Teresita de Jesus Gorocica Angulo

Expediente 287/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
287/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Teresita de Jesus Gorocica Angulo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el oficio signado por el Director de lo Contencioso, adscrito a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, autoridad responsable en el presente asunto, mediante el cual solicita la expedición de copias certificadas de las constancias que relaciona en su oficio de cuenta. Al respecto, tal como se señaló en proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramita vía electrónica, esto es, los acuerdos dictados en el mismo únicamente obran en el expediente electrónico. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3° de la ley de la materia, únicamente se autoriza la expedición de copias certificadas relativas a actuaciones previas a la entrada en vigor del acuerdo en cita. Pues respecto a las actuaciones posteriores, dígase al oficiante que se encuentra en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido de que las que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas. Lo anterior, con fundamento en el a artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la notificación de la sentencia dictada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se realizó a la parte que le pudiera causar perjuicio por lista de estrados el día veintisiete de junio del año en curso; consecuentemente, ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo, se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo de este Juzgado Federal, el cuaderno incidental respectivo, adjuntándole para tal efecto copia autorizada del presente acuerdo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de DESTRUCCIÓN, PUES SE NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 20, fracción III, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en dicho numeral, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Sin que sea óbice para esta autoridad juzgadora decretar que ha causado ejecutoria la determinación señalada en líneas que anteceden, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios por medio de los cuales se notificó la sentencia a las autoridades responsables foráneas, ya que dicha resolución sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé para revocar o modificar el acto atribuido a las autoridades señaladas como responsables, siendo que en relación dichas autoridades, debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que ésta sólo podrá interponer recurso de revisión en contra de las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, y que por tanto, no afecta el interés que en un momento determinado pudieran tener las autoridades en que su acto subsista. Es aplicable al caso, la Tesis Aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con nueve minutos del veintiséis de junio de dos mil veintitrés, estando en audiencia pública el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido de la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, procede a celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Abierta la audiencia de ley, la Secretaría hace constar la inasistencia de las partes. Acto continuo, hace una relación de todas y cada una de las constancias que se encuentran integradas al juicio de amparo en que se actúa, y da cuenta con el informe justificado rendido por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, mismo que se puso a la vista con conocimiento de las partes, y se informa que las autoridades Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, no rindieron sus informes justificados, no obstante obran en autos las tarjetas de acuse de recibo respecto de los oficios con los que fueron requeridos. Seguidamente, el Juez acuerda: ténganse por rendido en tiempo y forma el aludido informe de la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, y por omisas al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México. Por otra parte, abierto el período de pruebas, la Secretaria da cuenta al Juez con las documentales que la parte quejosa adjuntó a su escrito de demanda. A lo que el Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que quedan desahogadas por su propia y especial naturaleza. Con lo anterior, se declara cerrado este período. A continuación, abierta la etapa de alegatos, la Secretaria certifica que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. A lo que el Juez acuerda: téngase por realizada la certificación de la Secretaria. Seguidamente, no habiendo diligencias por desahogar, ni pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal, el Juez declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 287/2023-V-B, promovido por ******************** contra los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el veintisiete de febrero siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Teresita de Jesús Gorocica Angulo; a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto que atribuye al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud y Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, todos con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal admitió de la demanda de amparo, la que se registró con el número 287/2023-V-B; se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pidió su informe justificado a las autoridades responsables; y, finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de la Litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar el acto reclamado que constituye la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que los actos reclamados, lo hizo consistir la parte quejosa en: Del Presidente Constitucional de lo Estados Unidos Mexicanos: La expedición y firma del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, en sus artículos 1, 2 fracciones VI Ter y VII, 33 fracción II Bis, 40 fracciones IX, XVIII 50 Bis y 79 fracción I. Del Secretario de Salud: La expedición y firma del Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta en sus artículos UNO, DOS, TRES y su anexo. Del Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios: La expedición y publicación del Manual de Identidad Gráfica de Señalización de los Espacios 100% libres de humo de Tabaco y Emisiones. La aplicación del Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Comisionado para la Protección contra Riesgos Sanitarios, con sede en la Ciudad de México, pues no obstante lo negó al rendir su informe justificado, realizó diversas manifestaciones de donde se desprende su certeza. Cobra aplicación la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Epoca del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, el Presidente Constitucional de lo Estados Unidos Mexicanos y Secretario de Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, no rindieron sus correspondientes informes justificados en este juicio, no obstante haber sido requeridos oportunamente mediante oficios 4491/2023 y 8849/2023, según se desprende de los correspondientes acuses de recibos (fojas 72 y 73), por lo que con fundamento en el artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que se les reclaman. Máxime que los actos reclamados se hacen consistir en leyes, en tal virtud, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Resulta aplicable en lo conducente, el criterio que sostenido en la jurisprudencia 2ª/J.65/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de dos mil, página 260, que establece: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También resulta aplicable la tesis visible en la página 205, del tomo XV-I, febrero de 1995, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal, la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas." CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, ya sea de oficio o que lo alegue alguna de las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5, fracción I, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicado en sentido contrario. Los numerales acabados de señalar, establecen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. (.)" Constitución Federal "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso. Tratándose de amparo contra leyes, las normas jurídicas pueden ser impugnadas según sea su naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concretice la aplicación al particular de la norma en cuestión (heteroaplicativas). En cualquier caso, debe quedar acreditado que las normas generales reclamadas produjeron efectos en la esfera jurídica de quien solicitó la protección constitucional, porque su entrada en vigor produjo efectos de inmediato, o bien, porque se llevaron a cabo por una actuación, ya sea que se trate de un acto de autoridad o que, tratándose de actos de un particular, éstos vinculen al peticionario a la ley, por actualizarse los supuestos de la norma. Es decir, para que una norma autoaplicativa, o bien, heteroaplicativa, produzca efectos en la esfera jurídica de un gobernado, éste debe tener incorporado el derecho afectado por la misma (interés jurídico), pues si quien promueve el juicio de amparo no demuestra esa titularidad o la afectación a su esfera de derechos, carece de interés jurídico para combatir acto o norma alguna. El criterio de clasificación de ambos tipos de normas gira alrededor del concepto de "individualización incondicionada"; se ha entendido la noción de norma autoaplicativa, como aquella que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, con lo que se superó la antigua idea de "autoejecución", con la cual se explicaba esta categoría de normas. Es decir, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada. En cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 55/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Julio de 1997, página 5, Materias(s): Constitucional, Común, con registro digital 198200, que es del tenor siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En virtud de las diferencias existentes entre una ley de carácter autoaplicativo y otra de orden heteroaplicativo, en el supuesto de la norma autoaplicativa, el estudio de la afectación jurídica debe partir de la premisa de que la norma ocasionó agravio al particular desde el inicio de su vigencia. Mientras que en el caso de leyes heteroaplicativas, el examen del perjuicio al interés jurídico del gobernado es a partir del agravio que produce el acto de aplicación de dichas leyes, debido a que éstas no causan perjuicio por su sola vigencia, sino que es necesaria la existencia de la condición que materializa los efectos perjudiciales en agravio del particular que, con motivo de esa condición, ve individualizado en su perjuicio el mandato dispuesto en tales normas. Cabe señalar que el análisis del carácter autoaplicativo o no de una ley, corresponde al Juzgador llevarlo a cabo, para lo cual debe atender al texto del ordenamiento tildado de inconstitucional; por lo que en esas condiciones, no puede dejarse a criterio de la parte quejosa el determinar la naturaleza de las normas cuya constitucionalidad se reclama, esto conforme a la tesis aislada 1796, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Const., P.R. SCJN, página 1239, con registro digital 232592, que es del tenor siguiente: "LEYES. IMPUGNACION POR SU SOLA EXPEDICION. Si el acto reclamado se hace consistir en la sola expedición, promulgación y publicación de una ley, no basta que sea considerada como inconstitucional por la parte quejosa, sino que debe sujetarse tal impugnación a que se trate de leyes autoaplicativas, como lo señala la tesis de jurisprudencia que con el número 72 aparece publicada en la página 178 del Apéndice de Jurisprudencia 1917-1975, y dicho carácter autoaplicativo no queda a criterio del quejoso, sino que el juzgador debe atender al texto mismo de la ley impugnada, para ver si tiene o no el carácter de autoaplicativa". En ese contexto, conviene destacar que los artículos que se impugnan, señalan lo siguiente: Del Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco: Artículo 1.- El presente Reglamento tiene por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. Este Reglamento es de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional y sus disposiciones son de orden público e interés social. Artículo 2.- ... VI Bis. EXHIBICIÓN DIRECTA, es la colocación de los productos de tabaco a través de estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, al interior de los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos directamente, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley; VI Ter. EXHIBICIÓN INDIRECTA, es la colocación o almacenamiento de los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo, lo cual se considera una acción comercial de publicidad y promoción, en términos del artículo 6, fracción XXII, de la Ley; VII. FUMAR, al acto de inhalar y exhalar humo de un producto de tabaco e incluye el hecho de estar en posesión o control de un producto de tabaco en combustión o calentamiento, incluidos productos de nicotina que generen emisiones; Artículo 33.- Los puntos de venta de puros deberán cumplir con los requisitos siguientes: II Bis. Queda prohibida la exhibición directa o indirecta de los productos elaborados con tabaco conforme al artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento. Los puntos de venta a que se refiere el presente artículo deberán dar cumplimiento a las disposiciones del artículo 50 Bis de este Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 40.- Queda prohibido realizar toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos elaborados con tabaco, en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación y difusión en términos del artículo 23 de la Ley, por lo que quedan comprendidas, en otras acciones, las siguientes: IX. La exhibición directa o indirecta de los productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento; XII. La exhibición directa o indirecta de productos de tabaco en términos de las fracciones VI Bis y VI Ter del artículo 2 del presente Reglamento en espacios de concurrencia colectiva, instituciones educativas públicas y privadas, así como la mera colocación de productos de tabaco o elementos de la marca que los identifiquen en dichos espacios para fomentar directa o indirectamente su venta, consumo y suministro; XVIII. Establecer en el diseño externo de los cigarrillos, puros y otros productos del tabaco algún elemento gráfico que puedan dar un atractivo visual a su apariencia; Artículo 50 Bis. En los puntos de venta y demás lugares en los que se comercialicen, vendan, distribuyan, suministren o expendan productos de tabaco queda prohibida la exhibición directa o indirecta de dichos productos en términos del artículo 2, fracciones VI Bis y VI Ter, de este Reglamento, lo cual es conforme al artículo 23 de la Ley. Para la comercialización de los productos de tabaco deberá realizarse a través de una lista textual y escrita de estos productos con sus precios, sin logotipos, sellos o marcas. Dicha lista de comercialización deberá cumplir con los requisitos y características que establezca la Secretaría mediante disposiciones generales que al efecto emita, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 79.- ... I. La suspensión de la publicidad, promoción y patrocinio, así como de los trabajos o servicios; será total y permanente; Del Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta en sus artículos UNO, DOS, TRES y su anexo. ARTÍCULO PRIMERO. Se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. ARTÍCULO SEGUNDO. Esta lista textual y escrita deberá ser impresa en una o varias hojas de papel bond con fondo blanco tamaño carta, en orientación horizontal, contar con una dimensión total de veintisiete punto nueve (27.9) centímetros de largo por veintiuno punto cincuenta y nueve (21.59) centímetros de ancho, deberá ser estampada en formato de altas y bajas, tipografía Arial tamaño 12, en color negro sin interlineado, alineación a la izquierda, sobre fondo blanco, sin logotipos, sellos, colores, imágenes o cualquier elemento o contenido visual que emule a alguna identidad comercial o los elementos de las marcas de los productos del tabaco. ARTÍCULO TERCERO. La distribución de los elementos característicos que contenga esta lista textual y escrita con la descripción y los precios de los productos de tabaco, deberá presentarse en dos columnas en una extensión máxima de 60 líneas por hoja, tal y como se muestra en el Anexo del presente Acuerdo. TRANSITORIO ÚNICO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente en que lo haga el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2022. Dado en la Ciudad de México, a once de enero de dos mil veintitrés.- El Secretario de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela.- Rúbrica. ANEXO DEL ACUERDO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS CON LAS QUE DEBERÁ CONTAR LA LISTA TEXTUAL Y ESCRITA DE LOS PRODUCTOS DE TABACO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA. LISTA DE PRODUCTOS DEL TABACO PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN LOS PUNTOS DE VENTA* 1 Producto de tabaco $ 31 Producto de tabaco $ 2 Producto de tabaco $ 32 Producto de tabaco $ 3 Producto de tabaco $ 33 Producto de tabaco $ 4 Producto de tabaco $ 34 Producto de tabaco $ 5 Producto de tabaco $ 35 Producto de tabaco $ 6 Producto de tabaco $ 36 Producto de tabaco $ 7 Producto de tabaco $ 37 Producto de tabaco $ 8 Producto de tabaco $ 38 Producto de tabaco $ 9 Producto de tabaco $ 39 Producto de tabaco $ 10 Producto de tabaco $ 40 Producto de tabaco $ 11 Producto de tabaco $ 41 Producto de tabaco $ 12 Producto de tabaco $ 42 Producto de tabaco $ 13 Producto de tabaco $ 43 Producto de tabaco $ 14 Producto de tabaco $ 44 Producto de tabaco $ 15 Producto de tabaco $ 45 Producto de tabaco $ 16 Producto de tabaco $ 46 Producto de tabaco $ 17 Producto de tabaco $ 47 Producto de tabaco $ 18 Producto de tabaco $ 48 Producto de tabaco $ 19 Producto de tabaco $ 49 Producto de tabaco $ 20 Producto de tabaco $ 50 Producto de tabaco $ 21 Producto de tabaco $ 51 Producto de tabaco $ 22 Producto de tabaco $ 52 Producto de tabaco $ 23 Producto de tabaco $ 53 Producto de tabaco $ 24 Producto de tabaco $ 54 Producto de tabaco $ 25 Producto de tabaco $ 55 Producto de tabaco $ 26 Producto de tabaco $ 56 Producto de tabaco $ 27 Producto de tabaco $ 57 Producto de tabaco $ 28 Producto de tabaco $ 58 Producto de tabaco $ 29 Producto de tabaco $ 59 Producto de tabaco $ 30 Producto de tabaco $ 60 Producto de tabaco $ *Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 50 Bis del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, y el Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta. En ese contexto, se advierte que dichos numerales tienen por objeto establecer el control, fomento y vigilancia sanitaria de los productos del tabaco, su elaboración, fabricación, importación y prohibiciones en toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de los mismos, así como la regulación para la protección contra la exposición al humo de tabaco y sus emisiones. De ahí que resulte incuestionable que las nuevas disposiciones impugnadas constituyen una norma de naturaleza autoaplicativa, pues con su sola entrada en vigor, obliga a las personas físicas o morales, que se dediquen a la venta de los productos del tabaco como puros y cigarro, o sus alternativas, se desempeñen en los términos ahí señalados. Una vez establecido lo anterior, es menester señalar que tratándose de leyes autoaplicativas, como en el caso que nos ocupa, el gobernado tendrá la oportunidad de impugnarlas dentro de los treinta días contados a partir de la fecha en que cobre vigencia la misma; o bien, dentro los quince días contados a partir del primer acto de aplicación de la norma. En ese sentido, del ocurso constitucional se desprende que la parte quejosa expresamente acudió al juicio de amparo a fin de impugnar los decretos señalados como actos reclamados, lo que si bien como ya se vio le está permitido, lo cierto es que tal supuesto trae consigo la obligación del inconforme de acreditar fehacientemente la afectación que sufre con la publicación y entrada en vigor de las normas. Sin embargo, de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que no obra documento alguno por el cual la parte impetrante del amparo demuestre que se dedica al comercio de tabaco como puros y cigarros, así como de sus alternativas, como son los sistemas electrónicos de administración con o sin nicotina, cigarros electrónicos y dispositivos vaporizadores con usos similares. Esto es así, ya que únicamente exhibió un asesoramiento para la elaboración de políticas basadas en pruebas respecto del uso de cigarrillos electrónicos en lugares públicos y de trabajo. Lo cual, resulta insuficiente para demostrar la aplicación de los decretos impugnados en su perjuicio. Lo anterior, porque la descripción de las actividades que realiza y que señala en su demanda, por sí misma no resulta suficiente para demostrar el acto concreto de aplicación de las normas combatidas. Bajo el anotado contexto, se revela que de las constancias que obran en autos, la parte quejosa no demostró el perjuicio ocasionado en su esfera de derechos subjetivos públicos con los decretos impugnados, por lo que se concluye que se actualiza la causa de improcedencia aludida, dado que no causó un perjuicio en la esfera jurídica del impetrante. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis número P.XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro digital 200276 de contenido siguiente: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." En la relatadas circunstancias, para que en un juicio de amparo pueda declararse la inconstitucionalidad de un precepto legal, debe quedar plenamente justificado que la parte quejosa, por virtud de la aplicación de la disposición en controversia, verdaderamente resintió un perjuicio en su esfera de derechos; por lo que, se reitera, la actualización del perjuicio en el acto de aplicación, no puede quedar acreditada solo con base en conjeturas y suposiciones y menos, afirmando que se está bajo su supuesto sin demostrarlo, tal como lo indica la jurisprudencia 3a./J.9/94 de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 206625, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Num. 76, Abril de 1994, página 17, que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. EL INTERES JURÍDICO PARA INTERPONELO NO SE ACREDITA CON AFIRMAR QUE SE ESTARA BAJO SUS SUPUESTOS. La demostración de la afectación jurídica por un ordenamiento requiere que el quejoso acredite estar colocado, desde su entrada en vigor, bajo los supuestos que dicha norma contempla (cuando se reclama como autoaplicativa) o bien que su aplicación afecta sus intereses jurídicos (cuando se impugna como heteroaplicativa); luego entonces, no es suficiente el dicho del quejoso de que se colocará bajo su hipótesis y que, por tanto, se le aplicará, puesto que aunque ello aconteciera sería hasta que ocurriese lo uno o lo otro, y no antes, que esa ley afectara su esfera jurídica". En razón de lo expuesto, queda evidenciado que de no acreditar, previo al análisis de constitucionalidad de los preceptos reclamados, el acto de aplicación a la parte quejosa, tampoco existiría la posibilidad de conceder el amparo por un ordenamiento o un acto que no le cause algún perjuicio en sus derechos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo irán en contra de los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 77 de la Ley de Amparo, que establecen respectivamente el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia por reiteración de tesis 3ª./J.45/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento noventa y nueve, tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establecen: "INTERES JURÍDICO. EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY SIN HABERLO ACREDITADO, VULNERA LOS PRINCIPIOS DE "INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA" Y DE "RELATIVIDAD DE LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA". Los artículos 107, fracciones I y II de la Constitución Federal y 4o., 76 y 80 de la Ley de Amparo, respectivamente, establecen el principio de instancia de parte agraviada y el de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo, que prohíben hacer una declaración general de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley o acto reclamado y los efectos que debe tener la sentencia dictada en un juicio de garantías que conceda el amparo, en cuanto que encierra una declaración de restitución para el quejoso. En consecuencia, legalmente debe exigirse para la procedencia del juicio constitucional que los promoventes acrediten plenamente su interés jurídico, para el efecto de que si así lo estima fundado la autoridad que conozca del juicio de garantías, esté en posibilidad de conceder la protección de la justicia federal respecto de personas determinadas, en forma particularizada por su interés, y a la vez conceda la protección en el efecto procedente, lo cual no se podría satisfacer sí el interés de los promoventes del amparo no se acredita plenamente, toda vez que existiría la posibilidad de conceder el amparo por una ley o un acto que no les cause ningún perjuicio en sus derechos, por no estar dirigidos a ellos y, en ese caso, los efectos restitutorios del amparo serían en contra de lo establecido por los preceptos citados." La exigencia anterior, resulta en la medida en que sólo de esa forma es comprobable que la parte quejosa quedó comprendida entre los supuestos del ordenamiento general tildado de inconstitucional que se analiza en este considerando. Máxime que, tratándose de amparo contra leyes, el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente, con el propósito de evidenciar, sin lugar a dudas, el acto que lo legitime para impugnar en el juicio de amparo una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es decir, resulta necesario que se compruebe que a través de dicho acto, la respectiva hipótesis normativa se concretó expresa o implícitamente en su perjuicio, lo que no puede derivar de presunciones o de las afirmaciones contenidas en la demanda de amparo sino, en todo caso, del contenido del supuesto acto de aplicación. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia 2a./J.16/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital: 206338, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17, de rubro y texto: "INTERES JURÍDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, siendo el interés jurídico indispensable para la procedencia de la acción constitucional, al no haberse acreditado en la especie, es inconcuso que se actualiza la hipótesis de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, lo que procede es sobreseer en el presente juicio respecto de los actos reclamados por el quejoso. En tales circunstancias, al surtirse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,465, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. . Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ******************** en contra de los actos que reclama del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Secretario de Salud y Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, todos con sede en la Ciudad de México, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese una reimpresión de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el Licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la Licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese el oficio 114.CJEF.CACCC.CJG.2023.11939 signado por la Consultora Jurídica General de la Consejería Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la Ciudad de México; por medio del cual informa sobre la representación, en el presente juicio, del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que requiera hacer mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, toda vez que por acuerdo de veinticuatro de marzo del presente año se proveyó lo conducente. Por otro lado, en cuanto al oficio 8928/2023-V-B que anexa a su diverso, reexpídase el mismo al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos por conducto de la Secretaría Salud, quien ostenta la representación del Ejecutivo Federal en el juicio que nos atañe; lo anterior para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

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