Teresita León Solorzano

Expediente 865/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
865/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
29/09/2017

Partes del expediente

  • Teresita León Solorzano

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda promovida por *********, en representación de su nieta **********, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido.

  2. Principal

    Visto el escrito signado por ***********, promovente del amparo, a través del cual, en desahogo de la prevención efectuada mediante proveído de cinco de los actuales y reiterada en el diverso de trece de los corrientes, manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que la quejosa directa ***********, es mayor de edad y que promueve la demanda de amparo a favor de ésta en su calidad de abuela, lo que pretende corroborar con dos partidas del registro civil que exhibió con su diverso ocurso con registro 10175 (f. 13), relativas al acta de nacimiento de la nombrada **********y de la progenitora de esta, de nombre ************, y agrega que su reclamo de derechos fundamentales lo sustenta en lo dispuesto por los artículos 5, 6 y demás relativos de la Ley de Amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, en lo conducente la Ley de Amparo establece en sus artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6, 8 y 15, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". "Artículo 8. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa [.]" "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." La adecuada interpretación de los dispositivos en comento, ponen en relieve las hipótesis previstas para dar cumplimiento al principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de garantías, previsto en el arábigo 6° de la Ley de Amparo, que establece para la procedencia del juicio constitucional, que éste únicamente puede promoverse por la persona a la que perjudique la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de la misma legislación; o bien, en caso excepcional, dicho principio puede cumplirse a través del representante legal del agraviado, su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente, o cualquier persona en los casos en que la ley reglamentaria lo permita expresamente. Así, la interpretación armónica entre lo establecido en los numerales 6, 8 y 15 de la Ley de Amparo, se advierte que el principio de instancia de parte agraviada, puede cumplirse cuando es el agraviado el que directamente insta al órgano jurisdiccional o, excepcionalmente, cuando se reúnan los siguientes supuestos de excepcionalidad: 1. Que el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, por tratarse de menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, si su representante legítimo se hallare ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promover el amparo. 2. Que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Sin embargo, de la actual y minuciosa lectura de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables -orden de detención, aprehensión, comparecencia, y su ejecución-, no se trata de ninguno de los previstos por el transcrito numeral 15, esto es, que importe privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, ni tampoco se refieren a la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales ni de los prohibidos por el diverso ordinal 22 constitucional, al caso, penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, como tampoco que la directa agraviada se encuentre imposibilitada para promover el amparo por sí misma. Que son los únicos supuestos en los que, acorde con lo establecido por los invocados numerales 6, en relación con el 8 y 15, permiten que un tercero promueva a favor de otro la demanda de derechos fundamentales, y no basta que en dicho reclamo se haga mención que la persona directamente agraviada se encuentra ausente de su domicilio y que existe el temor fundado de que cuando regrese pueda ser afectada en su libre deambular con motivo de la orden de detención, aprehensión o comparecencia y su ejecución reclamadas. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal que, de las documentales exhibidas relativas a partidas del registro civil antes reseñadas, aparece como progenitora de *************, la de nombre **********, en tanto que quien insta la acción de derechos fundamentales es ************, sin que se tenga noticia fehaciente que se trate de la misma persona. En tales condiciones, se estima que la promovente del amparo carece de legitimación para instar el juicio constitucional, lo que motiva estimar notoriamente improcedente la acción constitucional intentada al contravenir lo dispuesto en las normas antes analizadas. Apoya lo anterior la tesis Jurisprudencial 2a./J. 75/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, Página: 351, que a la letra dice: "LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA. CONCEPTO. Por legitimación procesal activa se entiende la potestad legal para acudir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación del juicio o de una instancia. A esta legitimación se le conoce con el nombre de ad procesum y se produce cuando el derecho que se cuestionará en el juicio es ejercitado en el proceso por quien tiene aptitud para hacerlo valer, a diferencia de la legitimación ad causam que implica tener la titularidad de ese derecho cuestionado en el juicio. La legitimación en el proceso se produce cuando la acción es ejercitada en el juicio por aquel que tiene aptitud para hacer valer el derecho que se cuestionará, bien porque se ostente como titular de ese derecho o bien porque cuente con la representación legal de dicho titular. La legitimación ad procesum es requisito para la procedencia del juicio, mientras que la ad causam, lo es para que se pronuncie sentencia favorable. Así las cosas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6, 8 y 15 interpretados estos últimos a contrario sensu, y 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ************.

  3. Principal

    Visto el escrito que firma ***************, quien señala promover, en términos de los artículos 5 y 6 de la Ley de Amparo, demanda de amparo a nombre de su nieta Mirna Pantoja López, contra actos del Juez Primero de Partido Penal de esta ciudad y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 865/2017-B. Al respecto, dispone el invocado numeral 6, que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal o su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos por la propia ley de la materia. Así, el diverso numeral 8, prevé que el menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se hallare ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. Mientras que el numeral 15 de la citada legislación, prescribe que en tratándose de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Siendo que la promovente Teresita León Solorzano, insta la acción constitucional a nombre de su nieta Mirna Pantoja López, sin que de la actual y cuidadosa lectura de su libelo actio, se advierta la calidad jurídica con que dice promover a nombre de ésta, ni anexa ningún documento con el que acredita tener la personalidad para hacerlo, como tampoco señala los motivos por los que acude al amparo en nombre de la quejosa directa, esto es, que siendo menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción, su legítimo representante se hallare ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. Ni se advierte que su reclamo sea contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento -esto pues señala como autoridades responsables órganos jurisdiccionales a quienes compete, en su caso, girar órdenes de detención, aprehensión o comparecencia dentro de un procedimiento judicial-, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y que la agraviada directa -Mirna Pantoja López- se encuentre imposibilitada para promover el amparo. Prevención. Por ende, previo al pronunciamiento en relación a su admisión, con fundamento en los artículos 108, fracción I, 110 y 114, fracción I y III de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, y bajo protesta de decir verdad, manifieste el motivo o motivos por los cuales promueve en nombre o representación de Mirna Pantoja López; de ser el caso, acredite con documento idóneo la personalidad y la calidad con la que se ostenta para acudir al juicio de amparo. Debiendo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio y del documento con el que acredite el carácter con que se ostenta, para traslado a las partes, esto es, veintiún para las autoridades responsables (21), una más para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito (1) y dos para el incidente de suspensión (2) que fue solicitado.. Apercibida que en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, en términos de lo previsto en el numeral 114 penúltimo párrafo de la ley en cita. En la inteligencia que esta prevención, deberá ser desahogada por la propio promovente, no así por los profesionistas que señala en su escrito de demanda, toda vez que la aclaración de la demanda entraña el ejercicio de una acción de amparo, para lo cual solo está facultado el propio quejoso, no así por sus autorizados. En apoyo se invoca por identidad de razón jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 37/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, de junio de dos mil once, página sesenta y ocho, de rubro: "AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Domicilio y autorizados. Siendo que la promovente del amparo señala como domicilio para recibir notificaciones de índole personal, los estrados de este juzgado federal, lo que propiamente no constituye un domicilio, con apoyo en lo establecido por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágansele las notificaciones de tal naturaleza por medio de lista que se fija en lugar visible de esta potestad jurisdiccional. Respecto a los autorizados, se tiene como autorizado en amplios términos del artículo de la ley de la materia a *********, toda vez que tiene su cédula profesional ***, en el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunal es de Circuito y Juzgados de Distrito. Así también, ténganse como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la invocada legislación, a los profesionistas designados en el escrito de demanda; lo anterior, en razón a que no se proporciona dato alguno para corroborar que ***************, se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, (verbigracia: el número de cédula o del registro ante el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito), como así lo exige el invocado numeral 12, en su párrafo segundo, sin perjuicio de que sea salvada dicha omisión. Habilitación de días y horas. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo.

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