Tiburcio Serrato Colorado
Expediente 452/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 452/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Tiburcio Serrato Colorado
Actuaciones
- Principal
Firme desechamiento. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de dos de junio pasado, que desechó la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Archivo. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo. Valoración de expediente.*** Destino del expediente, es destruible en tres años.*** Hágase constar esta valoración en la carátula, en términos del ordinal 34 de dicho acuerdo general.*** Devolución de constancias.***** Anotaciones en el libro de control y Sistema Integral de Expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notificaciones al quejoso privado de su libertad. No ha lugar a notificar la presente determinación al quejoso privado de su libertad; ello, en atención a que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de criterios 266/2021 dispuso que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción «o» tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Así, si en el presente asunto el quejoso cuenta con autorizados en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo, este juzgado cumple el mandato constitucional de acceso efectivo a la justicia, con notificar a las personas autorizadas.
- Principal
Demanda y radicación. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por ****, mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a las autoridades: Secretario de Gobierno del Estado; Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado; Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social del Estado; Secretario de Seguridad Pública del Estado; Director de Seguridad y Operaciones de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado; Estos con sede en Guanajuato capital; Juez de Ejecución en materia Penal; Director del Centro de Prevención y Reinserción Social; y, Jefe de Vigilancia del Centro Preventivo y de Readaptación Social Los últimos con residencia en Acámbaro, Guanajuato. Se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control bajo número ********************, en la inteligencia de que, en el presente juicio, de manera preliminar, los actos reclamados se hacen consistir en: La orden de traslado del Centro Penitenciario de detención de Acámbaro, Guanajuato a uno diverso. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ***** Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional.**** Marco legal de la Ley Nacional de Ejecución Penal A la luz de la reforma constitucional de dos mil ocho, surgió a la vida jurídica la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuerpo normativo que establece las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial, así como los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal. Para efectos de este asunto, esta legislación prevé varios regímenes relacionados con las personas internadas en un centro de reclusión, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, siendo los principales los siguientes: Régimen de internamiento, en el que se reglamentan las condiciones de las personas privadas de su libertad que deberán garantizar una vida digna y segura. Este esquema se encuentra previsto en el capítulo II del título segundo de este cuerpo normativo. Régimen disciplinario, en el cual se establece que la determinación de las faltas disciplinarias estará a cargo del Comité Técnico del centro penitenciario. Este régimen se encuentra previsto en el capítulo III del título segundo de la legislación nacional especial citada. traslados de las personas detenidas, en el que se regulan los voluntarios, involuntarios y excepcionales o urgentes. Este procedimiento está previsto en el capítulo V del título segundo de la invocada legislación especial. En razón de los actos reclamados, es oportuno limitar el estudio de esta legislación al procedimiento identificado bajo el punto III, -de traslados de personas detenidas-; así, la Ley Nacional de Ejecución Penal distingue tres tipos de traslados: Traslados voluntarios, son los que solicita el propio interno ante el Juez y éste lo autoriza; Traslados involuntarios, los que impone la autoridad con previa autorización judicial; y, Traslados urgentes (o excepcionales), impuestos u ordenados por la autoridad penitenciaria, a través de una resolución administrativa, sin consentimiento del interno, pero con autorización judicial posterior.**** Análisis del caso concreto En el caso concreto si el quejoso ********************reclama la orden de traslado del Centro Penitenciario de detención de Acámbaro, Guanajuato a uno diverso, es incuestionable que se encuentra en alguno de los supuestos de los ordinales 51 o 52 -traslados involuntarios o excepcionales-, los cuáles pueden ser impugnados en el juicio de origen. Por tanto, se precisa que si el acto impugnado corresponde a un traslado involuntario, en contra de la decisión judicial que lo califique procederá el recurso de apelación previsto en el numeral 131 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De tratarse de un traslado urgente o excepcional, esto es, contra la decisión que califique de legal la determinación administrativa de traslado, también procederá el recurso de apelación; sin embargo, en caso de que el juez omita hacer algún pronunciamiento sobre su calificación, el recluso podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa, de conformidad con lo previsto en los ordinal 116, fracción I, en relación con el diverso 117, fracción III, de la precitada legislación. Luego, como la orden siempre debe ser autorizada por un juez, con independencia de que sea anterior o posterior al traslado, se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento y sistema de control jurisdiccional sobre los traslados en los términos señalados, como medios eficaces para combatir todas las cuestiones relacionadas con los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados de un centro penitenciario a otro efectuadas por las autoridades penitenciarias. En tal virtud, previo acudir al amparo, el quejoso debe agotar el recurso de apelación o, en su caso, la controversia judicial ante el juez de Ejecución contra la determinación administrativa de traslado, a fin de que se analice su legalidad y, de ser procedente en el último caso, se obligue a la autoridad judicial competente a realizar el pronunciamiento respectivo. Ello, pues el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal regula la controversia judicial, recurso que se interpone ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias que surjan con motivo de los traslados de las personas privadas de la libertad. Por lo tanto, cuando una persona privada de la libertad busque inconformarse con la orden de traslado de un centro penitenciario a otro, emitida sin autorización previa de la autoridad judicial, antes de la promoción del juicio de amparo, debe interponerse la controversia judicial prevista en el artículo 117, fracción III, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que sea el juez de Control o de Ejecución, quien resuelva la legalidad de ese posible traslado. De esa manera se respeta el principio de definitividad que rige en el amparo. Además, en el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Finalmente, tampoco se hace nugatorio el derecho fundamental del quejoso a acceder a un recurso, ya que, al estar notificado de la calificación de legal del traslado, está en aptitud de apelar tal situación; caso contrario, en caso de que no se le hubiera comunicado tal situación, cabría el análisis constitucional para que se le comunicara tal situación y pudiera contar con un recurso para modificar o nulificar el traslado. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el arábigo 61, fracción XXIII y XVIII, en relación con el diverso 6º de esta ley, y el 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que las causales de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podrían estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable. Protesta de ley. **** Autorizados. Ahora, ya que el gestionante solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones un correo electrónico, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este Juzgado, así como en la página oficial del Poder Judicial de la Federación; y, autorizados de su parte, en términos restringidos del artículo 12 de la legislación en consulta a ****, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas. Correo electrónico para contacto. Con base a la utilización de los medios electrónicos, se tiene al promovente como correo electrónico *** a fin de que, si los funcionarios judiciales lo estiman pertinente, puedan contactar para la práctica de alguna notificación o diligencia. Se gira despacho para notificar al quejoso interno en su lugar de reclusión. Para dar cumplimiento a lo anterior, con fundamento en los artículos 26 fracción I inciso b) y 27 fracción II, de la Ley de Amparo, en vinculación con los diversos 299 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, así como artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se ordena girar despacho al Juzgado Único Menor Mixto radicado en Acámbaro, Guanajuato, para que en auxilio de las labores de este juzgado comisione a quien corresponda, a fin de que se constituya en el Centro Estatal de Prevención y Reinserción Social de Acámbaro, Guanajuato, y requiera la presencia del peticionario de amparo ***, a quien deberá notificarle en forma personal el presente acuerdo. Hecho lo anterior, remita a la brevedad posible las constancias que acrediten el cumplimiento de la encomienda. Habilitación de horas inhábiles, anotaciones y capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y Expediente Electrónico.
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