé que el recurso de queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el sub inciso 3, caso en el que se podrá interponer contra las resoluciones dictadas en cumplimiento a esa instancia. El recurso se interpondrá por escrito, acompañado, si la hay, la resolución motivo del medio recursivo, así como de una copia para la autoridad demandada; se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia natural, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provocó; sin embargo, en el supuesto previsto en el sub inciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. A lo anterior, el magistrado Instructor, el presidente de la Sección o del Tribunal, ordenarán a la autoridad demandada que se le atribuya el incumplimiento, rendir informe en el plazo de cinco días, donde justificará el acto que provocó el medio recursivo; transcurrido dicho plazo, con informe o sin él, se dará cuenta al órgano jurisdiccional en Pleno, a efecto de resolver lo que corresponda dentro de los cinco días posteriores. Y, finalmente, señala que se podrá suspender el procedimiento administrativo de ejecución que, en su caso, existiere, durante el trámite de la queja interpuesta. En atención a lo anterior, se considera que el acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de nulidad de origen, en el que se desechó el recurso de queja interpuesto por el quejoso, se encuentra indebidamente fundado y motivado, porque el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no autoriza a desechar una queja por incumplimiento de sentencia, si la Sala del conocimiento está tramitando el procedimiento de ejecución de sentencia de forma oficiosa. En ese sentido, es suficiente que el aquí quejoso haya presentado por escrito la instancia de queja por incumplimiento ante la autoridad que emitió la sentencia, lo cual puede hacer en cualquier tiempo mientras no haya prescrito el derecho reconocido en el fallo, o bien no exista una actuación concreta de la responsable que evidencie el acatamiento del fallo de nulidad con anterioridad a la interposición de ese medio recursivo, para que así la Sala lo admita a trámite por incumplimiento de la sentencia natural, ya que se trata de un medio diseñado por el legislador secundario que consideró necesario para garantizar la plena ejecución de las resoluciones de nulidad. Lo anterior es así, porque el recurso de queja de mérito, constituye un derecho de acceso a la justicia para hacer efectivo el exacto cumplimiento de sentencias que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, reconoce en favor del quejoso y que paralelamente constituye una obligación de la Sala responsable de respetarlo si se satisfacen los requisitos mencionados en párrafos anteriores; por lo que, no se requiere mayor elemento a considerar para que la queja por incumplimiento sea susceptible de admisión, con independencia de lo que se resuelva al dictar la resolución interlocutoria correspondiente, ya que el hecho de que la Sala esté tramitando el procedimiento de ejecución de sentencia únicamente provoca que suspenda su trámite y dé prioridad al recurso interpuesto. Ello, ya que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no permite concluir que por el hecho de que la Sala haya iniciado el procedimiento de ejecución oficiosamente, se tenga que inobservar el derecho que la ley reconoce a la parte actora para interponer el medio recursivo de que se trata, por incumplimiento, porque no se trata de procedimientos que, necesariamente, sean excluyentes entre sí; antes bien, se considera que son complementarios y, en todo caso, el procedimiento que debe ceder es el que de oficio inicia la Sala responsable si la parte actora interpone instancia de queja por incumplimiento de sentencia natural, pero no de manera inversa, a fin de velar por el exacto cumplimiento de las sentencias en favor del incitante de controversia. Lo anterior encuentra justificación en el inciso g) de la fracción II del artículo citado, el cual dispone textualmente lo siguiente: "Artículo 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere.". Precepto del que se advierte que el que se esté tramitando el procedimiento oficioso de cumplimiento por la Sala de origen, no impide que la parte actora interponga queja por incumplimiento; al extremo de que si así sucediera, la Sala tiene que suspenderlo; por tanto, no es posible sostener que existe disposición legal que autorice a desechar la instancia de queja por incumplimiento de sentencia, cuando esté en trámite el procedimiento oficioso de cumplimiento. Por tanto, se concluye que el acuerdo reclamado emitido por la autoridad jurisdiccional responsable deviene de indebidamente fundado y motivado; ya que, en contravención a lo previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, desechó la queja interpuesta por incumplimiento de sentencia sobre el argumento de haber iniciado el trámite de procedimiento de ejecución oficioso; sin embargo, privó a la quejosa del medio de defensa previsto en su favor por la ley para lograr que la autoridad demandada acate la sentencia natural, al margen de que se esté tramitando un procedimiento de ejecución oficioso. En esas condiciones, al haber resultado FUNDADOS los conceptos de violación, ya que el acuerdo reclamado vulneró en perjuicio del quejoso sus derechos de legalidad y acceso a la justicia, consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, procede CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL solicitado por ********************, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión de amparo es para el efecto de que la autoridad judicial responsable señalada en párrafo que antecede: Deje insubsistente el acuerdo de once de enero de dos mil veintitrés, reclamado. En su lugar, emita otro en el que admita a trámite la queja interpuesta por la quejosa y con libertad de jurisdicción substancie el trámite, diligencias que procedan y en su caso, la resolución que en derecho corresponda. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e: ÚNICO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones apuntadas en el último considerando y para los efectos ahí precisados. NOTIFÍQUESE.

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