Tiffany Geraldine Mejia Moreno
Expediente 645/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/08/2023
Partes del expediente
- Tiffany Geraldine Mejia Moreno
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dos de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a la promovente para interponer el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, en contra del auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, que desechó la demanda de amparo. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales3 , se hace constar 3 Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. Los expedientes digitalizados o electrónicos de los juicios de amparo generados con la FIREL serán administrados por la Dirección General de Archivo y Documentación a través del SISE, una vez que hayan sido transferidos y destruidos los expedientes físicos en términos de lo dispuesto en este Acuerdo. Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa. 15/10/23 15:40:20 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.d8.85 NAGUIB ENRIQUE HERNANDEZ DELGADO Juicio de amparo: 645/2023-VII ??????????????que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Artículo 35. Orden de archivo. Todos los expedientes judiciales en los que se acordó su archivo como asunto concluido deberán indicar la valoración que corresponda, incluyendo alguna de las siguientes leyendas: Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible. Las leyendas referidas en el párrafo que antecede deberán constar en la carátula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su transferencia. El servidor público designado verificará que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincidan en su totalidad. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Magali María Díaz Villarreal, Jueza Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, quien actúa con el Secretario Naguib Enrique Hernández Delgado, que da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, se notifica por medio de lista el acuerdo de cuatro de julio de este año, a la parte quejosa, que dice: Cuenta. El cuatro de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta con el escrito registrado con el número 9834. Conste.Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Se recibe escrito. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito presentado por Tiffany Geraldine Mejía Moreno, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento de doce de junio de dos mil veintitrés. Análisis de la demanda. Ahora, una vez establecido lo anterior, se procede a examinar la demanda de amparo, ya que el artículo 113 de la ley de la materia confiere facultad a la autoridad constitucional que conozca de una demanda para desecharla si de su examen se advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el precepto en mención es del tenor literal siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del ordinal reproducido se observa que para desechar una demanda de amparo sólo deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia; y; b) Que ese motivo sea manifiesto e indudable. El Máximo Tribunal del País ha establecido en reiteradas ocasiones, que las características destacadas en el anotado inciso b) se actualizan cuando de la simple lectura de la demanda aparece comprendido alguno de los supuestos de improcedencia que señala el artículo 61 de la Ley de Amparo, o bien, la demanda misma no encuadra en las hipótesis de procedencia que el artículo 107 de dicha legislación prevé. En esa tesitura, es claro que a la decisión de desechar una demanda de amparo, debe antecederle un examen acucioso de todos sus componentes, que finalmente provoque plena convicción de que aún ordenando la substanciación del juicio, sería imposible arribar a una conclusión diversa. Ello, pues basta con tener en cuenta, que precisamente, en términos específicos, lo manifiesto radica en que la improcedencia se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que lo indudable consiste en que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, en virtud de que, por ejemplo, los hechos en que se apoya la improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Desechamiento de demanda. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida por Tiffany Geraldine Mejía Moreno, por propio derecho, es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estimarse que carece de interés legítimo para instar el juicio constitucional en contra del acto que reclama. Para explicar lo anterior, resulta pertinente establecer el contenido de los numerales antes citados, los cuales indican: Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]". "Artículo 5º.- Son partes en el juicio de amparo I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley [.]". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo 107. Todas las controversias de que habla en artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determinen la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; En primer término, con relación a la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desprende que el juicio constitucional no procederá contra los actos de autoridad que de ninguna manera vulneren el interés jurídico del gobernado, de lo que se deduce que el interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado, otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. El acto de autoridad debe incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, hace una distinción entre la existencia de un interés legítimo y un interés jurídico. Así, para explicar los alcances de dicha distinción, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de tesis 111/2013, de la cual derivó la jurisprudencia P./J.50/2014, determinó que desde mil novecientos diecisiete y durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, se había realizado una interpretación constante respecto del interés jurídico, al identificarlo con un perjuicio directo a la esfera jurídica del quejoso a partir de la titularidad de un derecho público subjetivo, lo que significaba que debía acreditarse de una lesión directa e inmediata en la persona o patrimonio del quejoso. En la referida resolución se hizo referencia a las reformas constitucionales de dos mil once, relacionadas con los derechos humanos y el juicio de amparo, para concluir que a partir de su entrada en vigor, se adoptó un paradigma constitucional que obliga a todas las autoridades del país a adoptar la protección más amplia para las personas, lo cual implica que la interpretación de las figuras jurídicas integrantes de nuestro sistema jurídico debe ser conforme al principio pro persona, que constituye la base de dicho paradigma. En razón de lo anterior, los ministros se dieron a la tarea de definir los alcances del interés legítimo como presupuesto procesal para acudir al juicio de amparo, respecto del cual concluyeron que conforme a dicho supuesto, para acudir al juicio constitucional se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial- apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. De esa forma, el pleno consideró como elementos para analizar si se actualiza el interés legítimo para ejercer la acción de amparo, los siguientes: 1. Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. 2. El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. 3. Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. 4. La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. 5. Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad. 6. Así, el quejoso tiene un interés propio distinto al de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. 7. La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. 8. Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. 9. Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. 10. Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas. Precisión para desechar demanda. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 2a./J.57/2017, sostuvo que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, con base en tal premisa argumentativa, la referida sala indicó que en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Razón por la que los ministros resolvieron que al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable. Con base en lo anterior, es que este órgano jurisdiccional se encuentra en aptitud de desechar la demanda de amparo si de la misma se advierte que la parte quejosa carece de interés legítimo y que, aun sustanciado el juicio de amparo, no podrá probarse que cuenta con éste a pesar de los diversos medios probatorios que pudieran ofrecerse y desahogarse. En esas condiciones, una vez precisados los parámetros fijados por la Suprema Corte para considerar que un sujeto cuenta con interés legítimo para ejercer la acción de amparo, conviene analizar, de manera específica, si en el caso en concreto, la parte quejosa cuenta con dicho interés. Precisión del acto reclamado. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa Tiffany Geraldine Mejia Moreno, por propio derecho, reclama, lo siguiente: "[.] Se reclama de la responsable omisión de la realización del mantenimiento del alumbrado público". Asimismo, en su escrito aclaratorio manifiesta la quejosa que lo único que busca es que se le dé mantenimiento al alumbrado público y defender la seguridad pública tanto en riesgos de accidente alguno como la propagación de hechos delictivos; y si bien hace referencia a la calle Flamenco que dice está ubicada en "Hacienda los Venados", de dicha vialidad solo refiere que es de alto tránsito peatonal y que "personas" van a sus jornadas laborales a "bajas horas de la madrugada", sin embargo, esta juzgadora llega a la conclusión de que, en el caso, no cuenta con un interés legítimo para impugnar el acto señalado como reclamado, toda vez que la omisión que destaca, no le genera ninguna afectación real a los derechos de la promovente, sino que su interés por la mera legalidad se traduce en un interés simple, igual al que tiene el resto de la sociedad en que se respeten las normas. Aunado a lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que derivado del planteamiento que se realiza, una eventual sentencia concesoria no traería algún beneficio concreto en la esfera jurídica de la quejosa, pues no le generaría un beneficio concreto distinto al que podría tener cualquier miembro de la sociedad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. CLXXXIV/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL." En efecto, la promovente carece de un interés legítimo para acudir a esta instancia constitucional, pues la omisión reclamada consistente en "[.] omisión de la realización del mantenimiento del alumbrado público", no entraña una afectación en su esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, esto es, para que ocurra ello, debe ser razonable la existencia de tal afectación, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Entonces, se insiste, con base en esa información, se estima que la parte quejosa carece de interés legítimo para promover el presente juicio de amparo, en la medida en que únicamente cuenta con un interés simple para reclamar a la autoridad responsable el acto precisado. Lo anterior es así, ya que no acredita que exista, por su situación particular frente al orden jurídico, un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, tal y como lo precisó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria a que se hizo alusión anteriormente. Por tanto, como la parte quejosa sólo tiene un interés simple como lo tiene cualquier ciudadano para solicitar la legalidad del acto de la autoridad, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo en relación con el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que conlleva a que cobre exacta aplicación la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J.57/2017; de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO" puesto que incluso tramitándose el presente juicio constitucional y desahogándose los diversos medios probatorios la parte quejosa únicamente podría acreditar que es ciudadana de este país; sin embargo, ello no generaría una afectación a su interés legítimo al no diferenciarse del interés que cualquier otro individuo de la sociedad de la república mexicana tenga para inconformarse en contra de la falta de mantenimiento del alumbrado público. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Tiffany Geraldine Mejía Moreno por propio derecho. En ese sentido, la anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Notifíquese personalmente. Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.
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