Teresa Robledo Contreras

Expediente 624/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
624/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Teresa Robledo Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    ... Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 25/2020, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Causa estado Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del catorce al veinte de octubre del año en curso, transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de seis de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que haya hecho uso del recurso de queja a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), en relación con el 98 de la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Archivo En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. ... se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio, carece de valor jurídico e histórico y relevancia documental que amerite su conservación; además, no existen documentos originales. En consecuencia, en la carátula del expediente anótese la circunstancia de que es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte. Notifíquese....

  2. Principal

    Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Escrito de cuenta Téngase recibido el escrito a que se refiere la razón de cuenta, por medio del cual Teresa Robledo Contreras, da cumplimiento a la prevención impuesta en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso; atento a su contenido se provee: Vista la demanda de amparo y escrito aclaratorio de la parte quejosa, hoy procede acordar en los siguientes términos. Precisión de acto reclamado La quejosa precisa como actos reclamados los siguientes: A la Comisión Federal de Electricidad: Toda orden tendente al bloqueo, cancelación, eliminación del servicio eléctrico a la quejosa. El incumplimiento por parte de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de notificar a la quejosa de manera puntual cualquier acto tendente al bloqueo, cancelación, y eliminación del servicio eléctrico El corte de suministro de energía eléctrica. El cobro desproporcionado de la multa emitida por la autoridad responsable. Desechamiento de demanda En la especie se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de lo dispuesto en el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción XXIII del numeral 61, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en los que se establece lo siguiente:.... Como se aprecia de las normas transcritas, la acción de amparo procede única y exclusivamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales y las garantías para su protección, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos y garantías para que el juicio constitucional sea procedente, sino que es necesario que tal transgresión se atribuya a una autoridad. Ello, pues no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de que se trata, sino únicamente los actos de "autoridad". Ahora, del texto de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo se advierten dos supuestos para considerar a un sujeto como autoridad responsable, a saber: a) La autoridad que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica, o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. b) Los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De lo anterior, se colige que se atribuye la calidad de autoridad con independencia de la naturaleza formal del órgano o sujeto que emite el acto. Es decir, el concepto de autoridad responsable quedó desvinculado de su naturaleza formal y atiende ahora, al tipo de acto que se impugne, el cual debe ser susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, de forma unilateral y obligatoria, precisando que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, para definir cuándo se está en presencia de una autoridad para los efectos del juicio constitucional, debe tenerse en cuenta: a) La existencia de un ente y organismo del Estado, independientemente de su naturaleza formal; b) Que emita actos jurídicos, desde luego, derivados de las facultades que les confiera una norma jurídica u omita hacerlos, y c) Que cree, modifique o extinga una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que se establece en el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, pero resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la especie, la quejosa señaló como actos reclamados toda orden tendente al bloqueo, cancelación, eliminación del servicio eléctrico, el incumplimiento por parte de la autoridad responsable de cumplir con su obligación de notificar a la quejosa de manera puntual cualquier acto tendente al bloqueo, cancelación, y eliminación del servicio eléctrico, el corte de suministro de energía eléctrica, así como el cobro desproporcionado de la multa emitida por la autoridad responsable..... De las jurisprudencias invocadas, de carácter obligatorio para este Juzgado Federal en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo, se obtiene que los derechos y obligaciones que se derivan del contrato de suministro de energía eléctrica a los particulares, por parte de la empresa productiva del Estado o sus subsidiarias, tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial que se materializa en un contrato de adhesión, en el que los contratantes no se someten arbitraria y unilateralmente a las condiciones de la empresa, lo que se traduce en que el suministro de energía eléctrica no se ejerce en un plano de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, por lo que no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En esa medida, si derivado de la obligación de pago del suministro básico de energía eléctrica que la quejosa tiene contratado con la subsidiaria de la empresa productiva del Estado, dicha empresa efectuó una verificación y ajuste en la facturación de consumo de energía eléctrica, es claro que tales actos no son impugnables a través del juicio constitucional, en términos de los criterios jurisprudenciales emitidos por el Alto Tribunal, pues no pueden considerarse como actos de autoridad, al emanar de un vínculo de coordinación en donde el citado organismo actúa desprovisto de imperio. En efecto, al llevar a cabo la verificación y ajuste en la facturación de consumo por la prestación del servicio de energía eléctrica, la subsidiaria Comisión Federal de Electricidad, no actuó como autoridad, ni como particular en funciones de autoridad, pues no determinó por sí, la situación jurídica del quejoso en ejercicio de alguna atribución establecida en la ley, sino que actuó como particular, en tanto mantiene una relación comercial con el promovente del amparo, la cual a su vez se encuentra sujeta a la observancia de las disposiciones regulatorias expedidas por la Comisión Reguladora de Energía. En mérito de lo expuesto, en virtud de que la Comisión Federal de Electricidad, en la especie, no se configura como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Federal, así como con los diversos 1 y 5, fracción II, ambos del aludido ordenamiento legal, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada.... En este orden de ideas, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, procede el desechamiento de la presente demanda de garantías. Exhortación para que las partes señalen medios de contacto vías electrónica y telefónica. Por otra parte, acorde con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para proporcionen un correo electrónico y un número telefónico para facilitar la comunicación durante el trámite del presente asunto; lo que podrán realizar en cualquier momento. Consulta física de expedientes. De igual forma, hágase del conocimiento de las partes, que en el evento de que requieran consultar físicamente el presente expediente y/o sus constancias, deberán agotar el procedimiento de activación de atención al público, que a partir del tres de agosto del dos mil veinte estará disponible en el Portal de Servicios en línea micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", en el cual además de encontrar los teléfonos de los órganos jurisdiccionales, encontrara el sistema de "Agenda OJ" en la cual aparecerán las fechas y horarios disponibles de cada órgano jurisdiccional para la generación de citar para consultar expedientes, en la cual se generara un Código QR, que permitirá su acceso al órgano, en los términos previstos por los artículos 3 a 8, Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, en la modalidad en línea. Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 28 a 31 del multicitado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que, una vez realizados los trámites necesarios, se continué el presente sumario constitucional en la modalidad de juicio en línea, con el fin de salvaguardar la salud de las partes, ante la contingencia provocada por el virus COVID-19. Transparencia Luego, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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