Tersicio Camarena Baeza
Expediente 798/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 798/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/01/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Tersicio Camarena Baeza
Actuaciones
- Principal
Por recibido el oficio P.B.5 signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, capital, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 798/2018-VII.2 del índice de este juzgado federal, promovido por Tarsicio Camarena Baeza, e informa a este Juzgado de Distrito que esa superioridad, resolvió lo siguiente: ÚNICO.- Es infundado el recurso de queja; por el que, aunque por razones distintas, se confirma el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, emitido por el Juez Quinto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo indirecto 798/2018-VII.2, promovido por ***. Acúsese recibo de estilo a la superioridad, glósese el cuaderno de antecedentes al presente sumario. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el numeral 214 de la Nueva Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente juicio de amparo, como asunto concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Toda vez que en el presente juicio se desechó la demanda de amparo promovida, y la Superioridad determinó que fue infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.
- Principal
INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE QUEJA. Téngase por recibido el ocurso suscrito por ***, mediante el cual interpone el recurso de queja a que hace referencia la fracción I, inciso a), del artículo 97, de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado en el presente expediente. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), y 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de mérito. INFORME JUSTIFICADO. Por tanto, se ordena rendir el respectivo informe justificado en términos de lo dispuesto en el artículo 101, primer párrafo, de la Ley de Amparo; haciendo del conocimiento de la Superioridad QUE ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. REMISIÓN DE RECURSO. En su oportunidad, remítanse los autos originales de este juicio de amparo así como el original del escrito de expresión de agravios y copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, del Décimo Sexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, para la substanciación del medio de impugnación aludido. Lo anterior, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Al no ser atendido el citatorio por parte del quejoso, por este conducto se le notifica: Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra actos de la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social (como autoridad ordenadora) y del Titular del Departamento de Afiliación y vigencia de la subdelegación Salamanca del mismo instituto (como autoridad ejecutora). Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 798/2018-VII.2, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, una vez analizada la demanda de amparo de cuenta, este Juzgado Federal estima que la misma debe desecharse por su notoria e indudable improcedencia en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en virtud de que frente al acto reclamado se configura una causal de improcedencia; al efecto, dicho numeral señala: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Cabe señalar que del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la quejosa señala como actos reclamados la baja del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la eliminación de semanas cotizadas respecto del patrón *** (ello atribuible a la primera de las autoridades) mientras que a la segunda de las nombradas, le atribuye la ejecución de dichos actos. Lo anterior afirmación lo corrobora la quejosa con las documentales exhibidas, consistentes en una Constancia de Semanas Cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha de emisión del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, en donde aparece el historial de semanas cotizadas a nombre del quejoso, con fecha de movimiento de última baja el veintisiete de mayo de dos mil nueve; así como copia simple de lo que denominó como trece propuestas de cédulas de determinación de cuotas obrero patronales, aportaciones y amortizaciones del patrón *** con sus respectivos comprobantes de pago. Por tanto, tomando en cuenta lo anterior, se advierte que los actos atribuidos a las responsables son la baja del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la eliminación de semanas cotizadas, lo que resultan ser actos meramente administrativos y no así actos en juicio o derivado de este último. Ahora bien, la parte quejosa se ostenta como tercero extraño al juicio, estimando la procedencia del juicio de garantías en el artículo 107 fracción VI de la Ley de Amparo (que a la letra indica: VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas); luego entonces, de sus propias manifestaciones que formuló la quejosa y documentales que acompañó a su demanda de garantías, no se observa que los actos que reclama sean dentro o fuera de juicio, pues de acuerdo a la documental denominada Constancia de Semanas Cotizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social no se advierte la existencia del mismo; de ahí que no le asista la razón lo que argumenta en cuanto a la procedencia del juicio bi instancial. Ahora bien, como quedó asentado en líneas anteriores, los actos reclamados lo constituyen la baja del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la eliminación de semanas cotizadas respecto del patrón ***, atribuidos a la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social (como autoridad ordenadora) y del Titular del Departamento de Afiliación y vigencia de la subdelegación Salamanca del mismo instituto (como autoridad ejecutora). En ese orden, el suscrito Juzgador Federal, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX, del numeral 61, de la Ley de Amparo vigente, por lo que procede desechar de plano la demanda en estudio, por su notoria e indudable improcedencia, acorde con lo establecido por el numeral 113 del ordenamiento legal antes citado. En efecto el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En efecto, se surte la causal de improcedencia de mérito, con relación a la presente demanda de amparo, pues de lo anteriormente transcrito, se advierte que el juicio de amparo se encuentra reservado en exclusiva, contra actos ciertos, concretos y respecto de los cuales la ley común no conceda algún recurso o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser combatidos y por ende, modificados, revocados o nulificados, pues de ser así, y en atención al Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, el quejoso previamente a la instauración del procedimiento constitucional, debe agotar aquéllos, pues es claro que con su interposición pudiese alcanzar la pretensión jurídica de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, y lograr incluso que desaparecieren de su esfera jurídica, las violaciones que argumenta en su demanda de amparo. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. En este contexto, si los actos reclamados se hacen consistir en la baja del régimen obligatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la eliminación de semanas cotizadas respecto del patrón ***, atribuidos a la Subdelegación Salamanca del Instituto Mexicano del Seguro Social (como autoridad ordenadora) y del Titular del Departamento de Afiliación y vigencia de la subdelegación Salamanca del mismo instituto (como autoridad ejecutora), luego entonces, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, partiendo de la base de que la parte quejosa no agotó el Principio de Definitividad que rige el Juicio de Amparo, toda vez que antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer la acción que corresponda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, previsto en el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, pues lo que reclama se traduce en una controversia entre un asegurado y el Instituto Mexicano del Seguro Social sobre prestaciones que dicha ley otorga; dicho numeral indica: Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Artículo reformado DOF 20-12-2001. De lo anterior se desprende entonces que a través de la interposición de la acción que corresponda ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el ahora promovente, puede obtener la revocación o modificación de los actos reclamados; luego entonces, no puede ahora acudir a reclamarlo en la vía constitucional, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo vigente, y por ende, lo procedente es DESECHAR DE PLANO, por su notoria e indudable improcedencia, la demanda promovida por ***, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de la Materia. Corrobora lo anterior, la Tesis: I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, Tomo XV, Mayo de 2002, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial número I. 4o. C. J/25, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 361, Tomo VI Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen en su orden: IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma acoge el artículo 21 de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle ***, en esta ciudad, y como autorizados en términos amplios de conformidad con el artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, en virtud de que sí tienen debidamente registrada su cédula profesional en la base de datos que se configuró en cumplimiento al acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y en términos restringidos del segundo párrafo del numeral en cita, a ***, por no encontrarse en ese supuesto. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 61, fracción XX, en relación con el numeral 107, fracción IV y 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por ***, por las consideraciones vertidas en el presente proveído.
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