The Insurance Company Of The State Of Pennsylvania

Expediente 168/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
168/2023
Año
2023
Actuaciones
12
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • The Insurance Company Of The State Of Pennsylvania

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Segundo Circuito, remitiendo el juicio de amparo 168/2023-III, un tomo de pruebas y testimonio de la resolución del once de octubre de dos mil veintitrés, dictada en el amparo en revisión 299/2023, en la que se confirma la sentencia que negó el amparo y protección a la parte quejosa. Acúsese el recibo de estilo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), intégrense únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes y destrúyanse las demás copias certificadas. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, acusando recibo e informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por **********, apoderado legal de la moral quejosa **********, contra la resolución del quince de junio pasado, terminada de engrosar el veintiséis de junio siguiente, el cual registró con el número 299/2023, de su índice; de lo anterior, se adquiere conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a las demás partes. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de julio de dos mil veintitrés. Téngase a **********, apoderado legal de la moral quejosa **********, interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia del quince de junio pasado, terminada de engrosar el veintiséis de junio siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 93 de la Ley de Amparo, se da trámite al citado recurso, por lo que una vez que se encuentren agregadas la totalidad de constancias de notificación a las partes, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Por lo anterior, una vez que se cuente con la boleta de turno expedida por la referida oficina, de la que se advierta el órgano jurisdiccional al que fue turnado el asunto, en obvio de mayores dilaciones remítanse las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, así como el escrito de expresión de agravios, para su substanciación. Distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes e intégrese por separado el cuaderno de antecedentes con las constancias respectivas. Asimismo, se instruye al Oficial Judicial "A" de este juzgado de Distrito, para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio de impugnación de que se trata. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    III. NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO, VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. V I S T O S, para resolver en definitiva, los autos del juicio de amparo 168/2023-III; y, R E S U L T A N D O I. ******************** por conducto de su apoderado,********************demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. II. Previa aclaración, por auto del primero de marzo de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo con el número 168/2023-III; se pidió a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada;********************y, señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la que previo diferimiento se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37 de la Ley de Amparo; 49 y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que la autoridad judicial responsable que emitió la determinación reclamada tiene su residencia en la demarcación territorial de este Juzgado de Distrito, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, consiste en: - La resolución del ********************, emitida en autos del concurso mercantil ********************,********************en la que resolvió infundado el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del auto del ********************, que niega requerir a la comerciante concursada ********************y, por tanto confirmó el auto recurrido. TERCERO. Es cierto el acto que se le atribuye al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en esta ciudad, aunado que así se advierte de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO.********************Previamente al estudio del fondo del asunto, es necesario examinar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia en cuanto al acto cuya existencia ha quedado demostrada en el anterior considerando, por tratarse de una cuestión de orden público, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado en la jurisprudencia II.1o. J//5 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, página 95, Materia Común, Octava Época, con registro 222780, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni el suscrito Juzgador advierte que se actualice alguna; por lo tanto, se procede al análisis del presente asunto. QUINTO. Se procede al análisis de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, mismos que se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, toda vez que no es necesaria su transcripción como lo precisa la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Así como la jurisprudencia VI.2o. J/129 del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Abril de 1998, Materia Común, con registro 196477, de título: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A TRANSCRIBIRLOS". La parte quejosa, en sus conceptos de violación, señala en lo conducente lo siguiente: a) Que el acto reclamado transgrede sus garantías de legalidad y acceso a la justicia a través de un acto negativo y omisivo, porque la responsable determinó que no se encuentra dentro de sus funciones hacer cumplir sus propias determinaciones. b) Que la omisión en el cumplimiento del convenio sin justificación, constituye una violación al debido proceso.******************** c) La sentencia recurrida viola los derechos de legalidad, seguridad, certeza jurídica y tutela judicial efectiva, como consecuencia de la aplicación del artículo transitorio vigésimo séptimo********************de la reforma a la Ley de Concursos Mercantiles de diez de enero de dos mil catorce, en relación con los principios de irretroactividad y progresividad de la ley. d) Considera que el acto impugnado, niega el acceso a la justicia al resolver que no puede ejecutar la sentencia aun cuando de conformidad con el artículo 1346 del Código de Comercio, la legislación supletoria al juicio natural, la responsable tiene la obligación de ejecutar la sentencia que dictó la propia autoridad. ******************** e) Asevera que la determinación reclamada es incorrecta e ilegal, ya que no obstante que el artículo transitorio vigésimo séptimo********************de la reforma a la Ley de Concursos Mercantiles de diez de enero de dos mil catorce, señala que tales reformas no serán aplicables a los juicios iniciados con anterioridad, ello no se refiere a la ejecución de sentencias ya que este rema siempre ha sido parte de la función del Juez concursal. f) Que el artículo 166 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles, resulta aplicable al caso a la luz de los principios de irretroactividad y progresividad de la ley y pro-persona. g) Que de la tesis "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL", se desprende que no existe la retroactividad en materia procesal, pues debe aplicarse el derecho más benéfico al gobernado. h) La responsable viola su garantía de legalidad, seguridad, certeza jurídica y tutela judicial efectiva, porque omitió realizar un análisis adecuado de la retroactividad o irretroactividad de las reformas a la Ley de Concursos Mercantiles de diez de enero de dos mil catorce.******************** i)********************Agrega que de haber realizado la responsable un análisis adecuado de las reformas a la Ley de Concursos Mercantiles de diez de enero de dos mil catorce, a la luz del principio de irretroactividad, la responsable hubiera llegado a la conclusión que el concurso mercantil tiene efectos que no se visualizan al instante, pues sus efectos se prolongan a lo largo del tiempo, por lo que debe analizarse cuáles son las disposiciones aplicables al caso. j) Que resulta necesario dilucidar si la ley antigua debe regular los efectos que se sigan causando o si por el contrario, las reformas y adiciones a la ley, deben regular dichas consecuencias, considerando que éstas se producen después de que hubiera entrado en vigor la reforma. Al respecto, cita la tesis "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA." k) Asimismo, asevera que en el caso, el concurso mercantil inició con la Ley de Concursos Mercantiles, sin reformas, pero la aprobación del convenio de acreedores se dio en noviembre de dos mil veintiuno, con las reformas de enero de dos mil catorce, por lo que considera que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 166 Bis de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que ello implique una violación al principio de retroactividad. l) Sostiene que tratándose de una norma procesal, la misma se aplica en forma inmediata ex nunc, según consta en la jurisprudencia que invocó, precisada en el inciso j). m) Refiere que la responsable tenía que cumplir con lo establecido en el artículo 1346 del Código de Comercio, que le resulta obligatorio por referencia del artículo 8 de la Ley de Concursos Mercantiles, sin que tuviera que recurrir a la revisión de la retroactividad de la reforma del dos mil catorce,********************pues señala que bastaba que revisara sus propias leyes y la supletoriedad de las mismas. n) Asevera que con la reforma a la Ley de Concursos Mercantiles de dos mil catorce, el legislador consideró añadir el artículo 166 bis, para señalar en forma expresa la obligación del juzgador de verificar el cumplimiento de los convenios celebrados en el concurso mercantil en aras de hacer cumplir sus determinaciones. o) Insiste que no obstante que la Ley de Concursos Mercantiles, no señalaba expresamente que el Juez que conocía el concurso era también el encargado de vigilar el cumplimiento de los convenios, tal obligación se encontraba implícita en la propia ley y, en forma expresa en el Código de Comercio, aplicable en forma supletoria, como lo señala el artículo 8 de la ley de la materia. p) Que la resolución que reclama viola sus derechos de legalidad, seguridad y certeza jurídica, así como de tutela judicial, pues no obstante que los artículos referidos tratan de un tema de progresividad de la ley, porque la naturaleza de las normas concursales persigue expresamente el cumplimiento de las sentencias dictadas, siendo que la autoridad indebidamente determina que su actuar concluyó con la sentencia de aprobación del convenio concursal. q) Señala que la responsable deja de buscar la interpretación más favorable al gobernado, violentando el artículo 1° Constitucional, ya que de haber interpretado debidamente las normas, hubiera advertido que estaba obligado a vigilar el cumplimiento de los convenios celebrados en el concurso. r) Reitera que el artículo transitorio vigésimo séptimo de la Ley de Concursos Mercantiles transgrede las garantías de la quejosa al determinar que los juicios iniciados con anterioridad a las reformas deben seguirse conforme a las leyes vigentes al inicio de estas, ya que ello va en contra del principio pro-persona, al no permitir expresamente que artículos como el numeral 166 de la Ley de Concursos Mercantiles, surtan efectos en asuntos iniciados previamente. Los argumentos hechos valer por la parte quejosa, resultan inoperantes. Para efecto de evidenciar lo anterior, es necesario destacar que del acto reclamado, consistente en la resolución del ********************, emitida en autos del concurso mercantil ********************, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por ******************** en contra del auto del ********************, mismo que se declaró infundado y por tanto confirmó el auto recurrido, se advierte la precisión de los agravios que hiciera valer la recurrente, los que se hicieron consistir en: "1. El auto combatido violenta lo dispuesto en los artículos 166 y 166 bis de la Ley de Concursos Mercantiles, en relación con el artículo 1346 del Código de Comercio, al determinar que con la sentencia que aprobó el convenio, concluyó el concurso mercantil, pues dichos preceptos legales refieren que cualquier modificación o verificación del cumplimiento al convenio deberá promoverse ante el Juez que conoció el concurso, ya que es de explorado derecho que el Juzgador que dictó la sentencia en la primera instancia, es quien debe ejecutarla. Además, refiere que con el auto combatido se le niega el acceso a la justicia, al concluir que el juzgado no puede ejecutar su sentencia, aun cuando, de conformidad con el artículo 1346 del Código de Comercio de aplicación supletoria a la ley de la materia, el Juez que emitió una sentencia es quien debe ejecutarla. 2. El hecho de que el artículo 166 bis de la Ley de ConcursosMercantiles haya sido reformado el diez de enero de dos mil catorce, es decir, con posterioridad al inicio del concurso, ello no se refiere a la ejecución de sentencias, pues este tema siempre ha sido parte de la función del Juez concursal; máxime que el artículo invocado sí resulta aplicable al caso, a la luz de los principios de irretroactividad y progresividad de la ley. 3. Refiere que si en el caso el concurso mercantil inició con la Ley de Concursos Mercantiles sin reformas, pero la aprobación del convenio de acreedores se realizó en noviembre de dos mil veintiuno, posterior a las reformas de catorce de enero de dos mil catorce, a éste le es aplicable lo dispuesto por el artículo 166 bis de la actual legislación concursal. 4. De la lectura de la Ley de Concursos Mercantiles vigente en dos mil once y las reformas a ésta de diez de enero de dos mil catorce, se hace patente que la intención del legislador fue la de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos, en la mayor medida posible, hasta lograr su plena efectividad; es decir, se buscó la forma de establecer claramente que el Juez que sancionó el convenio de acreedores, es también el obligado a garantizar al gobernado que la concursada dará cumplimiento al mismo." Agravios que el órgano responsable en la parte considerativa de la resolución recurrida determinó declararlos infundados. Ahora bien, atento a lo anterior, resultan inoperantes los conceptos de violación contenidos en los incisos m) y o), ello, puesto que tales puntos jurídicos constituyen cuestiones novedosas a aquéllas que fueron esgrimidas ante el Juez responsable, puesto que tales tópicos no se hicieron valer vía agravios, como se tiene de la relación de agravios hechos valer en el ocurso de apelación precisados en párrafos precedentes; por lo que no pueden ser abordados en el presente juicio de amparo, justamente por no haberse planteado ante ese tribunal, quien por ello no tuvo oportunidad de hacer un pronunciamiento sobre el particular, ni tampoco la contraparte de la parte quejosa tuvo posibilidad de debatirlas, y en su caso, con relación a las consideraciones y fundamentos que al efecto se vertiera en el acto reclamado sobre ello, este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de abordar el estudio correspondiente en la presente instancia, siempre que se hiciera valer concepto de violación en el que controvirtiera lo resuelto por la responsable. De lo que se advierte plenamente que en tales conceptos de violación de referencia, se introducen cuestiones ajenas a los argumentos formulados en la litis planteada ante el tribunal de alzada; por tanto, como se dijo, los argumentos indicados devienen inatendibles, máxime que el juicio de amparo no consiste en una nueva revisión de legalidad ordinaria de la situación generadora del acto reclamado, sino sólo si los fundamentos y motivos de éste, que se ocuparon de dilucidar lo concerniente a los agravios planteados, son o no violatorios de derechos fundamentales. Por otra parte, atento a los agravios hechos valer en el recurso de apelación que quedaron precisados en párrafos precedentes, devienen inoperantes los conceptos de violación c), d), f) y n),********************puesto que se vierten consideraciones que en esencia constituyen una reiteración en esencia de los agravios que quedaron precisados en párrafos precedentes y, que a su vez hizo valer contra la sentencia interlocutoria emitida el****************************************,********************mismos que se declaró infundados y por tanto confirmó el auto recurrido, es decir, la parte quejosa, se concreta a repetir en dichos conceptos de violación los argumentos vertido ante la Sala responsable, con los que pretendió evidenciar la ilegalidad aducida de la resolución impugnada en tal recurso; sin que formule argumento legal alguno que tienda a demostrar la ilegalidad de la resolución (sobre tales aspectos), y que constituye el acto reclamado en el presente juicio de garantías, ni con tales consideraciones vertidas vía conceptos de violación, se combaten los fundamentos legales y consideraciones que sirvieron de base a la responsable para dar contestación a tal argumento. Máxime si se tiene en consideración que la Sala responsable declaró infundados los agravios que hiciera valer en tal recurso, origen del presente asunto, atento a las siguientes consideraciones y fundamentos: En principio, se destaca que en anteriores determinaciones ha establecido que con la sentencia de aprobación de convenio concursal del ********************dictada en el juicio natural, en elconsiderando segundo de tal resolución, precisó que al haberse presentado el juicio de concurso mercantil el ********************, es aplicable a tal juicio la legislación concursal que estaba vigente en esa fecha -resolución que causó ejecutoria el ********************-, con lo que se dio por terminado el procedimiento concursal de la comerciante ********************y, por ende, cesaron las funciones de tal********************este órgano jurisdiccional como rector del procedimiento. Ello, acorde con lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Concursos Mercantiles vigente al momento en que dio inicio el procedimiento concursal de origen, precepto en el que fundó su consideración en el sentido que, con la sentencia que se aprueba un convenio concursal, genera como consecuencia jurídica que se dé por terminado el concurso mercantil, es decir, que cesen las funciones de los órganos del concurso mercantil y que se ordenen las cancelaciones de la inscripción que en su momento se haya practicado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente. A mayor abundamiento, precisa que tal consideración se corrobra con el contenido del numeral 262 del citadoordenamiento, el cual dispone, en lo que interesa: "EI juez declarará concluido el concurso mercantil en lossiguientes casos.******************** I. Cuando se apruebe un convenio en términos del Título Quinto de esta Ley. (.).", en el que fundó su consideración en el sentido que no puede estimarse que la ejecución del cumplimiento del citado convenio se encuentre comprendido en el propio concurso mercantil para que el juez del concurso vigile su acatamiento;además, de que precisó que no existe disposición que establezca que el órgano jurisdiccional debe vigilar el cumplimiento y ejecución de la sentencia por la que se aprueba el convenio celebrado en la etapa deconciliación, al ser inaplicables los artículos 1346 y1348 del Código de Comercio, al no existir regulación similar en la legislación concursal a fin de aplicar supletoriamente dicho ordenamiento; además, que debe atenderse a la Ley de Concursos Mercantiles aplicable (al momento en que se inició el juicio) y no a la vigente como lo invocó la recurrente. Por lo anterior, considera que el concurso mercantil terminó con la aprobación del convenio, atento a lo previsto en los preceptos 166 y 262, fracción I, de la Ley de concurso Mercantil, sin que pudiera arribarse a la conclusión de que la terminación del concurso, incluye la ejecución del convenio, puesto que los citados preceptos no establecen excepción alguna. Asimismo, destaca que en caso de emitir un acuerdo en la forma que propuso la parte recurrente (aquí quejosa), implicaría modificar la sentencia de aprobación de convenio concursal dicada en el propio juicio, la que se encuentra firme, y en la que se precisó qué legislación se aplicaría, y pone de relieve que dicha resolución se consintió tácitamente por la recurrente, al no haberla impugnado a través del medio de impugnación correspondiente, dentro de la temporalidad que tenía para ello;********************por lo que establece********************que no es posible aplicar supletoriamente el numeral 1346 del Código de Comercio, al no existir la figura de ejecución de convenio en la Ley de Concursos Mercantiles aplicable al caso concreto. De igual forma señala que, con relación a la legislación aplicable al juicio natural fue materia de estudio en el diverso recurso de revocación, mismo que resolviera el ********************, interpuesto por la acreedora ********************, en la que aparte********************de la sentencia de aprobación de convenio, también ahí se especificó que la Ley de Concursos Mercantiles, correspondiente y aplicable al juicio natural es la que se encontraba vigente a momento de iniciar el procedimiento concursal en contra de********************;********************resolución que incluso fue cuestionadas por la propia quejosa en el diverso juicio de amparo 587/2022-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, en donde señala la autoridad hizo valersustancialmente los mismos motivos de inconformidad que refiere en el medio de impugnación que constituye el acto reclamado, procedimiento constitucional que se resolvió el doce de julio de dos mil veintidós, precisando que, el sentido de la sentencia en el juicio de amparo, sea una cuestión atinente al órgano jurisdiccional responsable. Bajo el mismo tenor, el órgano jurisdiccional responsable, dejó de manifiesto que, en su caso, si la acreedora (aquí quejosa) considera que se ha incumplido el convenio concursal por cuanto hace a su pago, conforme lo establecido en el artículo 235 de la Ley de Concursos Mercantiles aplicable a dicho procedimiento, conserva sus derechos y acciones por el saldo contra la comerciante, para ejercerlo a través de la vía y forma correspondientes; es decir, que la ejecución del convenio puede ser materia de cumplimiento en diversa instancia, previa petición que,********************de estimarlo necesario, realice la parte recurrente; ello, en atención a la tutela judicial efectiva. Por otra parte, la autoridad señaló que no asiste razón a la recurrente -quejosa-, con relación a las consideraciones en el sentido que, el hecho de que el artículo 166 bis de la Ley de Concursos Mercantiles, haya sido reformado con posterioridad al inicio del concurso, ello no se refiere a la ejecución de sentencias, pues este tema siempre ha sido parte de la función del Juez concursal, máxime que el numeral invocado resulta aplicable a la luz de los principios de irretroactividad y progresividad de la ley; al igual que, de la lectura de la Ley de Concursos Mercantiles vigente en dos mil once y las reformas a ésta de diez de enero de dos mil catorce, precisó que se hace patente que la intención del legislador fue la de ampliar el alcance y la protección de los derechos humanos, en la mayor medida posible, hasta lograr su plena efectividad. Para apoyar tal consideración, plasmó lo abordado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 354/2015, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, sustentada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, sobre la que destacó en lo que interesa que, con la iniciación de un juicio bajo cierta ley, no se adquiere el derecho a que tal procedimiento continúe rigiéndose en todas sus etapas conforme a las reglas de esa misma ley, se explica, porque las facultades y cargas procesales de las partes se concretan en la etapa para la cual están previstas, de suerte que mientras no se actualice el supuesto normativo, el derecho no se ha adquirido, sino sólo constituye una expectativa de derecho y, si la norma cambia antes de legar a la etapa correspondiente, una vez actualizada ésta, debe regir la nueva norma. Respecto de lo anterior, puso de relieve que la Primera Sala del Máximo Tribunal, estableció que constituye la regla general y, por ende, admite las siguientes excepciones: a) En aquellos casos en que aplicar la norma vigente implique la retroactividad de la ley en perjuicio de alguna persona (lo que puede evaluarse a partir de la teoría de los derechos adquiridos o la de los componentes de la norma); y, b) Cuando el legislador disponga expresamente en las disposiciones transitorias una vigencia específica del supuesto normativo (esto es, que las nuevas normas no se apliquen a juicios iniciados o actos jurídicos celebrados con anterioridad a su entrada en vigor). De igual modo, tomó en consideración que el Alto Tribunal en la citada contradicción de tesis refirió que en lo que atañe a la primera de esas excepciones, ésta radica en que si bien las normas procesales van teniendo aplicación conforme van sucediendo cada una de las etapas del procedimiento, de suerte que los plazos, cargas, facultades, trámite, etcétera, en ellas previstos no se actualizan sino hasta llegado el momento procesal correspondiente, se entiende entonces que cuando por la aplicación de una norma vigente sí se adquiere una facultad o derecho en una etapa anterior, cuyo ejercicio está previsto para una posterior, dicha facultad o derecho debe respetarse y, no podría negarse por la aplicación de una nueva norma en la cual se suprimieran, porque entonces la aplicación de esta última sería retroactiva en perjuicio del interesado. Mientras que, por lo que hace a la segunda de las excepciones apuntadas, indicó que ésta encuentra su fundamento en el artículo 4° del Código Civil Federal, de manera que aun cuando se trate de normas procesales debe entenderse que su vigencia se origina desde el día de la publicación, por así haberlo prescrito demanera contundente el legislador en las normas de transición; por lo que, si conforme a la mencionada norma transitoria, se prevén supuestos específicos de inaplicación de las normas de transición; de ahí que, conforme a la mencionada norma transitoria, deben ceñirse a ese imperativo so pena de vulnerar el derecho fundamental de irretroactividad de las leyes. De lo que expuso que en el juicio natural, atento al contenido del artículo séptimo, fracción II, de las disposiciones transitorias de la Ley de Concursos Mercantiles, así como lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 354/2015, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, contrario a lo señalado por la recurrente (aquí quejosa), es improcedente aplicar la actual Ley de Concursos Mercantiles en el juicio concursal, porque quedó demostrado que el legislador dispuso expresamente en las disposiciones transitorias, la legislación que sería aplicable a aquéllos asuntos iniciados anterior a la reforma publicada el diez de enero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación, como en el caso acontece; es decir, que se dispuso expresamente que las nuevas normas no le serían aplicables a juicios concursales indicados con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma de que se habla; aunado a que en este caso el sumario que nos ocupa concluyó con la sentencia de aprobación de convenio concursal, misma que, reiteró, fue consentida tácitamente por la acreedora recurrente, al no haberla impugnado dentro de la temporalidad que tenía pare ello, a través del recurso********************correspondiente.******************** Motivos por lo que, la responsable justipreció confirmar el auto dictado el ******************** y declara infundado el recurso hecho valer. En consecuencia, toda vez que la técnica jurídica exige que los conceptos de violación estén relacionados directa e indirectamente con las consideraciones y fundamentos del acto reclamado, para que de esa forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; y si como en el caso ante la potestad federal la parte quejosa se limita a reiterar lo que alegó ante la autoridad responsable y que fueron declarados por ésta inoperantes, tales planteamientos en el amparo de igual forma resultan inoperantes, porque no puede estimarse que combata las consideraciones en que se apoya el acto tachado de inconstitucional. Lo anterior es así, si se toma en consideración que el concepto de violación debe ser la relación razonada que el impetrante ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por dichos actos, expresando, en el caso, derechos públicos individuales conculcados. Por tanto, si la impetrante de amparo expresó tales argumentos de referencia ante la responsable, ésta abordó su estudió y declaró inoperantes para abordar el estudio de la resolución interlocutoria recurrida, ante la ausencia de razonamientos lógico-jurídicos tendentes a controvertir las consideraciones que sostienen tal resolución, así como al considerar que fueron resueltas todas las cuestiones planteadas dentro del incidente de oposición, atendiendo a los principios de exhaustividad y congruencia; por lo que, si en el caso los conceptos de violación en que la parte quejosa se limita a repetir en esencia los argumentos que ante la propia responsable hizo valer en el recurso de revocación, sin aducir razonamiento alguno tendente a desvirtuar o controvertir las consideraciones antes destacadas y que sostienen la resolución emitida por el Juzgado responsable, al establecer lo ineficaz de lo aducido en el recurso vía agravios, para llegar a la conclusión apuntada; por lo que resulta evidente a su vez lo inoperante de los conceptos de violación de referencia, al dejar de controvertir en lo medular la resolución reclamada. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia II.2o.C. J/11, con número de registro 192315, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia(s): Común, página 845, del rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Bajo lo antes expuesto, resultan inoperantes los restantes conceptos de violación contenidos en la reseña correspondiente, puesto que dejan de controvertir lo vertido por la autoridad responsable en el contenido de la resolución reclamada, en la que expresó los argumentos, razones particulares y fundamentos por los que llegó al conocimiento en el sentido que no resulta procedente aplicar la reforma a la Ley de Concursos Mercantiles,. Lo anterior, atento a las consideraciones contenidas en los conceptos de violación de que se trata, de las que resulta inconcuso que, la parte quejosa deja controvertir el acto reclamado, es decir, que exponga razonamiento alguno, tendente a evidenciar el por qué resulta violatorio de derechos fundamentales los fundamentos y razones por las que la responsable estableció como infundados sus agravios propuestos en el recurso de revocación y en su caso, verter argumentos tendentes a evidenciar la eficacia de la ilegalidad de lo contenido en la resolución atento a lo expuesto por la responsable, que tiendan a acreditar la contravención de lo resuelto en la misma; siendo que el concepto de violación debe ser la relación razonada que la parte quejosa ha de establecer entre las consideraciones y fundamentos expuestos por la autoridad responsable y los derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos por el acto tildado en la instancia constitucional. Lo anterior, ya que deja de controvertir debidamente lo precisado en la sentencia como lo es los fundamentos y argumentos que sostienen la resolución reclamada y por los que declaró infundado el recurso, como son las consideraciones siguientes: - Que previamente en la sentencia de aprobación de convenio de siete de junio de dos mil veintiuno, se había establecido plenamente la legislación aplicable en dicho juicio, que lo es, la aplicable al momento en que se********************presentó tal juicio, siendo ello, el ********************, lo que consintió al no haber recurrido tal resolución en la que se estableció la legislación aplicable en el juicio natural. - Por tanto, la legislación aplicable es el numeral 166 de la Ley de Concursos Mercantiles, vigente al inicio del juicio respectivo, que establece que la sentencia que aprueba un convenio concursal genera que se dé por terminado el concurso, lo que señaló se corrobora con la fracción I, del artículo 262 de la misma legislación. - No existe disposición que establezca que el órgano jurisdiccional deba vigilar el cumplimiento y ejecución de la sentencia********************que aprueba el convenio celebrado en etapa de conciliación, por lo que no son aplicables los numerales 1346 y 1348 del Código de Comercio, al no existir regulación similar en la Ley de Concursos Mercantiles, aunado que debe atenderse la ley aplicable y no la vigente. - Que actuar en la forma en que solicita la recurrente implicaría********************modificar la sentencia de aprobación de convenio, la que destacó, se encuentra firme y en la que reiteró que se precisó la legislación aplicable, lo que consintió la recurrente tácitamente, por lo que estableció que no es aplicable el artículo 1346 del Código de Comercio, al no existir figura de ejecución de convenio en la Ley de Concursos Mercantiles. - En caso de considerar la recurrente que se ha incumplido el convenio concursal por cuanto hace a su pago, conserva sus derechos y acciones para hacerlos valer en la vía y forma correspondiente en diversa instancia********************en términos del artículo 235 de la Ley de Concursos Mercantiles. ******************** - Con relación a las consideraciones en el sentido que, el hecho de que el artículo 166 bis de la Ley de Concursos Mercantiles, haya sido reformado con posterioridad al inicio del concurso, ello no se refiere a la ejecución de sentencias, pues este tema siempre ha sido parte de la función del Juez concursal, máxime que el numeral invocado resulta aplicable a la luz de los principios de irretroactividad y progresividad de la ley, estableció que no asiste la razón, ya que conforme al criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 354/2015, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, contrario a lo señalado por la recurrente (aquí quejosa), es improcedente aplicar la actual Ley de Concursos Mercantiles en el juicio concursal, cuando el legislador dispone expresamente en las disposiciones transitorias, que determinada reforma a la legislación procesal no sería aplicable a aquéllos asuntos iniciados anterior a la reforma correspondiente, como acontece en el juicio natural. - Aunado a lo anterior, se reitera que consintió la sentencia en la que se estableció la legislación aplicable, sin que al caso se recurriera la misma. Por tanto, si la parte quejosa no vierte razonamiento idóneo tendente a desvirtuar o controvertir las razones y fundamentos que dicha responsable expuso para llegar a la conclusión apuntada, resulta evidente lo inoperante de los conceptos de violación de referencia. Asimismo, resulta aplicable al caso, por las razones que la informan, la tesis aislada del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número 61, enero de 1993, página 113, con registro 217479, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUANDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada". De igual forma, resulta ilustrativa la jurisprudencia V.2o. J/18, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 77, del tenor literal siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, PORQUE NO COMBATEN LOS MOTIVOS Y FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECLAMADA. Si el quejoso no se ocupa de atacar las consideraciones de la responsable, que dieron respuesta a lo que ante dicha autoridad se adujo a manera de agravios y que se reitera en los conceptos de violación, debe considerarse que tales consideraciones no combatidas, en las que no se advierte incorrección alguna, subsisten como sustento de la sentencia reclamada y rigen a ésta." Así las cosas, ante lo inoperante de los conceptos de violación, debe negarse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución, toda vez que no se reclama por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a ******************** por conducto de su apoderado, contra los actos reclamados al Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por los motivos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, vía electrónica a la parte quejosa, por lista electrónica a la tercero interesada y representante social adscrito, así como por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, hasta hoy veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, secretario quien certifica que la presente resolución, se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy fe.

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