Teresita del Niño Jesús Ríos Olvera y Otros.

Expediente 734/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
734/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Teresita del Niño Jesús Ríos Olvera y Otros.
  • Susana Ríos Olvera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se hace del conocimiento de las partes, que mediante oficio SEADS/365/2021, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó a este órgano federal que el Pleno del propio Consejo, en sesión del diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, acordó la adscripción del Juez Juan Manuel Villanueva Gómez a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en sustitución del Juez José Álvaro Vargas Ornelas, con efectos a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, circunstancia que se informa para los efectos legales a que haya lugar. Además, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, en términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se sobreseyó este juicio de amparo. El original del incidente de suspensión es depurable, en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido en líneas que anteceden en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa fue concedida. En términos del artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo General, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a la destrucción del mismo, conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, tendrán el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. En el entendido de que dicha entrega se realizará previa cita y únicamente los días viernes en el horario establecido a este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; además de que se efectuará en estricto acatamiento a las medidas sanitarias para la pandemia que prevalece en el país. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia del titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1142/2021 del siete de junio de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el once de mayo del año en curso, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobreseyó este juicio, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos incidentales correspondientes. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, tendrán el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. En el entendido de que dicha entrega se realizará previa cita y únicamente los días viernes en el horario establecido a este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; además de que se efectuará en estricto acatamiento a las medidas sanitarias para la pandemia que prevalece en el país. Notifíquese personalmente a la quejosa, por conducto de su representante común. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  3. Principal

    V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la diligencia de cuenta, se advierte que el trece de los cursantes, el Actuario Judicial adscrito, notificó personalmente a la parte quejosa, por conducto de *******************************, la sentencia dictada por este juzgador. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.

  4. Principal

    V. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 734/2020-V; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado el diecinueve de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, turnado el día siguiente a este Juzgado Federal, ****************** y ******************, por derecho propio, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno de la Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora de Ecatepec de Morelos, Estado de México y otra autoridad. II. En auto del veintidós de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda con el número 734/2020-V, se admitió a trámite; se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló hora y fecha para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues se reclama un acto dentro de la demarcación territorial de la jurisdicción de este Juzgado Federal. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: a) Del Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno de la Oficialía Mediadora Conciliadora y Calificadora de Ecatepec de Morelos, Estado de México: El acta informativa mediante la cual se ordenó la toma de posesión y construcción en el domicilio de las quejosas, por parte de ******************, sin haber sido oídas y vencidas en juicio, acto que se ejecutó sin fundamento y sustento legal alguno. b) Del Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México: El cumplimiento dado al acta informativa. TERCERO. El Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó los actos reclamados. Al efecto dicha autoridad manifestó que realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa dentro de los archivos de la Dirección a su cargo, y no encontró registro alguno en donde se requiriera su apoyo para ejecutar los actos mencionados por la parte quejosa. Derivado de lo anterior, se tienen por inexistentes los actos que se reclaman a la autoridad responsable, sin que las pruebas aportadas por la parte quejosa sean aptas para desvirtuar dicha negativa, ya que únicamente exhibió copia certificada de la inmatriculación administrativa, del dieciocho de agosto de mil novecientos ochenta y siete y copia simple del oficio signado por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de San Cristóbal Ecatepec, por el que se comunica al Director de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Ecatepec de Morelos, que existe una medida de protección a favor de ****************** y su familia, la cual carece de valor probatorio al haber sido exhibida en copia simple; no obstante lo anterior, del contenido de dichas documentales, no se demuestra la existencia de los actos que se reclaman. Aunado a lo anterior, del acta informativa del uno de octubre de dos mil veinte, con folio ******, que adjuntó la Responsable de Oficialías Conciliadoras Dependiente de la Secretaría Técnica de Gabinete de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en representación del Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno, documental a la que se le confiere valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2o., no se aprecia que se haya encomendado acto alguno al Director de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec de Morelos, Estado de México. En ese orden de ideas, la negativa de la autoridad responsable, no quedó desvirtuada por la parte quejosa, a quien correspondía la carga de la prueba para demostrar la emisión y ejecución del acto que aquí reclama; por lo tanto, debe establecerse que el referido informe surte efectos plenos. En tal virtud, es procedente sobreseer el presente sumario constitucional respecto de los actos atribuidos a la autoridad mencionada al inicio del presente considerando, de conformidad a lo dispuesto por la fracción IV, del artículo 63, de la Ley de Amparo.1 CUARTO. La Responsable de Oficialías Conciliadoras Dependiente de la Secretaría Técnica de Gabinete de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en representación del Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno, al rendir el informe con justificación, negó parcialmente los actos reclamados, aceptando la existencia del acta informativa con número de folio ******, de fecha uno de octubre de dos mil veinte, la cual adjuntó, por lo que se tienen por acreditada la existencia del acta informativa reclamada. QUINTO. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio es una cuestión de 1 Cobra aplicación a lo anterior, lo dispuesto en la tesis número III.2o.A.58 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible a página 2449, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, de Febrero de dos mil ocho, Materia Común: SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la existencia de los actos reclamados. Así, cuando la autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales actos deriven de diversas autoridades. orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes.2 Ahora, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.3 De acuerdo con el sistema consignado en la Ley de Amparo en el artículo 5º, fracción I, el ejercicio de la acción constitucional está reservado a los gobernados que aduzcan ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo colectivo, siempre que aleguen que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en algún tratado internacional en el que sea parte el Estado Mexicano, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o debido a su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior es dable decir, que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; en el entendido de que la quejosa es la titular, en el caso, de un derecho subjetivo o bien, entre otros casos, de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos a que hace referencia el artículo 1o. de la Ley de la materia y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya 2 Apoya esta consideración la jurisprudencia VI.2o. J/323, emitida por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, agosto de 1994, foja 87, que dispone: IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías. 3 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.] sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de interés jurídico, supone la existencia de un derecho subjetivo que es afectado por un acto de autoridad. Cabe decir además, que los elementos constitutivos del interés jurídico, el cual en el caso interesa, consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Requisitos anteriores, que en caso de no satisfacerse alguno de ellos, el juicio de amparo resulta improcedente. De lo que se sigue, que para que el juicio de amparo sea procedente, se requiere, indispensablemente que quien lo promueva demuestre la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde se deriva el agravio correspondiente.4 4 Sirve de apoyo en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.51/2019 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 64, marzo de 2019, Tomo II, página 1598, materia común, registro 2019456, que establece: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia Como ya se precisó, el acto reclamado lo constituye el acta informativa de uno de octubre de dos mil veinte, con folio ******, en la cual el Oficial Mediador, Conciliador y Calificador adscrito al Primer Turno de la Oficialía Mediadora, Conciliadora y Calificadora con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México, en la cual hizo constar la comparecencia de ******************, quien manifestó: ". de acuerdo al testamento de la Sra. ******************, quien fuese madre de la compareciente, con número de escritura *****, volumen *** de la Notaría Pública Número 22, del Estado de México, con fecha ****************** del ****, que en él manifiesta que el inmueble ubicado en calle ****** número ****************** y lote de terreno sobre el cual se encuentra construido de a (sic), colonia ******************, ******************, Estado de México, pro-indiviso y por partes iguales entre sus tres hijas incluyendo en estos a la manifestante. La declarante manifiesta que no se ha cumplido con dicha cláusula ya que le han dejado una parte minoritaria del terreno, asimismo indica la declarante que al estar viviendo en el mismo domicilio estas familias los nietos de una de sus hermanas son adictos a drogas y ella delimitará la parte de su terreno con una barda para no tener que tener demasiado contacto con ellos, asimismo evitar cualquier discusión o problema que se llegue a presentar, por lo que el manifestante solicita se levante la presente acta para dejar un antecedente de estos hechos." del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. A lo cual el Oficial responsable en términos de lo dispuesto por el inciso f), fracción II del artículo 150 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, levantó el acta y expidió copia de la misma. De lo que se obtiene que el acto que reclama la parte quejosa, de ninguna manera puede considerarse como un acto de autoridad que pueda afectar o restringir su libertad personal, como lo aduce. Ya que como se advierte del contenido del acta informativa, únicamente se hizo constar lo manifestado por la compareciente, lo cual no implica que el contenido de la misma se haya tenido por cierto o por acreditado ante la autoridad administrativa, ya que su actuación únicamente se limitó a asentar lo indicado por la compareciente, de manera unilateral. Sin que derivado de dicha diligencia se haya ordenado desposeer a las quejosas del inmueble que refieren habitan, o que se haya reconocido algún derecho de propiedad o posesión a favor de la compareciente, y mucho menos, que se haya autorizado el uso de la fuerza pública. De ahí, que el acta informativa por sí sola, no puede ser considerada como un acto de molestia, ya que no incide en forma alguna en la esfera jurídica de las promoventes, aunado a que no se advierte que derivado de dicha actuación se haya producido un detrimento o vulneración a sus derechos; por tanto, no se acredita el segundo requisito para tener por constituido el interés jurídico de las peticionarias, relativo a la afectación de un derecho subjetivo, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente. Derivado de lo anterior, atendiendo a que el juicio de amparo sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo de la parte quejosa, es innegable que el acto reclamado no le depara perjuicio alguno a las peticionarias, pues al tratarse el acta informativa de una declaración unilateral, que no constituye o reconoce derechos a favor de quien hizo las manifestaciones, no le causa afectación real y directa a su esfera jurídica de derechos. En el mencionado orden de ideas, resulta improcedente el juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, lo que impone sobreseer de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la misma legislación. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****************** y ******************, por derecho propio, en términos de lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por conducto de su representante común y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Rosario de América García Fuentes, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico, hoy once de mayo de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.

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