Teresa Ugarte Rodriguez
Expediente 750/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 09/08/2016
Partes del expediente
- Teresa Ugarte Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II. La certificación de cuenta evidencia que dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, por la cual se sobreseyó en este asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales conducentes y las anotaciones correspondientes háganse en el Libro de Gobierno. Por otra parte, del estado procesal de autos se advierte que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. Este expediente es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto referido), pues se sobreseyó en este asunto. 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 750/2016-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, TERESA UGARTE RODRÍGUEZ por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: "AUTORIDAD RESPONSABLE.- Lo es el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. ACTO RECLAMADO.- Se señala como tal, la omisión de la responsable para dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral con número 762/2012 dentro del término señalado en el artículo 242 de la Ley del Trabajo de Servidores Públicos del Estado y Municipios." SEGUNDO. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 750/2016-II, por auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se admitió, se ordenó emplazar al tercero interesado Ayuntamiento Constitucional de Luvianos, Estado de México; se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 55, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman omisiones de un Tribunal Laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es conveniente precisar que los actos reclamados se hacen consistir en: La omisión de dictar laudo en el expediente laboral 762/2012, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México. TERCERO. La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con la copia certificada que adjuntó a su informe, relativa al acuerdo de dieciséis de octubre de dos mil catorce, emitido en el expediente laboral 762/2012, documental a la que se le otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Oportunidad de la demanda de amparo. La promoción del presente juicio de garantías es oportuna, tomando en consideración que el acto reclamado es de carácter omisivo o negativo, así como continuado, por lo que se está en aptitud de presentar la demanda en cualquier momento. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes o advertidas de oficio por este juzgado en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de amparo, en relación con el 107, fracción V, de la Constitución Federal, interpretado a contrario sensu, porque el acto combatido no es de los considerados de imposible reparación que deba ser analizado de manera inmediata a través del juicio de amparo indirecto, porque para calificarlo de tal forma, sería necesario que produjera una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y no, únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, que a la letra dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal." Cabe precisar que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el numeral 107, fracción V, precisa claramente el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación; respecto de los cuales se dice son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, a partir de la actual redacción el legislador secundario proporcionó mayor seguridad en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal tuvo la intención de que en los procedimientos judiciales, se entendiera cuáles son los actos que pueden ser así considerados. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, analizó los aspectos que el legislador secundario ponderó para definir los actos de imposible reparación en la actual redacción de la Ley de Amparo, y destacó que las dos condiciones que se dispusieron para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento fueron las siguientes: "la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión solo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva". Bajo ese panorama, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos de autoridad que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado; y no una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución que ponga fin al procedimiento. En el caso, de los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen de la demanda, así como del informe justificado rendido por la autoridad responsable, permiten advertir sin lugar a duda que el juicio de amparo que se intenta deviene improcedente. Atento a lo anterior, es importante distinguir entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación; por tanto, debe atenderse a la afectación sufrida por el gobernado, en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, procede el juicio de amparo indirecto, sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquellos, sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006338, criterio que se encuentra vigente y que dice: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." Ahora, para mejor comprensión del asunto es necesario citar las siguientes consideraciones: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene derechos públicos subjetivos que tiene el gobernado, los cuales son oponibles al poder público; así, dentro de los artículos 8o., 14, 16 y 17 constitucionales, se concibe una relación en la que interviene tanto el Estado como el gobernado, por lo que es claro que se trata de disposiciones constitucionales que rigen las relaciones entre gobernantes y gobernados, las cuales son aplicables en determinados contextos. De igual forma, dentro de la relación entre el particular y el gobernado se destacan los preceptos constitucionales, 14 y 16. El artículo 14 dispone que las normas jurídicas emitidas por el Estado, sólo regirán en una época y lugar determinados, de lo cual deriva la característica de la vigencia de la norma, además consagra la garantía de audiencia, así como las condiciones de aplicación de la ley civil y penal. En específico, regula el debido proceso, el cual se cumple de acuerdo a las formalidades esenciales del procedimiento, el cual establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho..." El Artículo 16, en su parte inicial consagra la garantía de legalidad, como se advierte: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento..." En relación con la garantía de debido proceso, debe señalarse que la misma resulta aplicable a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional, ya sea formal o material, puesto que ésta permite que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica. En ese sentido, la autoridad que emita el acto deberá cumplir con esas formalidades esenciales del procedimiento, a efecto de garantizar la adecuada defensa del gobernado, para lo cual la autoridad responsable para cumplir con la garantía de audiencia deberá: I) notificar el inicio del procedimiento; II) se da oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; III) se da oportunidad de alegar; y IV) se emite una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Asimismo, se debe destacar lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa dispone: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." El precepto transcrito tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta, es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción (especie del derecho de petición), conforme al cual, el gobernado tiene el derecho y el gobernante, la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. En relación con el precepto analizado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado el derecho de acceso a la justicia, como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión; asimismo, se destacaron respecto de las autoridades jurisdiccionales, los siguientes principios: 1. Justicia pronta: Obligación de las autoridades encargadas de la impartición de justicia, de resolver las controversias que se planteen ante ellas, dentro de los términos y plazos que se establezcan en las leyes. 2. Justicia completa: Consiste en que la autoridad que conozca de la controversia planteada emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario, así como que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, aplicando la ley, resuelva si le asiste razón o no, sobre los derechos que ha considerado afectados en su perjuicio. 3. Justicia imparcial: La autoridad jurisdiccional debe emitir una resolución, que además de que se encuentre apegada a derecho, no dé lugar a favoritismos respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. 4. Justicia gratuita: Los órganos jurisdiccionales, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda la impartición de justicia, no deben cobrar a las partes en controversia emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Cabe resaltar, que también se ha referido que la tutela judicial efectiva genera dos deberes, uno negativo para que los órganos del Estado se abstengan de obstaculizar a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, y, uno positivo, consistente en facilitarles el acceso a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada número 1a. CVIII/2007, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 793 del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 172517 de rubro y texto siguiente: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expedites- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Así, de lo anterior se puede advertir que cada derecho está construido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8º, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo; también lo es que los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. De donde se puede concluir que no es posible reclamar de forma autónoma una violación al derecho de justicia pronta, dentro de un procedimiento jurisdiccional o un procedimiento administrativo, seguido en forma de juicio, pues aun cuando la Constitución regula diversos supuestos mediante los cuales, el particular puede entrar en contacto con el Estado, también es cierto que debe atenderse al que regula de manera integral su situación. En esas condiciones, como ya se precisó, el derecho de petición pronta regula de forma genérica las obligaciones de la autoridad para actuar en los plazos legales. En efecto, el artículo 14, así como el 17 constitucionales, prevén el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento y el derecho de acción como especie del derecho de petición, mediante los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan las pretensiones deducidas, de manera completa y congruente con lo solicitado. Por tanto, como ya se dijo, los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, así como de todos aquellos seguidos ante autoridades administrativas que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos previstos en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues la construcción de los derechos y obligaciones inmersos en ese derecho, están encaminadas a cumplir con dicha finalidad. En consecuencia, la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 718/2014, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que tiene el carácter de adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad pronunciarse al respecto, conforme al artículo 17 constitucional De esta forma, la violación reclamada por el impetrante reviste un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regulan el debido proceso y el derecho de acción, por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones meramente jurisdiccionales, las violaciones por omisión no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir el agravio alegado, no trasciende a los derechos sustantivos del quejoso. Cabe citar el criterio por contradicción sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Décima Época, con registro 2011580, que establece: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así las cosas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, en relación con el 107 fracción V, de la Ley de Amparo, a contrario sensu; con fundamento en el diverso 63, fracción V, se sobresee en el presente juicio. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones III, inciso b), VII, de la Carta Magna; 1, fracción I, 73, 74 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Teresa Ugarte Rodríguez, contra el acto y autoridad precisada en los considerandos segundo y tercero, por las razones expuestas en el último punto considerativo de esta resolución. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; catorce de junio de dos mil dieciséis. Transfiere audiencia constitucional Visto el estado procesal que guarda el presente sumario, del que se advierte en trece de junio del año en curso la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Toluca, Estado de México rindió su informe justificado en el presente sumario constitucional; por lo que se encuentra transcurriendo la vista a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, concedida a las partes, de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional; y toda vez que dicho proveído fue notificado en la lista que se fijó en los estrados de éste órgano de control constitucional el día de la fecha; en consecuencia, para no violar las reglas procedimentales que rigen al juicio de garantías, la audiencia constitucional se transfiere la audiencia constitucional y se señalan las DOCE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; trece de junio de dos mil dieciséis. Para conocimiento de las partes y manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista con el oficio suscrito por la PRESIDENTA DEL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, a través del cual rinde informe justificado y remite copias certificadas de las actuaciones laborales que obran en el expediente 762/2012 de su índice. Con dicho informe hágase nueva relación en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con Nicolás de Luna González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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