Teresa Jacqueline Guel Padrón

Expediente 195/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 12 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
195/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
12/06/2023

Partes del expediente

  • Teresa Jacqueline Guel Padrón
  • Segunda Sala Colegiada Civil-Familiar del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas En Victoria (Primer Distrito Judicial)
  • María Félix Palomo Elías

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Se agrega oficio del Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, por el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión hecho valer por los quejosos, registrándose por la Superioridad con el número de amparo en revisión 197/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Se advierte que la totalidad de las partes se encuentran notificadas de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril del año en curso; así como del proveído de dieciocho de mayo siguiente, por el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el autorizado de la parte quejosa; consecuentemente, remítanse al Tribunal Colegiado en turno del Decimonoveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas. Notifíquese.

  3. Principal

    Por este medio se notifica a la tercera interesada: Vista la cuenta; téngase por recibido el escrito que remite de manera electrónica con evidencia criptográfica, Ramiro Chavana Martínez autorizado de la parte quejosa ***, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintiocho de abril del año que transcurre, dictada dentro del presente juicio de amparo 195/2022. En consecuencia, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito; por lo tanto, agréguese una copia de dicho escrito y una vez notificadas las partes, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el mismo al Tribunal Colegiado en turno del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, para su substanciación, junto con el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia correspondiente para el Ministerio Público de la Federación adscrito a ese órgano colegiado, las copias restantes distribúyanse entre las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte tercera interesada, y córrase traslado al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.

  4. Principal

    VISTOS, los autos, para resolver el juicio de amparo 195/2022, promovido por ***, contra actos de los Magistrados de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el dos de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficialía de Partes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria, ****, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por el acto que a continuación se transcriben: "[.] AUTORIDADES RESPONSABLES: Tienen ese Carácter los CC. Magistrados de la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, de esta ciudad, en su Carácter de Ordenadora, con domicilio oficial conocido en población. ACTO RECLAMADO: Se reclama de la autoridad responsable su ejecutoria dictada con fecha 31 de Marzo del año 2022, sus consecuencias y demás efectos legales." Los promoventes manifestaron como derechos fundamentales violados los previstos en los artículos 1, 8, 14, 16, 103 y 133 de la Constitución Federal. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Mediante proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por los aquí quejosos, ya que el acto reclamado no consiste en una sentencia definitiva, sino en una determinación en la que se revocó la sentencia de primera instancia y se ordenó la reposición del procedimiento, motivo por el cual, ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito en turno en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas (fojas 2 y 3). Registro de demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado, y en auto de quince de junio de dos mil veintidós, se registró con el número ***, se ordenó el avocamiento del conocimiento, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 69 a 72). Emplazamiento de tercera interesada. En auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se reconoció el carácter de tercera interesada a ****, por lo que se emplazó a juicio el treinta de agosto de dos mil veintidós (fojas 84 y 90). Audiencia constitucional. En la hora y fecha señaladas para ello, previos diferimientos, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, Tamaulipas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Se afirma lo anterior, en virtud de que las consecuencias de los actos reclamados tienen ejecución en esta ciudad, donde este juzgado tiene jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del análisis íntegro practicado al escrito inicial de demanda, se concluye que los quejosos reclaman: De la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas, residente en Ciudad Victoria: ? La resolución número *** de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, dictada en el toca ***/****, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva de diez de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el expediente ***/***, correspondiente al Juicio Reivindicatorio promovido por ****. Apoya a lo anterior, por el criterio que la conforma, la tesis P. VI/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así como la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Segunda Sala Colegiada responsable, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (fojas 6 y 7). Lo que además se corrobora con la copia certificada de las constancias que anexó a su informe con las que se formaron cuatro tomos de prueba (fojas 70 y 71), las que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, al haber sido expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus funciones. Ilustra lo anterior, por el criterio que la conforma, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia invocadas por las partes o que de oficio este juzgado advierta, de conformidad con lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Como las partes no hacen valer alguna causa de improcedencia y quien resuelve no advierte que opere alguna de las establecidas en el numeral 61 de la Ley de Amparo, se estima que el juicio de amparo indirecto es procedente y, por ende, a continuación se examinarán los conceptos de violación expresados por los quejosos en su demanda de amparo. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. A efecto de lograr una mejor comprensión del asunto, conviene relatar brevemente los antecedentes del acto reclamado, así advertidos de las constancias allegadas al juicio de amparo por la autoridad responsable, como complemento a su informe justificado. a. Por escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, ***, promovió juicio reivindicatorio en contra de ****; de dicho ocurso conoció el Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil de esta ciudad, quien en auto de diecinueve de agosto de dos mil veintiuno lo admitió a trámite y lo registró con el número *** (fojas 24 a 29 y 130 a 134 del tomo II de prueba). b. Mediante sentencia definitiva número *** de diez de diciembre de dos mil veintidós, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, residente en esta ciudad, condenó a los demandados -aquí quejosos-, a desocupar y hacer entrega material a la actora -aquí tercera interesada-, del bien inmueble que declaró de su propiedad, así como al pago de gastos y costas que le hubiere originado a la actora dicho juicio (fojas 173 a 184 del tomo II de prueba). c. Inconforme con dicha determinación, los demandados interpusieron recurso de apelación en escrito recibido el diez de enero de dos mil veintidós (fojas 10 a 13 del tomo I de prueba), el cual resolvió la Segunda Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia responsable en los autos del ****, en resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, cuyos puntos resolutivos establecen lo siguiente: "PRIMERO. Son fundados los conceptos de apelación expresados por la parte demandada, a través de su autorizado, licenciado ***, en contra de la sentencia definitiva, de diez (10) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), dictada en el expediente ***, correspondiente al Juicio Reivindicatorio, promovido por ***, en contra de ***, ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Tercer Distrito Judicial del Estado, con residencia en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. SEGUNDO. Se revoca la sentencia apelada y, en su lugar, se ordena la reposición del procedimiento para el efecto señalado en este fallo." (fojas 36 a 50 tomo I de prueba). La anterior determinación constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Conceptos de violación. En principio cabe precisar que en el caso no se actualiza la suplencia en la deficiencia de la queja a la que constriñe 79 de la Ley de Amparo, por ser un asunto cuyo análisis es de estricto derecho. Lo anterior es así, pues si bien en el capítulo atinente a los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, se refiere que le fueron vulnerados los derechos fundamentales previstos, entre otros, en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cierto es que tal circunstancia, de ninguna manera puede ser considerada como una violación que la haya dejado sin defensa, como lo prevé la fracción VI, de aquél precepto legal. Además, en el caso, la parte quejosa tampoco se encuentra en alguno de los supuestos de excepción establecidos en la fracción VII, de dicho precepto legal; esto es, que por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentre en clara desventaja social para su defensa en el juicio. Por tanto, en el caso, este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente imposibilitado para suplir la deficiencia en los conceptos de violación y agravios esgrimidos por los quejosos en su demanda de amparo; y, por ende, éstos habrán de abordarse atendiendo al principio de estricto derecho, por virtud del cual el juzgador debe emprender el examen del acto reclamado a la luz de los argumentos que formulen los quejosos, sujetando su análisis a éstos. Análisis de los conceptos de violación. En su único motivo de disenso, los quejosos manifestaron que el acto reclamado viola en su perjuicio lo previsto, entre otros, en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues la autoridad responsable omitió, en las consideraciones de su ejecutoria, ordenarle al Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil de esta ciudad, que desechara la demanda reivindicatoria promovida por la tercero interesada, y no que en el término de tres días compareciera a juicio el cónyuge de esta última, o en su defecto, informara el domicilio donde pudiere ser llamado a juicio mediante traslado con las copias de demanda, ya que uno de los requisitos para que un juicio reivindicatorio tenga existencia jurídica y validez formal, es que debe existir un certificado informativo de la propiedad en donde se informe si dicha propiedad sigue a nombre de la tercero interesada y de su cónyuge, o si ya se transmitió mediante algún contrato la propiedad en cuestión, o en su caso, si existe algún gravamen hipotecario o venta de la misma. Señala que el artículo 625, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Tamaulipas, prevé las reglas para decidir si se ha probado la propiedad, por ello, aduce, la parte actora debía demostrar que cuenta con un instrumento legalmente inscrito ante el Instituto del Registro Catastral, para acreditar la propiedad sobre el inmueble materia del litigio. Al no haber realizado lo anterior, dice, el Juez de Primera Instancia de lo Civil, debió haber desechado la demanda inicial del juicio reivindicatorio, puesto que sí fue acreditado por los quejosos la posesión derivada del inmueble, y no el registro actualizado del título de propiedad de la parte actora -aquí tercera interesada-, por lo que no procedía la acción reivindicatoria. Este juzgado de distrito considera que los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa son inoperantes, en atención a las consideraciones que se expondrán a continuación. Ello es así, ya que los quejosos omiten controvertir las razones en que se apoyó la Segunda Sala Colegiada responsable para revocar la sentencia apelada y en su lugar, ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de llamar a juicio al cónyuge de la parte actora dentro del juicio reivindicatorio ***. Como se advierte de su único concepto de violación, sus argumentos versan sobre la omisión en la que incurrió la Segunda Sala Colegiada de ordenar al juzgado de primera instancia, que desechara la demanda reivindicatoria promovida por la parte actora, pues, a su juicio, no se acredita en términos del artículo 625 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, la propiedad del bien inmueble motivo del litigio, ya que la actora no cuenta con un instrumento legalmente inscrito ante el Instituto del Registro Catastral y, por el contrario, los demandados -aquí quejosos- sí acreditaron la posesión derivada de dicho inmueble. Así, los quejosos, omiten exponer razonamiento en torno a las consideraciones y fundamentos que tomó en cuenta la autoridad responsable para concluir en el sentido en que lo hizo, a razón de que carece de una exposición razonada del porqué la resolución reclamada les causa una afectación, ya que prescinden de señalar los motivos por los que consideran incorrecta la determinación de la autoridad responsable al emitir el fallo reclamado. De hecho, la resolución reclamada se advierte que se basó en los conceptos de apelación expresados por la parte demandada -aquí quejosa-, quien reclamó que debía ser llamado al juicio reivindicatorio ***, el cónyuge de la parte actora. Por lo tanto, los argumentos que realizan en su único concepto de violación, resultan inoperantes, pues dichas aseveraciones son novedosas, dado que no fueron expuestas en sus agravios al interponer el recurso de apelación que concluyó con la resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de amparo, por lo que existe imposibilidad jurídica para pronunciarse al respecto, en atención al principio de congruencia que rige en las sentencias de amparo. Es ilustrativa la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, por analogía, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES AQUELLOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL. Son inoperantes aquellos conceptos de violación en que se formulan argumentos que no se hicieron valer ante la Sala Fiscal, toda vez que en caso de ocuparse de su estudio se violaría el principio de congruencia establecido en el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación, que obliga a pronunciarse sobre todas las cuestiones planteadas por las partes, en razón de que tales manifestaciones como no formaron parte de la litis natural, la Sala no tuvo la oportunidad legal de analizarlas." Asimismo, la diversa jurisprudencia 2a./J. 188/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del contenido siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN. Conforme a los artículos 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, el recurso de revisión es un medio de defensa establecido con el fin de revisar la legalidad de la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto y el respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento, de ahí que es un instrumento técnico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuya materia se circunscribe a la sentencia dictada en la audiencia constitucional, incluyendo las determinaciones contenidas en ésta y, en general, al examen del respeto a las normas fundamentales que rigen el procedimiento del juicio, labor realizada por el órgano revisor a la luz de los agravios expuestos por el recurrente, con el objeto de atacar las consideraciones que sustentan la sentencia recurrida o para demostrar las circunstancias que revelan su ilegalidad. En ese tenor, la inoperancia de los agravios en la revisión se presenta ante la actualización de algún impedimento técnico que imposibilite el examen del planteamiento efectuado que puede derivar de la falta de afectación directa al promovente de la parte considerativa que controvierte; de la omisión de la expresión de agravios referidos a la cuestión debatida; de su formulación material incorrecta, por incumplir las condiciones atinentes a su contenido, que puede darse: a) al no controvertir de manera suficiente y eficaz las consideraciones que rigen la sentencia; b) al introducir pruebas o argumentos novedosos a la litis del juicio de amparo; y, c) en caso de reclamar infracción a las normas fundamentales del procedimiento, al omitir patentizar que se hubiese dejado sin defensa al recurrente o su relevancia en el dictado de la sentencia; o, en su caso, de la concreción de cualquier obstáculo que se advierta y que impida al órgano revisor el examen de fondo del planteamiento propuesto, como puede ser cuando se desatienda la naturaleza de la revisión y del órgano que emitió la sentencia o la existencia de jurisprudencia que resuelve el fondo del asunto planteado." SEXTO. DECISIÓN. Al ser inoperantes los conceptos de violación aducidos por la quejosa, se NIEGA EL AMPARO SOLICITADO por ***. SÉPTIMO. PUBLICACIÓN DE SENTENCIA. De conformidad con lo establecido en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Federal y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los órganos jurisdiccionales deben proteger los datos personales de las partes en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que éstas hagan valer el derecho de oponerse a su publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que procede es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ****, por el acto reclamado de la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en los considerandos quinto y sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Judith Alhelí Andrade Villafán, Jueza Tercera de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hoy veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, asistida de José Luis Batres Antonio, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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