Teresita de Jesús Bolaños Solano
Expediente 188/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 188/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Teresita de Jesús Bolaños Solano
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA AL QUEJOSO: "...Agréguese a los presentes autos para que obre como en derecho corresponda el oficio número 315/2015-A, signado por el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, al que acompaña testimonio de la determinación dictada el ocho de julio de dos mil quince, terminada de engrosar el catorce de las corrientes, dentro de la queja número 65/2015, hecha valer por la quejosa Teresita de Jesús Bolaños Solano dentro del juicio de amparo 188/2015-1, cuyo resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Teresita de Jesús Bolaños Solano, contra el auto de veintiocho de abril de dos mil quince, dictado por el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo". Hágase lo anterior del conocimiento de la parte quejosa, acúsese recibo a la superioridad. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Se considera que el presente juicio es susceptible de destrucción, en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, en razón de que no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental. Conforme al acuerdo citado, en su oportunidad, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado de registro de juicios de amparo. ..." (1)
- Principal
se tiene por recibido oficio de tribunal colegiado, mediante el cual informa se admite a tramite recurso de queja interpuesto
- Principal
se tiene por recibido escrito aclaratorio, donde interpone recurso de queja, en obvio de dilaciones envíese al Tribunal Colegiaso en Reynosa, para la substanciación del mismo
- Principal
Por este medio se notifica a TERESITA DE JESÚS BOLAÑOS SOLANO, en su carácter de quejosa; el acuerdo de veintitrés veintiocho de abril del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso c) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido el aviso de fecha veintinueve de abril del año en curso, mismo que dice: Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil quince. Visto el escrito de demanda de amparo que promueve Teresita de Jesús Bolaños Solano, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, por considerarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y fórmese expediente bajo el número 188/2015-1 que es el que le corresponde. Ahora bien, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo , establece la facultad del Juez de Distrito para desechar una demanda de amparo cuando advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo o su ampliación y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, a la ampliación, en su caso, y a los anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se sustenta dicha improcedencia hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni puedan desvirtuar su contenido; por ende, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda o de su ampliación, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren. En sentido opuesto, de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable, o si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio; de ahí que en ese supuesto debe admitirse a trámite la demanda, a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada. Así las cosas, del estudio integral del escrito de demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa se duele substancialmente de la resolución incidental de quince de abril del año en curso, que declara improcedente el incidente de falta de personalidad promovido en contra de la ahora tercero interesada y de su apoderado legal licenciado Francisco Javier Gutiérrez Mendoza, dentro del expediente laboral 717/7/2014. Ahora, resulta improcedente el juicio de amparo que se intenta, en atención a que se surte la causal que a continuación se detalla, y que estatuye el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107 fracción V, así como el dispositivo 172 fracción XII todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, así como el diverso 107 fracción III incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, los referidos preceptos de la Ley de Amparo disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(.)" "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede:" "(.)" "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "ARTÍCULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando:" "(.)" "XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo." Por su parte el artículo 107 Constitucional establece: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de ésta Constitución, con excepción de aquéllas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:" "(.)" "III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes:" "a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el tribunal colegiado de circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior." "b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan;" "(.)" En efecto, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107 fracción III, inciso b), interpretada a contrario sensu, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 107 fracción V de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente contra el acto que en esta vía se reclama y que se precisó líneas arriba. Lo anterior es así, porque dicho acto tiene el carácter de intraprocesal y no trae como consecuencia una imposible reparación, en virtud de que los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, son aquellos que sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado (la libertad, la propiedad, el estado civil, etcétera) y que tutela la Constitución General de la República por medio de los derechos humanos. Por lo que en estos casos (los de imposible reparación), no podrían repararse esas violaciones con el dictado de una sentencia favorable, o inclusive a través del amparo directo que se intentase dada la propia naturaleza del acto; circunstancia que no ocurre en el caso a estudio. Ello, ya que tratándose de determinaciones como la de quince de abril del año en curso, que declara improcedente el incidente de personalidad promovido por la parte demandada en el controvertido laboral 717/7/2014 deben reclamarse mediante el juicio de amparo directo que se promueva contra el laudo correspondiente, si es contrario a los intereses del hoy impetrante del amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107 fracción III inciso b), de la Constitución Federal, 170 fracción I y 172 fracción XII de la Ley Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considera violatoria de sus garantías. Lo anterior en tanto que el acto que por esta vía se reclama no puede ser considerado como de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a sus derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y podrían ser reparables si el afectado obtiene un laudo favorable. Como corolario de lo anterior, una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En esas condiciones, si el quejoso señaló como acto reclamado la resolución de fecha quince de abril del año en curso, dictada en los autos del juicio laboral 717/7/2014, por la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, que declaró la improcedencia del incidente de falta de personalidad que promovió la demandada aquí quejosa en contra de Yesenia Mayte Cruz Rangel y de Franciso Javier Gutiérrez Mendoza, es que, se reitera, la resolución reclamada, no constituye un acto de imposible reparación, susceptible de impugnarse mediante el juicio de amparo indirecto, al no producir afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Carta Magna o Tratados Internacionales en los que sea parte el Estado Mexicano. Esto de suyo refleja que ya no pueden considerarse como actos de imposible reparación los acontecidos dentro de juicio, bajo la perspectiva que se tenía en la anterior legislación de la materia, en donde no existía restricción en cuanto a lo que debía entenderse como actos dentro de juicio de imposible reparación. Por tanto, como se dijo, no sólo es legalmente posible, sino correcto que la autoridad continúe con el procedimiento y será hasta que se dicte la resolución que resuelva en definitiva el asunto y se impugne a través del juicio constitucional uniinstancial, en el que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la parte quejosa en sus defensas y que la aludida violación hubiese trascendido al resultado del fallo. En efecto, los artículos 170 y 172 de la Ley de Amparo se apoyan en el principio de economía procesal, pues lo que con ello se pretende evitar es la proliferación o una cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones procesales; es decir, el legislador ha pretendido evitar que las partes contendientes en un procedimiento seguido ante tribunales judiciales, laborales o administrativos puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en el procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante promoción de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la resolución del conflicto. Con lo anterior, se pretende que continúe el curso del procedimiento, sin mayores trabas y que el afectado con el fallo correspondiente, al impugnarlo, pueda hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento como estimara le hubieran sido cometidos. Por tanto, no queda comprendido, en esa connotación (imposible reparación) la resolución que declaró improcedente el incidente de personalidad promovido por la quejosa, ya que a través de dicha decisión se producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados si se obtiene sentencia favorable, máxime que el dictado de tal determinación reclamada, no implica en forma alguna que el fallo deba ser contrario a los intereses de la afectada. Por tanto, ese tipo de decisión no es susceptible de ser sujeta a análisis constitucional mediante la vía indirecta, sino hacerla valer hasta el amparo directo para el caso de que sea adverso el laudo que se dictare. De tal manera que si la resolución reclamada, no produce afectación material de derechos sustantivos, no se surte el supuesto de procedencia de amparo indirecto al no estarse en el caso de un acto dentro de juicio que sea de imposible reparación, entendiéndose por estos únicamente aquellos que afecten materialmente algún derecho sustantivo, no procesal como acontece; por tanto, esa circunstancia hace a su vez que se actualice la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en concordancia con el 107 fracción V interpretada a contrario sensu, de la ley de la materia. En esa tesitura, toda vez que se surte de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia que se deriva de lo dispuesto en el artículo 61 fracción XXIII en relación con el diverso numeral 107 fracción V, así como el dispositivo 172 fracción XII todos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu numeral, así como el diverso 107 fracción III incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Se tienen como autorizados a los licenciados Edgar Hernández Trejo y Rubén Carlo Toledo Escobedo, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Simón Bolívar número 3501-A, colonia Juárez de esta ciudad. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de dos de junio dos mil nueve, el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como manifestar su oposición; así como también en los diversos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal antes citada; hágase saber a las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de tal oposición hará aplicable lo dispuesto en los artículos 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8°, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal antes citada, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquélla. (1)
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes
- Teodoro Salinas Zarate520/2015
- Teresa de Jesús Dueñas Galindo110/2016
- Teresa de Jesús Reyes Valdez143/2016
- Teresa de Jesús Reyes Valdez246/2015
- Teresa de Jesús Valdez Villa396/2018
- Teresa Jacqueline Guel Padrón195/2022
- Tiburcio Nuñez Juárez253/2017
- Tiburcio Núñez Juárez70/2023
- Tiburcio Núñez Juárez151/2023
- Tiffany Valeska Castillo Moraga (desistida)3/2023
- Timoteo Gallardo Santiago252/2018
- Tito Vicencio Bautista79/2023