Teresa Hernández de la Cruz
Expediente 1499/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1499/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Teresa Hernández de la Cruz
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, catorce de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que precede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto en el numeral 97, fracción I, inciso a), de la misma ley de la materia, contra el auto de trece de septiembre pasado, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Teresa Hernández de la Cruz; sin que la parte interesada hubiese ejercido ese derecho. En consecuencia, se declara que el citado auto ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Anotaciones y archivo del expediente Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y como de los mismos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso d) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veintiséis de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en escrito recibido el trece de septiembre pasado, la parte quejosa señalo nuevo domicilio y autorizados para oír y recibir citas y notificaciones. En consecuencia, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su libelo de cuenta. Por otro lado, en atención a la certificación de cuenta, téngase por autorizado(s) en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Keila Michelle López Carrasco. Asimismo, se autoriza únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a Patricia Carrazco Cardoza, en razón a que por el momento no hay constancia que la acredite como licenciada en 1 En términos del artículo 24 de la Ley de Amparo. derecho o abogada y no tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrase autorizada para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Ahora, por lo que hace a los diversos autorizados que refiere, estese a lo acordado en proveído de treinta y uno de agosto pasado. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se colige que en razón del cambio de domicilio en el cual puede ser notificado la parte quejosa, no se ha podido llevar cabo la notificación del auto de trece de septiembre pasado. Se comisiona al actuario En consecuencia, túrnense los autos a uno de los actuarios adscritos a este juzgado, para que realice la notificación del citado auto de trece de septiembre pasado, a fin de que la parte quejosa tenga conocimiento de la referida determinación.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, trece de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por la quejosa Teresa Hernández de la Cruz, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y al efecto aclara el acto reclamando en el presente asunto. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto el artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento la demanda de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, para lo cual, en principio, ha de considerar únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora, los actos reclamados en esta instancia constitucional, son los siguientes: a) El emplazamiento realizado en el incidente de cancelación de pensión alimenticia 543/2016, del índice del Juzgado Civil de Primera Instancia de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco; y, b) Como consecuencia de ello todas las actuaciones practicadas en la mencionada controversia familiar hasta la determinación de doce de agosto de dos mil veintidós. No se soslaya que la parte quejosa también refirió dolerse de más actos; sin embargo, de un análisis integral del escrito de demanda, como lo establece el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se advierte que en esencia reclama los antes señalados; pues, se entiende que los demás que refirió las reclama como consecuencia de los antes combatidos y no por vicios propios, ya que derivan de la falta de emplazamiento que combate. De ahí que, en el particular únicamente se tengan como reclamados los apuntados en párrafos que anteceden. En ese tenor, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar la actualización de un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como ocurre en relación a los actos precisados identificados en los incisos a) y b), en los que se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el artículo 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, en razón que a la parte quejosa no le reviste el carácter de persona extraña por equiparación a la controversia de origen. Resulta oportuno, citar el contenido de los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo vigente, que en lo conducente señalan: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas". A fin de sustentar lo anterior, se debe destacar que el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos ejecutados dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas, al respecto, es preciso señalar que, tanto la doctrina como la jurisprudencia utilizan indistintamente la expresión de persona extraña y de tercero extraño al referirse a la procedencia del juicio de amparo indirecto previsto en la fracción VI, del artículo 107 de la Ley de Amparo; sin embargo, de conformidad con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de persona extraña a juicio es más amplio que el de tercero extraño, dado que en aquél, se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los elementos necesarios para defenderse. Así, para efectos del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, persona extraña es, en principio, aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluido en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. El aludido concepto también incluye a las personas que son partes formales en la controversia primigenia, pero alegan que no fueron emplazadas o fueron ilegalmente llamadas a juicio, esto es, las referidas personas tendrán el carácter de personas extrañas por equiparación en el supuesto de que les asiste dicha calidad de parte y resientan una afectación en su esfera jurídica con motivo de la tramitación de tal contienda, sin haber tenido la oportunidad de ser oídas ni vencidas en juicio, al no haber sido emplazadas en el procedimiento primigenio o no haber sido llamadas conforme a las formalidades legales correspondientes. Así, es factible sostener que la figura del tercero extraño para efectos del juicio de amparo, se actualiza en dos supuestos: a) Típico, como aquella persona jurídica o física, distinta de los sujetos de la controversia que en el procedimiento se ventila, es decir, tal figura jurídica relativa a la persona extraña se refiere a la que es totalmente ajena a la controversia sometida a la autoridad jurisdiccional para su solución, al no ser parte procesal; y, b) Equiparado, entendido como el sujeto que, siendo parte de la controversia, esto es, al figurar como demandada, no fue legalmente emplazada o llamada a juicio para contestar la demanda y, por tal motivo, no le fue posible apersonarse en tiempo y forma. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.7/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, página 56, tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." De lo hasta aquí expuesto, válidamente se puede sostener que son "partes del juicio", aquellas personas que materialmente figuran en aquél o que están vinculadas directamente con el juicio o procedimiento, de manera que tanto las actuaciones judiciales como la resolución respectiva afectan directamente sus intereses, por estar éstos involucrados en la controversia; por ende, basta que exista un mandato judicial dirigido a una persona y se le notifique legalmente su contenido, a fin de que comparezca a plantear una determinada posición jurídica, para que pierda la calidad de extraño en el juicio. De ahí que, cuando una actuación judicial está dirigida a una persona y a ésta se le hace saber esa determinación para que la cumpla, la referida circunstancia es suficiente para que deje de tener el carácter de extraño; ello en virtud del vínculo implícito que se crea entre el juzgador y las partes procesales que someten a la potestad del juez una controversia existente entre ambos particulares. Por otro lado, cabe señalar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dispone que para los terceros extraños no opera el principio de definitividad, porque no siendo partes en el procedimiento de origen es evidente que tampoco pueden hacer uso de aquellos recursos o medios de defensa previstos por la ley para lograr su intervención en dicho procedimiento; sin embargo, tal supuesto operará siempre y cuando de las constancias del sumario se aprecie que efectivamente se surte tal calidad en la parte quejosa, es decir, que su afirmación al respecto encuentre sustento en las actuaciones procesales. De modo que, la excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, tratándose de personas extrañas típicas y por equiparación, tiene por objeto no dejarlas en estado de indefensión, lo que no sucede con las partes del contencioso, toda vez que éstas sí tienen la oportunidad y la obligación de hacer valer los medios de defensa legales que resulten procedentes; esto es, tal excepción es aplicable a personas extrañas a la controversia. Una vez precisado lo anterior, cabe señalar que aun cuando la parte quejosa exprese su desconocimiento en cuanto al juicio de origen, dicha negativa no implica necesariamente la inexistencia del vínculo jurídico existente entre la actora, la demandada y el órgano jurisdiccional que conoce de la aludida contienda judicial. Ahora, de la intelección del escrito demanda así como del escrito de desahogo, se advierte que la parte quejosa reclama esencialmente el emplazamiento relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del juicio 543/2016 del índice de la responsable De lo anterior se advierte, que la solicitante del amparo se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, aduciendo no haber sido emplazada al incidente de cancelación de pensión alimenticia derivado del juicio 543/2016 del índice de la responsable, con las formalidades que contempla la ley; sin embargo, de las manifestaciones hechas por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda y el de aclaración, se desprende que tuvo conocimiento del procedimiento de origen incoado en su contra, antes de la emisión de la sentencia interlocutoria de doce de agosto de dos mil veintidós, circunstancia que desvirtúa el carácter de tercero extraño por equiparación con el que se ostenta en esta instancia, porque de conformidad con el artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, tal carácter únicamente le reviste a quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, resintieron un desconocimiento total del juicio, hipótesis que en el caso concreto no se actualiza. En efecto, el tercero extraño equiparado es el sujeto que siendo parte en el juicio natural, no es llamado o lo fue incorrectamente a virtud de un ilegal emplazamiento, lo que le impidió apersonarse a fin de desplegar su defensa, bajo esa condición, evidentemente será extraño a todo lo actuado en la litis de origen. Ahora, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la quejosa en su escrito inicial de demanda, así como del escrito de desahogo, se aprecia que compareció a juicio; pues, entre otras cosas, narró que mediante escrito de dos de agosto de dos mil veintiuno, dio contestación al incidente de cancelación de pensión alimenticia instaurado en su contra; e incluso señaló domicilio; por tanto, la impetrante de amparo se encuentra en posibilidad de acudir ante el Juzgado responsable y solicitar acceso al expediente de origen, a fin de que promueva los medios ordinarios de defensa que a sus intereses convengan. De ahí que, resulta evidente que la hoy quejosa tiene conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra antes del dictado de la sentencia interlocutoria respectiva; por ende, con ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, pues tal conocimiento le permite imponerse de los autos para saber cuáles son las prestaciones que se le reclaman; circunstancia que le permitirá hacer valer, a través de los medios impugnativos ordinarios la defensa a sus intereses dentro del propio proceso y, en caso de no haber obtenido resolución favorable, una vez satisfechos los principios que rigen el juicio de amparo, como es el de definitividad, está en aptitud de promover el juicio de amparo correspondiente, por lo que no puede sostenerse que desconoce quién le demanda y cuál es el juicio que se tramita en su contra. Sobre esas consideraciones, el juicio constitucional resulta improcedente, pues al haber tenido conocimiento de la controversia familiar antes del dictado de la sentencia respectiva, se encuentra en oportunidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que contempla la ley de donde emana el acto reclamado; por tanto, dejó de ser persona extraña al juicio por equiparación. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2ª/./J47/2011 (10ª) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, Febrero de 2012, tomo 2, del rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 3ª./J.19/92 sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 17, número 58, Octubre de 1992 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, con número de registro 206784, de rubro y texto siguientes: "PERSONAS EXTRAÑAS AL JUICIO. QUIENES TIENEN ESE CARACTER, EN MATERIA CIVIL. Tomando en cuenta que tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte, es evidente que también debe considerarse como persona extraña a quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma contraria a la ley. Sin embargo, no puede tenerse con ese carácter a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo." Por todo lo anterior, se desecha la presente demanda de amparo, en virtud que en los actos reclamados identificados en los incisos a) y b), es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VI, éste aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y, por ende, debe desecharse la demanda de amparo, promovida por Teresa Hernández de la Cruz, contra actos del Juez Civil de Primera instancia del Distrito Judicial de Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco.
- Principal
En UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, hago constar que se notifica por medio de lista de acuerdos que se fija en los estrados de este Juzgado, siendo éste lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, el ACUERDO DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, dictado en los autos del Juicio de Amparo 721/2021-VII, a la PARTE QUEJOSA. Lo anterior de conformidad con el Artículo 27 fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo. ACUERDO. Villahermosa, Tabasco, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Jueza de Control de la Región Judicial Dos, de Cunduacán, Tabasco, mediante el cual, remite original con firmas autógrafas y certificación, del proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, así como el acuse del oficio 8103/2022-C-II, de la misma data, ambas relativas a la carpeta de investigación 82/2020 de su índice, con las cuales aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En atención a lo anterior, para determinar lo procedente respecto del cumplimiento de la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO." En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio y anexo de cuenta, por el término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en el entendido que una vez transcurrido dicho término, este juzgado efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa.
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