Teresa Luna Rocha

Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
582/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/06/2023

Partes del expediente

  • Teresa Luna Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Determinación causa estado. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que concluyó el término de impugnación del proveído de treinta de mayo pasado, sin que se hubiera hecho; por lo que dicha determinación ha causado estado en sus términos. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Finalmente, devuélvase un tomo de pruebas a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, mismo que fue remitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, en mérito de la incompetencia legal planteada a este órgano jurisdiccional; lo anterior, por ser innecesaria su conservación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN EL QUE SE ACORDÓ: Tribunal Colegiado remite demanda de amparo y anexos. Téngase recibido el oficio signado por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderado legal ******************** y tres traslados, acuerdo de tres de mayo del año en curso, constancia de notificación al quejoso y expediente laboral de origen ********************; lo anterior, por haberse declarado legalmente incompetente para su conocimiento. Acúsese recibo. Con las constancias anteriormente señaladas, fórmese un tomo de pruebas, agregándosele la carátula correspondientes para su debida identificación respetando sus folios y sellos, mismo que se ordena devolver a su lugar de origen en su momento procesal oportuno. Atento al contenido del oficio y anexos de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito.****************************************II. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese expediente físico, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 582/2023-Il.No se soslaya que en el segundo párrafo del proemio de la demanda en estudio se haya inscrito que se solicita la protección de la Justicia Federal en contra de un laudo emitido por la responsable ahí señalada; empero, del estudio de la misma en su integridad y de las constancias remitidas se coligen concretamente los actos que se tildan de inconstitucionales y los cuales han quedado precisados con antelación, de ahí que no requiera prevención alguna a la parte quejosa. Se desecha la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.********************En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.********************La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. ********************Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda.********************Bajo ese contexto, la suscrita estima que por lo que ve al acto reclamado precisado en el inciso A), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(...)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************(.)********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;."****************************************Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. ********************En efecto, el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio de amparo no solo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. ********************Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte.********************Es criterio reiterado de los Tribunales Federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. ********************Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" deberá atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales.********************En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente laboral ******************** del índice de la responsable, en el que, en la parte conducente que ahora se analiza, no se acordó favorablemente su pretensión de llamar a juicio como tercera interesada a la persona moral denominada "********************", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; empero, dicho acto no es de imposible reparación, en virtud de que la única consecuencia de tal decisión es que dicha persona moral no sea llamada a juicio en los términos que pretende la aquí quejosa; lo cual no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino que únicamente se afectan derechos procesales, en la medida que el procedimiento laboral de origen continuará su tramitación hasta el dictado del laudo respectivo, el cual incluso puede ser favorable a los intereses de la quejosa, pero de no ser así, estará en aptitud de reclamarla como violación procesal al promover amparo directo, alegando tales irregularidades cometidas durante el procedimiento para obtener su reparación. ********************Por tanto, ese tipo de determinaciones no son reclamables en el juicio de amparo biinstancial.********************Así, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del laudo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que dicha persona moral no sea llamada a juicio en los términos que pretende la aquí quejosa.********************Sin que la circunstancia de que se pretenda evitar el desarrollo ocioso de un contradictorio haga procedente el juicio biinstancial, pues el tiempo y las molestias que la tramitación de un juicio natural ocasiona, se trata de cuestiones propias e inherentes del procedimiento, los que no constituyen elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, de conformidad con la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice:********************"EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a esta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con este se les ocasione".********************En concordancia con lo apuntado, resulta válido concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son capaces de afectar directamente alguno de los aludidos derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y que por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.******************** En efecto, la naturaleza del acto reclamado descrito en el inciso A) del apartado respectivo, que como se ha destacado, lo constituye el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente laboral ******************** del índice de la responsable, en la parte en la cual no se acordó favorablemente la pretensión de la parte actora de llamar a juicio como tercera interesada a la persona moral denominada "********************", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, no vulnera derechos sustantivos; razón por la cual, resultan intrascendentes los motivos de ilegalidad que señala la parte quejosa, al ser actos que solo generan efectos intraprocesales.********************Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclaman resoluciones de las características citadas es improcedente.********************Es aplicable a las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, Materia Común, visible en la página cuarenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 66, Junio de mil novecientos noventa y tres, de consulta rápida en el ius o registro electrónico número 216131, que dice:********************"EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito."********************En ese sentido, resulta evidente que el acto reclamado en estudio (reseñado en el inciso A), no participa del carácter de imposible reparación, dado que no conlleva la afectación a un derecho sustantivo de la parte promovente, es decir, se refiere a actos de naturaleza procesal que solo afectan, en su caso, derechos adjetivos; supuesto en el cual no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2019, de la Décima Época, Materia Común, visible en la página 6 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de dos mil diecinueve, de consulta rápida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta electrónica, con registro 2019176, que dice:********************"DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza."****************************************Así, los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, por lo que a dicho acto respecta; de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia antes invocada.********************Luego, por lo que ve al diverso acto precisado en el inciso B), se advierte que también se actualiza la misma causa de improcedencia, en relación de igual modo con el arábigo 107, fracción V, éste último interpretado sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales han quedado transcritos con anterioridad, empero, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, en su parte conducente, que establece:****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:****************************************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************(.)****************************************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.".****************************************Luego, de lo relacionado, se obtiene que el primero de los preceptos legales invocados, no prevé una específica causa de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta deriva de lo establecido en la Constitución Federal o la Ley de Amparo; el segundo de los ordinales consigna que el juicio constitucional biinstancial es procedente contra actos dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.****************************************La interpretación, en sentido contrario de la segunda de las porciones normativas, indica que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos dentro de juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación, es decir, contra aquellos actos que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.****************************************Además, en la misma disposición legal, el legislador estableció una fórmula de distinción en torno a la irreparabilidad de los actos dentro de juicio, al precisar que requieren producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho.****************************************Por tanto, de los numerales antes trascritos, se advierte de manera esencial, que el juicio de amparo resulta procedente en contra de normas generales, actos u omisiones de autoridad con los cuales se ocasione a la parte quejosa una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.******************** ********************Tal interpretación, se deduce de las dos condiciones que el representante secundario estableció para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva.****************************************En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 164, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:****************************************"EJECUCIÓN IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución 'irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio".****************************************En el caso, la parte quejosa señala como diverso acto reclamado el auto de trece de abril de dos mil veintitrés, en la parte en la cual se le otorgó a la ahora quejosa el término de tres días legalmente computados, para que diera impulso procesal en el juicio natural, con el apercibimiento de que para el caso de no dar cumplimiento a lo requerido, comenzará a transcurrir el término previsto para decretar la caducidad prevista en los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo.****************************************De lo anterior, se obtiene que a la quejosa se le requirió para que diera impulso procesal al expediente laboral de trato, apercibiéndola para el caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido, se comenzaría a computar el plazo para efecto de decretar la caducidad en el expediente laboral ********************; lo cual constituye un acto futuro de realización incierta, en contra del cual es improcedente el juicio de amparo, porque su existencia dependerá de la conducta que asuma a quien se dirige el requerimiento y el correspondiente apercibimiento; por tanto, es claro que el segundo acto combatido y que ahora se analiza, tampoco es un acto que afecte su esfera jurídica, al tratarse de una simple comunicación de la autoridad laboral en el proceso, en el sentido de que se le requiere para tal efecto y las consecuencias ante su omisión.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos esenciales, y en lo conducente, la jurisprudencia 301, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, consultable en el Tomo III, del Apéndice del año dos mil, página 320 (registro 911234), de rubro y texto siguientes: ****************************************"MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDEN DE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca, y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo".****************************************Suma a lo anterior, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos futuros, son aquellos de remota ejecución, sin que puedan considerarse como tales, aquellos en los que exista inminencia de su ejecución.****************************************En consecuencia, es válido concluir que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, que exige que con el acto reclamado se cause una afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético.****************************************Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada publicada en el informe mil novecientos treinta y siete, materia común, página diecinueve, de la Quinta Época, estableció que el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, por lo que el amparo es improcedente contra él, como se aprecia de lo siguiente:****************************************"APERCIBIMIENTO. Como el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, el amparo es improcedente contra él".****************************************Bajo esa línea de pensamiento, el acto reclamado que nos ocupa (reseñado en el inciso B que antecede), debe entenderse como un acto procesal que establece una prevención a cargo de una persona, señalándole una sanción en caso de incumplimiento, al colocarse a la quejosa como obligada a observar una conducta.****************************************De lo que se sigue que, la imposición de una medida de apremio implica tres momentos, primero, el requerimiento a la persona a quien se dirige para que realice una determinada conducta, el segundo, que dicha persona no cumpla con la conducta o acto solicitado; y el tercero, que la autoridad haga efectivo dicho apercibimiento y decida, por ende, imponer la sanción señalada en caso de incumplimiento.****************************************En ese orden argumentativo, puede establecerse que el apercibimiento de imposición de una medida de apremio, que busca que la persona a la que va dirigido actúe o deje de actuar en un determinado sentido, constituye un acto futuro e incierto; puesto que, como se evidenció, la imposición de la medida depende, al menos, de dos aspectos, de la conducta que asuma el sujeto a quien se dirigió el apercibimiento, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces, dependerá de que la autoridad decida, mediante la emisión de la resolución o acuerdo correspondiente, hacer efectivo el apercibimiento e imponer la sanción relativa; quedando así a su voluntad la imposición o no de ese medio punitivo.****************************************Luego, no se está frente a un acto de ejecución inminente, sino, por el contrario, de un acto de realización futura e incierta, pues no existe la certeza de que se vaya a ejecutar, ya que puede ser que el propio quejoso asuma la conducta ordenada, o bien, la autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que, se insiste, sea futuro e incierto; de ahí que se estime que, el requerimiento formulado a la quejosa carezca de ejecución como acto autónomo del auto en que se haga efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada, comenzando a transcurrir el termino para la caducidad conforme a la legislación aplicable, pues no existe acto de molestia individualizado al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implica algún cambio en su esfera jurídica, sino solamente hasta que se imponga la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo e independiente de aquel en que se hizo el requerimiento y apercibimiento respectivo, cuya imposición, se insiste, depende de la conducta que éste asuma, y de la que, en su caso, determine llevar a cabo la autoridad que lo haya emitido.****************************************En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto, por lo que ve al acto reseñado en el inciso A), la causa de improcedencia prevista en los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción V -este último interpretado en sentido contrario- y por lo que ve al acto apuntado en el inciso B), la misma causal y fracción en relación con el 5°, fracción I, y todos la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, procede a desechar de plano la demanda de amparo, ********************VII. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que precisa en su demanda de amparo y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por así haberlo solicitado expresamente.********************VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.****************************************IX. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. ********************Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General.****************************************X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.************************************************************Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. ****************************************Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Se ordena generación de versión pública de acuerdo. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.****************************************Notifíquese personalmente a la quejosa.****************************************Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tribunal Colegiado remite demanda de amparo y anexos. Téngase recibido el oficio signado por la secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual remite la demanda de amparo promovida por ********************, por conducto de su apoderado legal ******************** y tres traslados, acuerdo de tres de mayo del año en curso, constancia de notificación al quejoso y expediente laboral de origen ********************; lo anterior, por haberse declarado legalmente incompetente para su conocimiento. Acúsese recibo. Con las constancias anteriormente señaladas, fórmese un tomo de pruebas, agregándosele la carátula correspondientes para su debida identificación respetando sus folios y sellos, mismo que se ordena devolver a su lugar de origen en su momento procesal oportuno. Atento al contenido del oficio y anexos de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; así como en los numerales 1º, 37, 38, 45 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de conformidad con los puntos de acuerdo primero, relativo al Décimo Sexto Circuito, y cuarto, párrafo segundo, del punto XVI, derivados del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria de veintitrés de enero del dos mil trece, por unanimidad de votos, en vigor a partir de esa misma fecha y publicado en el Diario Oficial de la Federación hasta el quince de febrero de ese mismo año, por el que se deroga el diverso Acuerdo General 17/2012, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de junio del dos mil doce y deja sin efecto las disposiciones dictadas con anterioridad, este Juzgado de Distrito acepta la competencia declinada y por ende, se avoca al conocimiento de la demanda de amparo remitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito.****************************************II. Expediente y registro. Dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), fórmese expediente físico, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese la demanda con el número 582/2023-Il.No se soslaya que en el segundo párrafo del proemio de la demanda en estudio se haya inscrito que se solicita la protección de la Justicia Federal en contra de un laudo emitido por la responsable ahí señalada; empero, del estudio de la misma en su integridad y de las constancias remitidas se coligen concretamente los actos que se tildan de inconstitucionales y los cuales han quedado precisados con antelación, de ahí que no requiera prevención alguna a la parte quejosa. Se desecha la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano."****************************************De la lectura del artículo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano.********************En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto.********************La improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que, al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. ********************Además, es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda.********************Bajo ese contexto, la suscrita estima que por lo que ve al acto reclamado precisado en el inciso A), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, dispositivos que estatuyen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************(...)********************XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley."********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************(.)********************V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;."****************************************Conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional indirecto procede contra actos procesales de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del hombre o del gobernado, tutelados por la Constitución Federal o por los tratados internacionales en los que México sea parte, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. ********************En efecto, el dispositivo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece que la improcedencia del juicio de amparo no solo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. ********************Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte.********************Es criterio reiterado de los Tribunales Federales que los actos de imposible reparación son aquellos que afectan derechos sustantivos, como la libertad, la posesión jurídica, la propiedad, etcétera, tutelados por los derechos humanos, imposible de restituir incluso ni en el caso de que el interesado obtenga sentencia favorable en el procedimiento jurisdiccional de que se trate. ********************Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación" deberá atenderse a los efectos o consecuencias que éstos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la constitución y los Tratados Internacionales.********************En el caso, la parte quejosa reclama el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente laboral ******************** del índice de la responsable, en el que, en la parte conducente que ahora se analiza, no se acordó favorablemente su pretensión de llamar a juicio como tercera interesada a la persona moral denominada "********************", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable; empero, dicho acto no es de imposible reparación, en virtud de que la única consecuencia de tal decisión es que dicha persona moral no sea llamada a juicio en los términos que pretende la aquí quejosa; lo cual no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Federal, sino que únicamente se afectan derechos procesales, en la medida que el procedimiento laboral de origen continuará su tramitación hasta el dictado del laudo respectivo, el cual incluso puede ser favorable a los intereses de la quejosa, pero de no ser así, estará en aptitud de reclamarla como violación procesal al promover amparo directo, alegando tales irregularidades cometidas durante el procedimiento para obtener su reparación. ********************Por tanto, ese tipo de determinaciones no son reclamables en el juicio de amparo biinstancial.********************Así, será, en su caso, hasta el pronunciamiento del laudo definitivo, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar así a una afectación material a derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses legales de la parte quejosa; pues de momento, sus únicos efectos consisten en que dicha persona moral no sea llamada a juicio en los términos que pretende la aquí quejosa.********************Sin que la circunstancia de que se pretenda evitar el desarrollo ocioso de un contradictorio haga procedente el juicio biinstancial, pues el tiempo y las molestias que la tramitación de un juicio natural ocasiona, se trata de cuestiones propias e inherentes del procedimiento, los que no constituyen elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, de conformidad con la jurisprudencia del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que dice:********************"EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a esta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con este se les ocasione".********************En concordancia con lo apuntado, resulta válido concluir que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son capaces de afectar directamente alguno de los aludidos derechos fundamentales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio; y que por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo.******************** En efecto, la naturaleza del acto reclamado descrito en el inciso A) del apartado respectivo, que como se ha destacado, lo constituye el acuerdo de trece de abril de dos mil veintitrés, dictado en autos del expediente laboral ******************** del índice de la responsable, en la parte en la cual no se acordó favorablemente la pretensión de la parte actora de llamar a juicio como tercera interesada a la persona moral denominada "********************", sociedad de responsabilidad limitada de capital variable, no vulnera derechos sustantivos; razón por la cual, resultan intrascendentes los motivos de ilegalidad que señala la parte quejosa, al ser actos que solo generan efectos intraprocesales.********************Por tanto, el juicio de amparo indirecto en que se reclaman resoluciones de las características citadas es improcedente.********************Es aplicable a las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia V.2o. J/68, de la Octava Época, Materia Común, visible en la página cuarenta y seis de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 66, Junio de mil novecientos noventa y tres, de consulta rápida en el ius o registro electrónico número 216131, que dice:********************"EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO). Anteriormente al quince de enero de 1988, en que entraron en vigor las últimas reformas al artículo 107 constitucional y a la Ley de Amparo, por actos de imposible reparación para determinar la procedencia del juicio de amparo judicial indirecto, se debía considerar a aquéllos que tuvieran una ejecución de carácter material sobre las personas en sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se pudieran reparar en el curso del juicio del que dimanan tales actos procesales, aunque se obtuviera una sentencia definitiva favorable, entre los que podríamos citar, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, así como aquéllos que tuvieran por efecto impedir el dictado de la sentencia definitiva que decida las pretensiones de las partes en última instancia, como sería el desechamiento de la demanda, la declaración de caducidad de la instancia, el acuerdo que tiene por desistido al actor de la acción o la instancia, el que declara desierto el recurso de apelación contra la sentencia que decidió el negocio en primera instancia, etcétera, esto, en razón de los daños o perjuicios que pueden resentir los particulares con esa clase de actos, ya que no se les puede resarcir en ninguna actuación posterior dentro del juicio de que se trata, pues la privación de derechos a usar los bienes embargados, que prevalece durante el tiempo que dura el secuestro, ya no se puede reparar posteriormente; el menoscabo sufrido y los perjuicios resentidos al hacerse efectiva la multa tampoco son restituibles en el procedimiento y los alimentos pagados tienen las mismas consecuencias; los efectos de la caducidad de la instancia, del acuerdo que tiene por desistido al actor, del que declara desierto el recurso aludido, llevan a la imposibilidad jurídica de que pueda dictarse sentencia definitiva en el juicio, con lo que impiden que las violaciones cometidas en tales procedimientos, sean reparadas material o jurídicamente con una sentencia favorable al afectado con las violaciones procesales. En el sistema constitucional y legal vigente subsiste dicha situación, excepto respecto de los actos procesales que ponen fin al juicio, que son actos reclamables en el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito."********************En ese sentido, resulta evidente que el acto reclamado en estudio (reseñado en el inciso A), no participa del carácter de imposible reparación, dado que no conlleva la afectación a un derecho sustantivo de la parte promovente, es decir, se refiere a actos de naturaleza procesal que solo afectan, en su caso, derechos adjetivos; supuesto en el cual no resulta procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 7/2019, de la Décima Época, Materia Común, visible en la página 6 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 63, Febrero de dos mil diecinueve, de consulta rápida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta electrónica, con registro 2019176, que dice:********************"DENUNCIA DEL JUICIO A TERCEROS. EL AUTO O RESOLUCIÓN QUE NIEGA SU ADMISIÓN NO CONSTITUYE UN "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN", POR LO QUE ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, conforme a la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que: 1) afecten materialmente derechos; y 2) esos derechos revistan la categoría de "sustantivos". Sobre esa base, la negativa a denunciar el juicio a terceros no es de naturaleza irreparable, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, ya que ese actuar jurisdiccional únicamente depara consecuencias dentro del propio procedimiento -al afectarse la celeridad o prontitud del juicio-, sin que trascienda a la persona o bienes del justiciable más allá de lo meramente procedimental, lo cual resulta indispensable para actualizar la procedencia excepcional del amparo indirecto contra actos intraprocesales. La postura anterior es la más acorde con el propósito que se busca con el artículo citado, consistente en evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional, de suerte que sólo excepcionalmente se susciten cuestiones de esa naturaleza."****************************************Así, los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, por lo que a dicho acto respecta; de ahí que se estime actualizada la causa de improcedencia antes invocada.********************Luego, por lo que ve al diverso acto precisado en el inciso B), se advierte que también se actualiza la misma causa de improcedencia, en relación de igual modo con el arábigo 107, fracción V, éste último interpretado sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales han quedado transcritos con anterioridad, empero, en correspondencia con lo dispuesto en el artículo 5, fracción I, de la ley de la materia, en su parte conducente, que establece:****************************************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:****************************************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.****************************************(.)****************************************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;.".****************************************Luego, de lo relacionado, se obtiene que el primero de los preceptos legales invocados, no prevé una específica causa de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta deriva de lo establecido en la Constitución Federal o la Ley de Amparo; el segundo de los ordinales consigna que el juicio constitucional biinstancial es procedente contra actos dentro de juicio, cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.****************************************La interpretación, en sentido contrario de la segunda de las porciones normativas, indica que el juicio de amparo indirecto no procede contra actos dentro de juicio, cuyos efectos no sean de imposible reparación, es decir, contra aquellos actos que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.****************************************Además, en la misma disposición legal, el legislador estableció una fórmula de distinción en torno a la irreparabilidad de los actos dentro de juicio, al precisar que requieren producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho.****************************************Por tanto, de los numerales antes trascritos, se advierte de manera esencial, que el juicio de amparo resulta procedente en contra de normas generales, actos u omisiones de autoridad con los cuales se ocasione a la parte quejosa una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.******************** ********************Tal interpretación, se deduce de las dos condiciones que el representante secundario estableció para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva.****************************************En apoyo a lo anterior, se cita la Jurisprudencia 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 164, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice:****************************************"EJECUCIÓN IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución 'irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio".****************************************En el caso, la parte quejosa señala como diverso acto reclamado el auto de trece de abril de dos mil veintitrés, en la parte en la cual se le otorgó a la ahora quejosa el término de tres días legalmente computados, para que diera impulso procesal en el juicio natural, con el apercibimiento de que para el caso de no dar cumplimiento a lo requerido, comenzará a transcurrir el término previsto para decretar la caducidad prevista en los artículos 772 y 773 de la Ley Federal del Trabajo.****************************************De lo anterior, se obtiene que a la quejosa se le requirió para que diera impulso procesal al expediente laboral de trato, apercibiéndola para el caso de no hacerlo dentro del término legalmente concedido, se comenzaría a computar el plazo para efecto de decretar la caducidad en el expediente laboral ********************; lo cual constituye un acto futuro de realización incierta, en contra del cual es improcedente el juicio de amparo, porque su existencia dependerá de la conducta que asuma a quien se dirige el requerimiento y el correspondiente apercibimiento; por tanto, es claro que el segundo acto combatido y que ahora se analiza, tampoco es un acto que afecte su esfera jurídica, al tratarse de una simple comunicación de la autoridad laboral en el proceso, en el sentido de que se le requiere para tal efecto y las consecuencias ante su omisión.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, por sus razonamientos esenciales, y en lo conducente, la jurisprudencia 301, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Séptima Época, consultable en el Tomo III, del Apéndice del año dos mil, página 320 (registro 911234), de rubro y texto siguientes: ****************************************"MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDEN DE LA ACTIVIDAD DE ÉSTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARÁCTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca, y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo".****************************************Suma a lo anterior, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los actos futuros, son aquellos de remota ejecución, sin que puedan considerarse como tales, aquellos en los que exista inminencia de su ejecución.****************************************En consecuencia, es válido concluir que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, que exige que con el acto reclamado se cause una afectación al interesado, en el aspecto más amplio de tutela de derechos fundamentales, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio o ser inminente, no simplemente eventual, aleatorio o hipotético.****************************************Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada publicada en el informe mil novecientos treinta y siete, materia común, página diecinueve, de la Quinta Época, estableció que el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, por lo que el amparo es improcedente contra él, como se aprecia de lo siguiente:****************************************"APERCIBIMIENTO. Como el simple apercibimiento no implica un perjuicio material, real y efectivo, el amparo es improcedente contra él".****************************************Bajo esa línea de pensamiento, el acto reclamado que nos ocupa (reseñado en el inciso B que antecede), debe entenderse como un acto procesal que establece una prevención a cargo de una persona, señalándole una sanción en caso de incumplimiento, al colocarse a la quejosa como obligada a observar una conducta.****************************************De lo que se sigue que, la imposición de una medida de apremio implica tres momentos, primero, el requerimiento a la persona a quien se dirige para que realice una determinada conducta, el segundo, que dicha persona no cumpla con la conducta o acto solicitado; y el tercero, que la autoridad haga efectivo dicho apercibimiento y decida, por ende, imponer la sanción señalada en caso de incumplimiento.****************************************En ese orden argumentativo, puede establecerse que el apercibimiento de imposición de una medida de apremio, que busca que la persona a la que va dirigido actúe o deje de actuar en un determinado sentido, constituye un acto futuro e incierto; puesto que, como se evidenció, la imposición de la medida depende, al menos, de dos aspectos, de la conducta que asuma el sujeto a quien se dirigió el apercibimiento, de manera que si cumple no se hará efectivo, y si no cumple, entonces, dependerá de que la autoridad decida, mediante la emisión de la resolución o acuerdo correspondiente, hacer efectivo el apercibimiento e imponer la sanción relativa; quedando así a su voluntad la imposición o no de ese medio punitivo.****************************************Luego, no se está frente a un acto de ejecución inminente, sino, por el contrario, de un acto de realización futura e incierta, pues no existe la certeza de que se vaya a ejecutar, ya que puede ser que el propio quejoso asuma la conducta ordenada, o bien, la autoridad decida no hacer efectivo el apercibimiento, de ahí que, se insiste, sea futuro e incierto; de ahí que se estime que, el requerimiento formulado a la quejosa carezca de ejecución como acto autónomo del auto en que se haga efectivo el apercibimiento con el cual fue conminada, comenzando a transcurrir el termino para la caducidad conforme a la legislación aplicable, pues no existe acto de molestia individualizado al quejoso, porque lo contenido en ese auto no implica algún cambio en su esfera jurídica, sino solamente hasta que se imponga la sanción, lo que será realizado en otro acto autónomo e independiente de aquel en que se hizo el requerimiento y apercibimiento respectivo, cuya imposición, se insiste, depende de la conducta que éste asuma, y de la que, en su caso, determine llevar a cabo la autoridad que lo haya emitido.****************************************En consecuencia, al actualizarse en el presente asunto, por lo que ve al acto reseñado en el inciso A), la causa de improcedencia prevista en los diversos 61, fracción XXIII y 107, fracción V -este último interpretado en sentido contrario- y por lo que ve al acto apuntado en el inciso B), la misma causal y fracción en relación con el 5°, fracción I, y todos la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113, de la citada ley, procede a desechar de plano la demanda de amparo, ********************VII. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que precisa en su demanda de amparo y como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, por así haberlo solicitado expresamente.********************VIII. Transparencia de las resoluciones judiciales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.****************************************IX. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. ********************Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General.****************************************X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal.************************************************************Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. ****************************************Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, que reforma el artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace del conocimiento de las partes que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Se ordena generación de versión pública de acuerdo. Finalmente, en cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública del presente proveído, para que pueda ser consultable por el público en general.****************************************Notifíquese personalmente a la quejosa.****************************************Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

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