Tito Carlos Rangel Hernández

Expediente 769/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 15 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
769/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
06/07/2022

Partes del expediente

  • Tito Carlos Rangel Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de julio de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de inconformidad dentro del plazo establecido en el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra la determinación de treinta de mayo de dos mil veintidós, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo y artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme el acuerdo referido. Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 18 inciso b) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, toda vez que se concedió la protección constitucional; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración de este expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado, para posteriormente solicitar la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional y la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso a), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los noventa días siguientes, procédase a la depuración del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Asimismo, agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de tres días para que la parte quejosa manifestara lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; sin que hubiere realizado señalamiento alguno al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida, sin exceso, ni defecto. Efectos de fallo concesorio. Así se tiene, que mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efectos de que el Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca - autoridad responsable-, realizara lo siguiente: "Deje insubsistente el acto aquí reclamado, emitido contra la aquí parte quejosa, en la causa penal 44/2017 de su índice; debiendo de reiterar lo que no es materia de la presente concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito , y, Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en donde subsane el yerro destacado, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional, al tenor de lo aquí analizado. [..]" Inconforme con dicha determinación, el Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, interpuso recurso de revisión, el cual por razón de turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, quien mediante ejecutoria de treinta de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 503/2019, de su índice, confirmó la sentencia recurrida. Diligencias de cumplimiento de la autoridad responsable. Ahora bien, mediante acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se determinó que la ejecutoria de amparo no se encontraba cumplida en sus términos, pues se estimó de forma toral que el juzgado responsable realizó consideraciones que no fueron materia de la sentencia concesoria, pues no le fue otorgada libertad de jurisdicción; por lo que, se le requirió dejar insubsistente la resolución con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora; y emita una nueva resolución en la que se cumplan con todos los aspectos de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, se tuvo al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitiendo copia certificada de la resolución dictada el cinco de abril de dos mil veintiuno, en la causa penal antes precisada, por la que sobreseyó la causa penal a favor del aquí quejoso, por el delito de abuso de autoridad, previsto en el artículo 208, fracción XI del Código Penal del Estado de Oaxaca vigente en la época de los hechos. Constancias a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2. Estudio de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, como se adelantó, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria. El Juzgado responsable al dictar la resolución de cinco de abril de dos mil veintiuno, en la que sobreseyó en la causa penal instruida contra el aquí quejoso Tito Carlos Rangel Hernández, realizó en lo que interesa los siguientes pronunciamientos: Dejó insubsistente la resolución de veintitrés de octubre de dos mil veinte terminada de engrosar el diecisiete de noviembre de ese mismo año, emitida en la causa penal 44/2017 del índice del Juzgado responsable. ( Señaló que cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad, entrare en vigor una nueva ley, se estaría a lo dispuesto a la más favorable al inculpado o sentenciado y que la autoridad que conociera del asunto, aplicaría la ley más favorable al justiciable. ( Agregó que al haber entrado en vigor una ley, la cual la conducta considerada por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter, el individuo tiene derecho constitucionalmente protegido, a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y por ende, se le ponga en libertad. Concluyó que la conducta tipificada en el artículo 208 y sancionada en el artículo 209 del Código Penal del Estado de Oaxaca, relativa a que el funcionario público, agente del Gobierno o su comisionado, cometieran el hecho por acción u omisión, de forma dolosa o culposa, dejó de tener el carácter de delito, pues en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, no continuó contemplándola dentro de la hipótesis de dicho antisocial ni la ubicó en otra alguna hipótesis, por lo que, aplicó retroactivamente la ley penal vigente en beneficio del aquí quejoso Tito Carlos Rangel Hernández, en términos de los artículos 1° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ( Finalmente, resolvió sobreseer la causa penal instruida contra el aquí quejoso Tito Carlos Rangel Hernández, como probable responsable de la comisión del delito de abuso de autoridad, que se dijo cometido en perjuicio de la sociedad. De lo anterior, se obtiene que el juez responsable, a consideración de este órgano jurisdiccional, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues dejó insubsistentes las anteriores resoluciones; determinó que la conducta atribuida contenida en el artículo 208, del Código Penal del Estado de Oaxaca, en la época de los hechos, consistente en el delito de abuso de autoridad, dejó de tener tal carácter conforme a lo establecido en la reforma de quince de diciembre de dos mil diecisiete, sin que operara la figura de traslación de tipo, pues como lo expuso, dicha conducta no quedó establecida en alguna de las hipótesis del vigente artículo 208 del citado código punitivo o en alguno diverso; y finalmente aplicó en beneficio del aquí impetrante el principio de retroactividad de la norma penal, en términos del artículo 14 Constitución, por lo que, sobreseyó en la causa. Es decir, al no existir una homologación de la conducta - atribuida- típica de la anterior ley a la nueva ley, no se actualizó una traslación de tipo, lo que dio como resultado la prevalencia del principio contenido en el artículo 14 Constitucional, referente a la retroactividad de la ley en favor del justiciable. En tales condiciones, resulta patente para este órgano de control constitucional, que se ha dado debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo en estudio, sin exceso, ni defecto, conforme lo establecido en el párrafo tercero del normativo 196 de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 9/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que dentro del término de quince días, manifiesten lo que a su interés corresponda, en la inteligencia de que en caso de no hacerlo, esta resolución se tendrá por consentida y se ordenará el archivo del expediente como asunto totalmente concluido. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Adscripción de titular del órgano jurisdiccional. Por otra parte, en atención a lo determinado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, lo que fue comunicado mediante oficio SEADS/1118/2021, se hace saber a las partes de este juicio de amparo, que fue adscrita como titular de este órgano jurisdiccional la Jueza Laura Esther Cruz Cruz, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior, para los efectos legales procedentes. Se autoriza al Secretario Judicial de la adscripción a firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte ya trascurrió el término de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al cumplimiento dado a la sentencia dictada en este juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Atento a lo anterior, visto el estado de autos, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo vigente, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que existen en el sumario, dicha ejecutoria se encuentra o no cumplida. Ahora bien, conviene recordar que en el caso concreto, mediante sentencia de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para efectos de que el juez señalado como responsable, realizara lo siguiente: "[...]. Deje insubsistente el acto aquí reclamado, emitido contra la aquí parte quejosa, en la causa penal ******************** de su índice; debiendo de reiterar lo que no es materia de la presente concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito, y, Una vez hecho lo anterior, emita una nueva resolución, en donde subsane el yerro destacado, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional, al tenor de lo aquí analizado". Inconforme con lo anterior, la Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, parte tercera interesada en términos del artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión, que correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, residente en esta localidad, quien por ejecutoria pronunciada el treinta de julio de dos mil veinte, en el amparo en revisión 503/2019, confirmó la sentencia recurrida. Así, el nueve de octubre de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; quien remitió copia certificada de la resolución dictada en cumplimiento de veintitrés de octubre de dos mil veinte terminada de engrosar el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la causa penal de su índice. Constancias a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su diverso numeral 2. En esas condiciones, como se adelantó, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las constancias de autos para determinar si se encuentra o no cumplida la ejecutoria. Al respecto, conviene precisar que en la ejecutoria de amparo esencialmente se estudió y precisó lo siguiente: - Que la autoridad responsable debía reiterar lo que no había sido materia de la concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito; una vez hecho lo anterior, debía emitir una nueva resolución en donde subsanara el yerro destacado, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional al tenor de lo analizado en la ejecutoria de amparo. - El yerro destacado en la ejecutoria de amparo consistía en que el acto reclamado se encontraba indebidamente fundado y motivado, pues evidenciaba un problema de indebida aplicación de la ley, ya que la autoridad responsable ante la determinación de no prevalencia ya del hecho atribuido como delito, hizo luego prevalecer el artículo segundo transitorio del Decreto 710, en el cual se estableció que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor a esas reformas serían concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento de su inicio, sobre el principio constitucional de la irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 Constitucional. - En la ejecutoria de amparo, además se señaló que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 20/2005-PS, y que dio origen a la Jurisprudencia 1a./J. 107/2005, publicada en la página 594, Tomo XII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "TRASLACIÓN DEL TIPO. ES LEGALMENTE POSIBLE ENTRE LA CONDUCTA DE FRAUDE ESPECÍFICO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 194, FRACCIÓN XVIII Y LA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 246-E (CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO)", consideró, en lo que aquí interesa: Que el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna; asimismo, que una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, modificar, o suprimir situaciones jurídicas ya acaecidas. Interpretado en sentido contrario, el citado precepto otorga una garantía al individuo consistente en que se le aplique retroactivamente una ley penal, cuando ello sea en su beneficio. Que, si un individuo cometió un delito estando vigente una ley sustantiva con base en la cual se ejerció acción penal en su contra, y con posterioridad se promulga una nueva ley que deroga el precepto legal en que se contenía la conducta delictiva imputada o se prevé una pena menor para el mismo delito o el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter; el individuo tiene el derecho, constitucionalmente protegido, a que se verifique si la conducta que se le atribuye continua siendo delictiva a efecto de que se justifique su sometimiento a un proceso penal o a que se le aplique retroactivamente la nueva ley, y por ende, se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. - Además, se le refirió que en el marco del derecho interno, la aplicación del principio de aplicación retroactiva de la ley penal en beneficio del gobernado, también se retomaba en leyes secundarias, a saber en el Código Penal para el Estado de Oaxaca, que es el ordenamiento jurídico observable en atención a la naturaleza del delito que se relaciona con el proceso penal de la aquí parte quejosa, el cual es del tenor literal siguiente: "Artículo 3o.- Es aplicable la ley penal vigente en el tiempo de realización del delito. Cuando entre la comisión de un delito y la correspondiente extinción de la pena o medida de seguridad entre en vigor otra ley aplicable al caso, se estará de oficio a lo dispuesto en la ley más favorable al agente." Por su parte, la autoridad responsable, al dar cumplimiento a la referida sentencia amparadora, realizó esencialmente lo siguiente: Dejó insubsistente el acto aquí reclamado. Señaló el contenido del artículo 3° del Código Penal del Estado de Oaxaca; y expresó que el punto toral del cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente asunto, radicaba en establecer si el referido artículo 3° no transgredía algún precepto constitucional; o bien por qué debe tener vigencia el artículo segundo transitorio del Decreto 710 de la Reforma penal en congruencia con el primer párrafo del artículo 3° del Código Penal. Refirió recurrir a la supremacía constitucional y a la equidad del derecho, a fin de no vulnerar los derechos humanos de la partes en la causa penal que conforman el procedimiento penal de origen, es decir, estableció que con base en el nuevo marco constitucional de interpretación de los derechos humanos todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ya que sí se estatuye el tercer párrafo del artículo 1° Constitucional. De ahí que precisó que debía suplir la queja deficiente tanto del imputado como de la víctima u ofendido del delito. Con base en ello, ejerció control ex officio y determinó inaplicar el párrafo segundo del artículo 3° del Código Penal del Estado de Oaxaca, por contravenir la garantía de seguridad jurídica y la igualdad del imputado y del ofendido, al generar una impunidad del hecho, con perjuicio a la víctima. Consideró que en el proceso penal son partes, tanto el procesado o imputado, como la parte ofendida o víctima del delito; por lo que si la norma que pretende aplicarse de forma retroactiva, perjudica al sujeto pasivo del delito en agravio de quien resintió el daño o menoscabo por la conducta asumida, se le está afectando no solamente el derecho de igualdad y el de seguridad jurídica, sino también el derecho a recibir justicia. Concluyó que si bajo el pretexto de ponderar los derechos del imputado, se soslayan los derechos víctima, no se estaría impartiendo una justicia completa y menos imparcial, pues dejar impune un hecho delictuoso, cometido bajo la vigencia de otra norma, so pretexto de que ya no es ahora delito en virtud de haber cambiado la ley, no es justicia, porque se deja en la impunidad total a la parte ofendida, indefensa ante la determinación del Estado. Finalmente determinó que la reforma del Decreto 710, mediante el cual se reforman y derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca que derogó el artículo 208 del citado Código vigente en la época de los hechos, no opera la retroactividad al causar perjuicio a la víctima, toda vez que no se puede dar efecto retroactivo a ninguna ley en perjuicio de persona alguna, consagrado en el artículo 14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tomando en consideración lo antes expuesto, así como los efectos contenidos en la ejecutoria de amparo, este órgano jurisdiccional estima que no se cumplió con dicha ejecutoria. Lo anterior, así se considera, virtud esencial que se estima, lo considerado por la responsable, no fue materia de concesión en la ejecutoria de amparo, ello, en atención a que no se le dejó libertad de jurisdicción, pues en la misma se le indicó que debía prevalecer el artículo 14 Constitucional, es decir, aplicar el principio de retroactividad en torno al proceso penal, en beneficio del imputado, pues en la sentencia protectora, se partió de la base que la autoridad responsable ya había señalado que el hecho atribuido a la aquí parte quejosa había dejado de tener el carácter de delito. Lo anterior, insístase se considera así, ya que la autoridad responsable parte de una premisa errónea al estimar que el punto toral del cumplimiento a la ejecutoria de amparo radicaba en establecer si el referido artículo 3° no transgredía algún precepto constitucional; o bien por qué debe tener vigencia el artículo segundo transitorio del Decreto 710 de la Reforma penal en congruencia con el primer párrafo del artículo 3° del Código Penal. Ya que en la sentencia amparadora se le indicó que debía subsanar el yerro destacado en la misma, el cual consistía -sin libertad de jurisdicción- esencialmente en que el acto reclamado se encontraba indebidamente fundado y motivado, y por tanto debía dejar insubsistente el acto reclamado, emitido en contra de la aquí parte quejosa, en la causa penal ********************, debiendo de reiterar lo que no fue materia de la concesión, esto es, lo relativo a que los hechos materia del estudio dejaron de tener el carácter de delito; y, una vez hecho lo anterior, debería emitir una nueva resolución, en donde subsanara el yerro destacado, haciendo prevalecer el principio constitucional contemplado en el artículo 14 Constitucional. Sin embargo, la autoridad responsable aun y cuando determinó que no prevalecía el hecho atribuido como delito a la parte quejosa, hizo valer el artículo segundo transitorio del Decreto 710, el cual establece que los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor a esas reformas serían concluidos conforme a las disposiciones aplicables vigentes al momento de su inicio, sobre el principio constitucional de la irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 Constitucional. Aunado, también que en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y con base en la premisa errónea de la que partió, consideró que el párrafo segundo del artículo 3° del Código Penal del Estado de Oaxaca, dejaba en impunidad el hecho delictivo en perjuicio de la víctima; por lo que efectuó un control de convencionalidad ex officio y determinó inaplicarlo para precisar que el hecho imputado a la parte quejosa en la causa penal de origen sería el de abuso de autoridad, previsto por el artículo 208, fracción VI, y sancionado en el numeral 209, párrafo segundo, del Código Penal del Estado, vigente en el momento de los hechos, como lo prevé la primera parte del aludido precepto 3°. Sin embargo, se insiste, este órgano jurisdiccional considera, que ello no fue materia de concesión en la ejecutoria de amparo, a más de que no se le dejó libertad de jurisdicción, en la misma se le indicó que debía prevalecer el artículo 14 Constitucional, es decir, aplicar el principio de retroactividad en torno al proceso penal en beneficio del imputado, pues se partía de la base que la autoridad responsable ya había señalado que el hecho atribuido a la parte aquí quejosa había dejado de tener el carácter de delito. No obstante, aún y cuando reiteró dicha situación, al momento de pretender cumplir con la ejecutoria del presente asunto, estimó no dar efecto retroactivo, por estimar que ello causaba perjuicio a la víctima. No obstante, que este Juzgado de Distrito, en la ejecutoria de mérito le indicó a la autoridad responsable que el precepto 3° del Código Penal del Estado de Oaxaca, era acorde con el diverso 14 Constitucional y con la parte final del numeral 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que el primero de los referidos señala que: "Artículo 3°.- [.]. Cuando entre la comisión de un delito y la correspondiente extinción de la pena o medida de seguridad entre en vigor otra ley aplicable al caso, se estará de oficio a lo dispuesto en la ley más favorable al agente". De la anterior transcripción, se vislumbra en esencia el contenido del principio de retroactividad en torno al proceso penal en beneficio del imputado; por lo cual se considera que la autoridad responsable no siguió los lineamientos de la ejecutoria de mérito. Incluso en la ejecutoria de amparo se le precisó a la autoridad responsable que el artículo 14 Constitucional que señala que a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna; reconocía, en sentido contrario, la implícita excepción de aplicación retroactiva en beneficio, esto es, en la materia penal cuando la nueva norma sea benigna, favorable o menos gravosa para el "inculpado". Además, se le indicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que si un individuo cometió un delito estando vigente una ley sustantiva con base en la cual se ejerció acción penal en su contra, y con posterioridad se promulga una nueva ley que deroga el precepto legal en que se contenía la conducta delictiva imputada o se prevé una pena menor para el mismo delito o el acto considerado por la ley antigua como delito, deja de tener tal carácter; el individuo tiene el derecho constitucionalmente protegido, a que se verifique si la conducta que se le atribuye continua siendo delictiva a efecto de que se justifique su sometimiento a un proceso penal o a que se le aplique retroactivamente la nueva ley, y por ende, se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. Por ende, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se considera que en el caso concreto en estudio, no se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. En consecuencia, y a fin de lograr el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se requiere al Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que: 1. En el término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación de la presente determinación, acredite haber dejado insubsistente la resolución con la que pretendió dar cumplimiento a la sentencia amparadora; y, 2. Dentro del mismo término; emita una nueva resolución en la que se cumplan con todos los aspectos de la ejecutoria de amparo. Lo anterior, debe informarlo y acreditarlo a este órgano jurisdiccional, con las constancias relativas, o bien, indicar el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia número 9/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 832, Febrero 2016, Tomo I, Décima Época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD". Con el apercibimiento que de no cumplir o informar el impedimento legal o material para ello, con fundamento en el artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cien días, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), según decreto en el cual se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en vigor al siguiente de su publicación, equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos ($8,962.00) moneda nacional; atendiendo al valor de ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos ($89.62), moneda nacional, conforme a la publicación de ocho de enero de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Asimismo, se continuará con el trámite previsto en el numeral 192, párrafo segundo, de la ley de la materia, esto es, la apertura del incidente de inejecución de sentencia y remisión de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, quien de estimarlo necesario, provea sobre la separación inmediata de su respectivo cargo y su consignación al Juez de Distrito que corresponda, por desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad, en términos del normativo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, sirve de apoyo la Jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." Notifíquese y personalmente a las partes.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos el oficio 1986/2020, del Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, y anexo que acompaña, consistente en copia certificada de la resolución de veintitrés de octubre del presente año, dictada en el expediente penal******, de su índice, por medio del cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio de cuenta y anexo, dése vista a la parte quejosa y tercera interesada por el plazo de tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga; apercibidas que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, de oficio, procederá al estudio del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con base en las constancias que obran en autos. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicada en la página 832, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, LUEGO DE QUE DIO VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON EL CONTENIDO DE LA MISMA". Notifíquese personalmente. Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

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