Titular encargado de la Estación Migratoria

Expediente 1248/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1248/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
09/11/2022

Partes del expediente

  • Titular encargado de la Estación Migratoria
  • Brayan Ranse Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de noviembre de dos mil veintidós. Firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra el proveído de doce de agosto del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Incidente. No se ordenó su apertura. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Documento original. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Caratula. Se ordena al Secretario certifique que la carátula del presente expediente contiene impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo; así como que verificó que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, fueron incorporadas cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese. Así, lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a doce de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio signado por el Sub representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento al auto de nueve de agosto del año en curso; y en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: Sobreseimiento fuera de audiencia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por conducto de su autorizado. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Roberto Aguirre Reyes, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de agosto de dos mil veintidós. Se agrega para efectos de control. Visto el escrito de cuenta signado electrónicamente por ********************, en su carácter de apoderado legal de la moral tercero interesada ********************Sociedad Anónima de Capital Variable, se ordena agregar a los autos únicamente para efectos de control, toda vez que mediante proveído de tres de agosto del año en curso, se proveyó al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Eduardo Pacillas Bustamante, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a ocho de agosto de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha no se ha dado cumplimiento total al fallo protector. Efectos del fallo protector: Ahora bien, cabe recordar que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, la protección constitucional es para el efecto de que las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, realicen lo siguiente: 1. Entreguen oportunamente y por conducto de quien corresponda, los medicamentos adecuados, así como proporcionen de manera directa o bien a través de la subrogación, los tratamientos necesarios para el tratamiento de la enfermedad que padece la quejosa. En las dosis y periodos que determine el médico tratante. 2. Garanticen con carácter prioritario el derecho humano a la salud de la quejosa, de tal manera que se cumpla con la secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo en función de su padecimiento -cáncer de mama-, de conformidad con la parte considerativa de esta sentencia; justificando, en todo momento, haber agotado todos los recursos de los que dispone para lograr su efectividad. Ahora, debido a que la ministración de medicamentos depende del tratamiento de la enfermedad de (1) Elva Lizarraga Lara, el cual corresponde a la evolución de la paciente. Es necesario precisar que no significa que el cumplimiento de esta sentencia aborde todo ese tiempo, ya que, como se dijo, basta un acto jurídico que de certeza de la restitución. En esas condiciones, a juicio de quien resuelve es prudente fijar el periodo de tres meses para vigilar el cumplimiento de los alcances de protección constitucional, dado que la necesidad de contar con los medicamentos contribuye en el tratamiento mensual de la quejosa y se relaciona con conservar su vida. En la inteligencia de que, si a la postre surge otra omisión relacionada con las mismas características de este asunto, esto es, la enfermedad y por los mismos medicamentos, invariablemente su reclamo se hará por la repetición del acto reclamado; a fin de no volver a sujetar a la quejosa a la sustanciación de otro juicio de amparo, en el que la Litis se centre en una omisión similar a la aquí abordada. Precedente. Similares términos fueron adoptados por el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión administrativo 213/2020, resolución que se tiene a la vista a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Poder Judicial de la Federación. Debe decirse que, las publicaciones en la red intranet de las resoluciones que emiten los diversos órganos del Poder Judicial de la Federación, constituyen hecho notorio en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que se trae a la vista la referida resolución y los datos estadísticos que de dicho expediente aparecen en la citad red. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia sostenida por el Pleno dela Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con los siguientes datos de publicación: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente."" (.)" Requerimiento de cumplimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, y tomando en consideración los efectos del fallo protector, requiérase a las autoridades responsables de Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días siguientes contado a partir de que reciba la notificación del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento de multa. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, sin causa justificada, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258, todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente a la autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberá cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos. Separación del cargo y consignación. Asimismo, una vez impuesta la multa respectiva, se remitirá el presente expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que podrá culminar con la separación de su cargo y su consignación ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, por el delito de desacato a un mandamiento judicial; lo anterior, con fundamento en los artículos 108, párrafo tercero, 109, fracción III, y 110, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 267, fracción I, y último párrafo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 29/2019 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2019625, publicada en cinco de abril de dos mil diecinueve, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Rubro texto siguiente: "DELITO DE DESACATO A UNA SENTENCIA DE AMPARO. EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL MISMO NUMERAL, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN SU VERTIENTE DE TAXATIVIDAD. Del citado precepto se advierte que el tipo penal se integra por los siguientes elementos: a) que el sujeto activo tenga la calidad de autoridad, b) con esa calidad incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir y c) que la acción u omisión sea en forma dolosa, lo que revela que se está en presencia de un tipo penal mixto alternativo, pues basta que se realice cualquiera de las conductas, ya sea incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, para que se consume el ilícito. Ahora bien, por incumplir debe entenderse no llevar a efecto, dejar de cumplir, esto es, el tipo penal requiere que se deje de cumplir una sentencia de amparo, también el término "no la haga cumplir", redunda en el incumplimiento del fallo, lo que revela que en ambos supuestos se pretende sancionar la conducta que implica una resistencia de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en una sentencia protectora, ya sea a la responsable obligada al cumplimiento o a su superior jerárquico. Aunado a lo anterior, el legislador expresamente señaló en el referido artículo 267, último párrafo, de la Ley de Amparo que las mismas penas que se impongan por incumplir una sentencia de amparo o no hacerla cumplir, serán impuestas al superior de la autoridad responsable. Asimismo, estableció el rango de punibilidad para ambas conductas, a saber, pena de cinco a diez años de prisión, entre otras sanciones, ya que conforme al precepto 194 de la ley citada, en caso de que no se logre el cumplimiento de la sentencia, el superior jerárquico incurre en responsabilidad en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Por tanto, la porción normativa impugnada señala las diversas conductas que están plenamente descritas en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que hace posible a la autoridad responsable directamente vinculada con el cumplimiento y a su superior jerárquico, anticipar cuál es la conducta penalmente relevante, el parámetro de punibilidad y, en consecuencia, la pena que les sería aplicable en caso de incumplir o no hacer cumplir dolosamente una sentencia de amparo, pues el juzgador cuenta con un rango mínimo y máximo de cinco a diez años de prisión, el que también es aplicable a la autoridad directamente vinculada con el cumplimiento y su superior jerárquico, por lo que el precepto mencionado cumple con el grado de determinación necesario de la conducta que es objeto de prohibición y contempla una penalidad clara, de forma tal, que dota de certeza jurídica a su destinatario y, por ende, no es contrario al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad, contenido en el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Requerimiento a superior jerárquico. De igual forma, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, y 194, ambos de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado Estatal en Baja California del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con residencia en esta ciudad, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a ésta cumplir con la ejecutoria de amparo. Apercibimiento al superior jerárquico. Con el apercibimiento de que, en caso de no demostrar dentro del término de tres días que dio la orden referida, con fundamento en los artículos 192, párrafo tercero, 193, 194 y 258, todos de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular, esto es, a la persona física que ocupe el cargo correspondiente al superior jerárquico de que se trata, una multa equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (en sustitución del salario mínimo) multiplicada por cien, de conformidad con el decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; misma multa que deberá cubrir con su propio peculio y no con recursos públicos, aunado a que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable, conforme a los citados preceptos. Desde luego, no sobra mencionar que se considerará como incumplimiento del fallo protector, diversos actos de retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales, tanto de la propia autoridad que sea responsable, como de las autoridades que sean vinculadas, superiores jerárquicos, o de cualquier otra que pudiere tener intervención en el cumplimiento al fallo protector; quienes seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 193, de la Ley de Amparo. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, el siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

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