Teresa Gaspar Bravo de Bravo
Expediente 845/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Teresa Gaspar Bravo de Bravo
- Teresa Gaspar Bravo de Bravo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
PRAL.845/2018-3A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de octubre de dos mil dieciocho. 1. Estado de autos. Vistos los autos y advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la determinación de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 67 a 75) que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ****, sin que se hubiere interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. 2.1. Plazo de las autoridades responsables. Por otra parte, resulta innecesario jurídicamente esperar a fenezca el plazo para la autoridad responsable agente Municipal de San Martín Mexicapam, Oaxaca (notificada el veintidós de septiembre pasado, foja 90); dado que, como se precisó, en la sentencia emitida se sobreseyó en el juicio de amparo promovido por la parte quejosa; por tanto, ningún agravio le genera, pues carece de legitimación para inconformarse. Se invoca como apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, registro 316096, con el siguiente rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución dictada en este juicio estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Se ordena archivo del expediente. Por tanto, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido. 4.1. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General citado. 4.2. Destino. Transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme el artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. 5. Archivo reciente. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 6. Anotaciones. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
CA.PRAL.845/2018-3A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. 1. Sólo agregar informes. Agréguense a los autos, únicamente para que obren como corresponda, los oficios del agente Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca, y la directora General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante los cuales rinden informe justificado; lo anterior, tomando en consideración que el diecinueve de septiembre de este año se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo. 2. Delegados. Con independencia de lo anterior, se tiene a ambas autoridades responsables designando delegados en términos del numeral 9º, párrafo primero, de la Ley de Amparo; y a la directora General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones. 3. Cuaderno relacionado. Toda vez que el juicio de amparo 845/2018 se encuentra en la actuaría para su notificación personal, fórmese un cuaderno relacionado a ese expediente, y una vez que sea devuelto glósese al respectivo juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó Fermín Santiago Santiago, secretario del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargado del despacho por licencia académica del titular, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.845/2018-3A´San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. 1. Se glosa copia certificada. Glósese a los autos copia certificada del informe previo signado por la directora General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, y del oficio suscrito por la misma autoridad, mediante el cual remitió un cuadernillo de copias certificadas; constancias que se invocan como hecho notorio y a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles; toda vez que sus originales obran glosados en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. 2. Estado de autos. De las constancias de autos se advierte que: La parte quejosa reclama lo siguiente: La resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 1109/2017. Actos que atribuyó al: a) Presidente Municipal Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. b) Cabildo Municipal del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. c) Alcalde Único Constitucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. d) Directora de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. e) Agente Municipal de San Martin Mexicapam, Oaxaca. f) Comisario de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez. g) Síndico Municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. h) Notificador actuario llevador del expediente administrativo 1109/2017 de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez. 3. Actualización de causales de improcedencia La directora General de Desarrollo Urbano, Centro Histórico y Ecología del Municipio de Oaxaca de Juárez, remitió el oficio CJ/DGDUCHE/0359/2018 (foja 57) al que adjuntó la copia certificada de la resolución que dictó el catorce de junio de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo 1109/2017; constancia a la que se le concede valor probatorio pleno, en término de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fue remitida por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. 3.1. No se agotó principio de definitividad. Así, se advierte que contra la resolución dictada el catorce de junio de dos mil dieciocho, en el expediente administrativo 1109/2017, de la dirección General de Desarrollo Urbano Centro Histórico y Ecología del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, procede un medio ordinario de defensa; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no agotó el principio de definitividad que aquélla exige para la procedencia del juicio constitucional; numeral que, en lo conducente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)". En efecto, el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo y que se encuentra contemplado en la fracción transcrita, dispone que antes de acudir al juicio de amparo, el promovente del amparo debe agotar todos los recursos o medios de defensa ordinarios establecidos en la ley que rige el acto, que tengan por objeto modificar, revocar o nulificar la resolución recurrida, ante la autoridad competente. Al respecto, los artículos 1º y 120 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca establecen: ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por la Fiscalía General de Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social, ni con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, así mismo tampoco se aplicará a los actos desplegados por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. ARTÍCULO 120.- El Tribunal tiene competencia para resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten: I. Entre los particulares y las autoridades de la administración pública del Estado; los Organismos públicos Descentralizados y Desconcentrados; II. Entre los municipios y el Gobierno del Estado, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. Entre dos o más municipios, derivados de los acuerdos o convenios administrativos de colaboración; IV. Entre los particulares y la administración pública Municipal. Cuando de acuerdo a las leyes de la materia, los municipios cuenten con organismos locales que diriman las controversias particulares y la administración pública municipal, el Tribunal tendrá competencia como instancia revisora; y V. Entre particulares y otros organismos públicos, cuando las leyes de la materia le conceden competencia expresa al Tribunal; y VI. Las demás señaladas en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y el Reglamento Interno del Tribunal. De los preceptos citados se advierte que dicha legislación es de orden público y de interés social, que se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen las Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Estatal, cuando éstas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de éstos y por sus Entidades Paramunicipales. Además, dicha ley (Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca) establece excepciones para su aplicación y conocimiento de ciertos asuntos, los cuales son: a) En las materias de carácter electoral; b) Justicia agraria; c) Laboral; d) Resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos; e) Con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; f) Las dictadas por la Fiscalía General del Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social; g) Conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, o por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. h) Los actos desplegados por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. Por ello, si la quejosa reclama la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho, dictada en el expediente administrativo 1109/2017, es inconcuso que contra el acto reclamado en esta instancia constitucional procede un medio ordinario de defensa ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, pues a aquél corresponde resolver las controversias de carácter administrativo como el suscitado en el caso. En consecuencia, dado que no se advierte que la parte quejosa hubiera accionado, previamente ese medio ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, es evidente que no se agotó el principio de definitividad que exige la Ley de Amparo para la procedencia del juicio constitucional. En ese contexto, con fundamento en el artículo 61, fracción XX, en relación con el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia. Precisiones. Cabe señalar que no se actualiza alguna excepción al principio de definitividad prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, específicamente por lo que hace a la suspensión del acto reclamado, pues la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en los artículos 215 a 223, no prevé menores alcances o plazos más largos que los previstos en la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión del acto reclamado. Dado que si bien la Ley de Amparo prevé veinticuatro horas para proveer sobre la suspensión del acto reclamado y la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca dispone que el magistrado concederá o negará la suspensión provisional a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, dicho tiempo es equivalente, porque, conforme a los dos ordenamientos, lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita y, en su caso, provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite; de ahí que la ley aplicable al asunto (Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca) no exige mayor término para proveer sobre la suspensión. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) (registro 2008807). Asimismo, cabe indicar que la parte quejosa alegó falta de fundamentación y motivación de la resolución de catorce de junio de dos mil dieciocho; sin embargo, tampoco se actualiza la excepción prevista en el artículo 61, fracción XX, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ya que, contrario a lo manifestado por la solicitante del amparo, dicha resolución sí se encuentra fundada y motivada; dado que, como fundamento, se invocaron los artículos 220 de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Oaxaca, 337, 341, 342, 343 fracción I, del Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, y diversos numerales expuestos en los considerandos primero, segundo y tercero de la resolución en comento; y, en vía de motivación se dieron las razones conducentes, de ahí que, en términos del citado numeral se encuentra obligada a agotar el medio ordinario de defensa. Además, del análisis de la demanda no se advierte que alegue únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por ello, se insiste, debió agotar el principio de definitividad antes de acudir a este juicio. 4. Se deja sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo anterior, al haberse actualizado de manera notoria e indudable las causas de improcedencia invocadas en párrafos anteriores, queda sin efecto la hora y fecha señaladas en auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciocho (foja 28), para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, en razón de que no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer este asunto, dado lo manifiesto e indudable de las causas de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podrían ser desvirtuadas, y el resultado de la resolución sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia, en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. 5. Acceso a la justicia. Finalmente, debe decirse que la actualización de las causales de improcedencia en estudio no implica negar el acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretó de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos consagrados en ordenamientos internacionales, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben interpretarse de manera estricta, de manera que la salvaguarda de la Constitución y de las garantías individuales a través de dicho proceso sea efectiva, de lo cual deriva que ante distintas posibles interpretaciones de las fracciones que componen el artículo 73 de la Ley de Amparo, el juez debe acoger únicamente aquella que se haya acreditado fehacientemente, evitando dejar, con base en presunciones, en estado de indefensión al promovente, lo que es acorde al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal, que condicionan la actuación de todos los poderes públicos, incluido el juez de amparo." Resulta también aplicable, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo 3, Libro XVI, Enero de 2013, página 2066, registro 2002537, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." 6. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en este asunto, correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente; ello, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC.845/2018... Por lo expuesto y fundado se, RESUELVE: PRIMERO. Se niega a ****, la suspensión definitiva de los actos reclamados, en términos de los considerandos segundo y cuarto de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se ordena dar cumplimiento con lo dispuesto en el considerando quinto de esta resolución. Notifíquese. ...
Quedan 8 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · 6,688 expedientes
- Téofilo Alvarado García1376/2017
- Teófilo Luis Hernández691/2023
- Teresa Antonio Martínez537/2018
- Teresa Ayari Cruz Rosas315/2022
- Teresa Cruz Melchor2/2019
- Teresa Gaspar Bravo de Bravo102/2019
- Teresa Gómez Girón332/2022
- Teresa Ita Andehui Méndez López1020/2018
- Teresa López González735/2021
- Teresa Lourdes Hernández García889/2019
- Teresa Martínez Escamilla137/2021
- Teresa Obdulia Sánchez Carrasco948/2018