Tirso Enrique Sumuano Navarro

Expediente 307/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 1 actuación registrada, la última del 12 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
307/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
12/05/2022

Partes del expediente

  • Tirso Enrique Sumuano Navarro

Actuaciones

  1. Principal

    Desechamiento. Una vez analizado el escrito de demanda de amparo, este juzgado federal advierte que los mismos deben desecharse de plano, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "OMISIÓN DE DAR TRÁMITE a la investigación administrativa por hechos constitutivos de responsabilidad administrativa de funcionarios de la Fiscalía del Estado de Baja California derivado de la carpeta de investigación bajo número único de caso (NUC) 204- 2022-13285, atribuible a la FISCALÍA DE CONTRALORÍA Y VISITADURÍA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, así como a la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA." Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 55/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Agosto de 1998, visible en la página 227, con registro electrónico 195745 que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." En el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a la letra refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]" Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se encuentra motivado por el hecho de que la parte quejosa, previo acudir a la instancia constitucional, no agote los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar, la resolución reclamada, que no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado "principio de definitividad" supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio de mérito se fundamenta en la naturaleza misma del amparo. Es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo anteriormente expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación del agraviado consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos que estime lesivos. Ahora, en la especie, como ya se dijo, se actualiza la referida causal de improcedencia, toda vez que, respecto del acto reclamado, la parte promovente, debió agotar el medio de defensa previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone lo siguiente: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del artículo transcrito, se aprecia que en contra de las omisiones por parte del Ministerio Público en sus funciones de investigación procede el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por ello, es indudable que, antes de acudir al amparo, la parte quejosa tenía obligación de agotar dicho medio de defensa y al no haberlo hecho así, es evidente que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que lo hace improcedente. Lo anterior, tomando en consideración que con el referido incidente innominado, el Juez de Control estará en aptitud de revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, con lo cual los afectados pueden alcanzar su pretensión y lograr que desaparezcan de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta se les ocasionaron. Resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 28/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de epígrafe y texto: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad". En ese contexto, es evidente que la promovente debió interponer el señalado medio de defensa, cumpliendo así con el principio de definitividad rector de la instancia constitucional, contenido en la fracción XX, del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria, toda vez que no se actualizan los supuestos de excepción previstos en ese normativo, a saber, que se trate de un tercero extraño a procedimiento, que el acto carezca de fundamentación, que se aleguen violaciones directas a la constitución o que no esté previsto en la ley aplicable el medio de defensa. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Tirso Enrique Sumuano Navarro, contra actos del Fiscalía de Contraloría y Visitaduría como órgano interno de la Fiscalía General del Estado de Baja California y otra autoridad. Por último, cabe destacar que ningún fin práctico tendría admitir la demanda de amparo dado que desde este momento procesal esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes para determinar la improcedencia de la demanda de amparo, dado que la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, refirió que le reviste el carácter de denunciante y por ende, se encuentra legitimado para interponer el incidente innominado de referencia, con lo que se patentiza la actualización de la causal anteriormente aludida; y por ende, aunque se admitiera la demanda, ninguna prueba o información proporcionada por las partes variaría el sentido de esta determinación. Máxime que, contrario a lo que pretende dicha parte procesal, de dársele trámite a su escrito inicial de demanda se le causaría mayor perjuicio, puesto que estaría a la espera de que el juicio de amparo concluyera para efecto de atacar los actos reclamados por la vía correspondiente. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Autorizados. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a Víctor Manuel Ríos León, Karina Janet Montero Rodríguez y Rubén Eduardo Pérez Santiago, dado que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que cuenta con el registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, como se advierte la certificación de cuenta y únicamente para oír y recibir notificaciones a Andrea Karina Hernández Jiménez, por haberlo solicitado expresamente. Solicitud de juicio en línea. Por otro lado, vista la certificación secretarial de cuenta, se observa que el quejoso solicita se le dé acceso al expediente electrónico; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en vigor a partir del seis de mayo del año en curso, se autoriza a la parte quejosa el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico para consulta en la modalidad de juicio en línea. Notifíquese personalmente.

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