Teresa Valenzuela Soberano

Expediente 649/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
649/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/06/2022

Partes del expediente

  • Teresa Valenzuela Soberano

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio 649/2022 dos de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de veintinueve de abril del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Teresa Valenzuela Soberano, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. ANOTACIONES Y ARCHIVO DEL EXPEDIENTE Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS Ahora, tomando en cuenta que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda una prueba documental en original; REQUIÉRASELE, para que por sí o por conducto de quien legalmente lo represente, comparezca ante este juzgado en un plazo de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al que surta efectos legales la notificación de este proveído, a recoger dicha probanza. Apercibida que de no hacerlo, una vez fenecido dicho plazo, de conformidad con el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, podrá ser destruida. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Juicio 649/2022 folio 6960. veinte de mayo de dos mil veintidós. En atención a lo informado en la cuenta que antecede, agréguense a los autos el oficio signado por el Juez Primero Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 298/2022-V orden 353/2022-V que se giró para notificar a la promovente Teresa Valenzuela Soberano el proveído de veintinueve de abril del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Dese de baja la comunicación oficial de cuenta y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes NOTIFICACIÓN POR LISTA En virtud de lo anterior y ante lo infructuoso del domicilio señalado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con apoyo en el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, se ordena realizarle la notificación del presente proveído y del diverso de veintinueve de abril de dos mil veintidós, así como las subsecuentes por medio de lista, aún las de carácter personal; así también por el medio de notificación alterno, es decir, las direcciones de correos electrónicos que proporcionó en su escrito de demanda. Notifíquese. Juicio 649/2022 folio 5788. veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; tangase por recibida la demanda de amparo promovida por Teresa Valenzuela Soberano, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 649/2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Precisado lo anterior, es menester destacar que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados: a) El oficio UAJ/XCCR/2693/2022 de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual aduce se le aplicó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. b) La constitucionalidad y/o convencionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente*** En esa tesitura, se estima que la contestación reclamada por esta vía constitucional no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación 'bilateral' de correspondientes 'derechos' y 'obligaciones'; ello, tomando en consideración que opera en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público.*** De ahí que si, en el caso concreto, el oficio UAJ/XCCR/2693/2022, por el cual se dio contestación al escrito del ahora quejoso, en el que solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, dado el origen de la relación entre el mismo y el peticionario de amparo, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y el ente asegurador, como sujeto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto.*** Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, parte final de la Ley de Amparo, en virtud de que la porción normativa reclamada son disposiciones que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en que para su impugnación necesariamente requieren de un acto posterior que las dote de efectividad; esto es, se trata y se impugna como una norma heteroaplicativa. Para corroborar tal aserto, conviene tener presente que el artículo 61, fracción XII, parte final, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.*** En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, parte final y XXIII, relacionado con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Valenzuela Foster. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos2 a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Con la salvedad que a Jesús Nicolás Pacheco, se le otorga esta autorización ya que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado; aunado a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Consulta de expediente electrónico. Ahora, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "JVFOSTER" se encuentra registrado, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 18, 35, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga autorización para 1. Consultar vía electrónica el presente expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 2. Presentar cualquier documento, escrito o promociones de forma electrónica. Por tanto se instruye a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que dicha autorización implique que las notificaciones le deban ser practicadas a través de dicho portal, por no haberlo solicitado expresamente. Ahora, toda vez que la parte quejosa, señalo domicilio para recibir citas y notificaciones el ubicado en la Carretera a la Laguna de Pomposu, s/n, Ría, Reforma, Segunda Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco, con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, tenga a bien notificar por su conducto a Teresa Valenzuela Soberano, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio descrito con anterioridad el proveído de esta misma fecha***

  3. Principal

    Juicio 649/2022 folio 5788. veintinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; tangase por recibida la demanda de amparo promovida por Teresa Valenzuela Soberano, contra actos del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco y otras autoridades; en consecuencia Aspectos Generales. Regístrese la demanda con el número de juicio de amparo 649/2022. Genérese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Para lo anterior, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto. De tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Actos reclamados. Precisado lo anterior, es menester destacar que la parte quejosa reclama los siguientes actos reclamados: a) El oficio UAJ/XCCR/2693/2022 de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual aduce se le aplicó el artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. b) La constitucionalidad y/o convencionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Bajo ese contexto, respecto del acto reclamado precisado con el inciso a) este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los numerales 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Preceptos legales que establecen lo siguiente*** En esa tesitura, se estima que la contestación reclamada por esta vía constitucional no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las partes actúan en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridad investida de imperio; ya que el Estado se vincula con el gobernado mediante un contrato o convenio regulado por el derecho común, por lo que en realidad no actúa como ente público, pues se coloca en un plano de igualdad o coordinación frente al particular, por tanto ingresa en una relación 'bilateral' de correspondientes 'derechos' y 'obligaciones'; ello, tomando en consideración que opera en función de sus atribuciones como ente asegurador y en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre éste y el trabajador o con base en un acto jurídico mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios, donde se conduce en un plano de igualdad, dado que involucra el cumplimiento de dicho acuerdo de voluntades. En otras palabras, cuando se reclama un acto de una persona moral oficial que se vinculó con el gobernado actuando como un particular, sus actuaciones y omisiones carecen del imperio necesario para efecto de analizar su proceder a la luz de la Constitución Federal, pues en todo caso, esa determinación está sometida al derecho común, y no a las disposiciones del derecho público.*** De ahí que si, en el caso concreto, el oficio UAJ/XCCR/2693/2022, por el cual se dio contestación al escrito del ahora quejoso, en el que solicitó al instituto señalado como responsable se garantice en todo momento el pago de sus prerrogativas y derechos en materia de seguridad social, dado el origen de la relación entre el mismo y el peticionario de amparo, el punto litigioso se refiere a derechos y obligaciones recíprocos de seguridad social, esto es, en un plano de igualdad; mas no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del juicio de amparo, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del Titular de la Unidad de Apoyo Jurídico, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestido el acto que en concreto se contraviene, de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Por tanto, el acto reclamado está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y el ente asegurador, como sujeto patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral y/o administrativo correspondiente, no a través del juicio de amparo indirecto.*** Por otro lado, respecto al acto reclamado señalado en el inciso b) consistente en la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, parte final de la Ley de Amparo, en virtud de que la porción normativa reclamada son disposiciones que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no afectan el interés jurídico de la parte quejosa, en la medida en que para su impugnación necesariamente requieren de un acto posterior que las dote de efectividad; esto es, se trata y se impugna como una norma heteroaplicativa. Para corroborar tal aserto, conviene tener presente que el artículo 61, fracción XII, parte final, de la ley de la materia, prevé que el juicio de amparo es improcedente en contra de actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos de la quejosa, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.*** En razón de lo anterior, al actualizarse de modo manifiesto e indudable las hipótesis de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XII, parte final y XXIII, relacionado con el diverso 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de la Materia, con fundamento en el numeral 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la presente demanda de amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Valenzuela Foster. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos2 a las demás personas que se mencionan en el escrito de demanda; en razón a que así fue solicitado expresamente. Con la salvedad que a Jesús Nicolás Pacheco, se le otorga esta autorización ya que por el momento no hay constancia que lo acredite como licenciado en derecho o abogado; aunado a que no tiene registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Consulta de expediente electrónico. Ahora, toda vez que, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que el usuario "JVFOSTER" se encuentra registrado, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo; 18, 35, 40 y 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se otorga autorización para 1. Consultar vía electrónica el presente expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. 2. Presentar cualquier documento, escrito o promociones de forma electrónica. Por tanto se instruye a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que dicha autorización implique que las notificaciones le deban ser practicadas a través de dicho portal, por no haberlo solicitado expresamente. Ahora, toda vez que la parte quejosa, señalo domicilio para recibir citas y notificaciones el ubicado en la Carretera a la Laguna de Pomposu, s/n, Ría, Reforma, Segunda Sección, Jalpa de Méndez, Tabasco, con fundamento en la fracción II, del artículo 27 de la Ley de Amparo y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento despacho al Juez Civil de Primera Instancia de Jalpa de Méndez, Tabasco, en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, tenga a bien notificar por su conducto a Teresa Valenzuela Soberano, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, en el domicilio descrito con anterioridad el proveído de esta misma fecha***

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