Teresita de Jesús Núñez Sosa
Expediente 979/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 3 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 979/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 03/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Teresita de Jesús Núñez Sosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Mérida, Yucatán, tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el oficio 227/2021 signado por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 1390/2021-V-A, y comunica que no se le remitió el anexo que refiere el oficio de mérito. En consecuencia, mediante oficio que al efecto se gire, remítasele a la referida autoridad responsable el anexo consistente en las copias certificadas del expediente número 765/2017 de su índice, y pídasele el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el diez de diciembre de dos mil veinte, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo anexar a los cuadernos incidentales copia autorizada del presente proveído, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el último párrafo del citado numeral. Por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en las copias certificadas del expediente número 765/2017, que el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, remitió junto con su informe justificado; por tanto, devuélvase el mismo a la nombrada autoridad responsable, y pídasele el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
Mérida, Yucatán, quince de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el escrito signado por la quejosa Teresita de Jesús Nuñez Sosa, y en atención a su contenido, no habiendo impedimento legal alguno para ello, devuélvase el billete de depósito N-871053, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, sucursal en esta ciudad, por la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, moneda nacional), por el conducto que indica, debiendo recabarse la constancia correspondiente a su entrega. En la inteligencia de que deberá solicitar una cita a través del sistema "Agenda OJ" y generar su código QR para tales efectos; de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al modelo de atención presencial basado en citas. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con diecinueve minutos del diez de diciembre de dos mil veinte, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante la Secretaria con quien actúa, autoriza y da fe, licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaria hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, da cuenta con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, mismos que se pusieron a la vista con conocimiento de las partes. Seguidamente, el Juez acuerda: ténganse por rendidos en tiempo y forma los aludidos informes justificados de las responsables. ABIERTO EL PERÍODO DE PRUEBAS, la Secretaria da cuenta al Juez con la documental ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, con la documental presentada por el tercero interesado mediante escrito registrado con el número de promoción 11690, así como con las ofrecidas por las responsables, las cuales remitieron como apoyo a sus informes justificados. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza, por lo que se declara CERRADO ESTE PERÍODO. ABIERTO EL PERIODO DE ALEGATOS, la Secretaria da cuenta con los planteados por el tercero interesado mediante escritos registrados con los números de promoción 11111 y 11690, y hace constar que las demás partes no los formularon; por lo que el Juez acuerda: Visto lo informado por la Secretaría, se tienen por presentados los alegatos de la parte tercero interesado y declara CERRADO EL PERIODO. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar, ni pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; el Juez declara visto el expediente y se da por concluida la audiencia, y procede a dictar la siguiente resolución. Sol Hernández Cetina V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 979/2020-V-A, promovido por Teresita de Jesús Nuñez Sosa, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede esta ciudad, y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día veintidós siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado, compareció Teresita de Jesús Nuñez Sosa, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Director y Registrador Inmobiliario, ambos del Registro Público de la Propiedad del Estado, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el acto reclamado lo hizo consistir la parte quejosa, fundamentalmente en: La adjudicación directa del predio número quinientos cincuenta y ocho, letra "H", de la calle cuarenta y siete, de esta ciudad, dictada mediante oficio 4135/2019 en autos del juicio ejecutivo mercantil 765/2017 de su índice, y su ejecución. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos que se reclaman a las autoridades responsables, pues así lo reconocieron al rendir sus informes justificados, lo que se corrobora con las constancias que adjuntaron a sus informes. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al análisis de fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, en vigor. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en artículo artículo 61, fracción XII, en relación con el 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo." [.]. "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance destaca la emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en la página 1299, del Tomo XXVIII, septiembre de dos mil ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 168895 que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS QUE LO COMPONEN. El interés jurídico plasmado en el numeral 73, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, es considerado como uno de los presupuestos procesales para la procedencia del juicio de garantías, y debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación. Tales aspectos necesariamente deben conjugarse para cumplir con el presupuesto de procedencia de la causa constitucional por excelencia referida. Esto es, de faltar alguno, se está indefectiblemente en el supuesto de improcedencia descrito. Lo anterior porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, estar disfrutando de ese derecho sí afectado por la autoridad y no tener el respaldo legítimo y legal sobre él, ya que en este último tópico se estaría en el caso de un interés simple. Por ello, es requisito sine qua non (sin el cual no), se reúnan ambos supuestos". Así como la jurisprudencia VI. 2o. J/87 del entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 364, del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1990, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 224803, que a la letra reza: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona". Pues bien, respecto de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que de lo dispuesto por los numerales 107, fracción I, constitucional, 5º y 6° de la Ley de Amparo, en relación con el reproducido 61, fracción XII, de este propio ordenamiento, se desprende que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que por consiguiente implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que a la parte quejosa corresponde en relación a los derechos u obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado, pues, generalmente, la emisión de éste conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así pues, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia de nuestro Más Alto Tribunal ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del mismo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio fundamental (instancia de parte agraviada) se encuentra la prevista en la fracción XII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, el acto de autoridad cuya constitucionalidad se cuestiona no afecta los intereses jurídicos del quejoso, es decir, no lesiona la esfera de derechos de quien solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el entonces denominado Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 590, del Tomo XIII, junio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que también se comparte, con número de registro 212268 que dice: "INTERÉS JURÍDICO, EL ACTO RECLAMADO DEBE AFECTARLO DIRECTAMENTE. Para que el quejoso pueda pedir amparo contra un acto que estime afecta sus intereses jurídicos, el acto de autoridad debe dirigirse directamente en su contra, o de no ser así debe el cumplimiento en sí afectarle, aunque originalmente el acto no haya sido dirigido en su perjuicio, por lo que si el quejoso no se encuentra en ninguna de las dos hipótesis el amparo es improcedente en términos del artículo 73 fracción V de la ley de la materia." Para arribar a la conclusión apuntada, es menester dejar sentado que, en el presente asunto, la aquí quejosa en su calidad de persona extraña al procedimiento, señaló como acto reclamado la adjudicación directa del predio número quinientos cincuenta y ocho, letra "H", de la calle cuarenta y siete, de esta ciudad, dictada mediante oficio 4135/2019 en autos del juicio ejecutivo mercantil 765/2017 del índice del Juzgado Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y las demás consecuencias legales derivadas de la misma. Ahora bien, para determinar si la aquí quejosa realmente le resulta el carácter de tercero extraño en el procedimiento del que emanan los actos reclamados y que verdaderamente le asiste interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, como asevera en su escrito de demanda, debe analizarse íntegramente el material probatorio que obra en este expediente. Así, de las constancias que en copia certificada remitió el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial en el Estado de Yucatán, deducidas de las actuaciones que integran el juicio ejecutivo mercantil 765/2017, de su índice, y que tienen el pleno valor probatorio que les confieren los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende, en lo que aquí interesa, que la demanda que dio origen al citado procedimiento natural fue promovida por Rubén Felipe de Jesús Osorio Paredes, como endosatario en procuración de Ernesto Alberto Uc Chuc, en contra de Raúl Gaspar Rodríguez y Méndez, alias Raúl Gaspar Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez M. alias Raúl Gaspar; mismo que se encuentra en la fase de ejecución de sentencia. Como puede advertirse de lo anterior, la aquí quejosa realmente es ajena al juicio mercantil natural y, por tanto, para acreditar su interés jurídico en este asunto, debe demostrar que, aun sin ser parte en el propio procedimiento natural, sufre afectación en su esfera jurídica con algún acto emanado de tal procedimiento de origen, en concreto, debe acreditar fehacientemente que el derecho de propiedad que asevera tener sobre el inmueble que señala en su demanda de amparo, se ve real y jurídicamente agraviado con la adjudicación decretada en autos del señalado juicio mercantil. En este orden de ideas, de las constancias derivadas del juicio natural, destacan los siguientes antecedentes: 1. Escrito de fecha diecinueve de abril de dos mil diecisiete, suscrito por Rubén Felipe de Jesús Osorio Paredes, como endosatario en procuración de Ernesto Alberto Uc Chuc, mediante el cual promovió juicio ejecutivo mercantil en contra de Raúl Gaspar Rodríguez y Méndez, alias Raúl Gaspar Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez M. alias Raúl Gaspar, (fojas 1 y 2, anexo). 2. Acuerdo de fecha doce de junio de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el que, entre otras cosas, admitió a trámite la demanda, despachó auto de ejecución con efectos de mandamiento para que la parte deudora sea requerida de pago de la suma demandada en el acto de la diligencia y de no hacerlo se le embargaran bienes de su propiedad, que bastaran para garantizar lo reclamado y los emplazara a juicio (fojas 11 y 12, anexo). 3. Acta levantada el día veintitrés de junio de dos mil diecisiete, por el actuario adscrito a la Central de actuaria de los juzgados civiles, mercantiles y familiares del primer departamento judicial del Estado, residente en esta ciudad, con motivo del desahogo de la diligencia ordenada, de la que se advierte que bajo la estricta responsabilidad de la parte actora, se trabó formal embargo respecto del predio número quinientos cincuenta y ocho letra "H", de la calle cuarenta y siete, de la localidad y municipio de Mérida, inscrito a folio electrónico 451461, del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, como de la propiedad del demandado Raúl Gaspar Rodríguez y Méndez, alias Raúl Gaspar Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez M. alias Raúl Gaspar (fojas 13 y 14, anexo). Sentado lo anterior, tenemos que para acreditar su interés jurídico en su calidad de tercero extraña a juicio, esto es, su derecho de propiedad, la peticionaria del amparo exhibió original del contrato de promesa compraventa celebrado por Raúl Gaspar Rodríguez y Méndez, alias Raúl Gaspar Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez Méndez alias Raúl Rodríguez M. alias Raúl Gaspar, a favor de Teresita de Jesús Núñez Sosa (quejosa), respecto del predio marcado con el número quinientos cincuenta y ocho letra "H", de la calle cuarenta y siete, de la localidad y municipio de Mérida, de fecha doce de agosto de dos mil dieciséis, firmada ante la fe del Notario Público Número Cuarenta y ocho del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Sin embargo, esta prueba documental, por sí sola, es un simple indicio que resulta insuficiente para probar plenamente el acto jurídico que en el mismo se describe, ya que si bien adjunto a dicho contrato una certificación notarial; también lo es, que no puede considerarse por ello un documento que haga prueba plena, de conformidad con el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, toda vez que dicha certificación, si bien contiene la firma del fedatario y un sello que contiene "ABOG. GUSTAVO A. MONFORTE LUJAN, NOTARIA PÚBLICA No. 48 ESTADO DE YUCATÁN"; lo cierto es que no da plena certeza del contenido del contrato, pues se desprende que la misma se hace constar lo siguiente: "Que el documento que antecede constante de una hoja útil fue suscrito por los señores RAUL RODRIGUEZ Y MENDEZ, ALIAS, RAUL GASPAR, ALIAS, RAIL GASPAR RODRIGUEZ MENDEZ, ALIAS, RAUL RODRIGUEZ M. ALIAS, RAUL RODRIGUEZ MENDEZ y TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ MENDEZ, quienes se identifican con sus credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, que en su anverso contiene una fotografía que coincide con sus rasgos fisonómicos, documentos que a mi juicio son fehacientes para acreditar sus identidades y habiendo firmado de su puño y letra el presente documento por los señores RAUL GASPAR RODRIGUEZ Y MENDEZ, ALIAS, RAUL GASPAR, ALIAS, RAUL GASPAR RODRIGUEZ MENDES, ALIAS, RAUL RODRIGUEZ M. ALIAS, RAUL RODRIGUEZ MENDEZ y TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ MENDEZ, el suscrito Notario hace constar: que la presente certificación versa única y exclusivamente sobre la identidad y capacidad de los comparecientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Los señores RAUL GASPAR RODRIGUEZ Y MENDEZ, ALIAS, RAUL GASPAR, ALIAS, RAUL GASPAR RODRIGUEZ MENDES, ALIAS, RAUL RODRIGUEZ M. ALIAS, RAUL RODRIGUEZ MENDEZ y TERESITA DE JESUS RODRIGUEZ MENDEZ, asumen la responsabilidad que pueda generarse por el documento que lo contiene. Doy fe. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que un documento tendrá fecha cierta cuando se reúnen cualquiera de las siguientes características: a) Desde el momento de la inscripción del documento en el Registro Público. b) Desde el momento en que el documento privado se entregue a un funcionario en razón de su oficio. c) Desde la muerte de cualquiera de los firmantes del contrato correspondiente. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 180, del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 913162, que dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes." Por tanto, debe analizarse si el documento presentado, encuadra en el supuesto precisado en el inciso b), es decir, que se presente el documento a un funcionario en razón de su oficio. De acuerdo con la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, entre las funciones de los Notarios fuera del protocolo, tal y como lo establece el artículo 110 se encuentra la siguiente: "Artículo 110. Los notarios públicos únicamente podrán realizar actos fuera de su protocolo en los casos siguientes: I.- Para certificar firmas o dar fe pública de la ratificación de las mismas; Ahora bien, cuando las partes de un contrato privado comparecen ante un notario únicamente para firmar y ratificarlo, su certificación no implica la verificación que el contenido del contrato privado se ajustó a las leyes, precisamente porque no participó en su autorización; por lo que en ese sentido, el fedatario únicamente certifica que las firmas que obran en el documento, fueron hechas por las partes y que éstas se presentaron ante él para ratificarlas. En efecto, para ello era menester no solo que el documento ostente sello y firma del fedatario público, sino la fecha en que se firmó o ratificó ante él, así como la identificación de quienes intervinieron en su celebración, pues sino constan estos datos no puede inferirse que fue en la fecha en que los celebrantes asientan que firmaron el citado contrato -doce de agosto de dos mil dieciséis-, efectivamente se hubiese llevado a cabo, toda vez que se trata de un documento celebrado entre particulares, no elaborado por y ante la presencia de fedatario público. En el caso, de la lectura integral del documento en análisis, particularmente respecto a la certificación notarial, se advierte que el fedatario no asentó los datos de identificación de las credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral, y si bien las adjuntó a la certificación fue en copias simples, pues únicamente contienen el sello de la notaria, sin firma del fedatario, con lo que incumple lo establecido en el artículo 49, fracción I, de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán , pues debió anexar copia certificada de las mismas. En ese mismo tenor, no se advierte la forma en la que el fedatario se cercioró de que RAUL RODRIGUEZ Y MENDEZ, ALIAS, RAUL GASPAR, ALIAS, RAIL GASPAR RODRIGUEZ MENDEZ, ALIAS, RAUL RODRIGUEZ M. ALIAS, RAUL RODRIGUEZ MENDEZ fuese propietario del predio número marcado con el número quinientos cincuenta y ocho letra "H", de la calle cuarenta y siete, de la localidad y municipio de Mérida, de esta ciudad, como era su deber, pues conforme al artículo 2 de la Ley del Notariado del Estado de Yucatán, los notarios tienen fe pública en los actos en que intervienen con motivo de sus funciones y precisamente entre ellas se encuentra la de asegurarse de la voluntad y capacidad de los comparecientes para la celebración del acto o convenio de que se trate, como lo establece el artículo 49, fracción III, de la referida Ley. Se suma a lo anterior, que la certificación realizada por el Notario Público se encuentra en una hoja distinta a la del contrato de promesa de compraventa, siendo que la misma no contiene dato alguno que la identifique como del contrato, pues únicamente contiene el nombre de los firmantes; aunado a ello, como quedó antes señalado, se tiene que en dicha certificación no se asentaron los datos de identificación de los contratantes, y si bien se adjuntó al documento copia de sus identificaciones, éstas únicamente contienen un sello de la notaría la cual carece de la firma del Notario. Ante ello, se estima que dicho documento no cumple con los requisitos legales necesarios para tener fuerza probatoria plena, pues sólo genera simple presunción de la existencia del documento que reproduce, pero sin que sea bastante, ya que no se encuentra adminiculado con otros elementos probatorios distintos, para justificar el acto jurídico que se pretende demostrar. En apoyo de esta convicción, se cita por analogía la tesis P. XXXIX/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 472, del Tomo III, Marzo de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 200193, que establece: "TESTIMONIOS NOTARIALES. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER (LEY DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDERAL). De acuerdo con los artículos 93, 94, 95 y 105 de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, los testimonios expedidos por notario público, son copias en las que se transcribe íntegramente una escritura o un acta notarial y se transcriben o incluyen reproducidos los documentos anexos que obran en el apéndice, debiendo contener como requisitos los siguientes: a). Las hojas que integren un testimonio irán numeradas progresivamente y llevarán al margen la rúbrica y sello del notario. b). Al final de cada testimonio se hará constar si es el primero, segundo o ulterior número ordinal. c). El nombre del o de los que hayan intervenido en la operación y que hayan solicitado su expedición, y d). El número de páginas del testimonio. Ahora bien, si en el testimonio no consta el cumplimiento de los requisitos mencionados, el testimonio carece de validez y valor probatorio pleno, ya que no se cubren los requisitos de validez que contempla el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio de amparo, resultando no aptos para demostrar en el juicio la existencia de los supuestos de facto de los que depende el interés jurídico del quejoso." Consecuentemente, al no acreditarse fehacientemente la propiedad y posesión que aduce tener la quejosa respecto del bien inmueble referido, se estima que carece de interés jurídico para promover la instancia constitucional. En ese contexto, tomando en consideración que el interés jurídico debe constar debidamente probado y no inferirse con base en presunciones, se llega a la conclusión de que en la especie no se acredita el referido extremo. Cobra aplicación a lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala del al Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo: 82, octubre de 1994, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Octava Época, cuyo rubro y contenido expresa: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." Por tanto, al haberse actualizado la causa de improcedencia del juicio constitucional invocada en el presente considerando, motiva decretar, con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita, el sobreseimiento en este juicio. Lo que se hace extensivo a los actos atribuidos de ejecución reclamados, al no impugnarse por vicios propios, sino como consecuencias del embargo reclamado. Se cita la tesis de jurisprudencia número 231, consultable a foja 156, Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del rubro y texto siguiente: "EJECUCION, ACTOS DE. SOBRESEIMIENTO. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a las autoridades que sean o que tengan el carácter de ejecutoras de los mismos actos, porque debiendo sobreseerse con respecto a aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución". Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Y la diversa 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 195744, que indica: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Teresita de Jesús Nuñez Sosa, en contra de los actos que reclama al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Director y Registrador Inmobiliario, ambos del Registro Público de la Propiedad del Estado, todos con sede en esta ciudad, por los motivos precisados en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE.
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