Thelma Yolanda Jiménez Magaña

Expediente 827/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
827/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Thelma Yolanda Jiménez Magaña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Thelma Yolanda Jiménez Magaña, transcurrió del trece al diecisiete del mes y año en curso, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97 de la citada Ley; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger el original del escrito de siete de abril de dos mil veintidós, suscrito por la impetrante, con sello de recibido por la autoridad responsable el ocho siguiente, que adjuntó a su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de no hacerlo, éste podrá ser destruido. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    NOTIFICCIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación que antecede, de la cual se desprende que el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído emitido el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda intentada por Thelma Yolanda Jiménez Magaña, transcurrió del trece al diecisiete del mes y año en curso, sin que haya interpuesto el recurso de queja que prevé el artículo 97 de la citada Ley; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger el original del escrito de siete de abril de dos mil veintidós, suscrito por la impetrante, con sello de recibido por la autoridad responsable el ocho siguiente, que adjuntó a su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de no hacerlo, éste podrá ser destruido. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO JUDICIAL NOTIFICACIÓN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1438/2017-9, promovido por la **********, contra el acto que reclama del fiscal del Ministerio Público auxiliar del Fiscal General del Estado, adscrita a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veintisiete siguiente, SECCIÓN 26 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA por medio de su apoderada legal Laura Leticia Suárez Cruz solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridades que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO "IV.-ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades señaladas primeramente como Responsables Ordenadoras y Ejecutoras, reclamo la injusta, ilegal e inconstitucional resolución, de fecha veintiocho de Agosto del año dos mil diecisiete, mediante la cual se aprueba EL ACUERDO DE CONSULTA DEL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, emitido con fecha 09 de Junio del 2017, por la autoridad señalada como Responsable Ejecutora dentro de los autos que integran la Averiguación Previa Número AP-DGI-441/2015, que se le instruye a los CC.CC. RUBÉN CIRILO PANCARDO RAMÍREZ, WILBERT ALBERTO SANTIAGO JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ LÓPEZ, FULVIO CÉSAR ORUETA CÓRDOVA Y JULIO CÉSAR ORUETA PEREYRA, por los delitos de DAÑOS EN PANDILLA, ASOCIACION DELICTUOSA Y AMENAZAS, cometido en perjuicio de mi poderdante. Y de la autoridad señalada como Responsable Ejecutora, le atribuyo la ejecución que pretenda realizar del acto que le reclamo a las Autoridades Responsables Ordenadoras y Ejecutoras." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Fiscal del Ministerio Público auxiliar del Ciudadano Fiscal General del Estado, adscrita a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 2 Fiscal General del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1438/2017-9; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; se reconoció el carácter de tercero interesado a Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Wilbert Alberto Santiago Jiménez, Carlos Alberto Rodríguez López, Fulvio César Orueta Córdova y Julio César Orueta Pereyra, por lo que se instruyó su emplazamiento; no se tramitó el incidente de suspensión, dado que la impetrante no lo solicitó en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. TRÁMITE Y SENTENCIA. Mediante proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, se dio cuenta con el estado de autos de la controversia y se advirtió que, dada la naturaleza del reclamo, no le reviste carácter de terceros interesados a Wilbert Alberto Santiago Jiménez, Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Carlos Alberto Rodríguez López, Fulvio César Orueta Córdova y Julio César Orueta Pereyra, por lo que se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Luego, celebrada la audiencia trece de agosto de dos mil dieciocho, se remitieron los autos de la controversia constitucional al Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Así, por sentencia dictada el nueve de octubre de dos mil dieciocho, el Juzgado Primero de Distrito citado centro auxiliar, resolvió sobreseer en el juicio. CUARTO. RECURSO DE REVISIÓN. Inconforme con lo anterior, la quejosa interpuso revisión, el cual fue registrado con el expediente 623/2018 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, quien mediante sesión ordinaria virtual de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, resolvió: "PRIMERO. Se revoca el fallo sujeto a revisión. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de origen, en los términos y para los efectos fijados en el último considerando de la presente ejecutoria." QUINTO. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, en atención a lo resuelto por la superioridad, se ordenó la reposición del procedimiento, con el objeto de emplazar a juicio a los terceros interesados Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Carlos Alberto Rodríguez López, Fulvio César Orueta Córdova y Julio César Orueta Pereyra, dado que Wilbert Alberto Santiago Jiménez, ya había sido emplazado, motivo por el cual se ordenó la investigación de los domicilio de los citados personalmente; se reconoció carácter de autoridad responsable al fiscal del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado, por lo que se requirió su respectivo informe justificado; se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. Seguido el trámite de investigación de los domicilios y en cumplimiento a los parámetros de la ejecutoria de la superioridad. Mediante comparecencia de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y uno de febrero de dos mil veintidós [Fojas 596, 766 y 767] se emplazó respectivamente a Julio César Orueta Pereyra, Fulvio César Orueta Córdova y Carlos Alberto Rodríguez López, a la presente controversia. Además, por lista de acuerdos de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno [Foja 646 vuelta] y tras no acudir a hacerlo personalmente, no obstante el citatorio dejado en su domicilio diecinueve de noviembre anterior [Foja 645], se llamó a juicio a Rubén Cirilo Pancardo Ramírez. SÉPTIMO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional, previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta correspondiente. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La resolución de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, que aprueba el acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal de nueve de junio de dos mil diecisiete, con relación a la averiguación previa número AP.DGI-441/2015. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. No es cierto el acto reclamado precisado en el considerando precedente, en lo concerniente al Fiscal General del Estado de Tabaco, por haberlo manifestado así al rendir su respectivo informe con justificación. Misma calificativa de inexistencia merece la fiscal del Ministerio Público Investigador, adscrita a la Dirección General de Delitos Comunes de la citada fiscalía general. Lo anterior ya que del análisis practicado a las constancias que obran autos, se desprende que el reclamo materia de este procedimiento constitucional fue emitido por la fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del Estado, adscrita a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Aunado a que, cuando la autoridad responsable niega el acto que se le reclama, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza, sin que en el caso que nos ocupa la parte impetrante hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tal negativa; no obstante que, mediante proveído de once de octubre de dos mil diecisiete, se le dio la vista correspondiente. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." En consecuencia, ante la inexistencia de los actos mencionados se decreta el sobreseimiento en el presente asunto respecto de las autoridades señaladas en el presente considerando, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado precisado en el considerando segundo de la presente ejecutoria, dado que así lo manifestó la fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del Estado, adscrita a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultas, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Tabasco al rendir el informe con justificación respectivo. [Fojas 35 a 37] Afirmación que guarda sustento con copia certificada de la averiguación previa DG-441/2015, de la que se desprende la emisión de la resolución reclamada [Fojas 757 a 779 del Tomo I] Documental a la que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su arábigo 2°. Resulta aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, tomo VI, apéndice de 1995, materia común, quinta época, registro digital 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. DESESTIMACIÓN DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA INVOCADA. A través de su informe justificado, la Fiscal del Ministerio Público Auxiliar del Fiscal General del Estado de Tabasco, adscrita a la Dirección de Amparos y Resolución de Consultados señaló que en la especie, debió agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 130 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, lo anterior conforme al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por lo que se encuentra actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia. Ahora, la porción normativa en comento establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley.; [.]" De la transcripción anterior se advierte que, para la actualización de la causal es estudio resulta indispensable que, en contra de la resolución dictada por una autoridad distinta a la judicial existe un juicio, recurso o medio de defensa, en virtud del cual se pueda: 1. Modificar, revocar o nulificar la determinación; y 2. Suspender el acto materia del recurso, con los mismos alcances y requisitos que prevé le Ley de Amparo. Ahora, en la especie si bien la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete en los autos de la averiguación previa DGI-441/2015, en la que se aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal propuesta, puede, conforme al artículo 130 del Código de Procedimientos Penales para el Estado, ser impugnado mediante un recurso innominado, el cual podrá confirmar, revocar, anular o modificar la resolución recurrida; también es verdad que del análisis de dicha figura no se advierte que por sí misma establezca la suspensión del acto combatido, en los términos y con los mismos alcances que la Ley de Amparo prevé. En mérito de lo anterior es dable afirmar que el citado medio de defensa no tiene aparejada la suspensión de la resolución que se combate y por tanto, no resulta obligatorio para la organización sindical quejosa agotarlo previa la promoción de la vía constitucional. Lo anterior en atención a que la suspensión prevista en la Ley de Amparo, únicamente establece como requisito tras promoción del propio juicio, los previstos en el artículo 128 del propio ordenamiento. Robustece lo anterior la jurisprudencia PC.X. J/9 P (10a.) del Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 752, décima época, materia penal, registro digital 2018729, de rubro y texto: "NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA PROCESAL TRADICIONAL. ES OPTATIVO PARA EL JUSTICIABLE AGOTAR EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 130 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE TABASCO (ABROGADO), PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN QUE APRUEBA AQUELLA DETERMINACIÓN, AL NO PREVER LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que el juicio de amparo será procedente contra actos de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que será necesario agotar los medios de defensa, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos, de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa, con los mismos alcances que los previstos en la Ley de Amparo, sin exigir mayores requisitos que los que ésta consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el establecido para conceder la provisional. Por su parte, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco (abrogado) contempla un recurso innominado en su numeral 130, procedente en contra de la determinación ministerial que aprueba el no ejercicio de la acción penal en el sistema procesal penal tradicional; sin embargo, al no prever la suspensión de los efectos del acto combatido, se actualiza un supuesto de excepción al principio de definitividad del juicio de amparo, por lo que es optativo para el promovente agotar dicha defensa previamente a instar en el juicio constitucional." En esa tesitura no se verifica la causal de improcedencia invocada por la responsable. Ahora, al no advertirse que las autoridades responsables hayan hecho valer una diversa causal de improcedencia, ni la suscrita advierte de oficio que se pueda actualizar alguna otra, lo procedente es abordar el estudio de fondo del asunto. SEXTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias citadas en considerando CUARTO de esta ejecutoria, que se acompañaron al informe justificado en copia certificada. Visto lo anterior, resulta necesario referir los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: Averiguación Previa 441/2015 Mediante diligencia de veintitrés de noviembre de dos mil quince, la fiscal del Ministerio Público Investigador adscrita a la Dirección General de Investigación de la Fiscalía General del Estado dio inicio a la averiguación previa 441/2015; lo anterior a partir de la querella presentada por la apoderada legal de la SECCIÓN 26 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA -aquí quejosa-, respecto a la probable comisión del delito de daños y los que resultan, contra quienes resulten responsables. [Fojas 1 del Tomo 2). Luego, mediante escrito signado por la apoderada legal de la organización sindical querellante, recibido ante la autoridad ministerial el veintitrés de noviembre de dos mil quince, señaló como directamente responsables de los hechos materia de la investigación a Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Wilbert Alberto Santiago Jiménez, Carlos Alberto Rodríguez López, Fulvio César Orueta Córdova y Julio César Orueta Pereyra -aquí terceros interesados-, además allegó diversos medios de prueba. [Fojas 13 a 79 del Tomo 2] Seguida la indagatoria, el nueve de junio de dos mil diecisiete se dictó acuerdo de consulta de no ejercicio de acción penal por el cual la representación social consideró que se encuentra incapacitado para ejercer la acción en contra de los inculpados, toda vez que no existen a su juicio elementos que les vinculen a la realización de la conducta típica que generó la propia investigación; por lo que instruyó remitir las diligencias al Director General de Amparos, Criterios de Oportunidad y Resolución de Consultas de la Fiscalía General del Estado para su estudio. [Fojas 695 a 730 del Tomo 1] Inconforme con lo anterior, la apoderada legal del sindicato ofendido, presentó inconformidad, argumentando que tal actuar transgrede los artículos 14 y 16 constitucionales, dado que en el caso sí debe ejercerse la acción penal en contra de los investigados. [Fojas 747 a 753 del Tomo 1] Así, por medio de resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete [Fojas 757 a 779 del Tomo 1], la fiscal del Ministerio Público responsable, aprobó el acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal. Ahora, la citada resolución constituye el acto reclamado en esta vía constitucional, de la cual se advierte que la fiscal responsable soportó, en lo que interesa, sus razonamientos en lo siguiente: En el considerando 2/do la fiscal responsable, previa cita de los antecedentes y de la lista de las probanzas, así como de las diligencias que obran en la averiguación previa de origen, estimó que los hechos denunciados por la querellante -aquí quejosa- van encaminado a acreditar el delito de daños cometidos en padilla, con base en dos eventos ocurridos el once y el trece de octubre de dos mil quince. Al respecto sostuvo que, del material probatorio que obra en la indagatoria no se desprende la destrucción o el deterioro de una cámara de circuito cerrado, esto a partir de la diligencia de inspección ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, lo cual se robustece con las fijaciones fotográficas agregadas mediante oficio 352 de veintisiete de noviembre de esa misma anualidad. [Foja 113 del Tomo II] Así, se estimó que, con respecto a la denuncia de los hechos del once de octubre de dos mil quince, no hay probanzas que permitan establecer daño respecto de la cámara de vigilancia. Luego, respecto a las afectaciones que sufrió el edificio sede de la sección 26 de la organización sindical denunciante el trece de octubre siguiente, la fiscal tuvo por acreditada tal daño, así como el deterioro de tres vehículos automotores. Ello con base en la inspección ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, así como la pericial en valuación contenida en el oficio FGE/DSP/CTT/694/2015 de veintiocho de noviembre de dos mil quince. No obstante lo anterior, los medios de prueba que obran en la averiguación no son conducentes para demostrar la probable responsabilidad penal de Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Fulvio César Orueta Córdova, Julio César Orueta Pereyra, Carlos Alberto Rodríguez López y Wilbert Alberto Santiago Jiménez, dado que no existe señalamiento que indique su participación en los hechos denunciados, esto al margen de los atestos que se integran a la investigación, puesto que no revisten el valor suficiente para demostrar la participación de los citados inculpados. Tampoco resultan suficiente las documentales exhibidas por la denunciante, consistente en el reporte de incidentes, que contiene fijaciones fotográficas de donde se desprende que existen personas apostadas en el exterior del inmueble dañado, sin que ello implique que se encontraban llevando a cabo acciones ilícitas. Reiteró que con el resto del material probatorio, tampoco se advierte la vinculación entre los hechos y la responsabilidad de las personas inculpadas, por tanto, con fundamento en el artículo 129 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, estimó procedente aprobar el no ejercicio de acción penal planteada y por tanto, el archivo definitivo de la indagatoria. La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. ESTUDIO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Cabe señalar que los conceptos de violación se analizarán en atención a los hechos, puntos debatidos y al extraer de ellos sus planteamientos torales, sin necesidad de atenderlos renglón por renglón, ni en el orden en que se propusieron, en términos de lo establecido en los artículos 74, fracción II, 76 y 189, párrafo primero, de la Ley de Amparo; lo que no implica soslayar su derecho de defensa y los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos consagrados en el 17 constitucional, dado que se cumplen al estudiarse en su integridad el problema materia de la litis constitucional. Cómo único concepto de violación la organización sindical quejosa argumenta que la fiscal responsable violó en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales al dictar la resolución que aprobó el acuerdo de consulta de no ejercicio de acción penal dentro de la averiguación previo de origen; proceder que considera infundado e ilegal, toda vez que no hizo un estudio y valoración de los medios de prueba aportados por la denunciante. Sostiene que a pesar que se acreditó los elementos que integran el delito de daños, consistentes en el deterioro causado al inmueble que ocupa la Sección 26 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y a diversos vehículos, es incorrecto que no se haya comprobado que los inculpados participaron en los eventos del trece de octubre de dos mil quince, a pesar que de las testimoniales así se advierte, por lo cual el señalamiento de la autoridad de no brindarle valor probatorio a sus testimonios es contrario a derecho, bajo el argumento que no cumplen con los requisitos de la fracción IV del artículo 109 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco. Citó como soporte a sus argumentos las tesis aisladas de rubro "PRUEBA INDICIARIA.", con registro digital 235868 y de rubro "RESPONSABILIDAD PENAL. SE ACREDITA AUN CUANDO EL ACUSADO NO INTERVENGA EN FORMA DIRECTA EN LA MATERIALIZACIÓN DEL HECHO DESCRITO POR LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", con registro digital 187693. Devienen infundados los argumentos de violación antes sintetizados; sin que en el caso, a criterio de este órgano de amparo, se advierta queja que suplir en favor de la organización sindical peticionaria, suplencia prevista en el inciso b) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. Ahora, como quedó asentado en el considerando correspondiente, el acto reclamado en la presente controversia constitucional es la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete en los autos de la averiguación previa DGI-441/2015, en la que se aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal propuesto. Previo al análisis de la determinación reclamada, resulta importante destacar que, para el ejercicio de la acción penal de parte de la autoridad ministerial, en el sistema de justicia penal inquisitivo o tradicional - bajo el cual se dictó el acto reclamado-, debía comprobarse el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de la persona inculpada, es decir, previa judicialización de una indagatoria, tenía que contarse con un acervo probatorio suficiente para tener por satisfecha la existencia del injusto y el señalamiento de responsabilidad de la persona señalada de haberlo cometido, ello en atención que la representación social es quien tiene reservada constitucionalmente esta función y no el órgano jurisdiccional. Ahora, los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen diversas garantías, entre ellas, la de legalidad, conforme a la cual, la actuación de las autoridades debe estar adecuada y suficientemente fundada y motivada, así como efectuada dentro del marco de sus facultades legales; de seguridad jurídica, que se constituye como una prerrogativa para los gobernados de conocer, dentro del texto de la ley, cuáles son los elementos con que cuenta para hacer valer sus derechos frente a la autoridad y cuáles son las consecuencias de su inobservancia; y, de debido proceso, es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento", que implica la certeza de que el asunto se decidirá con una resolución que dirima todos y cada uno de los puntos controvertidos. En el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.] " Además, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". Exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Ahora, en la especie el acto que por esta vía se reclama atendió, como ya se afirmó, las formalidades esenciales del procedimiento y está debidamente fundado y motivado, toda vez que siguió los lineamientos establecidos por el artículo 129 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tabasco que la actuación de la representación social frente a la figura del no ejercicio de la acción, que dispone: ARTÍCULO 129.- El Ministerio Público no ejercitará la acción penal y pondrá en libertad al indiciado, en su caso, cuando quede plenamente comprobado que los hechos no son constitutivos de delito, el inculpado no intervino en ellos, existe una causa excluyente de responsabilidad o se ha extinguido la pretensión punitiva, así como cuando resulte imposible la prueba de su existencia por obstáculo material insuperable. Si el agente a cargo de la investigación considera, en los términos del párrafo anterior, que procede el no ejercicio de la acción penal, formulará la consulta respectiva al Procurador o a quien deba decidir, por delegación de aquél. Se notificará personalmente al ofendido y a su asesor legal, para que aporten los elementos y formulen las consideraciones que estimen pertinentes, dentro de los quince días siguientes a la notificación. Recibidos estos elementos, se resolverá lo que proceda. De la transcripción anterior se advierte que la representación social no ejercitará acción, si queda evidenciado que los hechos investigados no son delictivos, si la persona inculpada no intervino en ellos, si sobreviene alguna causa que le exima de responsabilidad o se haya extinguido la pretensión punitiva, es decir, la acción se encuentre prescrita, así como devenga imposibilidad material de comprobar la existencia del delito. Además, establece que si el agente responsable de la indagatoria estima que se verifica alguna de las causas del no ejercicio, deberá formular consulta al su superior, notificar personalmente a la parte ofendida para el efecto de que manifiesten lo que a su interés corresponda, para que con base en ello se resuelva la procedencia de la solicitud. Visto todo lo anterior tenemos que, en el caso en estudio, el procedimiento antes descrito se cumple, ya que, la fiscal del Ministerio Público, adscrita a la Dirección de Delitos Comunes, quien tenía a cargo la averiguación previa AP-DGI-441/2015 dictó, el nueve de junio de dos mil diecisiete, el acuerdo de consulta de no ejercicio de acción penal por el cual consideró no existen elementos de prueba que vinculen los inculpados en la realización de la conducta típica que generó indagatoria. [Fojas 695 a 730 del Tomo 1] Lo cual notificó el diecisiete de junio de dos mil diecisiete, a la apoderada legal de la organización sindical ofendida -aquí quejosa-, tal y como se advierte de la constancia respectiva. [Fojas 739 y 740 del Tomo I] Además, se advierte que dicha parte ofendida presentó inconformidad, la cual se remitió junto con el acuerdo de consulta al Director de Amparos y Resoluciones de Consulta de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. [Fojas 745 a 753 del Tomo I] Finalmente, el por medio de resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete [Fojas 757 a 779 del Tomo 1], la fiscal del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Amparos y Resoluciones de Consulta, aprobó el acuerdo de consulta de no ejercicio de la acción penal. En mérito de lo anterior, es dable afirmar que se cumplió cabalmente con el procedimiento previsto en el artículo 129 de la codificación adjetiva punitiva citada, además, ambos agentes ministeriales citaron los fundamentos legales que soportaban su proceder, además establecieron los motivos por los cuales dicho soporte legal es aplicable. Ahora, respecto de la porción del concepto de violación que indica que no se valoraron los medios de prueba que obran en la indagatoria, puesto con ellos se advierte la probable responsabilidad de los inculpados, tal argumento deviene infundado, pues, contrario a lo que refiere, la fiscal responsable sí llevó a cabo el análisis de los elementos de convicción presente en expediente natural. Ello así, ya que en el resultando II citó todos y cada uno de los elementos probatorios que integraron la investigación, y que en términos del artículo 107 del Código de Procedimientos Penales, le otorgó valor indiciario, al ser puesto del conocimiento de una institución como es el Ministerio Público. Ahora bien, la responsable, de manera correcta precisó clasifico los hechos denunciados por la querellante por el delito de daños cometidos en pandilla, relacionados con los acontecimientos de once y trece de octubre de dos mil quince. Seguidamente, la responsable, hizo una disección correcta de los elementos del cuerpo del delito de daños, previsto en el artículo 200 del Código Penal del Estado de Tabasco, de la siguiente manera: Que exista una destrucción o deterioro. Causado por cualquier medio. Que recaiga en una cosa ajena, o en una propia en perjuicio de terceros. En relación a los hechos acontecidos el once de octubre de dos mil quince, la responsable precisó que la denunciante manifestó que se encontraban diversas personas afuera de las instalaciones que ocupa el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección 26, entre las que se encontraba una persona identificada como Julio César Orueta Pereyra, quien arrancó los cables de una cámara de vigilancia que se encontraba instalada en uno de los portones del edificio. Sin embargo, la responsable sostiene que, del material probatorio, no se desprende que esa cámara haya sido destruida o en su caso deteriorada. En efecto, la responsable, refiere que de la diligencia y fe ministerial de veinticuatro de octubre de dos mil quince, verificada en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección 26, se hizo constar que ese aparato se encontraba desconectado, sin apreciar algún daño. Lo anterior, lo corroboró, la responsable, de manera acertada con las fijaciones fotográficas que obraban en el dictamen en materia criminalística. De ahí que la responsable, considerara correctamente que no existía algún daño en la cámara de circuito cerrado ubicada en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección 26 y que estaba con los hechos denunciados el once de octubre de dos mil quince. Por lo tanto, es correcta la consideración de la fiscal responsable, de no acreditar el primer elemento del cuerpo del delito de daños, de los hechos acontecidos el once de octubre de dos mil quince. Por su parte, en relación a los hechos denunciados acontecidos el trece de octubre de dos mil quince, consistentes en que la madrugada de ese día se registró una agresión por parte de un grupo de personas armadas con palos, machetes y piedras y diversos objetos los cuales al parecer son simpatizantes que integran la planilla azul, y que responden a los nombres de Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Fulvio César Orueta Córdova, Julio César Orueta Pereyra, Carlos Alberto Rodríguez López, Wilber Alberto Santiago Jiménez, por lo que salió afectado el edificio sede de la sección 26 ya que una barda fue embestida por un camión de volteo y fueron dañados varios vehículos que se encontraban dentro del recinto así como un vehículo incendiado en la calle, la responsable, consideró que los elementos del cuerpo del delito de daños se encontraban justificados, no así la probable responsabilidad de los indiciados. En relación a los elementos del cuerpo del delito la responsable, consideró que los elementos corpóreos del delito se acreditaban de la siguiente manera. En primer lugar, la responsable precisó la existencia del primer elemento, con la inspección y fe ministerial de veinticuatro de noviembre de dos mil quince, verificada en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana sección 26, ubicada en Cárdenas, Tabasco, en la que se hizo constar que las instalaciones se encontraba acotado con una barda de mampostería donde se observa una barda de lado oeste en su parte frontal hacía el norte se encuentra un espacio de quince metros derribada en ambos lados estos se encuentran cubiertos con madera en la esquina sur y oeste la parte superior de la barda, no se presenta la serpentina con navajas así como el cableado no lo presenta. De igual manera, la responsable precisó que en esa diligencia se hizo constar tuvo a la vista los vehículos marca Ford, Linea F-150, color blanco, con placas de circulación VS1224, particulares del Estado de Tabasco; Chevrolet, tipo Sonic, color negro, sin placas de circulación; y Chevrolet, color verde, placas de circulación WPL6518, particulares del Estado de Tabasco, las cuales precisó detalladamente los daños observados. Lo anterior, lo corroboró con el dictamen en materia criminalística de la que se desprende que los daños ascendieron a las cantidades de veintidós mil pesos cero centavos moneda nacional, diecinueve mil ochocientos pesos cero centavos moneda nacional y setenta mil ochocientos pesos cero centavos moneda nacional. Por su parte, en relación a los daños originados en las instalaciones de la organización sindical quejosa, ascendieron a la cantidad de cien mil noventa y tres pesos con cero centavos moneda nacional. Con base a lo expuesto, la responsable, acreditó el primer y segundo elemento del cuerpo del delito. En relación al tercer elemento del cuerpo del delito, la responsable consideró justificado al haber quedado acreditado que los daños fueron causados al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Sección 26. Conforme a lo anterior, la responsable de manera correcta concluyó que con lo antes razonado, fundamentado y motivado expresados, se tienen por acreditados todos y cada uno de los elementos del delito de DAÑOS. En relación a la probable responsabilidad de los indiciados, la responsable, consideró que no se encontraba acreditada toda vez que el material probatorio no era suficiente para demostrar la participación de Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Fulvio César Orueta Córdova, Julio César Orueta Pereyra, Carlos Alberto Rodríguez López, Wilber Alberto Santiago Jiménez. Lo anterior, lo sostuvo la responsable, pues de los testimonios de Miguel Ángel Álvarez Ballesteros, Arturo Ortíz Gómez, Jorge Luis Calles Ramón y Jorge Arturo Cadena Mancha, no cumplían con los requisitos que establece el artículo 109 fracción IV, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Tabasco, pues consideró que estos eran parciales, los hechos no fueron conocidos por éstos y por lo tanto sus declaraciones no fueron claras, pero si son imprecisas, con dudas y reticencias sobre la sustancia del hecho. Similar circunstancia aconteció sobre los testimonios de Gabriel Ordoñez Pérez y Jorge Arturo Cadena Mancha. De igual forma, la responsable, en relación a las documentales ofrecidas por el denunciante, precisó que están no eran suficientes para acreditar la participación de los indiciados en la comisión del delito de daños. En efecto, en relación a las documentales privadas la responsable dijo que la impresión fotográfica si bien se observan personas apostadas al exterior, no se advierte que estén cometiendo una acción ilícita. En relación a la portada periodística, solo acreditan que hubo vandalismo en las instalaciones de la quejosa, pero no es suficiente para acreditar una probable responsabilidad. En relación a la averiguación previa CI-CAR-1416/2016, la responsable indicó que aún no sean recabado pruebas que justifiquen los señalamientos en contra de los indiciados. Así como las copias con sello de recibido original de la demanda ante la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, no eran suficientes para esclarecer los hechos investigados. Por último, la responsable, estuvo en lo correcto en considerar que de las declaraciones de los indiciados eran creíbles, al considerar que no estaban desvirtuadas y por tanto, eran suficientes para establecer que el día de los hechos no se encontraban en ese lugar. De todo lo expuesto, llevó a la responsable al convencimiento que no se acreditaba la probable responsabilidad de Rubén Cirilo Pancardo Ramírez, Fulvio César Orueta Córdova, Julio César Orueta Pereyra, Carlos Alberto Rodríguez López, Wilber Alberto Santiago Jiménez, en la comisión del delito de daños en pandilla, en relación a los hechos suscitados el trece de octubre de dos mil quince, en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección 26 y de los vehículos automotrices. Por lo tanto, consideró procedente aprobar el no ejercicio de la acción penal. De ahí lo infundado del argumento de la moral impetrante. En ese tenor, la fiscal responsable cumplió con la regularidad constitucional que le exigen la emisión del acto reclamado, toda vez que fundó y motivó adecuadamente y de forma congruente el acto reclamado, pues ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general, como lo son el Código Procesal Penal para el Estado de Tabasco, y precisó las causas por las cuales no se satisfizo la probable responsabilidad de los inculpados, con lo cual se determinó la procedencia del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa AP-DGI-441/2015. Asimismo, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir en la forma en que lo hizo. Debe decirse que en el presente caso no hay una violación al artículo 1° constitucional, el cual establece que todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar por los derechos humanos contenidos en el marco de regularidad constitucional, lo que en la especie acontece, pues como se ha visto, la responsable respetó sus garantías al resolver la cuestión planteada. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por la parte quejosa, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente." Ahora, esta juzgadora considera que, en atención a la argumentación que soporta la presente resolución, donde se comparte el sentido de la resolución dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecisiete en los autos de la averiguación previa DGI-441/2015, en la que se aprobó la consulta de no ejercicio de la acción penal propuesto y además, se estima que el acto reclamado se encuentra fundado y motivado, es que los postulados en los que se basan los criterios judiciales invocados por la impetrante y continuación enlistados no resulta procedente ni aplicable para conceder la protección solicitada, a saber: "PRUEBA INDICIARIA.", con registro digital 235868. "RESPONSABILIDAD PENAL. SE ACREDITA AUN CUANDO EL ACUSADO NO INTERVENGA EN FORMA DIRECTA EN LA MATERIALIZACIÓN DEL HECHO DESCRITO POR LA LEY (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).", con registro digital 187693. Lo anterior, dado que, como quedó patente a lo largo de esta ejecutoria, la materia de la litis subyace en la falta de material probatorio para acreditar, a la luz del sistema penal tradicional, la probable responsabilidad penal de los inculpados -aquí terceros interesados- en la averiguación previa de origen, respecto de lo cual, acervo que la fiscal responsable analizó en confronta con el tipo penal, la denuncia y los argumentos de inconformidad que la denunciante -aquí quejosa- le planteo para dictar el acuerdo materia de la controversia constitucional, además, como ya se dijo, fundó y motivó su proceder. Máxime que, las citadas interpretaciones judiciales guardan el carácter de tesis aisladas, motivo por el cual no son de observancia obligatoria para este órgano de amparo en términos del artículo 217 de la ley de la materia. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los motivos de disenso planteados por el solicitante del amparo, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por SECCIÓN 26 DEL SINDICATO DE TRABAJADORES PETROLEROS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a la *********, por los motivos vertidos en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. En atención a lo expuesto en último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    NOTIFICCIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. TRAMITACIÓN DE DEMANDA Visto; con el escrito de demanda, se tiene a Thelma Yolanda Jiménez Magaña, por propio derecho, solicitando el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, que estima violatorio de los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17 y 123, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 827/2022-2. DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, el Juez de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 1902/2018. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: "El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del hombre. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: la omisión de acordar el escrito presentado ante la autoridad responsable el ocho de abril de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 1902/2018. Por su parte el artículo 838 de la Ley Federal del Trabajo, establece lo siguiente: "Artículo 838. El Tribunal dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquellas en la que reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta Ley." Luego, de la lectura del citado precepto legal, tenemos que la autoridad cuenta con el término de cuarenta y ocho horas, para proveer las promociones o peticiones presentadas por las partes. Atendiendo a lo anterior, el reclamo del quejoso, por el momento, únicamente se trata de la inobservancia de los plazos establecidos en la legislación ordinaria para el desahogo del procedimiento laboral que incide en el tiempo en que se desahogará alguna etapa procesal del juicio de origen, empero no restringe de modo inmediato algún bien jurídico tutelado en perjuicio de la parte promovente, lo que no implica una dilación o paralización total del procedimiento. Además, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio laboral, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y laudos, o en la realización de cualquiera otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2019400, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En el caso particular, si la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el ocho de abril de dos mil veintidós, presentó escrito en el cual hizo valer incidente de previo y especial pronunciamiento de acumulación en el expediente natural 1902/2018, ante la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, residente en la ciudad, tenemos entonces que el plazo con el que contaba la autoridad responsable para la contestación es de cuarenta y ocho horas (once al doce de abril de dos mil veintidós). De ahí que para quien aquí provee, considera que la autoridad responsable no ha incurrido en responsabilidad, pues se insiste, que no existe una abierta dilación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ello en virtud de que para que se considere de ese modo, tendrían que transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales computados desde la fecha en que venza el plazo que tenía la autoridad para emitir el pronunciamiento respectivo, consideración que se toma respecto a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mayor precisión, se muestran los calendarios siguientes. Abril 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 a) 9 10 11 b) 12 c) 13 Inhábil 14 Inhábil 15 Inhábil 16 d) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mayo 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 Inhábil 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 e) 26 f) 27 28 29 30 31 Realizó petición. Inicia término de 48 horas para actuar. Concluye término de 48 horas para actuar. Empiezan a correr los 45 días naturales. Transcurrió 39 días naturales Presentó demanda de amparo. En ese contexto, si el plazo para pronunciarse respecto a la contestación del escrito concluyó el doce de abril de dos mil veintidós y la demanda de amparo fue presentada el veintiséis de mayo del presente año, es evidente que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación (del dieciséis de abril al veinticinco de mayo del presente año), pues por el contrario, cuando la demanda de amparo fue presentada, habían transcurrido 39 días naturales, sin que obste, que se descontó el periodo comprendido del trece al quince de abril del año actual, declarados inhábiles por la autoridad responsable, mediante oficio 110/JMG/107-2022 de doce de abril del presente año, y cinco de mayo del presente año, declarado inhábil en el Boletín número 197 publicado el seis de diciembre de dos mil veintiuno. Consecuentemente, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1643, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, Materias Común, Laboral, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En tales circunstancia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a la fracción V del numeral 107, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el ordinal 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Thelma Yolanda Jiménez Magaña. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, el que señala en su libelo de amparo y como autorizados a los licenciados Guillermo Sánchez Cupil, Candelaria Isidro Rodríguez, Guillermo Sánchez Jiménez y Héctor López Pérez, en los términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por no tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se les invita a las partes para lo siguiente: 1. De estimarlo conveniente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. 2. Propongan formas especiales de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de las cuales se puedan establecer comunicaciones no procesales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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