Thi Van Hoang
Expediente 1353/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1353/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana
- Thi Van Hoang
- Tran Duc Duong
Actuaciones
- Principal
MESA 10-7 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. El auto en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo interpuesta por la parte quejosa, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA la demanda en cuestión. .
- Principal
Mesa 7. agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano, concedida en proveído de tres de julio de dos mil veintitrés, del que se advierte los quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************, no se encuentran a su disposición y no cuentan con algún procedimiento administrativo migratorio iniciado a su favor en las instalaciones de la estancia provisional de esa ciudad; por tanto, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto el escrito de demanda mediante el cual ********************quien promueve en representación de los directos quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, sin evidencia criptográfica, ni firma autógrafa, solicitan el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA y otras autoridades, que estiman violatorios de los artículos 1, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De la demanda de amparo de cuenta, se advierte que carece de firma autógrafa y evidencia criptográfica relativa a la firma electrónica (FIREL) del promovente. Sin embargo, atendiendo a que los actos que reclaman son de los que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 109, párrafo último de la citada ley, no existe impedimento legal para su trámite. Lo que encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia P./J. 11/2022 (11a.), formulada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias(s): Común, con número de registro 2025488, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA DURANTE LA CRISIS SANITARIA ORIGINADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2 (COVID 19), A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. DEBE DESECHARSE CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO, SALVO QUE SE ACTUALICE LA EXCEPCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre la falta de la firma electrónica en la demanda de amparo indirecto presentada durante la circunstancia extraordinaria de salud pública en el país generada por el virus SARSCoV-2 (COVID-19) y arribaron a posturas contrarias, pues para un Tribunal debía desecharse de plano, en virtud de que existían otros medios para instar el juicio constitucional, esto es, por escrito, mientras que el diverso Tribunal estimó que era dable su admisión porque la vía electrónica constituía la única opción para instar el juicio constitucional, lo que generaba una excepción al principio de instancia de parte agraviada. Criterio jurídico: Aun en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), debe desecharse la demanda de amparo indirecto presentada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación que carezca de la firma electrónica del promovente, salvo que se actualice la excepción contemplada en el artículo 109 de la Ley de Amparo, es decir, cuando el juicio se promueva con fundamento en el diverso 15 del mismo ordenamiento legal. Justificación: Durante la pandemia por el virus COVID19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió la normativa para establecer el esquema de trabajo de los órganos jurisdiccionales para la prestación del servicio público de impartición de justicia como una actividad esencial, procurando la atención de casos urgentes bajo el estricto distanciamiento social y el trabajo a distancia. Por tal razón, a fin de dotar de seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos como a las personas justiciables, se emitió un catálogo enunciativo y no limitativo de los asuntos considerados como urgentes, respecto de los cuales podría promoverse indistintamente el juicio constitucional por medios impresos o electrónicos, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo. En ese tenor, no se advierte una razón suficiente para que, en la contingencia sanitaria, se dispensara de la firma electrónica para presentar la demanda de amparo mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, como una excepción temporal al principio de instancia de parte agraviada, toda vez que no era la única vía al alcance del justiciable para acudir al juicio constitucional, ya que la forma impresa también se garantizó para presentar demandas de amparo. No se desconoce, como hecho notorio, que en la crisis sanitaria se limitó la posibilidad de que los justiciables acudieran ante las autoridades competentes a realizar los trámites respectivos para obtener su firma electrónica y promover el juicio de amparo por esa vía; sin embargo, tal requisito no puede considerarse como una carga excesiva o desproporcional que impidiera el acceso a la justicia, en la medida en que la presentación por medios electrónicos de la demanda integraba una de las opciones para instar el juicio constitucional, ya que los justiciables estuvieron en aptitud de presentar el escrito inicial por cualquiera de las vías disponibles (electrónica o por escrito), de tal manera que el requisito de firmar electrónicamente la demanda en el esquema de contingencia para evitar la concentración de personas y la propagación del virus en los órganos jurisdiccionales, no puede catalogarse como una exigencia que imposibilitara la promoción del juicio de amparo en detrimento del derecho de acceso a la justicia". ANOTACIONES Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 1353/2023-10-7-MC. DENOMINACIÓN CORRRECTA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES En este apartado se procede a aclarar la denominación correcta de las autoridades responsables que la parte quejosa señaló en su demanda de amparo de la siguiente manera: Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Subrepresentante Local A, Agentes Federales y demás funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Migración del Aeropuerto Internacional de Tijuana en Baja California. Subrepresentante Local B, Agentes Federales y demás funcionarios adscritos al Instituto Nacional de Migración del Aeropuerto Internacional de Tijuana en Baja California. Subdirectora de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración adscrita al Aeropuerto internacional de Tijuana, Baja California. Jefe de Departamento de Control Migratorio del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Jefe de Departamento de Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Encargado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Tijuana, Baja California. Al respecto, cabe destacar que en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado las autoridades migratorias, antes citadas han reiterado en diversas ocasiones que su denominación correcta es la siguiente: ( OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON SEDE EN TIJUANA. Lo anterior, de conformidad con lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como un hecho notorio para este órgano de control constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, se aclara la denominación de las autoridades responsables mencionadas, por lo que en el presente juicio de amparo se tiene como responsable a la siguiente: OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, CON SEDE EN TIJUANA. Por lo tanto, instrúyase al Oficial Judicial "A", adscrito a este Juzgado para que proceda a realizar los trámites necesarios a efecto de dar cumplimiento a lo ordenado en el presente proveído. EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, etc) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ". los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico". PRECISION DE LOS ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, es obligación de este Juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamados. De tal suerte que, al analizar el libelo constitucional, los juzgadores de amparo deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, con atención preferente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las expresiones que generen oscuridad o confusión; es decir, al fijar el acto reclamado, se deberá atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustentan lo considerado, la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 192097, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000, materia común, tesis P./J. 40/2000, página 32, de título y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Por lo que, del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que el promovente impugna a favor del directo quejoso lo siguiente: a. Privación de la libertad fuera de procedimiento legal. b. Incomunicación. c. Traslado a otra estación migratoria. d. Deportación o expulsión. e. Posibles malos tratos a través de tortura física y psicológica. f. La fijación de algún tipo garantía económica o fianza de cualquier denominación, para que recobre su libertad personal. En esa medida, tomando en cuenta que los actos marcados con los incisos a), b), c), d) y e) se tratan de los contemplados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se debe proveer sobre la suspensión de plano de los mismos, conforme lo señala el dispositivo 126 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio judicial con registro 2020146, de rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO. PROCEDE DECRETARLA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS QUE IMPORTEN ATAQUES A LA LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, Y NO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTA EN UNA ORDEN JUDICIAL QUE AFECTE A LA LIBERTAD". En cuanto al acto reclamado precisado en la fracción f), se reserva hasta en tanto la parte quejosa ratifique su escrito inicial. SUSPENSIÓN DE PLANO EN RELACIÓN A LOS ACTOS RECLAMADOS PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, INCOMUNICACIÓN, POSIBLES MALOS TRATOS A TRAVÉS DE TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a favor de los quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************a fin de que cesen inmediatamente los actos consistentes en PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, INCOMUNICACIÓN, POSIBLES MALOS TRATOS A TRAVÉS DE TORTURA FÍSICA Y PSICOLÓGICA Y CUALQUIER OTRO QUE PONGA EN PELIGRO LA VIDA O ALGUNO DE LOS PROHIBIDOS POR EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL, pues de tratarse de algún otro acto que se llegare a consumar, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa del goce de la garantía individual peticionada. En la inteligencia que el hecho que se encuentren los quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************internos en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues la autoridad responsable debe respetar los derechos humanos mínimos de la parte impetrante del amparo, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentran recluidos suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que le permita satisfacer sus necesidades inmediatas. Lo cual no implica la autorización del libre tránsito en el territorio nacional de los quejosos, sin respetar las disposiciones administrativas migratorias. Así también, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 164, último párrafo, de la Ley de Amparo, y tomando en consideración lo expuesto en la demanda de amparo en la que se afirma que los quejosos fueron privados de su libertad por autoridades migratorias en la ciudad de Tijuana, Baja California, para lo siguiente: Inicien el procedimiento administrativo migratorio que le corresponde a los directos quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************. En caso de que se hubiese iniciado el procedimiento administrativo migratorio correspondiente, o se hubiese dado trámite a la solicitud de condición de refugiados, se decrete la inmediata libertad a 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************bajo las siguientes condiciones: 2.1 Dicten las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), que aseguren que los impetrantes del amparo 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************no evadan el cumplimiento de las leyes sobre inmigración, refugio, protección complementaria y asilo político, debiendo también dictar las medidas que se estimen pertinentes, para que en caso de que hubiese iniciado procedimiento administrativo se pueda lograr su continuación de no existir impedimento legal o material alguno. 2.2 Se le requiera a los directos quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************para que proporcionen tanto a esa autoridad administrativa como a este Juzgado de Distrito, el domicilio en donde puedan ser localizados, los cuales deberán encontrarse en la ciudad de Tijuana, Baja California, así como los cambios que de dicho domicilio pudieran acontecer, los cuales también deberán ubicarse en esa ciudad. Se indique a los directos quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************que no deberán abandonar la demarcación geográfica de aquélla ciudad, o sus áreas conurbadas, sin previa autorización de la autoridad. Se requiera a los directos quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************para que presenten solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Determinación que encuentra sustento en el artículo 147 de la Ley de amparo, al disponer que cuando la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional debe fijar la situación en que quedarán las cosas y dictar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, para lo cual se podrán establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En la inteligencia de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a los narrados en la demanda de amparo, provengan de la comisión de un delito, tengan sustento en la existencia de alguna alerta migratoria vigente, exista acta de rechazo o deriven de cualquier otra situación diversa a la aquí analizada. Asimismo, se aclara que la medida decretada dejará de surtir efecto si previo a lo resuelto por este órgano jurisdiccional, exista una diversa determinación en la que se hubiese decidido sobre la libertad de la parte quejosa y se contraponga con lo aquí ordenado. Sirve de apoyo, la tesis aislada con registro 2024000, emitida por Cuarto Tribunal Colegiado En Materia Administrativa del Segundo Circuito, publicado el siete de enero de dos mil veintidós con datos pendientes, en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo dice: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD." Así como la ejecutoria de uno de febrero de dos mil veintidós, dictada en el recurso de queja ********************, del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, en la que declaró parcialmente fundado, y como consecuencia, modificó la suspensión de plano decretada en proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, emitido en el juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, lo que se invoca como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, en el caso, es de tomar en consideración el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustentó al resolver el amparo en revisión ********************, en el que se determinó que las personas extranjeras sujetas a un procedimiento migratorio tienen el derecho irrenunciable a contar con una defensa adecuada y que los plazos previstos en la Ley de Migración para su alojamiento son inconstitucionales; correspondiente a la sesión del máximo tribunal del país de quince de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, hágase saber a la autoridad migratoria que deberán garantizar a favor de la parte quejosa lo siguiente: Derecho a una defensa adecuada. El nombramiento desde el inicio del procedimiento migratorio-a elección de la parte quejosa y si no, del Estado-, con independencia de la voluntad del migrante, toda vez que se trata de un derecho irrenunciable, de una persona defensora abogada, capacitada específicamente para la defensa de los intereses de personas migrantes; por lo que deberán facilitar oportunidades, tiempo e instalaciones adecuadas para recibir visitas por parte de esa persona abogada especialista en derecho migratorio, así como permitirle entrevistarse con ella. En esas condiciones la autoridad migratoria por conducto del personal autorizado hacerle saber a los migrantes quejosos que tienen derecho a ser asistidos por un defensor; en el entendido que de no contar con un particular, se les designará un defensor público, especialista en derecho migratorio. Por otra parte, el plazo máximo de detención y alojamiento en estaciones migratorias no podrá ser mayor a treinta y seis horas, tal y como lo dispone el artículo 21 Constitucional, luego del cual, las personas que se encuentren sujetas a un proceso migratorio habrán de continuarlo en libertad. De conformidad al último párrafo del artículo 111 de la Ley de Migración, después de transcurridas las treinta y seis horas de alojamiento, el instituto deberá otorgar a los migrantes quejosos la condición de "estancia de visitante con permiso para recibir la remuneración en el país", mientras subsista el supuesto por el que se le otorgó dicha condición de estancia. Y agotada esa condición, el Instituto deberá determinar su situación migratoria definitiva. El alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias (hasta treinta y seis horas o menos) sólo se encontrará justificado (por perseguir una finalidad legítima) en cualquiera de los supuestos normativos previstos en la propia disposición, sin que sea posible su detención por cuestiones ajenas a las establecidas en el artículo 111 de la Ley de Migración. En caso de que se presenten dificultades fácticas, no atribuibles a las autoridades migratorias en aras de acelerar o concluir a la brevedad posible el procedimiento administrativo migratorio respectivo y que, por tanto, el alojamiento del extranjero en la estación migratoria a partir de su presentación, en ningún caso, debe exceder esa temporalidad. En caso de existir factores de riesgo grave para la seguridad nacional, el orden público o los derechos y libertades de terceras personas como consecuencia del ingreso ilícito de personas migrantes a territorio nacional mexicano, las autoridades migratorias serán quienes definan la gravedad del riesgo que representa para la seguridad del país la circulación de los extranjeros de mérito dentro de su territorio, así como la temporalidad y las condiciones de su alojamiento; para lo cual deberá hacer un análisis escrupuloso de las características personales de los afectados. Determinación administrativa que debe, fundada y motivadamente, bajo las siguientes premisas: Justificar que se trata de la implementación de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, al tenor de ese análisis. Demostrar que -en efecto- existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica la reclusión de las personas migrantes precisamente por conllevar ese riesgo. Las autoridades migratorias siempre deben tener en cuenta la posibilidad de utilizar medios menos invasivos de la libertad personal para alcanzar el mismo fin (la obligación de presentarse periódicamente en un lugar; la imposición de alguna fianza; o, cualquier otra serie de condiciones tendentes a evitar su fuga). Cuestión que deberá ser objeto de reevaluación periódica. ORDEN DE DEPORTACIÓN Y TRASLADO Por otra parte, respecto de la orden de deportación, y traslado, que se emita en contra de 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************con fundamento en los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, DE OFICIO SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO por cuanto hace a la autoridad responsable, para el efecto de que la orden de deportación, y traslado a una diversa estancia migratoria, que se emita en su contra no se ejecute y los quejosos queden en el lugar donde se encuentren a disposición del órgano jurisdiccional de amparo competente, sólo en lo que se refiere a su libertad personal y para el debido cumplimiento de esta suspensión. Así, prevéngase a la autoridad en cuestión para que de manera inmediata se abstenga de llevar a cabo el acto mencionado en contra de los referidos quejosos, en los términos indicados. En el entendido, que para las suspensiones aquí decretadas la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 107 de la Ley de Migración, deberá respetarle los derechos siguientes: Prestar servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; Atender los requerimientos alimentarios de dichos extranjeros, ofreciéndoles tres alimentos al día, para lo cual el Instituto deberán supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. Mantener en lugares separados y con medidas que aseguran la integridad física de los extranjeros arriba citados, a hombres y mujeres; Mantener a los menores de edad preferentemente con su progenitora, salvo que por su integridad requiera de un alojamiento especial; Procurar la convivencia familiar; Garantizar el respeto de los derechos humanos de los extranjeros presentados; Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso esta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Asimismo, les deberá hacer saber que tienen el derecho de ser asistidos por la autoridad consular de su país en caso de que así lo soliciten. Medida suspensional que surtirá efectos desde luego y hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Cabe destacar que, el Juez de Distrito al conceder la suspensión lo que procura es fijar la situación en la que quedaran las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, como para el caso, que en la demanda que nos ocupa se señaló como actos la orden de deportación que se emita en contra de los precitados quejosos. Por tanto, si no se concediera la suspensión de dicho acto de la forma como se hizo, podría ejecutarse el mismo; es decir, cabe la posibilidad que los peticionarios de amparo fueran deportados o retornados a su país de origen, trayendo como consecuencia que se les ocasionara daños y perjuicios de difícil reparación, pues provocaría en ellos una alteración en su entorno personal, que muy posiblemente trascendería a su aspecto psicológico y emocional. Tiene apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J.80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/2006-PL, consultable en la página 15, del Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN". De igual forma, la tesis I.7o.P.7 K (10a.) del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con número de registro 2016679, publicada el veinte de abril de dos mil dieciocho en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO EN LA SUSPENSIÓN. PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD, CUANDO SE CONCEDE CONTRA LA ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA QUE DECRETA EL ALOJAMIENTO DE UN MENOR EXTRANJERO PARA RESOLVER SU SITUACIÓN MIGRATORIA, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE AMPARO Y ARMONIZARLAS CON LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y CON LA LEY DE MIGRACIÓN." Si bien, la parte quejosa manifiesta que no pueden estar privados de su libertad, debe decirse que, en caso de estar sujeto a un procedimiento administrativo, para resolver su situación migratoria, deberá estar a lo previsto en la hipótesis antes mencionada. Ello, pues la suspensión no puede tener por efecto que dicha autoridad deje de acatar lo mandatado por la norma, pues ésta conforme el artículo 1° de la Ley de Migración, que es de orden público y de observancia general en toda la República, tiene por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales. Incluso, conforme el artículo 37 de la Ley de Migración, todo extranjero tiene las siguientes obligaciones al internarse al país: "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y b) Cuando así se requiera, visa válidamente y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México". Por tanto, la autoridad administrativa se encuentra en aptitud de ejercer sus facultades conforme se actualicen los supuestos de la norma que, en el caso, es la Ley de Migración. Es aplicable por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia de la Décima Época, con registro: 2002071, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Penal, Tesis: 1a./J. 27/2012 (10a.), página: 1168, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO PENAL. NO IMPIDE EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 172 DE LA LEY DE AMPARO)" Asimismo, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Décima Época, con registro: 2013633, del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: PC.I.P. J/28 P (10a.), página: 658, de título: "ACTA DE RECHAZO POR LA QUE LA AUTORIDAD MIGRATORIA DECRETA LA INADMISIBILIDAD A TERRITORIO NACIONAL DE UNA PERSONA EXTRANJERA. EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO." De igual modo, en su parte conducente, la diversa jurisprudencia de la Octava Época, con registro: 218415, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 57, Septiembre de 1992, Materia(s): Administrativa, Tesis: V.2o. J/44, página: 63, de título: "SUSPENSIÓN. ACTIVIDADES REGLAMENTADAS, NO PROCEDE CONCEDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL ACTO MATERIA DE LA". REQUERIMIENTO DE INFORME RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a la autoridad responsable la medida cautelar concedida para su debido acatamiento; debiendo informar en el plazo de VEINTICUATRO HORAS por oficio a este Juzgado de Distrito, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. [.]" EXHORTO Toda vez que el promovente aduce que los directos quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************pudieran encontrarse en la Estación Migratoria en Tijuana, Baja California, dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en esa entidad federativa. Y dado que dicha dependencia migratoria se encuentra fuera de la residencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. Con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b), en relación al 27, fracción II y 116 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, así como el 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia; gírese atento exhorto vía electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Juicio en Línea o Interconexión, al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en turno. Lo anterior, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado y de la Justicia Federal, comisione a cualquiera de los actuarios judiciales de la adscripción, para que se constituya en las instalaciones de la autoridad responsable Estación Migratoria, dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tijuana, Baja California, y notifique la presente determinación a los quejosos; además, para que a través de sus sentidos de fe del estado físico y condiciones en que se encuentre, debiendo asentarlo en la razón que levante para tal efecto; lo anterior, para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la responsable. De igual forma, requiera a los directos quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes a ésta manifieste SI RATIFICAN O NO LA DEMANDA DE AMPARO DE QUE SE TRATA en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde lo establecido en los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente acuerdo. Por otra parte, se apercibe al promovente ********************que en caso de no localizar a los directos quejosos, se tendrá por no presentada la demanda instada en favor de los quejosos. Asimismo, haga entrega a la autoridad responsable del oficio correspondiente, que se desprende del escrito de demanda y que al efecto se adjunta en la comunicación oficial que se envía, a la cual se anexa copia de la demanda de amparo, a fin de que esté en condiciones de rendir su informe de suspensión de plano, relativo a los actos que reclama la parte quejosa. Por lo anterior, el actuario judicial del Juzgado de Distrito exhortado deberá: Entregar el oficio dirigido a la autoridad responsable. Requerir a la autoridad responsable proporcione un correo electrónico, y número telefónico fijo, o en su caso un número de teléfono celular o cualquier medio de comunicación electrónica eficaz, que permita el acceso directo a ella. Hacer saber a la autoridad responsable que tiene la obligación de recibir el oficio respectivo aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo la función de autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir el oficio de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de ******************** (********************); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. Inclusive, se faculta al actuario de la autoridad exhortada, para testar en caso de error de la designación de las autoridades responsables a quien van dirigidos y subsanarlo con el nombre correcto de la dependencia, lo anterior, para no incurrir en dilaciones innecesarias, atendiendo a la naturaleza del presente juicio. En términos del artículo 21 Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a ese Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. Realizado lo anterior, devuelvan las constancias inherentes a la mayor brevedad. SOLICITUD DE TRADUCTOR EN CASO DE SER NECESARIO Ahora, toda vez que del escrito de demanda se advierte que el promovente refirió que los directos quejosos -al parecer- son de nacionalidad ********************se comisiona al Actuario, para que en el caso de que los quejosos no hablen ni entiendan el idioma español, deberán solicitar a la Estación Migratoria, para que por conducto del traductor que designe, se notifique íntegramente el presente acuerdo, o bien, en su caso, deberán precisar por conducto de que persona le hizo saber sus derechos a los quejosos al momento de la detención en la estación migratoria. Lo que se hace del conocimiento a la autoridad migratoria de la ciudad de Tijuana, para que realicen las gestiones necesarias para que de manera inmediata se pueda realizar la aludida diligencia. Por último, en caso de no contar con algún traductor para la notificación del presente acuerdo, se le hace saber al Actuario que deberá notificar la presente determinación mediante el traductor electrónico siguiente: https://www.google.com/search?q=traductor+google&rlz=1C1GCEU_enMX1033MX1033&oq=treductor&aqs=chrome.2.69i57j0i10i131i433i512l2j0i10i512j0i10i131i433i512l6.3180j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDAD RESPONSABLE Se ordena a la autoridad responsable, así como a las personas subordinadas a éstas y a quienes se encuentren encargadas de la mesa de guardia, para que permitan al actuario judicial adscrito el acceso a las instalaciones de los lugares donde probablemente se encuentran detenidos los quejosos 1. ********************y 2.********************de nacionalidad ********************a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Con el apercibimiento que cualquier obstrucción, obstáculo, limitación, entorpecimiento o prohibición para que el actuario realice sus funciones de manera plena, podrán constituir el delito de "desaparición forzada", en términos de los artículos 2, 3, 6 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; artículos I, II y II de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas. Asimismo, prevéngase a la responsable, así como a cualquier otra autoridad que sea requerida, para que otorguen las facilidades necesarias al funcionario que se comisione, para el efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído, apercibidas que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el nueve de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA (vigente a partir del uno de febrero del año actual), en términos de los dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238, en relación al 259 de la Ley de Amparo. Además, se les comunica que el no obedecer una medida suspensional es constitutivo de un delito en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por ende, el desacato a la suspensión concedida a la parte accionante, además de la multa citada, podría dar origen a que este órgano jurisdiccional ordene que se dé vista al Ministerio Público por la probable comisión -por parte de las responsables en cuestión- del delito de desobediencia a un auto de suspensión debidamente notificado; con fundamento en los artículos 237, fracción III, y 262, fracción III, de la Ley de Amparo. INCOMPETENCIA En consecuencia, esta juzgadora se reserva proveer sobre la competencia de la demanda que se trata y, en su caso sobre la admisión y/o desechamiento de la demanda, en tanto el homologo federal, remita el exhorto diligenciado, para estar en posibilidades de resolver correctamente. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse como delegados a las personas que, en su caso, nombre la autoridad responsable y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señale. INTERVENCIÓN MINISTERIAL De conformidad con lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se invoca como hecho notorio que mediante proveído de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado en el cuaderno varios 2/2023-3, del índice de este órgano jurisdiccional, se tuvo por recibido el oficio 145/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, a través del cual solicitó la vinculación electrónica, notificación y acceso a todos los expedientes de este Juzgado de Distrito en los que tenga el carácter de parte procesal. En consecuencia, se accede a la petición del representante social en el sentido de que se asocie el usuario "********************" (********************), al presente expediente, a fin de que esté en aptitud de consultarlo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, a petición de la Representación Social Federal adscrita, practíquensele todas y cada una de las notificaciones que deban practicarse por oficio por vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en tanto que las restantes se realizaran conforme a derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo; y las demás como corresponda en términos de ley. En atención a lo anterior, dese la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, quien tendrá a su disposición la demanda de amparo a través del expediente electrónico del presente juicio de amparo. Por tanto, se instruye al Oficial Analista A adscrito para que realice el alta correspondiente del citado agente ministerial. PROMOCIONES VÍA CORREO INSTITUCIONAL De conformidad con los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117, 119 de la Ley de Amparo y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia en términos de su numeral 2, infórmese a la autoridad responsable en cuestión que está en aptitud de aportar como pruebas toda clase de elementos provenientes de los descubrimientos de la ciencia, por lo que, podrá adjuntar a su informe el disco que contenga el archivo electrónico de la resolución reclamada, o bien, podrá remitirlo al correo electrónico 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio constitucional de impartición de justicia pronta y expedita. Apercibidas que para el caso de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el siete de enero de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, en donde el Instituto Nacional de Estadística y Geografía con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, dio a conocer el cálculo y determinación del valor actualizado diario, mensual y anual en moneda nacional de la UMA, en términos de los arábigos 238 y 260 fracción II, de la ley de la materia; sin perjuicio de proceder en su contra por el delito de desobediencia, en términos del artículo 262, fracción III de éste último ordenamiento. COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA COMO MEDIOS DE COMUNICACIÓN ALTERNATIVA Ahora bien, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio en esta ciudad para recibir citas y notificaciones, comuníquese al promovente que hasta en tanto señale uno en esta ciudad; ésta y las actuaciones que deban notificársele, incluso las de carácter personal, se le notificarán por medio de lista, conforme a lo previsto por el artículo 29 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la parte promovente se tiene como medio de comunicación alternativo el número telefónico que proporciona la parte promovente, este juzgado toma conocimiento como medio de comunicación alternativa, de conformidad con el artículo 37, 38 y 43 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. Notifíquese y por exhorto a los quejosos.
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