Titular encargado de la Estación Migratoria
Expediente 844/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 844/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/09/2022
Partes del expediente
- Titular encargado de la Estación Migratoria
- Leonardo Jesus Lobaina Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. Firmeza. Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió a las partes el término legal previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que hubiera recurrido el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de acuerdo con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por expresa disposición de su numeral 2, declarar que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales. Incidentes. No se ordenó su apertura. Documentos originales. No hay para devolver. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Archivo y anotaciones. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE".
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan, el oficio y anexos remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa la situación migratoria del hoy quejoso Leonardo Jesús Lobaina González y en atención a su contenido se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. En la especie, respecto del acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional, y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de los derechos humanos. Lo anterior, genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de los derechos humanos desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera del quejoso, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia que a la letra dice: "Registro digital: 196820 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 9/98 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VII, Febrero de 1998, página 210 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura de la anterior jurisprudencia se arriba a la convicción que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca dicho acto, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de los derechos humanos vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, en sentido amplio, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental vulnerado. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Al respecto es aplicable la jurisprudencia que textualmente dice: "Registro digital: 193758 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 59/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 38 Tipo: Jurisprudencia CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, el quejoso Leonardo Jesús Lobaina González, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que a continuación se transcriben: "(.) IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: Se les reclaman a las autoridades responsables la ilegal privación de la libertad, aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria del quejoso, así como la omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. La orden de deportación que la responsable pretende emitir en contra del quejoso. El traslado del quejoso de una entidad a otra. (.)" De lo anterior, y de las constancias que obran en el presente contradictorio federal se puede concluir que la parte quejosa esencialmente, se duele de estar asegurado, alojado y/o detenido, en las instalaciones de la estación migratoria en esta ciudad, sin que exista algún procedimiento administrativo migratorio en su contra, así como su expulsión, deportación repatriación o traslado. Ahora, de la constancias enviadas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, las cuales tienen valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2°, de la Ley de Amparo, por tratarse de reproducción certificada de actuaciones expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones, se advierte que el diecisiete de junio del año en curso, se otorgó a la ahora gestora del amparo la condición de estancia de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas por una temporalidad de cuarenta y cinco días, por lo que los dejó en libertad. Asimismo, de autos se advierte que dicho quejoso, en su momento, fue notificado del auto en que se le concedió la suspensión de plano, y ratificó la demanda promovida en su favor, por lo que la misma fue admitida a trámite, mediante acuerdo de catorce de junio del año en curso. En las relatadas condiciones, es evidente que la parte solicitante de la protección constitucional vuelve al estado en el que se encontraba antes de la violación combatida; de ahí que se le restituyó en el goce del derecho fundamental que pudiera haberse violado con aquélla, lo que actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61, de la Ley de Amparo. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio lo procedente en este caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia constitucional. Al respecto, es de citarse la jurisprudencia cuyo rubro y contenido reza: "Registro digital: 184572 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 10/2003 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386 Tipo: Jurisprudencia SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Audiencia constitucional. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas del catorce de julio de dos mil veintidós. Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", y oportunamente archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a ocho de julio de dos mil veintidós. Oficio. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan los oficios signados por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, mediante los cuales envía los diversos remitidos por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia es esta ciudad, y en atención a su contenido, se provee lo siguiente: Acatamiento a suspensión de plano. Téngase a la autoridad en cuestión informando el cumplimiento dado a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe correspondiente. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas en su oficio. Oficio. Por otra parte, ténganse por realizadas las manifestaciones vertidas por el Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, relativas quejoso de nombre Leonardo Jesús Lobaina González, para ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Requerimiento. Por otra parte, dado que las copias que acompañó al oficio de cuenta, se encuentran en parte ilegibles; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a éste Juzgado de Distrito copia certificada legible de las constancias remitidas con el oficio de cuenta; lo anterior dado que resultan indispensables para resolver el presente juicio, o en su caso, informe lo conducente al respecto. Apercibimiento. Con el apercibimiento que en caso de no acatar lo aquí ordenado, con fundamento en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo, se le impondrá, a su titular, en lo personal, una multa equivalente a la unidad de medida y actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicado por cien, de conformidad con el decreto por el que se declara reformada y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mexicali, Baja California, a trece de junio de dos mil veintidós. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por (2) Netzer Felipe Carrillo Sotelo, en favor de (1) Leonardo Jesús Lobaina González, quien, refiere, se encuentra imposibilitado para promoverla, de conformidad con el artículo 15 de la Ley de Amparo; contra actos del Titular Encargado de la Estación Migratoria, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 15, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 109, 112, 115, 116, 117, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se tiene por presentada dicha demanda en sus términos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 844/2022. Suspensión de plano. Ahora, dado que en la demanda de amparo se reclamó lo siguiente: "(.) IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISION QUE SE RECLAMA: Se les reclaman a las autoridades responsables la ilegal privación de la libertad, aseguramiento/alojamiento/detención o cualquiera que sea la forma de denominar a la privación de la libertad arbitraria del quejoso, así como la omisión de garantizar el derecho al debido proceso y acceso a la justicia en condiciones legales. La orden de deportación que la responsable pretende emitir en contra del quejoso. El traslado del quejoso de una entidad a otra. (.)" Por tanto, con fundamento en los artículos 15, 126 y 160, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la SUSPENSIÓN DE PLANO respecto los actos consistentes en la deportación de la que pudiera ser objeto la parte quejosa, así como incomunicación derivado de la ausencia de asesoría legal y la negativa de permitir el acceso de representantes legales, de la que dice el promovente es objeto, en caso de estarse efectuando alguno, cesen sus efectos inmediatamente, ya que conforme a los artículos 107, fracción VIII y artículo 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tienen derecho, entre otras cosas, a permitir el acceso de representantes legales; y, asesoría legal en el procedimiento migratorio. PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD [privación de su libertad y/o aseguramiento y/o alojamiento y/o detención y/o retención] [PRIMER SUPUESTO] Luego, en torno a los diversos actos consistentes en la privación de su libertad en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en Mexicali, dada la naturaleza de la citada autoridad, debe decirse que en el caso se presume que la detención está siendo efectuada por autoridad administrativa, distinta del ministerio público, con motivo del procedimiento para determinar su legal estancia en el país. Por ende y dado que a decir del promovente de la parte quejosa se encuentra privada de su libertad fuera de todo procedimiento, asegurada, alojada, detenida, presentada de manera forzosa o cualquier denominación en este sentido; se concede la suspensión de plano, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 164, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, en armonía con las disposiciones atinentes de Ley de Migración que rige el actuar de las autoridades responsables, en los siguientes términos: 1. Para que las autoridades responsables, bajo su más estricta responsabilidad, acrediten de inmediato ante este Juez de Distrito, si el quejoso está sujeto a un procedimiento migratorio o bajo la comisión de un delito. 2. Para el caso que esté detenido bajo la comisión de un delito, deberá ponerlo sin demora alguna a disposición del Ministerio Público. 3. Si no se demuestra fehacientemente que el quejoso está sujeto a un procedimiento migratorio, ni algún otro por su posible participación en un hecho que la ley señale como delito, deberá ordenar su inmediata libertad. Similares criterios sostuvieron el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 58/2022; el Sexto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 59/2022; y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 61/2022. En el entendido de que, sin prejuzgar el fondo del asunto, la "detención" de la parte quejosa no se trata de una privación de tipo penal por la comisión de un delito ni es realizada por autoridades administrativas derivada de infracciones de ese tipo, reguladas en reglamentos gubernativos y de policía que excede del plazo máximo de treinta y seis horas de arresto, porque tal supuesto es el que se encuentra vinculado con lo que dispone el artículo 21, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual tiene impacto en las disposiciones aplicables a la suspensión, previstas en la segunda parte de la sección III de la Ley de Amparo, o sea, la suspensión del acto reclamado en materia penal. Cierto, conforme a la información suministrada en la demanda de derechos fundamentales, se advierte que los actos reclamados se vinculan con la presentación o alojamiento en una estación migratoria derivado de lo establecido en el artículo 33, párrafo segundo, de la Carta Magna, la cual prevé expresamente las bases para la substanciación del procedimiento migratorio, previo a la expulsión de personas extranjeras del territorio nacional y de la fijación del lugar y tiempo de detención, que a su vez regula la norma secundaria, esto es la Ley de Migración, cuya distinción fáctica y jurídica es de suma relevancia al caso. [SEGUNDO SUPUESTO] Ahora, si el quejoso se encuentra en las instalaciones de referencia por virtud de su situación migratoria, las autoridades responsables deberán acatar en sus términos la Ley de Migración y su reglamento, así como el Protocolo para Juzgar Casos que Involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en específico el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" en el que se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento, prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción; concretamente y de manera destacada, se prevé la posibilidad de que los impetrantes obtengan la libertad en los términos y en los supuestos contenidos en los artículos 101 y 102 de la Ley de Migración, conforme a lo cual se garantiza su acceso a ese derecho. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 160, en relación con el diverso 162, ambos de la Ley de Amparo, en consonancia con las disposiciones atinentes de Ley de Migración, en caso de que el quejoso actualmente estuviera detenido ante la autoridad sujeto a un procedimiento administrativo migratorio para poder definir la situación legal en el país, éste queda a disposición del presente Juzgado de Distrito, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere, pero en el lugar en el que actualmente se encuentra -instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California-, únicamente por lo que a su libertad personal se refería, pero en el lugar en el que actualmente está -instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California-, en tal sentido la autoridad migratoria se encuentra obligada a obedecer esta orden bajo su más estricta responsabilidad. En ese aspecto, es importante establecer el contenido del artículo 111 de la Ley de Migración, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 111. El Instituto resolverá la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de 15 días hábiles, contados a partir de su presentación. El alojamiento en las estaciones migratorias únicamente podrá exceder de los 15 días hábiles a que se refiere el párrafo anterior cuando se actualicen cualquiera de los siguientes supuestos: I. Que no exista información fehaciente sobre su identidad y/o nacionalidad, o exista dificultad para la obtención de los documentos de identidad y viaje; II. Que los consulados o secciones consulares del país de origen o residencia requieran mayor tiempo para la expedición de los documentos de identidad y viaje; III. Que exista impedimento para su tránsito por terceros países u obstáculo para establecer el itinerario de viaje al destino final; IV. Que exista enfermedad o discapacidad física o mental médicamente acreditada que imposibilite viajar al migrante presentado, y V. Que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su situación migratoria en territorio nacional; o se haya interpuesto un juicio de amparo y exista una prohibición expresa de la autoridad competente para que el extranjero pueda ser trasladado o para que pueda abandonar el país. En los supuestos de las fracciones I, II, III y IV de este artículo el alojamiento de los extranjeros en las estaciones migratorias no podrá exceder de 60 días hábiles. Transcurrido dicho plazo, el Instituto les otorgará la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se les otorgó dicha condición de estancia. Agotado el mismo, el Instituto deberá determinar la situación migratoria del extranjero." (El subrayado es propio) Virtud del precepto legal antes trascrito, se advierte de manera literal, que el término de sesenta días a que se hace referencia en el citado artículo, se trata de días hábiles, y no naturales, los que tiene la autoridad correspondiente para resolver la situación migratoria del extranjero alojado en estación migratoria. En el mismo sentido lo determinaron el Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, en el recurso de queja administrativa 212/2021; el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el recurso de queja administrativa Q. A. I. (B) 298/2021; y, el Pleno del Décimo Circuito, en la contradicción de tesis 6/2019. Asimismo, es importante destacar que en el proyecto presentado por el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, relativo el amparo en revisión 275/2019, publicado conforme lo dispone el artículo 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que reza lo siguiente: "Registro digital: 2007922 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 53/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 61 Tipo: Jurisprudencia PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. El análisis del proceso legislativo de la Ley de Amparo permite advertir que la intención del legislador, al prever la obligación de publicar los proyectos de resolución que se someterán a la consideración del Tribunal Pleno y de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de los Tribunales Colegiados de Circuito, fue transparentar las decisiones de los asuntos de gran trascendencia, como son los que versan sobre un tema de constitucionalidad o de convencionalidad, por ser de interés general, destacando que la publicidad no debe darse respecto de cualquier tipo de asunto. En ese sentido, los proyectos de resolución que deben publicarse con la misma anticipación que la lista correspondiente, en términos del párrafo segundo del artículo 73 de la Ley de Amparo, son aquellos en los que se analiza la constitucionalidad o convencionalidad de una norma general, o bien, se realiza la interpretación directa de un precepto constitucional o de un tratado internacional en materia de derechos humanos, lo que no acontece cuando, habiéndose planteado tales aspectos en la demanda de amparo, se omite responder a los conceptos de violación respectivos o, en su caso, a los agravios formulados en la revisión, por existir una causa jurídica que impide emitir pronunciamiento sobre el particular. Lo anterior, en la inteligencia de que la publicación deberá realizarse atendiendo a la normativa aplicable en materia de acceso a la información y, en el caso específico del juicio de amparo directo, comprender sólo los datos de identificación del asunto y la parte considerativa del proyecto que contiene el tema de constitucionalidad o de convencionalidad de que se trate. Lo anterior, sin perjuicio de que los órganos colegiados referidos, o bien, el Ministro o el Magistrado ponente, cuando lo estimen conveniente, ordenen la publicación de los proyectos de resolución en los que, si bien se analizan temas distintos de aquéllos, la decisión relativa podría dar lugar a sustentar un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional, pues ello es acorde con la intención del legislador de dar publicidad a la propuesta de resolución de asuntos trascendentes." Del proyecto en cuestión, se advierte en lo que aquí interesa que el término de sesenta días hábiles, que establece el numeral 111 de la Ley de Migración, resulta acorde al estándar internacional, al plasmarse lo siguiente: "[.] 375. Así, si bien es cierto la parte recurrente no impugnó el artículo 111 de la Ley, también lo es que, dada la relación que existe entre ambas disposiciones, es importante para este Alto Tribunal pronunciarse sobre la interpretación que debe de atribuírsele. 376. En esa tesitura, con independencia de que la norma establezca con precisión un límite temporal para la permanencia de las personas en esas estaciones migratorias -lo cual resulta acorde con el estándar interamericano-, es importante para esta Primera Sala definir la forma en que se deba ponderar el plazo razonable para valorar la duración de una persona dentro de ellas sin exceder los límites temporales que ha establecido expresamente el legislador. [.]". Y si bien es cierto, el proyecto de que se trata fue desechado, ello no fue por no considerar el término de sesenta días hábiles, que establece el artículo 111 de la Ley de Migración, inconvencional el plazo, ya que en el nuevo proyecto emitido por la ponente Ministra Ana Margarita Ríos Farjat, propone negar el amparo respecto del artículo en cuestión, al establecer en el proyecto lo siguiente: Los anteriores proyectos se citan como orientadores al tema, en el que se ha destacado que el artículo 111 de la Ley de Migración, resulta acorde al estándar internacional, al fijar un plazo máximo de alojamiento de sesenta días hábiles. Bajo ese escenario, si la parte quejosa verdaderamente se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo migratorio; al efecto, la suspensión no puede tener el alcance de ocasionar perjuicio al interés social (soberanía y seguridad nacional, a través de los controles migratorios, que tienen la finalidad de organizar y coordinar los servicios relativos a la entrada y salida de los nacionales y extranjeros del territorio de la República, mediante el examen y calificación de sus documentos), ni contravenir disposiciones de orden público, como lo es el numeral 111 aludido, que como ya se vio es constitucional y convencional. En ese contexto, al haberse propuesto declarar constitucional y convencional el artículo 111 de la Ley de Migración, no puede concederse la suspensión a la parte quejosa que se le está siguiendo un procedimiento administrativo migratorio, atinente a la inmediata libertad sin respetar el plazo máximo de alojamiento de sesenta días hábiles, ya que ello implicaría atentar contra el orden público como lo es el precepto legal de que se trata, al tener como uno de sus propósitos la ley en cita la prevención de la soberanía y seguridad nacional, tal y como lo disponen los artículos 1 y 99, primer párrafo de la Ley en cuestión, los cuales rezan lo siguiente: "[.] Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Artículo 99. Es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional [.]." Máxime, la experiencia de este órgano jurisdiccional en los juicios de amparo en los que se ha otorgado la libertad a los quejosos a los que se les está siguiendo procedimiento migratorio, virtud de lo resuelto por diversos Tribunales Colegiados de Circuito, que han declarado fundado el recurso de queja contra el acuerdo en el que se concedió la suspensión de plano, es que los quejosos no regresan a dar cumplimiento con las condiciones impuestas para otorgarles la libertad, tal como ocurrió en los juicios de amparo 427/2022 y 444/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. De igual manera, tampoco podría concederse la medida cautelar si en contra del quejoso se hubiera emitido una alerta migratoria, lo que implica en el rubro de seguridad nacional. Por otro lado, en cuanto al acto reclamado consistente en el "traslado", al estar vinculado con la libertad del ahora directo quejoso, se concede la suspensión de plano para que el mismo no sea trasladado de las instalaciones de la Delegación Local del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, y quede a disposición de este órgano jurisdiccional, únicamente por lo que a su libertad personal se refiere; lo anterior, en el caso que el traslado en cuestión no se hubiere realizado materialmente, a la fecha de notificación del presente acuerdo a los directos quejosos. [TERCER SUPUESTO] Asimismo, no pasa desapercibido que los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, aducen que cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tiene derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional". Sin embargo, es pertinente destacar que tal derecho pueden ejercerlo ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos de lo dispuesto por los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración, su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables. En efecto, el directo quejoso como migrante puede ser entregado en custodia a la representación diplomática del país del que es nacional, o bien a persona moral o institución de reconocida solvencia cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos, con la obligación del directo quejoso de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. Si se encuentra sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, puede: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. En otro orden de ideas, no se soslaya el principio de excepcionalidad de la detención por ingreso irregular, previsto en el artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, aprobada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, el diecisiete de abril de dos mil, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el uno de junio del mismo año, que dispone: "Artículo 31. REFUGIADOS QUE SE ENCUENTREN ILEGALMENTE EN EL PAÍS DE REFUGIO 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio donde su vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por el artículo 1, hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorización, a condición de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegales. 2. Los Estados Contratantes no aplicarán a tales refugiados otras restricciones de circulación que las necesarias, y tales restricciones se aplicarán únicamente hasta que se haya regularizado su situación en el país o hasta que el refugiado obtenga su admisión en otro país. Los Estados Contratantes concederán a tal refugiado un plazo razonable y todas las facilidades necesarias para obtener su admisión en otro país." Principio también previsto en los artículos 5º, fracción V y 7º de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en los siguientes términos: "Artículo 5. En aplicación de esta Ley se observarán, entre otros, los siguientes principios y criterios: (.) V. No sanción por ingreso irregular, y (.)" "Artículo 7. No se impondrá sanción alguna por motivo de su ingreso irregular al país, al refugiado o al extranjero que se le otorgue protección complementaria. En caso de haberse iniciado procedimiento migratorio por ingreso irregular al territorio nacional a un solicitante, dicho procedimiento se suspenderá hasta que se emita una resolución sobre el reconocimiento de la condición de refugiado. En cualquier caso, los procedimientos migratorios serán concluidos considerando la resolución sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado." Por otra parte, el Protocolo para juzgar casos que involucren personas migrantes y sujetas de protección internacional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, edición de mayo de dos mil veintiuno, en el apartado denominado "b. Excepcionalidad y medidas alternativas" se establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado que la Ley de Migración y su Reglamento prevén la detención migratoria como la regla y no la excepción. Además, el citado organismo internacional ha indicado que la Ley de Migración y su Reglamento no evidencian un mayor desarrollo en lo que respecta a medidas alternativas a la detención migratoria, aunado a que la aplicación de estas normas en la práctica es aún más restrictiva. De este modo, la detención migratoria se ha constituido como la regla tanto a nivel normativo como en la práctica. Ante tal escenario, en el Protocolo se estima pertinente tomar en cuenta los criterios que deben observar las personas juzgadoras al conocer de asuntos relacionados con la detención o privación de libertad por motivos migratorios. Se especifica que el Alto Tribunal ha considerado que las restricciones a la libertad personal, uno de los derechos más preciados, deben ser seriamente analizadas para determinar su validez constitucional. No es casualidad que la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos la protejan con tanta intensidad y arrebato. Se trata de un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad, ya que garantiza a su vez el pleno ejercicio de otros derechos constitucional y convencionalmente reconocidos para un completo desarrollo y bienestar de las personas. Además, cualquier irregularidad en el ingreso migratorio, no debe ser vista como una conducta punible en el ámbito del derecho penal, sino en todo caso como una falta administrativa; por lo que los derechos de las personas migrantes son aquellos propios de las personas sujetas a procedimientos administrativos sancionadores. En ese orden, la detención administrativa debe ser excepcional y encontrarse debidamente justificada, esto es, con un fundamento claro y establecido en la ley, sin que pueda tornarse indefinida conforme al ámbito temporal de su imposición, bajo riesgo de transgredir derechos humanos tales como el de seguridad jurídica y libertad personal, entre otros. Lo anterior, pues el artículo 11 de la Constitución Federal establece que toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo; y que el reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político se realizarán en conformidad con los tratados internacionales y las leyes, las cuales regularán sus procedencias y excepciones. En este apartado es conveniente precisar que si la parte quejosa llegara a solicitar formalmente el reconocimiento de la condición de refugiado, de conformidad con el artículo 21, cuarto párrafo, de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, ninguna autoridad podrá proporcionar información o notificar a las autoridades diplomáticas o consulares del país de origen de los solicitantes, a menos que se cuente con evidencia del consentimiento expreso de ellos para garantizar la no devolución del solicitante a su país de origen o al lugar en donde su vida, seguridad o libertad se vean amenazadas y así cumplir los principios de confidencialidad y no discriminación. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los artículos 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo tanto, deben cumplir con el artículo 5° de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que toda persona privada de su libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Así como con los Principios Generales y Buenas Prácticas Sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, adoptadas por la Comisión durante el 131° período ordinario de sesiones (celebrado del 2 al 14 de marzo de 2008); entre ellos, los siguientes: i. Trato humano, el cual establece que deberán ser tratados humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente a sus derechos y garantías fundamentales. ii. Igualdad y no-discriminación, que prevé que todos serán iguales ante la ley, así como que bajo ninguna circunstancia se discriminara, que se prohíbe cualquier distinción, exclusión o restricción que tengan como objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos internacionalmente reconocidos. iii. Salud, en lo relativo a que todos tienen derecho a la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada, disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial, acceso al tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos, así como la prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole. iv. Alimentación y agua potable, en el sentido de que toda persona tiene derecho a recibir una alimentación que responda, en cantidad, calidad y condiciones de higiene y nutrición adecuada; así como que tendrán acceso en todo momento al agua potable suficiente y adecuada para su consumo. v. Albergue, condiciones de higiene y vestido, pues toda persona deberá disponer de espacio suficiente con exposición diaria a la luz natural, ventilación y calefacción apropiadas, según las condiciones climáticas del lugar en que se encuentren privados de su libertad; deberán tener acceso a instalaciones sanitarias higiénicas y suficientes que aseguren su privacidad y dignidad y a productos básicos de higiene personal. Apoya lo anterior, la tesis P.LXIV/2010, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 26, del Tomo XXXIII, de Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe y texto siguientes: "DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y AL TRATO DIGNO DE LOS DETENIDOS. ESTÁN TUTELADOS CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONALMENTE Y SON EXIGIBLES INDEPENDIENTEMENTE DE LAS CAUSAS QUE HAYAN MOTIVADO LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en sus artículos 18, 19 y 20, apartado A, el derecho de los detenidos a ser tratados con dignidad. Estos preceptos reconocen diversos derechos de las personas detenidas y el trato al que tienen derecho mientras se encuentran privados de su libertad, como son el lugar donde se encontrará la prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicados, torturados o intimidados, así como sus prerrogativas durante el proceso. Por otra parte, ha sido expresamente previsto en los artículos 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Por tanto, estos derechos que asisten a los detenidos deben respetarse independientemente de las conductas que hayan motivado la privación de la libertad, así sea que puedan ser objeto de variadas y limitadas modulaciones en específicas circunstancias, de modo que su inobservancia es violatoria de derechos humanos." Por último, en este apartado importa destacar que a la fecha sobre el tema relativo a la suspensión de la persona migrante que se encuentra "alojadas" en una estación migratoria, concretamente respecto del acto reclamado señalado como "privación a la libertad personal fuera de todo procedimiento", quedó radicada la contradicción de criterios, ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número de expediente 87/2022, denunciada por este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, de esta ciudad. Informe sobre la suspensión de plano. En virtud de lo anterior, se requiere a las autoridades señaladas como responsables, para el efecto de que informen a este Juzgado de Distrito dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a la suspensión decretada; asimismo, se previene a las autoridades de referencia que, de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrán incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, fracciones III y V, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Asimismo, requiéraseles a las autoridades señaladas como responsables para que al informe solicitado anexen copia certificada, íntegra y legible, de las constancias relativas al cumplimiento dado a esta medida cautelar, apercibidas que de incumplir con lo ordenado, se les sancionará conforme al delito previsto en el artículo 262, de la Ley de Amparo. Comunicación entre autoridades. Se autoriza a las autoridades responsables para que rindan su informe respecto la suspensión de plano y los diversos oficios que presenten ante esta autoridad federal, vía correo electrónico institucional, a la dirección oficial 6jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, o bien, contener la evidencia criptográfica de la firma electrónica correspondiente; y en caso de hacer uso de dicha vía de comunicación, no deberá remitirse por la vía ordinaria, a fin de evitar duplicidad de actuaciones. Ratificación de demanda. De igual forma, se instruye al actuario adscrito para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, Baja California, a efecto de que busque al quejoso (1) Leonardo Jesús Lobaina González, y lo requiera para que en el acto de la notificación manifieste si ratifican o no la demanda de amparo indirecto que se promueve a su favor, así como si es o no su deseo autorizar a la persona indicada en la demanda, para los efectos ahí precisados, así como al promovente de la misma, para que lo represente en este asunto en términos amplios, o bien dentro del término de tres días por escrito, o lo haga a través de su legítimo representante; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo y quedará sin efectos la medida decretada, por lo cual se reserva acordar lo relativo a su admisión, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo; además, dicho Actuario deberá hacer constar pormenorizadamente el estado que guarda la integridad física de la parte quejosa y el estado de salud que a simple vista presenta, debiendo cuestionarlos al respecto. En la inteligencia de que las autoridades responsables, deberán de proporcionarle las facilidades necesarias a efecto de que pueda llevar a cabo la diligencia que se ordena, a fin de lograr la localización de la parte quejosa, lo anterior, con fundamento en lo estatuido por el artículo 15, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Así como a sus abogados, ya que conforme al artículo 109, fracción V, de la Ley Nacional de Migración, tiene derecho, entre otras cosas, a recibir asesoría legal en el procedimiento migratorio. Apercibimiento. Apercibidas tales autoridades, que de no hacerlo así, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se dará de inmediato vista al agente del Ministerio Público Federal, por resistirse a dar cumplimento al presente mandato judicial. Notificación personal. Hágasele todas las notificaciones la parte quejosa de mérito de manera personal en el lugar en el que actualmente esté privado de su libertad, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, entregándole para tal efecto copia del auto a notificar; lo anterior al margen de notificar personalmente también a cualquiera de sus autorizados en este biinstancial, de las resoluciones que así deban realizarse. Asistencia consular. De igual forma, con fundamento en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, instrúyase al Actuario de la adscripción, para que al momento de notificar el presente proveído de la demanda, le haga saber a los quejosos el derecho que tienen de comunicarse con la oficina o representación consular del país de origen (notificación consular), o bien, en el plazo de tres días, manifiesten si desean solicitar la asistencia del Consulado de su país en México, dentro del presente juicio de amparo. Cobra aplicación la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido y datos de localización siguientes: "Época: Décima Época. Registro: 2003538. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a. CLXX/2013 (10a.). Página: 529 "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FUNCIONES BÁSICAS QUE ESTE DERECHO IMPLICA. El derecho fundamental de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular, previsto en el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, puede asumir diversas formas, dependiendo de las circunstancias particulares de cada caso. No obstante, cada intervención implica, por lo menos, tres acciones básicas. La primera es de carácter humanitario. Los funcionarios consulares proporcionan a los detenidos el contacto con el mundo exterior, al comunicar la noticia a los familiares o a las personas de confianza del detenido. Asimismo, estos funcionarios se aseguran que a los detenidos se les cubran las necesidades básicas mientras se encuentran privados de su libertad. La segunda función es de protección. La presencia de los funcionarios consulares, por sí misma, coadyuva a disuadir a las autoridades locales de cometer actos en contra de los extranjeros que pueden ser contrarios a su dignidad humana o que pongan en peligro la suerte del proceso penal al que se verá sometido el extranjero. Por último, la tercera función es la relativa a una asistencia técnico-jurídica. En este sentido, la asistencia consular es vital para asegurar una defensa adecuada en situaciones que impliquen una privación de la libertad, en donde las violaciones a los derechos fundamentales de los extranjeros son comunes debido a la falta de conocimiento del sistema jurídico en el que se ven inmersos. Esto es así, ya que una persona extranjera que es detenida se enfrenta a una multitud de barreras lingüísticas, culturales y conceptuales que dificultan su habilidad para entender, de forma cabal y completa, los derechos que le asisten, así como la situación a la que se enfrenta. En definitiva, a través de la ayuda consular los extranjeros reducen la distancia que los separa de los nacionales en cuanto a la protección de un estándar mínimo de derechos fundamentales." Autorizados. Se tiene como autorizado hasta en este momento en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo a (a) Netzfer Felipe Carrillo Sotelo, y únicamente para oír y recibir notificaciones a (b) Salvador Durán Nolasco, por así señalarlo en la demanda, a efecto de no dejar en estado de indefensión al directo quejoso. Consulta electrónica. Con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, como se solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio a (a) Netzer Felipe Carrillo Sotelo, con nombre de usuario "Netzer_cs". Encargada del SISE. Lo anterior, hágase del conocimiento de la persona encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE", por conducto del Actuario Judicial adscrito, para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido de que es responsabilidad de la parte promovente que el nombre de usuario con el que se registró dicho autorizado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esté plasmado en forma clara y precisa, esto es, tal y como debe escribirse, pues de lo contrario, la encargada del aludido sistema no podrá autorizar el acceso respectivo. Domicilio. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito inicial de demanda, conforme a lo establecido en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su numeral 2°. Exhortación a todas las partes a continuar juicio en línea. Con fundamento en el artículo 22, y 28, segundo párrafo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, si bien el presente juicio fue promovido en línea, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; ello, con la finalidad de mejorar la comunicación con las partes. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Digitalización. De conformidad con el artículo 3°, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, desde luego, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Asimismo, para mayor eficacia en la notificación de las comunicaciones oficiales, se autoriza para efectos de enviarlas y recibirlas, el uso de los medios electrónicos, sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria. Transparencia y acceso a la información. De conformidad con los artículos 3, 6, 8, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Finalmente, hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la licenciada Dulce Asunción Galindo Jiménez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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