Teresita Dolores Ávila Torres
Expediente 959/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Juan de la Cruz Cruz
- Teresita Dolores Ávila Torres
- Nohemí del Cármen Contreras Lara
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del veinticinco de marzo al cinco de abril de dos mil veintiuno (termino computado tomando en consideración la notificación del acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, relativo a la reactivación de términos, conforme con lo previsto en el artículo 20 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19); transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para que la parte quejosa recurriera el proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, no se presentó promoción alguna en que se haya hecho uso del recurso de queja a que alude el artículo 97, fracción I, inciso a) de la ley de la materia; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 fracción I, inciso a) en relación con el 98 y 99 de la ley de materia y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo del expediente. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo, carece de valor jurídico e histórico y relevancia documental que amerite su conservación; además, no existen documentos originales. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años desde el tratamiento correspondiente de conformidad a lo dispuesto por el anotado Acuerdo. Notifíquese.
- Principal
Vista la Circular SECNO/8/2021 suscrita por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, cabe destacar que la fracción I, punto 2 de dicha Circular establece que una vez transcurrido el plazo del uno al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se reanudarán los plazos y términos procesales conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal; sin embargo, en posterior decisión la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal aprobó ampliar el plazo de que se trata, del diez al quince de febrero de dos mil veintiuno, según lo corrobora la Circular SECNO/9/2021, en lo que corresponde a la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelos, Guerrero, Querétaro, Nayarit, Hidalgo y Colima; y, finalmente, la circular SECNO/10/2021, estableció como fecha de inicio para reanudar los plazos, a partir del dieciocho de febrero del propio mes y año, para las entidades federativas enlistadas, exceptuando a los Estados de Guanajuato y Guerrero. En consecuencia, continúese con la tramitación del presente juicio de amparo en la etapa en que se encuentra, esto es, se levanta la suspensión de plazos y términos, la cual operará a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación por lista por lo que las partes estarán en aptitud de promover lo que en derecho corresponda, de preferencia y de estar a su alcance mediante el esquema de juicio en línea, en el entendido de que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, por lo que el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Ahora bien, considerando que el artículo 2 del citado Acuerdo General levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, aunado a que se trata de una suspensión de términos y plazos subsecuente, esto es, que no es la primera suspensión durante la contingencia sanitaria y que constituye un hecho notorio que a la fecha las labores jurisdiccionales han dejado de encontrarse suspendidas, así como la obligación de las partes de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, se ordena hacer de su conocimiento la reanudación que fue decretada, en términos del numeral 21 del propio Acuerdo General. Consecuentemente, y con apoyo además en los artículos 2, fracción II, 5 fracciones I y II, y 6, fracción II, del referido Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes la reanudación del presente expediente, mediante la publicación en lista a que hace referencia el numeral transcrito. Sin que escape a la vista la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, tal criterio establece que debe notificarse personalmente la resolución que ordena reanudar un procedimiento que se encuentra suspendido y no cuando todos los procedimientos dentro del órgano jurisdiccional se encontraban suspendidos con motivo de una contingencia sanitaria y se levanta la suspensión de plazos y términos al mismo tiempo de manera notoria. Máxime que, como se explicó, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal levantó la suspensión con precisiones que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. Además, dada la amplia difusión en la página de internet del Consejo de la Judicatura Federal de las Circulares y Acuerdos relacionados con los esquemas de contingencia, constituye un hecho notorio para los justiciables la fecha a partir de la cual las labores jurisdiccionales en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en particular del Noveno Circuito, han dejado de encontrarse suspendidas, lo que impacta en la obligación de revisar en forma periódica la lista a que hace referencia el artículo 29 de la Ley de Amparo, que se publica físicamente y en internet. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, la determinación de dieciséis de diciembre de dos mil veinte, que en síntesis dice: Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Demanda Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos del Secretario de Educación Pública del Gobierno del Estado de San Luis Potosí; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 959/2020-6. Representante común De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, téngase como representante común en el presente juicio de amparo a la primera quejosa de las nombradas. Precisión de actos Los quejosos precisan como actos reclamados, los siguientes: La omisión por parte de la Secretaria de Educación Pública de Gobierno del Estado de cubrirles el salario correspondiente al periodo del primero de enero de dos mil veinte al treinta de mayo de dos mil veinte. El cese de las amenazas constantes de privarlos de su salario del mes de diciembre de dos mil veinte. La omisión de garantizarles su trabajo en el año de dos mil veintiuno en protección a su derecho de preferencia, antigüedad y ascenso como derecho fundamental del trabajo. El cese de la generación de contratos de trabajo encubiertos con la figura de Asesor Externo Especializado y/o Voluntario del Programa Federal Proni (Programa Nacional de Ingles) asignados a algún centro escolar. Desechamiento de la demanda de amparo En concepto de esta Juzgadora, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1o y 5o, fracción II, todos de la Ley de Amparo...Respecto a la conducta reprochada a las responsables Secretaria de Educación de Gobierno del Estado, Gobernador del Estado, Coordinador Estatal del Programa Nacional de Ingles; debe decirse que para efectos del juicio de amparo, no tiene el carácter de acto de autoridad, toda vez que los actos que se les reclaman, devienen o derivan de una relación de coordinación entre particulares (patrón y trabajador) y no de un nexo jurídico de supra a subordinación, como enseguida se expondrá. Cabe señalar que del artículo 5° fracción II de la Ley de Amparo, se desprende que es autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente de hecho o de derecho que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior así lo establece la Jurisprudencia sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Tesis III.4o.T. J/3 (10a.), publicada en la página 1639, Tomo II, Marzo de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta... Asimismo, en la tesis aislada 2a. CC1V/2001, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a página treinta y nueve, Tomo: XIV, Noviembre de dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta... De donde también se sigue que para delimitar el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a decisión, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la parte promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúa en un plano superior. Caso concreto En el caso, del análisis de la demanda de amparo se evidencia que el acto reclamado por la parte quejosa esencialmente es la negativa a cubrirles el salario correspondiente al periodo del primero de enero de dos mil veinte al treinta de mayo de dos mil veinte, así como privarlos de su salario del mes de diciembre de dos mil veinte, la omisión de garantizarles su trabajo en el año de dos mil veintiuno en protección a su derecho de preferencia, antigüedad y ascenso, así como el cese de la generación de contratos de trabajo encubiertos con la figura de Asesor Externo Especializado y/o Voluntario del Programa Federal Proni (Programa Nacional de Ingles) asignados a algún centro escolar. Bajo el anterior contexto se tiene que dichas actuaciones se verificaron virtud al vínculo laboral que los une o unía, pues al respecto, los artículos 1, 5 y 7 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, disponen: "Artículo 1o. La presente ley es de observancia general y obligatoria en el Estado de San Luis Potosí y rige las relaciones de trabajo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y de los municipios, así como de los organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal o municipal con sus trabajadores." "Artículo 5o. Para efectos de la presente ley, se entenderán por instituciones públicas de gobierno, a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, a los municipios, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal y municipal." "Artículo 7o. Para efectos de la presente ley, se entiende por trabajador toda persona física que presta un servicio personal subordinado a las instituciones públicas a que se refiere el artículo 1o. de la misma, en virtud de nombramiento expedido por funcionario competente." De la interpretación armónica de dichos preceptos, se desprende el vínculo laboral que existe entre toda persona que presta un servicio a las instituciones públicas de gobierno y de los ayuntamientos; relación jurídica de trabajo que se encuentra plenamente reconocida por la ley para todos los efectos legales. En ese sentido, los quejosos aduce que comenzaron a prestar sus servicios personales y subordinados a la Secretaria de Educación de Gobierno del Estado en el año dos mil quince, como asesores al externos o voluntarios en el Programa Nacional de Ingles de dicha Secretaria; que al iniciar a laboral les dijeron que no tenían ninguna prestación de seguridad social, ni dados de alta al Registro Federal de Contribuyentes, lo cual aceptaron. Además, cabe recordar, que el apartado B del artículo 123 constitucional, regula la relación entre el Estado y empleado y establece las bases para que las autoridades responsables asuman una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el estado no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen la características propias de los actos de autoridad, sino como empleador. Al respecto, cabe citar por analogía, la Jurisprudencia P./J. 9/90, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y uno, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE. La contradicción entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (Compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACION LABORAL DE LOS." y la tesis de la Segunda Sala (Compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER i DE CESES DICTADOS CONTRA LOS", debe resolverse en favor de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se susciten entre los poderes de la unión y el gobierno del departamento del distrito federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este alto tribunal. No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga. En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovilidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los une con el estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral la relación y al estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que impugnarse en la vía de amparo." Por lo anterior, al ente frente al que se encuentra la parte quejosa y atribuye el acto combatido, no le reviste el carácter de autoridad para los efectos del juicio constitucional, sino de un patrón, ya que en las relaciones que el estado entabla con sus trabajadores, éste se encuentra en una posición similar a la de tal figura. En efecto, se trata de una relación de coordinación, en la que actúan en un mismo plano, esto es, en igualdad y por consiguiente el conflicto que de tal relación llegare a originarse deberá dilucidarse en los tribunales ordinarios correspondientes para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, encontrándose ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, y si bien es cierto tal ente puede actuar como autoridad frente a los gobernados, a efecto de cumplir sus funciones para las que fueron creadas, no menos lo es que también actúan como patrón, tratándose de su relación con los trabajadores, como en el presente caso. Resulta aplicable por razón de su contenido jurídico, el criterio I.60.T.26 L, emitido por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página trescientos cuarenta y siete, Tomo III, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Así mismo, el criterio emitido por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos diez, Tomo LXXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "TRABAJADORES DEL ESTADO, RELACIONES CONTRACTUALES DE LOS. Si se reclama en amparo la orden por la que se puso a disposición de la Comisión Mixta de Escalafón, cierta plaza, así como la ejecución de esa orden y la boletinación y exámenes correspondientes; debe decirse que las relaciones entre los trabajadores al servicio del estado y los titulares de las dependencias del ejecutivo, en lo que se refiere a la aplicación y cumplimiento del Estatuto Jurídico para los Empleados al Servicio de los Poderes de la Unión, son de orden contractual, pues regulan la forma en que se han de prestar los servicios y demás actividades de dichos trabajadores, sin que en esas relaciones los titulares intervengan con carácter de autoridad; de tal suerte que por éste, es improcedente el juicio de garantías, ya que éste, por su propia naturaleza, sólo tiende a garantizar a los individuos contra los actos de autoridades que violen en su perjuicio las garantías otorgadas por nuestra constitución federal. Por otra parte, los actos reclamados, atribuidos al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a la Comisión Mixta de Escalafón, deben ser discutidos en su legalidad, ante el Tribunal de Arbitraje, como lo dispone el artículo 99, fracción I, del Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues a dicho tribunal se le ha conferido jurisdicción para dirimir las controversias que se susciten respecto a la aplicación de dicho estatuto, lo que no puede hacer esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues por medio del juicio constitucional sólo puede establecerse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados." Sin que lo anterior depare perjuicio alguno a los quejosos, en tanto que, de conformidad con lo establecido por el artículo 102 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de San Luis Potosí, "Artículo 102. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje es un órgano con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en el dictado de sus fallos y con facultad jurisdiccional para resolver las controversias entre las instituciones públicas del Gobierno del Estado, ayuntamientos, organismos públicos descentralizados y empresas de participación estatal constituidas conforme a la ley, con sus trabajadores, derivados de las relaciones de trabajo y, en su caso, de los conflictos colectivos. Tendrá su residencia en la capital del Estado." Es decir el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, resulta competente para conocer y resolver, entre otras cuestiones, los conflictos que se susciten entre el Gobierno del Estado y sus trabajadores, conforme a las formalidades establecidas en el Procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. De ahí que queden expeditos sus derechos para que los haga valer conforme a sus intereses convengan. Por tanto, al quedar acreditado que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo. Domicilio y autorizados Por otra parte, con base en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en *****, en esta ciudad, y como autorizados para recibirlas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *****, y en términos restringidos del citado numeral a *****, toda vez que no tienen cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que estableció el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo General 24/2005 publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco. Consulta física de expedientes. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, en la modalidad en línea. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19. Uso de aparatos electrónicos. Con fundamento en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles y con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve, se faculta a las partes así como a sus autorizados, para imponerse de los acuerdos dictados en el juicio de amparo en que se actúa, a través de su reproducción con el uso de aparatos electrónicos de uso personal; esto es desde luego bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial que designe el Secretario de acuerdos respectivo, salvo que se trate de información confidencial o reservada. Hágase saber a las partes, la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico para consulta del expediente, debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no vulnerar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a las labores que esencialmente debe prestar. Lo anterior, previa constancia que se deje en autos. Notificaciones. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios Judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la presente determinación, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Acuerdo vía remota Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, ténganse recibidos y agréguense a los presentes autos los escritos de cuenta del quejoso, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo dictado el tres de diciembre de dos mil veinte, concretamente en: ".donde se provee respecto del cumplimiento que el suscrito realice respecto del requerimiento para señalar el domicilio actual y correcto de los terceros interesados en el presente juicio de amparo." ".donde se provee respecto de la solicitud del suscrito a fin de que se nombrara asesor jurídico a los terceros interesados." ".donde se provee respecto de nueve peticiones realizadas por el suscrito a fin de que se requiera información a la autoridad responsable a fin de estar en aptitud de emplazar a los terceros interesados en su domicilio." En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tienen interpuestos los recursos de queja que hace valer el quejoso ****, contra el proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, concretamente en los puntos precisados en líneas que anteceden. En términos de lo dispuesto por el artículo 101 de la Ley en comento, distribúyanse entre las partes copia de los escritos de queja, recabándose la constancia de notificación y entrega respectiva, a fin de que dentro del plazo de tres días señalen constancias que deban remitirse para resolver los referidos recursos; transcurrido el plazo, remítase, escrito original del mismo, informe sobre la materia de la impugnación al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. Por otra parte, para la sustanciación del aludido recurso de revisión y con base en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, del propio ente, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; motivado por las cargas de trabajo de este juzgado de Distrito, y por el número del personal autorizado para laborar, en atención a los principios de economía procesal, economía en el proceso y celeridad, además con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9, 21, 37, 71 y 74 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, póngase a disposición el acceso remoto al juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito. Para la operatividad de la referida autorización, la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, así como al órgano requirente, deberán acatar los lineamientos operativos descritos en la Circular CAR/02/CCNO/2020. Suspensión de procedimiento En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley de la materia, se ordena suspender el procedimiento en el presente juicio de amparo, hasta en tanto este Juzgado de Distrito reciba notificación de la resolución que se pronuncie sobre los recurso de queja hecho valer en el sumario en que se actúa, por tal motivo se deja sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se encontraba fijada para las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL SIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO comuníquese lo anterior a las partes. Notifíquese; hágase personalmente con excepción del recurrente.
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