Teresita de Jesus Sanchez Reyes

Expediente 2145/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2145/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Teresita de Jesus Sanchez Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de queja conforme al diverso numeral 97 de la citada legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado Federal, el quince de enero de dos mil dieciocho, en la que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA FIRME DICHO PROVEÍDO, para todos los efectos legales a que haya lugar; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, por medio del cual se Cuernavaca, Morelos, quince de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito presentado por la quejosa Teresita de Jesús Sánchez Reyes, a través del cual da cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos. Ahora, se procede a examinar la demanda de amparo de que se trata, así como el escrito de cuenta, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado artículo impone la obligación de examinar, dentro del término de veinticuatro horas, con todo detenimiento, el escrito de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, el deber de desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto. Sirve de apoyo por analogía y en virtud de que no contraviene las disposiciones de la Ley de Amparo, en cuanto al criterio, la jurisprudencia con número de registro: 180663, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, tomando en considerando que la promovente Teresita de Jesús Sánchez Reyes, señaló en su escrito inicial de demanda, como acto reclamado esencialmente el siguiente: "Lo constituye la resolución de fecha 05 cinco de Diciembre del alto 2017 dos mil diecisiete, emitida dentro del toca penal 137/2017-CO-4, por los Magistrados Integrantes de la Sala de Tercer Circuito, del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y por medio de la cual MODIFICAN el auto de apertura a juicio oral de fecha 18 dieciocho de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, emitido por la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, dentro de la causa penal número JCC/088/ 2017.". Luego, de los antecedentes del acto reclamado que bajo protesta de decir verdad manifiesta el promovente, se desprende lo siguiente: "1.- En fecha 13 de Julio del alto 2017, la Representación Social, presento escrito de acusación en contra de la suscrita Teresita de Jesús Sánchez Reyes, por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO cometido en agravio de OTHON DEL ROSAL PINEDA y ANGELICA JAZMIN RIOS VAZQUEZ, escrito en el cual además de presentar acusaci6n, la fiscalía oferto diversos medios de prueba, entre ellos la declaración de 24 testimoniales y de 10 periciales y entre estas últimas, ofertó la pericial en materia de Grafoscopía a cargo de la perito EIKER TAEKO GARCIA MARTINEZ, respecto at informe con número de llamado ZO-2090, de fecha 30 de enero del año 2017. 2.- Una vez que las partes fuimos notificadas del escrito de acusación presentado por la fiscalía, la C. Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en el estado de Morelos, señaló originalmente como una fecha diversa fecha para llevar a cabo la audiencia intermedia establecida en el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sin embargo, por diversos motivos, la audiencia fue diferida en varias ocasiones y finalmente el día 18 dieciocho de octubre del año 2017 dos mil diecisiete, se pudo llevar a cabo la misma. 3.-Así las cosas, en la audiencia intermedia celebrada el día 18 dieciocho de octubre del alto 2017 dos mil diecisiete, mi defensa solicitó la exclusión del medio de prueba consistente en la Pericial en materia de Grafoscopia a cargo de la perito EIKER TAEKO GARCIA MARTINEZ, relativa al informe con número de llamado ZO-2090, de fecha 30 de enero del año 2017, alegando que la misma fue obtenida con violación a derechos fundamentales de la suscrita además en contradicción a las disposiciones señaladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, fundando lo anterior en el hecho de que dentro de los antecedentes que obran en la carpeta de investigación se obtiene que en fecha 27 de enero del alto 2017, la de la voz fui entrevistada por la Policía de investigación criminal en carácter de testigo respecto a los hechos que dieron motivo a la investigación, posteriormente y en fecha 30 de enero del alto 2017, la misma Policía de Investigación Criminal, me recabó una nueva entrevista siendo que en ambas entrevistas, se omitió hacerme saber el derecho a que alude el artículo 360 del Código Nacional de Procedimientos Penales, respecto a que no estaba obligada a declarar sobre hechos en los que se les pudiera fincar responsabilidad, esto no obstante de que dentro de la entrevista que me recaba la Policía Ministerial a las 11:20 horas del día 30 de enero del año 2017, la suscrita le hice saber a la policía ministerial que estaban circulado en la red social información en ml contra respecto de que yo había participada en la desaparición o muerte de OTHÓN, es decir de una de las víctimas, y aun conociendo esta circunstancia, la Policía de Investigación criminal no me hizo saber que la suscrita no estaba obligada a declarar sobre hechos que se me pudiera fincar una responsabilidad, y contrario a ello, la propia Representación Social en su carácter de director de la investigación, consintiendo la indebida actuación de la Policía de Investigación y en contravención de mi derecho fundamental de defensa me volvió a tomar mi declaración ese mismo día 30 de enero del año 2017, pero a las 20:00 horas, esto en un supuesto carácter de testigo y omitiendo de igual forma hacerme saber que no tenía la obligación de declarar sobre hechos por los cuales se me pudiera fincar responsabilidad y yendo más allá, me protesto para que se condujera con verdad; y finalizada mi declaración ante el ordenó que se me recabara muestra caligráfica, sin hacerme saber que tenía derecho de abstenerme de proporcionarla y mucho menos el motivo por el cual me solicitaba dicha muestra, simulando tratarme como testigo pero en realidad de los actos de investigación que ordeno que me fueran practicados evidencian claramente que ya me estaba investigando como imputada, resultando según la perito que practico la pericial en Grafoscopia que existe identidad entre la muestra que me recabo con la escritura plasmada en el folder beige que fuera encontrado en el domicilio donde fueron halladas las víctimas, situación por la cual mi defensa alegó que dicho medio de prueba fue obtenido con violación a mis derechos fundamentales en específico el contenido en la fracción II del apartado B del Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de haber sido obtenida en contradicción a lo que establece los artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consecuentemente en términos de lo que establece la fracción II del Artículo 346 de la legislación procesal antes invocada, mi defensa solicitó la exclusión de dicho medio de prueba. 4.- Así las cosas y posterior a la oportunidad que la Juez Natural otorgó a las partes de debatir, en la misma audiencia intermedia celebrada en fecha 18 de octubre del año 2017, la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Tercer Distrito Judicial en el estado de Morelos, excluyó el medio de prueba consistente en la pericial en materia de Grafoscopia a cargo de la perito EIKER TAEKO GARCIA MARTINEZ, relativa al informe con número de llamado ZO-2090, de fecha 30 de enero del año 2017, por considerar que el mismo fue obtenido con violación a derechos fundamentales. 5.- Inconforme con la resolución emitida par la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, respecto de la exclusión del medio de prueba en comento, el Agente del Ministerio Publica y la Victima OTHON DEL ROSAL MONTOYA, interpusieron el recurso de apelación, expresando par escrito los agravios que estimaban les causaba en su perjuicio dicha resolución. 6.- En fecha 5 cinco de diciembre del año 2017 dos mil diecisiete, dentro del Toca Penal número 137/2017-CO-4, la Sala del Tercer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, resolver el recurso interpuesto, estableciendo en su primer resolutivo lo siguiente: "Se MODIFICA EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL, dictado en audiencia de fecha dieciocho de octubre del dos mil diecisiete, adicionándose la prueba PERICIAL EN MATERIA DE GRAFOSCOPIA A CARGO DEL PERITO EIKER TAEKO GARCÍA MARTÍNEZ ofrecida por la Fiscalía para desahogarse en el juicio oral de la causa penal al rubro citado, en los términos que las mismas se ofertaron como numerales 3 del apartado de Periciales.". De lo anterior, se advierte la indudable y manifiesta causa de improcedencia, por las siguientes consideraciones. El artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 72, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, interpretada a contrario sensu, establecen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.] Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] VII. Sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes; [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. En esas condiciones, si bien es cierto, en el caso que nos ocupa el acto reclamado fue dictado dentro del toca penal 137/2017-CO-4, deducido de la causa penal JCC/088/2017, lo cierto es, que se trata de la admisión de una prueba dentro del proceso penal, que a decir de la quejosa, fue admitida de manera ilegal; acto que puede ser reclamado, en su caso, cuando se promueva juicio de amparo directo, en que se podrá hacer valer la referida admisión de la prueba como una violación procesal, en términos de lo dispuesto por las fracciones VII y XII del numeral 172 de la Ley de Amparo, antes transcrito. En este contexto, la resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del toca penal 137/2017-CO-4, por los Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, que se señala como acto reclamado, constituye una violación reclamable en amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo, se podrá apreciar si la prueba admitida y desahogada en el proceso, trasciende al resultado del fallo que en su caso, concluya el proceso. Es decir, la resolución de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el cual la autoridad responsable modificó el auto de apertura a juicio oral de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, emitido por la Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, dentro de la causa penal JCC/088/2017, no es recurrible por medio del amparo indirecto, sino que deberá ser materia del amparo directo que en su oportunidad promueva la parte quejosa, en caso de que la resolución que se emita en el expediente penal le sea adverso a sus intereses, pudiendo en esta etapa, hacerse valer en la instancia constitucional directa, porque en esta etapa, no se conculcan los derechos subjetivos públicos de la parte quejosa, de manera inmediata, como así se advierte de la lectura integral del escrito de demanda. Por tanto, como se adelantó resulta improcedente el juicio biinstancial, pues la determinación adoptada por la autoridad responsable de momento sólo afecta derechos adjetivos o procesales de la parte quejosa, pues no afecta de modo directo e inmediato algún derecho sustantivo consagrado en la Constitución, pues en caso de obtener un fallo favorable, quedaría soslayada la violación procesal al resolverse en definitiva el juicio natural, y en caso de no ser así, podrían reclamarla en vía de amparo directo. Con fundamento en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del tres de abril del presente año, tiene aplicación al presente caso en términos de los artículos 52 y 53 fracción I de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, las pruebas ofrecidas por la hoy quejosa como la jurisprudencia por contradicción de Tesis número 24/92, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I Pleno, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable, los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto respecto de cualquier acto dentro del juicio". Asimismo, con fundamento en el artículo SEXTO transitorio de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del tres de abril del presente año, cobra aplicación en el presente caso por su contenido jurídico, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 74/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVIII, Septiembre de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, visible en la página 442, bajo el rubro y texto dice: "PRUEBA DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO. SU RECEPCIÓN INDEBIDA ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL, POR LO QUE EL EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO ES QUE SE DEJE INSUBSISTENTE EL LAUDO O SENTENCIA DEFINITIVA Y SE ORDENE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo que disponen los artículos 158 y 159 de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar el laudo, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. Ahora bien, en los casos en que se conceda por una cuestión de fondo el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo reclamado, y que se dicte otro reparando la violación cometida al dictarla (violaciones in judicando); en tanto que cuando se concede por una violación procesal, el efecto será dejar insubsistente la sentencia definitiva o laudo combatido y reponer el procedimiento a partir del momento en que se cometió la violación declarada inconstitucional (violaciones in procedendo), así la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis 4a./J. 14 (publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Cuarta Sala, Tomo IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989, página 337); determinó que la ilegal recepción de una prueba de la contraria se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, de donde se concluye que al tratarse de una violación procesal, el amparo que se conceda en este evento debe tener como efecto ordenar la reposición del procedimiento a partir de la actuación contraria a la ley, y no que en la nueva resolución se le niegue valor a la prueba". Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior en vía de orientación y a contrario sensu, la tesis número I.9o.A.12 A, sustentada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la novena época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el tomo XIII, mayo de 2001, en la página 1077, la que por rubro y texto dice: "AMPARO IMPROCEDENTE. EL ACUERDO INTRAPROCESAL QUE CAMBIA LA NATURALEZA DE UNA PRUEBA NO CONSTITUYE ACTO DEFINITIVO. Cuando el acto reclamado en un juicio de garantías consiste en una resolución emitida en un recurso de apelación interpuesto en contra de un proveído dictado en un juicio ordinario federal, que admitió la prueba testimonial ofrecida por la actora y concedió el término de tres días para su desahogo, con el apercibimiento de que en caso de incumplimiento se tendrían "por confesos a los testigos", el juicio de amparo resulta improcedente, porque el acto no reviste la categoría de que sus efectos sean de imposible reparación ni entraña consentimiento porque ella es impugnable hasta que se dicte la resolución definitiva que ponga fin al procedimiento en términos del artículo 158 de la Ley de Amparo". Así mismo, tiene aplicación en vía de orientación la Jurisprudencia P./J. 6/94, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, Abril de 1994, visible en la página 13, que a la letra dice: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." En consecuencia, al no ser recurrible por medio del amparo indirecto la determinación que aquí se impugna, es clara la concurrencia de la causa de improcedencia prevista por artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 172, fracciones VII y XII, de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sensu; razón por la cual y con fundamento en el artículo 113, del ordenamiento legal invocado, se desecha la demanda de amparo de que se trata, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, y porque no se conculcan los derechos subjetivos públicos de la parte quejosa de manera inmediata. En obvio de dilaciones procesales y a efecto de agilizar el proceso, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello, desde luego, previa toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas autorizadas para tal efecto. En el entendido que la entrega de las mismas quedará condicionada a la carga de trabajo del personal de este órgano jurisdiccional. Sin perjuicio de lo anterior, se permite a las partes la reproducción de las promociones y acuerdos que integren el expediente, mediante el uso de aparatos electrónicos. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Rosa María Luna Mercado, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Se notifica a la parte quejosa el acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, por medio del cual se notifica lo siguiente: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la demanda de amparo presentada por Teresita de Jesús Sánchez Reyes, contra actos de los Magistrados Integrantes de la Sala del Tercer Circuito del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, Morelos, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número que le corresponda. Ahora, previo a realizar pronunciamiento alguno sobre la demanda de cuenta, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con el numeral 114, fracciones I, II y V de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de la notificación del presente auto, por escrito: Manifieste si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones de Primera Instancia del Tercer Distrito Judicial del Estado, toda vez que es quien conoce de la causa penal JCC-088-2017, de donde deriva su acto reclamado. En el entendido de que de señalar como autoridad responsable al citado Juez, deberá exhibir una copia más de su escrito inicial de demanda para correrle traslado; ello con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo. De la misma manera, deberá exhibir las copias suficientes de su escrito mediante el cual desahoga la prevención formulada, ello para correr traslado a las partes. Lo anterior es así, para que el suscrito esté en aptitud de estudiar la procedencia o no de la demanda de amparo promovida. Tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 250, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, Junio de 1996, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables fracción III, por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." En la inteligencia que de no cumplir íntegramente con lo anterior, dentro del plazo indicado, no será llamada al presente juicio y continuará la secuela procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que índica en su escrito inicial de demanda y por autorizados en los términos solicitados a las personas que señala. Notifíquese personalmente.

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