Teresa de Jesús Negrete Palma
Expediente 692/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 692/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Teresa de Jesús Negrete Palma
Actuaciones
- Principal
Tribunal Colegiado remite testimonio. Agréguese a los autos el oficio que remite el secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al cual acompaña el testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de queja civil 174/2023, interpuesto por la quejosa ***************. Acúsese recibo y comuníquese a las partes la resolución de mérito en lo conducente, mediante la cual, se resolvió: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja". Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que es destruible la presente pieza de actuaciones, hágase anotación de archivo y remítase al lugar de guarda.
- Principal
Se rinde informe respecto al recurso de queja. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que en proveído de veinte de julio pasado, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días señalara las constancias que deben integrar el testimonio a enviar a la superioridad para la substanciación del recurso de queja que interpuso en autos, plazo que ya feneció, sin que lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el numeral 101, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación respecto a la materia de la queja, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que en fecha once de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado Federal desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Teresa de Jesús Negrete Palma, por las consideraciones ahí expuestas. Atento a lo expresado a supralíneas, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en turno, copia certificada de la totalidad de constancias que integran el presente asunto, el escrito de expresión de agravios, con copia para el fiscal Federal de esa adscripción, a fin de que se sirva resolver lo que en derecho corresponda.
- Principal
Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por el quejoso. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta signado por Juan de Dios Ornelas Rosas, apoderado en términos amplios de la quejosa Teresa de Jesús Negrete Palma, a través del cual interpone recurso de queja contra el auto de once de julio de la presente anualidad. Por tanto, con fundamento en el numeral 101 de la citada ley, dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días señale las constancias que en copia certificada deberán remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno, con residencia en Guanajuato, capital. Transcurrido el citado plazo, dese nueva cuenta a fin de remitir el escrito de agravios, rendir el informe sobre la materia de la queja y las constancias señaladas a la superioridad respectiva, para que esté en aptitud de resolver lo que en derecho proceda. Sin que pase desapercibido que en el escrito dirigido a este Juzgado Federal el promovente señala domicilio para oír y recibir notificaciones de manera electrónica en el presente juicio de amparo; empero, del contenido se desprende que dicha petición se encuentra dirigida al Tribunal Colegiado.
- Principal
Diligencia de ratificación de firma. Agréguese a los autos la diligencia de ratificación de firma que antecede, a través de la cual, Teresa de Jesús Negrete Palma, desahoga en audiencia pública el requerimiento que le fue formulado en proveído de cuatro de julio pasado, y al efecto reconoce como suya la firma que calza el escrito de demanda y la diversa que estampó en el escrito aclaratorio por el cual pretende cumplir la prevención formulada; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Desahogo de prevención. En ese sentido, visto el escrito aclaratorio signado por Teresa de Jesús Negrete Palma, mediante el cual cumple con los requerimientos formulados por este Juzgado Federal en auto preventivo de veintidós de junio pasado, en consecuencia se provee. Desechamiento. De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a examinar el escrito de demanda y ocurso aclaratorio, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo 113 de la Ley de Amparo, permite desechar una demanda de amparo cuando se advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia. De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Puntualizado lo anterior, este órgano de control constitucional estima que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia que surge de la interpretación sistemática del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos aplicados en sentido contrario, ya que la parte quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al haberse apersonado al procedimiento de ejecución de la sentencia el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, tal y como lo sostiene bajo protesta de decir verdad en el ocurso aclaratorio de cuenta. Para mejor comprensión de lo anterior, resulta oportuno traer a colación el contenido de las normas en las que se sustenta la causa de improcedencia de trato. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, prevé que el juicio es improcedente: "En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Al matizar el alance de esta norma, en la jurisprudencia 2a./J. 175/2013 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que su contenido debe ser interpretado en el sentido de que la improcedencia puede surgir no sólo de una disposición de la ley, sino también de alguna disposición de la Constitución, ya que ésta fija las bases para la procedencia y tramitación del juicio de amparo; ello en atención a que, los otros supuestos contenidos en las restantes fracciones sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente. Interpretación que, a pesar de haber sido emitida conforme a la anterior Ley de Amparo, resulta conforme a la normativa vigente de ahí que deba ser entendida en igual sentido. Ahora, el artículo 107, fracción VII, de la Ley Fundamental, y 107 fracción VI, de la Ley de Amparo, prevén la posibilidad de ejercer la acción constitucional a las personas extrañas a los procedimientos jurisdiccionales siempre que los actos afectan algún derecho legalmente constituido. Sobre el concepto de persona extraña, la doctrina y la jurisprudencia utilizan indistintamente esa expresión para referirse a la procedencia del amparo indirecto previsto en las normas invocadas; sin embargo, el concepto de persona extraña al juicio es más amplio que el de tercero extraño comúnmente definido en los tratados de derecho procesal, ya que acorde con las interpretaciones sustentadas por el Alto Tribunal se incluye también al propio demandado cuando no es emplazado, o cuando los vicios en el emplazamiento le impiden conocer los datos necesarios para defenderse, conocido como tercero extraño equiparado. En ese contexto, para los efectos del juicio de amparo persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas; también lo es la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. La razón de la existencia de ese concepto radica en salvaguardar los derechos de una persona que se vean afectados con motivo de un juicio, sin haber tenido oportunidad de defenderse en él, derivado del desconocimiento de la contienda, por lo que se permite la promoción del juicio de amparo a fin de que la persona cuente con la oportunidad de ofrecer pruebas en relación con el emplazamiento defectuoso o de su omisión. Sin embargo, si la persona se hizo sabedora del juicio compareciendo a éste, deja de tener el carácter de tercero extraño, pues se integra al procedimiento, por lo que estará en posibilidad de defenderse del proceso ordinario, y en su oportunidad, si es necesario, podría acudir al amparo directo. Razón que subyace debido a que, la finalidad del amparo indirecto promovido por personas extrañas a juicio es tutelar el derecho de audiencia ante el desconocimiento total del conflicto en que resultaron afectados sus intereses, por lo que la circunstancia de que la persona haya comparecido al juicio natural o procedimiento de ejecución, por sí o por conducto de quien legalmente la represente, provoca la actualización de una causa de improcedencia, al no encontrarse en la hipótesis de tercero extraño. Bajo esa óptica, en el asunto que se estudia, contrario a lo afirmado por la quejosa, ésta no tiene el carácter de tercera extraña al procedimiento de ejecución de sentencia, ya que el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se apersonó al mismo, tal y como ella lo refiere en los antecedentes narrados en el escrito aclaratorio de cuenta, manifestación que constituye una CONFESIÓN en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Lo descrito pone a la vista que la parte quejosa no desconocía la radicación del sumario de origen al ser parte codemandada, ni su ejecución, como lo aduce, pues como ya se dijo, compareció en la etapa de ejecución haciendo así sabedora del inicio de dicho proceso y del trámite que ahora reclama, lo que de suyo trae como consecuencia que desde esa data se encontraba en posibilidades de agotar el incidente de nulidad de actuaciones previsto en la ley ordinaria aplicable al caso concreto, a fin de verificar la legalidad de la notificación personal que pretende combatir, ya que dicho medio de defensa de serle favorable le permitiría, incluso, anular todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de ejecución que refiere en respeto a su garantía de audiencia. En tales condiciones, como en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que surge de interpretar el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, de la Constitución Federal; y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, estos últimos a contrario sensu, pues la peticionaria de amparo no tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, ya que compareció al procedimiento de ejecución, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, lo procedente es desechar la demanda que nos ocupa. Resulta aplicable, por sus razones esenciales, la jurisprudencia con registro 2026118, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: «JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios opuestos al analizar casos en los que una persona que tuvo el carácter de parte demandada en el juicio ejecutivo mercantil presentó demanda de amparo indirecto en contra de la notificación del auto que abrió a trámite el incidente de liquidación de sentencia. Un tribunal concluyó que toda vez que la quejosa no tuvo conocimiento del trámite del incidente, se equipara a una persona tercera extraña al procedimiento en tanto alega la violación a su derecho de audiencia, y, por tanto, resultaba aplicable el artículo 61, fracción XVIII, inciso c), de la Ley de Amparo. Por su parte, el otro tribunal sostuvo que se desvirtúa la calidad de tercero extraño por equiparación cuando el quejoso conozca de la existencia del juicio, por lo que debió agotarse el incidente de nulidad de notificaciones que tiene como materia verificar la legalidad de la notificación del auto que abre el incidente de liquidación. Criterio jurídico: La persona que hubiera comparecido como parte al juicio ejecutivo mercantil y señale como acto reclamado la ausencia o deficiente notificación del auto que da inicio al incidente de liquidación de sentencia no cuenta con el carácter de extraña a procedimiento. Por tanto, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Justificación: Es razonable presumir que la persona que es condenada en un juicio ejecutivo mercantil por una suma líquida conoce que será requerida para la determinación específica del monto y su pago, incluyendo la determinación de intereses. Esto es, en contraste con una persona que no es llamada a juicio y, por tanto, no tiene la posibilidad de defenderse, cuando una persona ya formó parte del juicio ejecutivo mercantil -fue correctamente emplazada, compareció al procedimiento y fue vencida por su contraparte- la persona sabe que deberá dar cumplimiento a la sentencia en su contra. Por tanto, el demandado cuenta tanto con la posibilidad fáctica (al conocer de la condena) como jurídica (por ser parte en el juicio principal) de acudir al incidente de nulidad de actuaciones. Este medio ordinario de defensa permite que, de estimarse que efectivamente no se llevó a cabo la notificación personal respectiva, se anulen todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al incidente de liquidación en respeto de su derecho de audiencia. Por tanto, negar el carácter de persona extraña a juicio en este supuesto en particular no deja en estado de indefensión a la persona que lo promueve. Esta conclusión se corresponde con la dinámica de los juicios ejecutivos mercantiles que tienen como característica particular la celeridad del procedimiento. Es el juzgado natural el que cuenta con toda la información necesaria para determinar primeramente si se llevó a cabo la notificación o existieron deficiencias en la diligencia para dar a conocer el inicio del incidente de liquidación y continuar con su trámite. Ahora bien, lo aquí resuelto no impide que se surtan otras excepciones al principio de definitividad que hagan procedente el juicio de amparo indirecto en los procedimientos de liquidación y ejecución de sentencia, como podría ser cuando se combate la sentencia interlocutoria que da fin al incidente de liquidación derivado de un juicio ejecutivo mercantil». De igual manera, al carecer la quejosa del carácter de tercera extraña, podría considerarse que también se surte la causa de improcedencia relativa al consentimiento tácito, prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, toda vez que válidamente puede concluirse que conocía de la existencia del procedimiento de ejecución al que hora pretende ostentarse como tercera extraña. Del mismo modo, al demostrarse que la parte quejosa no tiene la calidad de tercera extraña, respecto del inicio de la ejecución de convenio y/o sentencia del juicio ordinario civil C-250/2015, en razón de que la realizada para tal efecto no se hizo en su actual domicilio, así como todas sus consecuencias jurídicas en la etapa de ejecución, se considera que también se actualiza la diversa causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Se explica. Dicho precepto es del tenor literal siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]». De lo anterior, se obtiene que, para la actualización de la causa de improcedencia, se requiere que: I. El juicio de amparo se promueva contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. II. Siempre que no se actualice alguna de las excepciones que se prevén expresamente. Sobre el primer aspecto, orienta nuevamente la jurisprudencia, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación intitulada "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO CUENTA CON EL CARÁCTER DE EXTRAÑA AL PROCEDIMIENTO LA PERSONA QUE HUBIERA COMPARECIDO COMO PARTE AL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL Y SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO LA DEFICIENTE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DEL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA.", cuyo texto se insertó en acápites que preceden y al cual se remite en obvio de reproducciones innecesarias. Pues bien, del citado criterio se extrae que la Primera Sala ha determinado que aun tratándose de procedimientos de ejecución de sentencia, si se acredita que la parte quejosa conocía de la existencia del juicio, previo a la promoción del juicio de amparo, se deben instar los recursos ordinarios que existieren, pues de no hacerse de ese modo, se debe considerar que la parte quejosa no observó el principio de definitividad y, por ende, que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, si en el caso, la quejosa quien es parte demanda en el juicio natural y fue debidamente emplazada al mismo, ahora reclama la falta de notificación personal al inicio de la ejecución de convenio y/o sentencia del juicio ordinario civil C-250/2015, en razón de que la realizada para tal efecto no se hizo en su actual domicilio, así como todas sus consecuencias jurídicas en la etapa de ejecución, incluyendo la resolución de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, entonces, deviene innegable que si consideraba que esa notificación o cualquier actuación posterior le afectaba en algún modo, previo a promover el juicio de amparo, debió instar los recursos ordinarios de defensa procedentes, en este caso, pudo plantear el incidente de nulidad actuaciones que prevé el artículo 328 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, el cual la facultaba para solicitar la nulidad de dicha diligencia y la de todas las actuaciones posteriores al auto que dio inicio al procedimiento de ejecución que pretende combatir, en respeto de su derecho de audiencia; y, no obstante, dejó de hacerlo; de ahí que se estime actualizada la segunda causal en estudio. Sin que en el caso se actualice una causa de excepción de las que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que: A) No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni tampoco se trata de actos de incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; B) Tampoco se trata de órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso; C) No se trata de persona extraña al procedimiento; y, D) No es un auto de vinculación a proceso. Tampoco se actualiza la excepción que contempla el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo de la Ley de Amparo, que refiere que no será necesario agotar el medio ordinario de defensa cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo, en virtud que el precepto que regula la interposición del incidente de nulidad de notificación y actuaciones, es claro en establecer su procedencia contra una notificación se hiciere en forma diversa a la ordenada, o que se haya omitido. En esas condiciones, a criterio de la suscrita, en el caso que nos ocupa también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, al no haberse observado el principio de definitivad, y, por tanto, dicha actualización también impone desechar la demanda de amparo planteada. En cumplimiento a los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, realícense las acciones necesarias a fin de generar oportunamente la versión pública de la presente determinación, para que pueda ser consultable por el público en general.
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