Tereso Álvaro Tapia Lara

Expediente 142/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
142/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
20/02/2017

Partes del expediente

  • Tereso Álvaro Tapia Lara

Actuaciones

  1. Principal

    VI. Toluca, Estado de México; veinte de febrero de dos mil diecisiete. Por recibido el oficio de cuenta signado por el perito oficial Heriberto Alvarado Castorena, mediante el cual rinde su dictamen en materia de topografía; agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes y requiérase al experto de referencia, por conducto del Coordinador General de Servicios Periciales, Delegación en el Estado de México dependiente de la Procuraduría General de la República, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca ante este Juzgado a ratificar el dictamen de mérito, apercibido que en caso de ser omiso a lo anterior, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cincuenta días, de acuerdo a la unidad de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramirez Gómora que autoriza, firma y da fe.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su artículo 2°, agréguese el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Octavo de lo familiar del Distrito Judicial de Toluca, México, acusa recibo del oficio por el que se le remitieron las constancias que anexó a su forme justificado; atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. En su oportunidad, remítase el presente expediente al archivo definitivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  3. Principal

    (aviso pqarte quejosa) Toluca, Estado de México; treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Radicación. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Tereso Álvaro Tapia Nava, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, y otra autoridad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 142/2017-VIl. Causa de improcedencia. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página 95 del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Se estima aplicable, en lo conducente, la tesis I.4o.A.269 A, página 1008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Mayo de 1998, Tomo VII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. SÓLO PROCEDE POR MOTIVOS MANIFIESTOS E INDUDABLES DE IMPROCEDENCIA. En términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista; de no ser así, procede admitir y tramitar la demanda y dar oportunidad a las partes para que rindan los elementos de convicción relacionados con aquélla. Por otra parte, el Juez de Distrito, al recibir el escrito de demanda debe tomar en cuenta que, bajo protesta de decir verdad, el quejoso proporciona hechos y datos a través de los cuales especifica por qué estima que los actos reclamados resultan infractores de sus garantías individuales y atendiendo a que la función esencial del juzgador federal es vigilar el cumplimiento de éstas, debe otorgar credibilidad a las manifestaciones hechas valer en el escrito de demanda." De análisis integral de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante reclama la citación a audiencia intermedia dentro del proceso penal 91/2016, para celebrarse el tres de febrero del año en curso, así como la imposición de medidas cautelares en dicha audiencia, haciendo valer en sus conceptos de violación diversas manifestaciones relacionadas con la necesidad de que sea oído y vencido en juicio, sin ser privado de su libertad y sin imponerle una medida cautelar de carácter económico, haciendo énfasis en que no ha quedado firme el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, pues lo impugnó mediante apelación, invocando como preceptos constitucionales vulnerados los artículos 1º, 14 y 17. Reclamo respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que las consecuencias que se deriven de la citación para la audiencia intermedia que se llevará a cabo el tres de febrero de dos mil diecisiete, dentro de la citado proceso penal, no afectan los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° del mencionado ordenamiento, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.).". El énfasis es propio De la cita que antecede se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando no se afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en el entendido que tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la ley de la materia, es decir, derechos humanos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, destacando que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Tal afectación, constituye uno de los principios que rigen la procedencia del juicio de garantías, consagrado también en la fracción I del artículo 107 Constitucional, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. (.).". Ahora bien, a efecto de determinar si la petición de amparo intentada encuadra en el supuesto de procedencia que prevé la ley, derivada de la existencia de una afectación real y actual, a la esfera jurídica del quejoso con motivo de la titularidad de un derecho subjetivo vulnerado con la actuación reclamada, es necesario señalar que conforme a lo estatuido en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; y, tampoco, molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. De ahí que la primera condición exigida sí se cumpla, pues existen derechos consagrados a favor de todo gobernado que deben observar las autoridades que emiten actos privativos de libertad, propiedades, posesiones o derechos; así como de molestia en cuanto a la persona, su familia, domicilio, papeles o posesiones. Sin embargo, por cuanto hace a la afectación que de esos derechos realice la autoridad responsable, en el particular no se cumple, pues como se advierte de lo narrado por el propio quejoso, las consecuencias que se deriven de la citación para la audiencia intermedia que se llevará a cabo a las tres de febrero de dos mil diecisiete, no colman lo dispuesto en los citados preceptos, ya que afirma que en dicha audiencia se le puede privar de su libertad mediante la imposición de una medida cautelar restrictiva de su libertad o a través de una de carácter económico. Afirmaciones que a la fecha no afectan sus intereses jurídicos, máxime que de lo alegado en sus conceptos de violación, se aprecia que la autoridad responsable ya emitió en dicho procedimiento un auto de vinculación a proceso, el cual incluso impugnó mediante apelación; y, de una interpretación sistemática de los artículos 309, 323, 327 y 328 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, se obtiene que la audiencia intermedia en el nuevo sistema de justicia penal, tiene por objeto el ofrecimiento, la exclusión y la admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral y no propiamente algún pronunciamiento restrictivo de libertad. En este orden de ideas, es inconcuso que la citación que refiere el impetrante no constituye algún acto privativo de su libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, y tampoco algún acto de molestia en contra de su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino una actuación procesal dentro del procedimiento que se le instruye. Por lo que se afirma que no produce alguna afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Destacando que las consecuencias que reclama, consistentes en la imposición de una medida cautelar restrictiva de su libertad o bien de carácter económico, se traducen en un acto futuro de realización incierta que a la fecha no ha acontecido ni resulta inminente, pues como se precisó, el objeto de la referida audiencia no tiene como fin la imposición de ese tipo de medidas cautelares, por lo que se insiste que a la fecha el presente juicio resulta notoriamente improcedente. Sin que pase inadvertida la Jurisprudencia Tesis: 1a./J. 25/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Junio de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 25/2003, Página: 73, Registro: 184156, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral.". [El énfasis es propio] Lo anterior es así porque dicha Jurisprudencia, además de ser emitida a la luz de la Ley de Amparo anterior, establece que cuando no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse el acto reclamado, resulta necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, a fin de establecer que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que de no ser así, debe tramitarse la demanda hasta en quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia; lo que en particular acontece, pues además de lo narrado por el propio quejoso bajo protesta de decir verdad, del contenido de sus conceptos de violación se advierte la existencia de un auto de vinculación a proceso emitido en su contra, actuación que en todo caso constituye el acto restrictivo de su libertad y no así la citación que reclama. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio. En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en el proemio de la demanda. Autorizados. Con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizados a las personas citadas en el escrito de demanda que se atiende para los efectos ahí precisados, siempre y cuando cuenten con el registro de su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de lo contrario se tendrán únicamente para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se ordena habilitar días y horas inhábiles para la realización de las futuras notificaciones relativas a este juicio de amparo, de igual forma, se faculta al Secretario adscrito a este órgano de control constitucional, para que en virtud de sus atribuciones, firme todos los oficios y comunicaciones derivadas del sumario actual. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Carolina Denysee Villagrán Salinas que autoriza, firma y da fe.

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