Teresa Reyna Astudillo

Expediente 498/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
498/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
16/06/2021

Partes del expediente

  • Teresa Reyna Astudillo

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, por medio del cual acusa recibo del juicio de amparo 498/2021, promovido por ********************; asimismo, comunica que se acepta la competencia y se avoca al conocimiento del asunto. En mérito de lo que antecede, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el cual este Juzgado Federal, se declaró incompetente para conocer del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes, que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ******, contra actos del Congreso de la Unión y otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se provee como sigue: 1).- Registro de Demanda. Fórmese expediente, regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación. 3).- Incompetencia. Ahora bien, del estudio de la integridad del escrito de demanda, en función de la naturaleza de las normas reclamadas, se advierte que este Juzgado de Distrito, carece competencia por razón de materia para resolver este juicio constitucional, por lo que resulta aplicable el artículo 48, de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues al reclamarse normas que regulan el servicio de telecomunicaciones, estableciendo condiciones obligatorias para ser beneficiario del mismo, al tratarse de un tema especializado en el que se tiene que definir el contenido del derecho de acceso a las tecnologías de información y telecomunicación, para determinar bajo qué condiciones se puede restringir, es que le corresponde conocer de este tipo de actos a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. Precisamente, el once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones", en el cual se reguló la rama de telecomunicaciones, con el fin, entre otras cuestiones, de establecer órganos jurisdiccionales especializados, encargados de la aplicación de los marcos normativos que regulan esas actividades, para el efecto de brindar certeza jurídica y experticia en los temas que atañen a esta rama. Es por ello que a raíz de dicha reforma dentro del artículo 94 constitucional, en la parte relativa a la integración del Poder Judicial de la Federación, se adicionó que el Consejo de la Judicatura Federal determinaría el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito -actualmente Tribunales Colegiados de Apelación- y de los Juzgados de Distrito. Mientras que, en el precepto décimo segundo transitorio de la citada reforma constitucional se definió que el Consejo de la Judicatura Federal emitiría acuerdos de carácter general con relación a dichos órganos jurisdiccionales especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones; y fue con base en ello que propiamente el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, mediante el cual creó dos Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, con la finalidad de que dirimieran las controversias suscitadas en esas materias mediante la aplicación de conocimientos en esos tópicos. Ahora bien, teniendo en cuenta que son los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, los que cuentan con competencia por materia en los tópicos de telecomunicaciones, es que debe tenerse en cuenta que conforme al criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, con registro 167761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS", tratándose de la competencia por materia es la naturaleza del acto reclamado y de las autoridades responsables la que la define, sin importar lo que exponga la parte quejosa en sus conceptos de violación. En el entendido que en el caso específico de la especialización en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, es la naturaleza del acto la que preponderantemente determina la competencia por materia, con independencia de la naturaleza formal de las autoridades responsables, como se puede discernir de la jurisprudencia 2a./J. 84/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2012188, de rubro "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES", y de forma más desarrollada y expresa en la diversa jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), del Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con registro 2008591, del contenido siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." Así por ejemplo, la misma Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó al resolver la contradicción de tesis 49/20215, que en aquellos casos en que el acto reclamado consistiera en actos derivados de una solicitud de acceso a la información, respecto de cuestiones relacionadas con la materia de competencia económica, radiodifusión o telecomunicaciones, el órgano jurisdiccional de amparo competente para conocer de tales cuestiones era el especializado en esas materias, pues con independencia de la naturaleza formal de la autoridad que emitía tales determinaciones, lo trascendente era que en dichas decisiones se tenían que resolver sobre temas que resultaban propios a esa materia especializada, lo cual dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 119/2015, con número de registro 2010928, de rubro "ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO O SUS RECURSOS CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA DECISIÓN ADOPTADA RESPECTO DE UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN". Bajo tal contexto legal, en el caso, el quejoso reclama el artículo 180 QUATER de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del dieciséis de abril de dos mil veintiuno, el cual establece lo siguiente: "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto." Como se observa, tal disposición establece condiciones de acceso al servicio de telecomunicaciones, en tanto que fija requisitos obligatorios para que los usuarios puedan ser beneficiarios del mismo-como es su registro en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil-, esto es, que conforme a su naturaleza se trata de una norma que regula un aspecto propio de la materia de telecomunicaciones, pues establece condiciones obligatorias bajo las cuales se va a acceder a ese servicio. Precisamente, debe tenerse en cuenta que al resolver la acción de inconstitucionalidad 26/2006, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el servicio de telecomunicaciones (como es el de telefonía celular) no constituyen un servicio público, sino una actividad de interés social que el Estado debe vigilar y proteger para el debido cumplimiento de su función social; lo que tiene concordancia con en el tercer párrafo, así como el aparatado B, incisos II y IV, todos del artículo 6º constitucional, -los cuales además fueron adicionados con la reforma de once de junio de dos mil trece, que dio origen a los juzgados de distrito especializados en comento-, los cuales establecen el derecho de acceso a las telecomunicaciones (como es la de telefonía celular) de toda persona, y a su vez, la obligación del Estado Mexicano de garantizar tal derecho, de forma libre y sin injerencias arbitrarias. Luego, la naturaleza propia de la norma reclamada, es el regular una parte propia del derecho de las telecomunicaciones, al establecer condiciones para el acceso a las mismas. En consecuencia, se trata de un tema que es propio de la especialización por materia, en la rama de telecomunicaciones, pues dicha norma establece condiciones para el acceso a un servicio de telecomunicación (telefonía celular), por lo que para decidir sobre su constitucionalidad o no, es necesario determinar el contenido y alcance del derecho de acceso a las telecomunicaciones, para así definir si la condición establecida es arbitraria o bien si se ajusta a los parámetros que regulan en la materia, lo cual debe ser definido por órganos especializados en esta materia, quienes son los que cuentan con los conocimientos técnicos necesarios, para poder establecer las implicaciones de tal cuestión -el contenido del derecho de acceso a las telecomunicaciones-. Sin que se inadvierta que la parte quejosa reclame también que la norma en cuestión afecta su derecho humano a la intimidad y de protección de datos personales, no obstante, dicha cuestión se refiere a los conceptos de violación que sostiene la parte quejosa para sustentar su inconstitucionalidad, los cuales no definen la competencia por materia del órgano jurisdiccional de amparo. En efecto, ello se debe a que como ya se clarificó la naturaleza propia de la norma es establecer condiciones obligatorias para el acceso a un servicio de telecomunicación, y si bien dicha norma podría tener una eventual afectación al derecho a la intimidad e incidencia en la protección de datos personales, dichas cuestiones se tratan de una afectación secundaria o producida en vía de consecuencia, en tanto que el derecho a la intimidad y la protección de datos personales, no los ésta afectando directamente, pues en todo caso el destinatario de la norma puede optar por no contratar el servicio de telefonía móvil, y de esa forma no sería afectado su derecho a la intimidad ni tendría que otorgar su datos personales, mientras que de lo único que se podría quejar sería de la transgresión a su derecho de acceso a un servicio de telecomunicación (telefonía celular), al sustentar que se le está impidiendo dicho acceso con condiciones que considera injustas para el ejercicio de ese derecho, lo que clarifica que la incidencia de la norma, y por tanto, su naturaleza real, es la de fijar condiciones para el acceso a un servicio de telecomunicación. En similar sentido se pronunció el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones al resolver la contradicción de tesis 5/2018, en la que determinó que los actos de autoridades estatales y municipales que se relacionan con la normativa en materia de desarrollo urbano que regula la autorización de uso de suelo y que lo establecen como condición para instalar infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, se relacionan con las materias de telecomunicaciones y radiodifusión, al incidir en la prestación de estos servicios públicos, por lo que la competencia para conocer de dichos juicios de amparo indirecto corresponde a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, aspecto similar al que se analiza, en el que la norma impugnada establece condiciones obligatorias para el acceso a un servicio de telecomunicaciones, por lo que incide en la prestación de dicho servicio. Cabe señalar que el criterio del que se dio noticia, quedó plasmado en la jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/19 A (10a.), con registro 2019660, de la Décima Época Judicial, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, página 1522, del contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDOS CONTRA LA REGULACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO URBANO, ESTATAL O MUNICIPAL, CUANDO LAS DISPOSICIONES RELATIVAS INCIDAN EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. CORRESPONDE A LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia para conocer del juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en las jurisprudencias 2a./J. 119/2015 (10a.) y 2a./J. 84/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando a través del juicio de amparo indirecto se impugnen actos de autoridades estatales y municipales que regulen la materia de desarrollo urbano, la competencia se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, si la litis involucra cuestiones que, por aspectos técnicos, pudieran incidir en la adecuada prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, tales como la prohibición o restricción para instalar la infraestructura relativa en áreas determinadas de la localidad de que se trate." Lo expuesto máxime que constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al ordinal 2º de éste última, que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, ha admitido diversas demandas sobre éstos temas entre otras de la 271/2021 a la 275/2021, e incluso ha desechado algunas, como la 277/2021 de su índice. Consecuentemente, remítase el original del presente expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito especializados en esas materias, establecida en la Ciudad de México, para que en términos de lo dispuesto por el artículo 47, de la Ley de Amparo determine si acepta o no la competencia legal planteada y tenga a bien acusar el recibo correspondiente. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se deje en su lugar, remítanse los presentes autos, solicitando el acuse de recibo correspondiente. 3).- Respecto de la suspensión. No se realiza pronunciamiento alguno, en razón de que el acto reclamado no encuadra dentro de los supuestos establecidos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. 4).- Domicilio. Se tiene por señalado el domicilio que indica para oír y recibir notificaciones, y por autorizados en los términos que solicita a las personas que propone. Por otra parte, no ha lugar a tener por señalado el correo electrónico y número de teléfono celular que refiere para recibir notificaciones, toda vez que de conformidad con los artículos 64 y 66 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios Tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; el mismo debe proporcionarse únicamente para registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, y vincular al registro su firma electrónica; sin que ello implique la consulta de los expedientes electrónicos en los que tengan interés, ni tampoco la práctica de notificaciones electrónicas. Ello además, en razón de que conforme a lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, los mismos no se tratan de medios de notificación, sino que son formas especiales de comunicación no procesal en el juicio de amparo, por tanto, se le tiene por señalándolos para tal efecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mac Quetzin Murillón Duarte, secretario que autoriza y da fe.

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