Timoteo Trejo Rojas
Expediente 60/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 60/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 01/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Timoteo Trejo Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de la actuaria judicial del tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que adjunta el testimonio de la resolución dictada el dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ******************** de la estadística del citado tribunal, cuyo único punto resolutivo dice: "ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja interpuesto por ******************** (.)." Acúsese recibo a la superioridad vía interconexión y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y clasificación de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el actuario judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, del que se advierte que el presidente de dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, el que fue registrado como recurso de queja ******************** de la estadística del citado tribunal.
- Principal
Visto el escrito presentado por el quejoso ********************, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el recurso de queja que promueve en contra del auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo. Por tanto, remítase vía interconexión el medio de impugnación de que se trata al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno (adjúntese el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro). En el entendido que, con sustento en el sexto transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre del año en curso, se hará visible el cuaderno electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que la superioridad que conozca del asunto, tenga acceso a las totalidad de las actuaciones. En tal virtud, infórmese al órgano colegiado que por turno, corresponda conocer del recurso de que se trata, que se encuentra a su disposición el expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ello, con la finalidad de que se encuentre en posibilidad de imponerse de las constancias que integran este sumario, para la substanciación y resolución del recurso de queja interpuesto, como se desprende de la siguiente captura: Lo anterior, para que esté en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. Por otra parte, infórmese al tribunal de alzada que, de estimar necesarias las constancias físicas para la sustanciación del medio de impugnación hecho valer, le serán remitidas las que obren en autos. De igual manera, ríndanse el informe a que alude el artículo 101 de la Ley de Amparo, en el sentido de que es cierto que este juzgado dictó el auto recurrido, en el cual constan los motivos y fundamentos legales que se tomaron en cuenta para dictarlo en el sentido en que se hizo, lo que sustenta su legalidad, por lo que se estima no se han violado derechos humanos de la autoridad responsable.
- Principal
Por recibido el escrito signado por el quejoso ***********, por el cual cumple con la prevención que se le formuló en auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, pues al efecto expresa bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado. En principio, es necesario establecer que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional y combate, preliminarmente, el acto y autoridad siguientes *************** En tal virtud, del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia y es menester establecer que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, con fundamento en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 107, fracción V, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se explica: De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicable también a este tipo de resoluciones, se obtiene que la parte quejosa reclama lo siguiente: a. La resolución que desechó el incidente de nulidad de notificación que presentó el quejoso dentro del juicio ordinario civil número **************/2018. b. Todo lo actuado en el toca número ******************** (en donde se confirmó el desechamiento aludido). c. La ejecución de lo anterior. Así, se advierte que en la especie se actualiza un motivo legal que torna improcedente el presente juicio constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Sobre el particular, se impone destacar que del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que cuando se impugnan actos dentro de un proceso, es procedente el amparo indirecto, siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación. Lo anterior es repetido por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 107 fracción V cuando establece que el amparo indirecto procede contra actos en el procedimiento: ".cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte." Ahora, de los elementos objetivos que derivan del escrito de demanda, se advierten los antecedentes siguientes: El quejoso es parte demandada en el juicio civil número ************/2018 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, y fue emplazado a dicho controvertido en fecha diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. En auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, el juez de la causa aprobó la diligencia de emplazamiento. En contra de lo anterior, el trece de agosto de dos mil veintiuno, el quejoso promovió incidente de nulidad de actuaciones por considerar ilegal el emplazamiento practicado. Dicha incidencia fue declarada improcedente por auto de doce de octubre de ese mismo año. Inconforme con esa determinación el peticionario interpuso recurso de apelación, el cual correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, registrado con el número ************/2021, quien en fecha diecisiete de diciembre de dos mil veintidós (dicha data así fue manifestada por el promovente, bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio), determinó lo siguiente: "se deja insubsistente la resolución interlocutoria de fecha doce de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Único Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, con motivo del incidente de nulidad de 9 actuaciones, promovido por el recurrente, dentro del expediente *************/2018 y se ordena la reposición del procedimiento". En cumplimiento a ello, el juez responsable admitió a trámite el incidente de nulidad planteado, el cual, previo desahogo de las pruebas ofertadas por las partes, fue resuelto mediante interlocutoria de fecha catorce de octubre de dos mil veintidós (dicha data así fue manifestada por el promovente, bajo protesta de decir verdad, en su escrito aclaratorio), en la que nuevamente declaró improcedente dicha incidencia. Contra esa determinación interlocutoria, el quejoso promovió recurso de apelación, el cual nuevamente correspondió conocer a la Sexta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo registró bajo el número ******************** y por resolución de fecha dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, la confirmó (acto reclamado). Ahora, destaca que en el ocurso de cuenta, el promovente sostuvo lo siguiente: "El proceso se encuentra en etapa Postulatoria pues se está emplazando a los involucrados; este proceso de emplazamiento se encuentra detenido debido al incidente de nulidad de notificaciones que accioné y del cual estoy esperando resolución". Lo resaltado no es de origen. De los anteriores antecedentes se colige que el acto controvertido no puede ser estimado como de imposible reparación, pues para ese supuesto es necesario: a) Producir una afectación material a derechos sustantivos; b) Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; y, c) Deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental. Consideraciones que, en su conjunto, se encuentran contenidas en la jurisprudencia por contradicción de criterios número P./J. 37/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, libro 7, junio de 2014, tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006589. Así, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y son reparables si el afectado obtiene una sentencia favorable. En esta condición, el acto reclamado descrito con anterioridad, no puede estimarse como de imposible reparación, toda vez que no vulnera ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, como puede ser entre otros, la vida, la libertad, los derechos patrimoniales o el estado civil. De ahí que, el acto reclamado atañe a una cuestión de trámite, lo que versa sobre un tema de índole formal o adjetivo, y no lesiona derechos sustantivos de la parte quejosa, para llegar a ser calificado como acto de imposible reparación. Pues, incluso, la ley de amparo señala de forma destacada que se podrá combatir como violación procesal la determinación que deseche o resuelva ilegalmente un incidente de nulidad. En ese sentido, la violación de que se trata, por regla general, es reclamable en términos de lo dispuesto en los artículos 171, 172, fracción V, y 174 de la Ley de Amparo, por no ser un acto que traiga aparejada una ejecución de imposible reparación, ya que solo afecta derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales que podrán ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que dicha cuestión no actualiza ningún caso de excepción, a que se refiere la fracción V del artículo 107 de la citada ley, para la procedencia de la vía indirecta. Es destacable que la pretensión de la parte quejosa se traduce en combatir o nulificar el emplazamiento que le fue practicado en el juicio civil de origen; sin embargo, el acto reclamado de manera destacada no tiene una ejecución de imposible reparación, dado que su consecuencia es que se tramite un juicio, sin que, en este momento, se vean afectados sus derechos sustantivos, pues tiene la oportunidad de oponer las excepciones y defensas que estime pertinentes, así como probar los extremos que en su caso plantee en la sede ordinaria; y hasta la conclusión del juicio, el peticionario de amparo podrá reclamar las violaciones procesales que pudieran haber ocurrido durante la sustanciación del mismo, resolución que de serle favorable, borraría los efectos de tal violación procesal como si el acto destacado jamás hubiese existido. En caso contrario, si la sentencia que se dictare en el juicio de origen fuera en contra del quejoso y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través del medio constitucional respectivo. En tal virtud, el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos de la parte quejosa; máxime que al encontrarse el juicio natural en trámite, el peticionario del amparo se encuentra en aptitud de acudir ante la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por el principio que la informa, tesis: II.T.39 K, número de registro 166106, novena época, Tomo XXX, Octubre de 2009, Página: 1603, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. También es orientadora, por el principio que la informa, la tesis II.T.306.L sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Segundo Circuito, visible en la página 2234. Bajo ese contexto, es inconcuso que la determinación reclamada ante esta potestad federal, constituye una cuestión de derecho procesal que no genera afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa, toda vez que con los mismos no se afectan materialmente esos derechos, pues en modo alguno se impide el libre ejercicio de derechos del promovente, dado que antes bien, dichos derechos procesales surgen y se generan durante el trámite de un juicio o procedimiento, de tal forma que antes de este el particular no los tenía y si dichos derechos fueran violados, la sentencia que se dictara a favor del agraviado podría tener como efecto su restitución; en caso contrario, si la misma fuera en contra del promovente y esas violaciones procesales trascendieran el resultado del fallo, podrían reclamarse estas a través de los medios ordinarios de defensa y, en su caso, por medio del juicio de amparo directo en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 170, 171 y 172 de la Ley de Amparo. Es de invocarse en apoyo de lo que antecede, la tesis I.8º. C. 22C (10ª.), con registro 2008458, legible en la página 2674, libro 15, febrero de 2015, tomo III, materia civil de la Décima Época, de rubro y texto: "DERECHOS SUSTANTIVOS. SU DIFERENCIA CON LOS DERECHOS ADJETIVOS. De acuerdo con la doctrina, son derechos sustantivos los que se identifican con los bienes de la vida. En ese sentido, pueden considerarse sustantivos, sin pretender asignarles un orden, entre otros, los derechos patrimoniales, los que surgen de las relaciones de familia y del estado civil de las personas, la vida misma, la libertad personal, la de conciencia, la de expresión, el derecho al honor, a la intimidad, etc. En cambio, los derechos procesales o instrumentales, también llamados adjetivos, son únicamente el medio para hacer observar o proteger el derecho sustantivo. Tales derechos procesales no tienen por objeto su propio ejercicio, ni constituyen un fin en sí mismos, sino que se trata sólo de las reglas para obtener del Estado la garantía del goce de los bienes de la vida". Así, se reitera, el acto reclamado constituye una violación procesal reclamable en amparo directo, en términos del artículo 172, fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto dictado dentro de un procedimiento que no es de imposible reparación, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y 107, fracción V de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda. Háganse las anotaciones procedentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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