Teófilo Luis Hernández

Expediente 691/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
691/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Teófilo Luis Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    PRAL 691/2023 MESA 7 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. 1. Plazo para interposición de recurso. Vistos los autos y la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la sentencia dictada en audiencia celebrada el once de septiembre de este año, firmada y autorizada el veintinueve de septiembre siguiente, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiesen hecho. 2. Firmeza de la resolución. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la referida sentencia. 3. Precisión. Resulta jurídicamente innecesario hacer pronunciamiento respecto al plazo de I) la autoridad responsable y II) agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este Juzgado, pues al haberse sobreseído en el juicio de amparo, ningún agravio les genera la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo; como así lo ilustra la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Nación, Quinta Época, tomo CXXX, página 676, con el rubro: "REVISIÓN INTERPUESTA POR LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE, EN CASOS DE SOBRESEIMIENTO". 4. Publicación de datos personales. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, se instruye a la secretaria encargada de este expediente que verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 5. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 20 y 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y vigente a partir del ocho de junio siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 6. Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 20, fracción I, y 23 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE, por lo cual será conservado durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, el órgano jurisdiccional destruirá el expediente, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda de que el mismo es destruible, en atención a lo previsto en el artículo 34 del citado acuerdo general. 7. Devolución de disco. Finalmente, como en se hizo constar que en la Secretaría de este Juzgado se encuentra resguardado un disco exhibido por la autoridad responsable juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, con sede en San Francisco Tanivet, Oaxaca; por tanto, mediante oficio que al efecto se gire, se ordena su devolución, toda vez que carece de objeto su permanencia. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 691/2023 MESA 7* VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 691/2023; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada el catorce de julio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, y recepcionada el diecisiete de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés se registró la demanda con el expediente 691/2023 y se admitió a trámite; se ordenó emplazar a la tercera interesada ********************; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a la audiencia constitucional. En auto de once de agosto del año que transcurre se ordenó emplazar a juicio a la licenciada Lizbeth Trujillo Juárez, agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres del Sector Metropolitano, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su carácter de tercera interesada. En diverso auto de dieciocho de agosto siguiente, la licenciada Amanda Amelia López García, agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se apersonó a este juicio de amparo, por ser la autoridad ministerial que actualmente es titular de esa mesa. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto se reclama a una autoridad con residencia en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama del juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: El auto de no vinculación a proceso dictado a ********************por el delito de ********************, con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado que le fue solicitado, el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, aceptó el acto reclamado. Existencia que se corrobora con el disco digital que fue enviado por el juez responsable, en el que constan los registros de audio y video de las audiencias de comunicación de imputación de diecinueve de junio del año en curso y ampliación de término constitucional de veinticuatro de junio siguiente, celebradas en la causa penal ********************. Disco digital que tiene valor de una documental pública, la cual se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 129 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°; como así lo ilustra la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse en forma preferente y previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o de la (s) que este Juzgado advierta de manera oficiosa. Respecto al acto reclamado consistente en la determinación de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, donde se dictó auto de no vinculación a proceso a ********************por su probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, dentro de la causa penal ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuya literalidad señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El precepto transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los cuales el particular reclama un acto emanado de algún tribunal judicial sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado aquél, el cual debe ser agotado antes de acudir al juicio constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la norma especial. En el caso, se advierte que en audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés se dictó auto de no vinculación a proceso a ********************por su probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, dentro de la causa penal ******************** y contra dicha determinación el quejoso promovió este juicio constitucional. Al respecto, el artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público, situación que lo legitima para apelar el auto de no vinculación a proceso. En efecto, el artículo en mención es del tenor siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma;." Sin embargo, del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de apelación, idóneo y procedente contra la resolución de no vinculación a proceso, que ahora constituye el acto reclamado, de conformidad con el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;." Así, el acto reclamado en la demanda de amparo no es definitivo para efectos del juicio de amparo, ya que en su contra procede un medio ordinario de defensa que tiene por objeto revocarlo, modificarlo o confirmarlo, al tratarse de la determinación a través de la cual se determinó no vincular a proceso a una persona, lo que evidentemente actualiza la hipótesis normativa transcrita con anterioridad. Establecido lo anterior, procede analizar si se actualiza alguna de las excepciones que prevé la causa de improcedencia que se está analizando, en razón de que la regla general del principio de definitividad contiene ciertas excepciones, de manera que si el acto que se reclama materialmente encuadra en alguna de las hipótesis de excepción, el juicio constitucional sería procedente aun en caso de no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, las cuales, de conformidad con el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son las siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El acto reclamado en la demanda de amparo no es un acto que importe privación de la vida, ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo que se advierte de su simple lectura. No se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se actualizan las diversas excepciones al principio de definitividad, ya que el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de libertad ni se trata de un acto que afecte la libertad personal. De igual forma, no se actualiza alguno de los diversos supuestos de excepción al principio de definitividad, ya que la víctima no es tercera extraña al procedimiento penal de origen, ya que de las constancias de autos se advierte que sus derechos quedaron representados y salvaguardados por conducto de sus asesores y de la Fiscal. Por lo tanto, el acto reclamado no lo constituye el auto de vinculación a proceso, ni la procedencia del recurso se sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla, ya que el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por el juez de Control sobre la no vinculación a proceso. Entonces, si la parte quejosa no agotó el medio de defensa ordinario es inconcuso que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, tomando en consideración las razones expresadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 355/2019. En esa ejecutoria se sostuvo que el tribunal constitucional ha dictado criterios jurisprudenciales que interpretan el alcance de los derechos de las víctimas u ofendidos dentro del proceso penal y, si bien, todavía no se ha manifestado expresamente sobre el derecho de éstos a interponer el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cierto es que ha emitido diversas pautas acerca de la forma en que deben de ser comprendidos los derechos de las víctimas relacionados con la reparación del daño y el acceso a la justicia, en su vertiente relativa a contar con la posibilidad de promover un recurso efectivo, sencillo y de fácil acceso. De igual forma, explicó que al resolver el amparo directo 10/2012, la Primera Sala determinó que considerar que la legitimación de la víctima para el recurso de apelación esté constreñida sólo a los actos que tengan vinculación directa con la reparación del daño, haría nugatorios los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal cuya motivación legislativa fue la de rescatar al ofendido o víctima del delito del olvido normativo en que se encontraba. En esa sentencia se advirtió que existen múltiples actos procesales que si bien no afectan en forma directa la reparación del daño, sí implican que tal resarcimiento no ocurra por afectar la pretensión reparatoria, como ejemplo, aludió a la orden de aprehensión y al auto de formal prisión que constituyen actuaciones que, a pesar de que al no pronunciarse sobre la pena pública de reparación del daño, tienen una relación directa con ella, porque si como consecuencia de los medios de impugnación que promueva el imputado se genera el cese de los efectos jurídicos producidos por dichos actos, ello se traduce en que la posibilidad de obtener la reparación del daño se afecte. Por tanto, concluyó que la víctima u ofendido del delito tienen legitimidad para interponer el recurso de apelación, con el carácter de coadyuvantes del Ministerio Público contra resoluciones que aunque no estén vinculadas directamente con la reparación del daño, de forma indirecta inciden en la garantía constitucional que consagra el derecho a recibirla. Asimismo, al resolver el amparo directo en revisión 1814/2015, la Primera Sala realizó un estudio de constitucionalidad del artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el entonces Distrito Federal, que establecía que únicamente tendrían derecho de apelar el ofendido o sus legítimos representantes, cuando coadyuvaran en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta. En este caso, con base en una interpretación extensiva del numeral 17, párrafo segundo, en relación con la fracción IV, del apartado C, del diverso 20, ambos de la Constitución Federal, se estableció que las víctimas u ofendidos pueden inconformarse contra aquellas determinaciones que afecten sus derechos constitucionales a la impartición de justicia y reparación del daño. En ese tenor, se afirmó que la víctima o el ofendido en el proceso penal no están legitimados únicamente para interponer la apelación en defensa de aquellas violaciones relacionadas directamente con la reparación del daño, sino que es procedente que acudan a ese recurso en defensa de cualquier otro de los derechos fundamentales que en su favor consagre el precepto 20 constitucional; así como de cualquier otro derecho humano previsto en los tratados internacionales en los que México sea parte, conforme a lo que establece el primer párrafo del numeral 1o. de la Constitución Federal. Por último, al emitir la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 79/2015 (10a.), mediante la cual la Primera Sala interpretó el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, expresamente sostuvo que la víctima u ofendido del delito tienen derecho a interponer el recurso de apelación contra las sentencias intermedias y definitivas en el proceso penal, aun cuando la ley no lo legitime para ello. Así, en dicha tesis expuso que considerar que la legitimación para impugnar las resoluciones intermedias y definitivas en el proceso penal está únicamente constreñida al Ministerio Público, imputado y defensores, como lo hace el artículo 353 del código referido, haría nugatorios los derechos humanos de la víctima u ofendido del delito, establecidos con el propósito de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación activa en el proceso, principalmente, para obtener la reparación del daño que el hecho típico les originó, llegando a la conclusión de que los que derivan de un proceso penal no pueden hacerse nugatorios por un deficiente o insuficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario. Finalmente, en el amparo directo en revisión 5530/2014, reiteró que la víctima u ofendido del delito se encuentran legitimados para hacer valer lo que a su derecho corresponda no sólo en relación con la reparación del daño, sino también respecto de apartados distintos como son los relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. Esta tendencia jurisprudencial, como lo refiere la Corte, ha sido en el sentido de reconocer una mayor participación de la víctima u ofendido del delito, no sólo en lo que respecta al proceso penal, sino también dentro del juicio de amparo, en particular, los precedentes mencionados permiten concluir que la víctima u ofendido del delito tienen legitimación para interponer los recursos de ley, cuando se reclamen aspectos no sólo relacionados con la reparación del daño, sino también con apartados del derecho a la verdad y un acceso efectivo a la justicia. Incluso, abunda en que esa línea argumentativa es acorde a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que ha señalado que de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el diverso 1.1 de la misma, "los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses", lo cual, de acuerdo con el tribunal interamericano, tiene la finalidad de hacer efectivo su "acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación". Añadió que sí la Corte Interamericana ha sido enfática en señalar que los Estados firmantes del Pacto tienen el deber ineludible de adecuar su marco normativo interno de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; lo anterior, incluye no sólo lo relativo a los procesos jurisdiccionales, sino también al texto constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario; de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos. Como complemento a lo anterior, mencionó que el derecho que tienen las víctimas a ser escuchadas en todo el proceso penal, incluyendo recursos ordinarios y extraordinarios, lo cual también se encontraba reconocido en la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece, como se contemplaba en los dispositivos 10, 12, fracción III y 14 de dicha norma. Consideraciones anteriores por las cuales concluyó que el ordenamiento constitucional y legal, así como la doctrina interamericana, reconocen en favor de la víctima u ofendido del delito, una legitimación amplia para ser escuchadas en el proceso penal en todas sus etapas, no sólo como un medio para asegurar la reparación del daño, sino también como una manifestación de su derecho al acceso a la justicia. De lo expuesto se observa que, tal como lo sostiene el Máximo Tribunal, la doctrina constitucional ha estado encaminada a reconocer una mayor participación de la víctima u ofendido del delito, no sólo en lo que respecta al proceso penal, sino también dentro del juicio de amparo, en el sentido que de poder impugnar no sólo la reparación del daño; también en lo relacionado con los presupuestos de acreditación del delito, la plena responsabilidad penal del sentenciado, la individualización de sanciones, incluso, el derecho a la verdad y un acceso efectivo a la justicia. En esa tesitura, se reitera, la parte quejosa debía interponer el recurso de apelación contra el acto reclamado, toda vez que se trata de la resolución del juez de control que resolvió dictar auto de no vinculación a proceso; en el caso, está obligada a agotar el recurso ordinario contemplado en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de la apelación podía obtener la modificación o revocación de dicha determinación; de ahí que dicho recurso es adecuado e idóneo para la finalidad pretendida. Aunado a lo anterior, si bien el dispositivo 472 de la legislación nacional invocada establece que, por regla general, la interposición del recurso mencionado no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada, deja abierta a la posibilidad del otorgamiento de esa medida, sin que se advierta que prevea mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de esa medida cautelar, para entender que es una excepción al principio de definitividad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2022501, que dice: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Sin que la anterior determinación implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto que, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2006485, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2002286, de rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Y la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2002359, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Resulta innecesario estudiar alguna otra causa de improcedencia que para el caso se actualice, ya que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución; como así lo ilustra la jurisprudencia 822 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 911, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice de 2011, Novena Época, materia Común, que de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Al configurarse la causa de improcedencia antes mencionada, no resulta posible analizar el fondo del asunto; como así se sostiene en la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, materia Común, registro 394465, con el título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto reclamado al juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en el auto de no vinculación a proceso dictado a ********************por el delito de ********************, con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA (AVISO) PRAL. 691/2023 MESA 7* VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 691/2023; y, R E S U L T A N D O S: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante demanda de amparo presentada el catorce de julio del año en curso en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, y recepcionada el diecisiete de julio siguiente a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra un acto de la juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, mismo que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. En auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés se registró la demanda con el expediente 691/2023 y se admitió a trámite; se ordenó emplazar a la tercera interesada ********************; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se citó a la audiencia constitucional. En auto de once de agosto del año que transcurre se ordenó emplazar a juicio a la licenciada Lizbeth Trujillo Juárez, agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres del Sector Metropolitano, dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, en su carácter de tercera interesada. En diverso auto de dieciocho de agosto siguiente, la licenciada Amanda Amelia López García, agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se apersonó a este juicio de amparo, por ser la autoridad ministerial que actualmente es titular de esa mesa. Finalmente, previo diferimiento, la audiencia constitucional se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Federal; 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49, 50 y 56 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo sexto transitorio del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 3/2013, en sus numerales segundo, fracción XIII, números 1, 2 y 3, así como el cuarto, fracción XIII, segundo párrafo, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse de un asunto de naturaleza penal, y el acto se reclama a una autoridad con residencia en un lugar en el que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito en materia mixta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En el caso, de la lectura integral efectuada a la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama del juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca: El auto de no vinculación a proceso dictado a ********************por el delito de ********************, con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************. Lo anterior, acorde con la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir el informe justificado que le fue solicitado, el juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, aceptó el acto reclamado. Existencia que se corrobora con el disco digital que fue enviado por el juez responsable, en el que constan los registros de audio y video de las audiencias de comunicación de imputación de diecinueve de junio del año en curso y ampliación de término constitucional de veinticuatro de junio siguiente, celebradas en la causa penal ********************. Disco digital que tiene valor de una documental pública, la cual se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, la cual merece valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197, 129 y 202, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°; como así lo ilustra la jurisprudencia 1ª./43/2013 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 703, registro 2004362, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, deben estudiarse en forma preferente y previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, las causas de improcedencia hechas valer por las partes, o de la (s) que este Juzgado advierta de manera oficiosa. Respecto al acto reclamado consistente en la determinación de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, donde se dictó auto de no vinculación a proceso a ********************por su probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, dentro de la causa penal ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, cuya literalidad señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El precepto transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los cuales el particular reclama un acto emanado de algún tribunal judicial sin haber agotado previamente el recurso o medio de defensa ordinario que proceda, por medio del cual puede ser modificado, revocado o nulificado aquél, el cual debe ser agotado antes de acudir al juicio constitucional. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción previstos en la norma especial. En el caso, se advierte que en audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintitrés se dictó auto de no vinculación a proceso a ********************por su probable comisión del hecho que la ley señala como el delito de ********************, dentro de la causa penal ******************** y contra dicha determinación el quejoso promovió este juicio constitucional. Al respecto, el artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público, situación que lo legitima para apelar el auto de no vinculación a proceso. En efecto, el artículo en mención es del tenor siguiente: "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma;." Sin embargo, del capítulo de antecedentes de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de apelación, idóneo y procedente contra la resolución de no vinculación a proceso, que ahora constituye el acto reclamado, de conformidad con el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: (.) VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso;." Así, el acto reclamado en la demanda de amparo no es definitivo para efectos del juicio de amparo, ya que en su contra procede un medio ordinario de defensa que tiene por objeto revocarlo, modificarlo o confirmarlo, al tratarse de la determinación a través de la cual se determinó no vincular a proceso a una persona, lo que evidentemente actualiza la hipótesis normativa transcrita con anterioridad. Establecido lo anterior, procede analizar si se actualiza alguna de las excepciones que prevé la causa de improcedencia que se está analizando, en razón de que la regla general del principio de definitividad contiene ciertas excepciones, de manera que si el acto que se reclama materialmente encuadra en alguna de las hipótesis de excepción, el juicio constitucional sería procedente aun en caso de no haberse agotado el medio de impugnación ordinario, las cuales, de conformidad con el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son las siguientes: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. e) Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. El acto reclamado en la demanda de amparo no es un acto que importe privación de la vida, ataque a la libertad fuera de procedimiento judicial, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional, ni incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, lo que se advierte de su simple lectura. No se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto que establezca providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. Tampoco se actualizan las diversas excepciones al principio de definitividad, ya que el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de libertad ni se trata de un acto que afecte la libertad personal. De igual forma, no se actualiza alguno de los diversos supuestos de excepción al principio de definitividad, ya que la víctima no es tercera extraña al procedimiento penal de origen, ya que de las constancias de autos se advierte que sus derechos quedaron representados y salvaguardados por conducto de sus asesores y de la Fiscal. Por lo tanto, el acto reclamado no lo constituye el auto de vinculación a proceso, ni la procedencia del recurso se sujeta a una interpretación adicional o su fundamento legal es insuficiente para determinarla, ya que el artículo 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la procedencia del recurso de apelación contra las resoluciones emitidas por el juez de Control sobre la no vinculación a proceso. Entonces, si la parte quejosa no agotó el medio de defensa ordinario es inconcuso que inobservó el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, lo que conlleva que se actualice la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Lo anterior se estima así, tomando en consideración las razones expresadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 355/2019. En esa ejecutoria se sostuvo que el tribunal constitucional ha dictado criterios jurisprudenciales que interpretan el alcance de los derechos de las víctimas u ofendidos dentro del proceso penal y, si bien, todavía no se ha manifestado expresamente sobre el derecho de éstos a interponer el recurso de apelación contra el auto de no vinculación a proceso, a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales; lo cierto es que ha emitido diversas pautas acerca de la forma en que deben de ser comprendidos los derechos de las víctimas relacionados con la reparación del daño y el acceso a la justicia, en su vertiente relativa a contar con la posibilidad de promover un recurso efectivo, sencillo y de fácil acceso. De igual forma, explicó que al resolver el amparo directo 10/2012, la Primera Sala determinó que considerar que la legitimación de la víctima para el recurso de apelación esté constreñida sólo a los actos que tengan vinculación directa con la reparación del daño, haría nugatorios los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal cuya motivación legislativa fue la de rescatar al ofendido o víctima del delito del olvido normativo en que se encontraba. En esa sentencia se advirtió que existen múltiples actos procesales que si bien no afectan en forma directa la reparación del daño, sí implican que tal resarcimiento no ocurra por afectar la pretensión reparatoria, como ejemplo, aludió a la orden de aprehensión y al auto de formal prisión que constituyen actuaciones que, a pesar de que al no pronunciarse sobre la pena pública de reparación del daño, tienen una relación directa con ella, porque si como consecuencia de los medios de impugnación que promueva el imputado se genera el cese de los efectos jurídicos producidos por dichos actos, ello se traduce en que la posibilidad de obtener la reparación del daño se afecte. Por tanto, concluyó que la víctima u ofendido del delito tienen legitimidad para interponer el recurso de apelación, con el carácter de coadyuvantes del Ministerio Público contra resoluciones que aunque no estén vinculadas directamente con la reparación del daño, de forma indirecta inciden en la garantía constitucional que consagra el derecho a recibirla. Asimismo, al resolver el amparo directo en revisión 1814/2015, la Primera Sala realizó un estudio de constitucionalidad del artículo 417 del Código de Procedimientos Penales para el entonces Distrito Federal, que establecía que únicamente tendrían derecho de apelar el ofendido o sus legítimos representantes, cuando coadyuvaran en la acción reparadora y sólo en lo relativo a ésta. En este caso, con base en una interpretación extensiva del numeral 17, párrafo segundo, en relación con la fracción IV, del apartado C, del diverso 20, ambos de la Constitución Federal, se estableció que las víctimas u ofendidos pueden inconformarse contra aquellas determinaciones que afecten sus derechos constitucionales a la impartición de justicia y reparación del daño. En ese tenor, se afirmó que la víctima o el ofendido en el proceso penal no están legitimados únicamente para interponer la apelación en defensa de aquellas violaciones relacionadas directamente con la reparación del daño, sino que es procedente que acudan a ese recurso en defensa de cualquier otro de los derechos fundamentales que en su favor consagre el precepto 20 constitucional; así como de cualquier otro derecho humano previsto en los tratados internacionales en los que México sea parte, conforme a lo que establece el primer párrafo del numeral 1o. de la Constitución Federal. Por último, al emitir la jurisprudencia por reiteración 1a./J. 79/2015 (10a.), mediante la cual la Primera Sala interpretó el artículo 353 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guanajuato, expresamente sostuvo que la víctima u ofendido del delito tienen derecho a interponer el recurso de apelación contra las sentencias intermedias y definitivas en el proceso penal, aun cuando la ley no lo legitime para ello. Así, en dicha tesis expuso que considerar que la legitimación para impugnar las resoluciones intermedias y definitivas en el proceso penal está únicamente constreñida al Ministerio Público, imputado y defensores, como lo hace el artículo 353 del código referido, haría nugatorios los derechos humanos de la víctima u ofendido del delito, establecidos con el propósito de mejorar su situación jurídica y afianzar su participación activa en el proceso, principalmente, para obtener la reparación del daño que el hecho típico les originó, llegando a la conclusión de que los que derivan de un proceso penal no pueden hacerse nugatorios por un deficiente o insuficiente desarrollo normativo por parte del legislador secundario. Finalmente, en el amparo directo en revisión 5530/2014, reiteró que la víctima u ofendido del delito se encuentran legitimados para hacer valer lo que a su derecho corresponda no sólo en relación con la reparación del daño, sino también respecto de apartados distintos como son los relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal del sentenciado y la individualización de sanciones. Esta tendencia jurisprudencial, como lo refiere la Corte, ha sido en el sentido de reconocer una mayor participación de la víctima u ofendido del delito, no sólo en lo que respecta al proceso penal, sino también dentro del juicio de amparo, en particular, los precedentes mencionados permiten concluir que la víctima u ofendido del delito tienen legitimación para interponer los recursos de ley, cuando se reclamen aspectos no sólo relacionados con la reparación del daño, sino también con apartados del derecho a la verdad y un acceso efectivo a la justicia. Incluso, abunda en que esa línea argumentativa es acorde a la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el que ha señalado que de conformidad con el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el diverso 1.1 de la misma, "los Estados tienen la obligación de garantizar que, en todas las etapas de los respectivos procesos, las víctimas puedan hacer planteamientos, recibir informaciones, aportar pruebas, formular alegaciones y, en síntesis, hacer valer sus intereses", lo cual, de acuerdo con el tribunal interamericano, tiene la finalidad de hacer efectivo su "acceso a la justicia, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido y el otorgamiento de una justa reparación". Añadió que sí la Corte Interamericana ha sido enfática en señalar que los Estados firmantes del Pacto tienen el deber ineludible de adecuar su marco normativo interno de conformidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; lo anterior, incluye no sólo lo relativo a los procesos jurisdiccionales, sino también al texto constitucional y todas las disposiciones jurídicas de carácter secundario o reglamentario; de tal forma que pueda traducirse en la efectiva aplicación práctica de los estándares de protección de los derechos humanos. Como complemento a lo anterior, mencionó que el derecho que tienen las víctimas a ser escuchadas en todo el proceso penal, incluyendo recursos ordinarios y extraordinarios, lo cual también se encontraba reconocido en la Ley General de Víctimas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil trece, como se contemplaba en los dispositivos 10, 12, fracción III y 14 de dicha norma. Consideraciones anteriores por las cuales concluyó que el ordenamiento constitucional y legal, así como la doctrina interamericana, reconocen en favor de la víctima u ofendido del delito, una legitimación amplia para ser escuchadas en el proceso penal en todas sus etapas, no sólo como un medio para asegurar la reparación del daño, sino también como una manifestación de su derecho al acceso a la justicia. De lo expuesto se observa que, tal como lo sostiene el Máximo Tribunal, la doctrina constitucional ha estado encaminada a reconocer una mayor participación de la víctima u ofendido del delito, no sólo en lo que respecta al proceso penal, sino también dentro del juicio de amparo, en el sentido que de poder impugnar no sólo la reparación del daño; también en lo relacionado con los presupuestos de acreditación del delito, la plena responsabilidad penal del sentenciado, la individualización de sanciones, incluso, el derecho a la verdad y un acceso efectivo a la justicia. En esa tesitura, se reitera, la parte quejosa debía interponer el recurso de apelación contra el acto reclamado, toda vez que se trata de la resolución del juez de control que resolvió dictar auto de no vinculación a proceso; en el caso, está obligada a agotar el recurso ordinario contemplado en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de la apelación podía obtener la modificación o revocación de dicha determinación; de ahí que dicho recurso es adecuado e idóneo para la finalidad pretendida. Aunado a lo anterior, si bien el dispositivo 472 de la legislación nacional invocada establece que, por regla general, la interposición del recurso mencionado no suspende la ejecución de la resolución judicial impugnada, deja abierta a la posibilidad del otorgamiento de esa medida, sin que se advierta que prevea mayores requisitos, menores alcances o plazos más largos para el otorgamiento de esa medida cautelar, para entender que es una excepción al principio de definitividad. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 54/2020 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro digital: 2022501, que dice: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Sin que la anterior determinación implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto que, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de derechos fundamentales. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto a cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2006485, de rubro: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Así como, por su contenido y alcance, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2002286, de rubro: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Y la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 2002359, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Resulta innecesario estudiar alguna otra causa de improcedencia que para el caso se actualice, ya que su examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría, pues no cambiaría el sentido de la resolución; como así lo ilustra la jurisprudencia 822 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 911, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, del Apéndice de 2011, Novena Época, materia Común, que de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución". Al configurarse la causa de improcedencia antes mencionada, no resulta posible analizar el fondo del asunto; como así se sostiene en la jurisprudencia 509 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Séptima Época, materia Común, registro 394465, con el título y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". QUINTO. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se instruye a la secretaria encargada de este expediente verifique que la versión pública de la resolución ejecutoriada sea integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado; de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. Por lo expuesto y fundado legalmente, con apoyo, además, en los artículos 1°, fracción I, 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo; se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, por propio derecho, contra el acto reclamado al juez de Control del circuito judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, Oaxaca, consistente en el auto de no vinculación a proceso dictado a ********************por el delito de ********************, con fecha veinticuatro de junio de dos mil veintitrés, en la causa penal ********************; en términos del considerando cuarto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe; hasta el día de hoy, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    PRAL. 691/2023 MESA 7* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. 1. Se agrega oficio. Visto el oficio número 1399/2023, suscrito por la licenciada *****, agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; en atención a su contenido, se acuerda: 1.1. Apersonamiento. Se le tiene apersonándose a este juicio de amparo, en su carácter de tercera interesada. 1.2. Domicilio. Con apoyo en el artículo 27 de la Ley de Amparo, se tiene a la oficiante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que precisa en el oficio de cuenta. 1.3. Medios de comunicación. Además, se toma nota de la cuenta de correo electrónico y un número telefónico proporcionados, como medios para entablar comunicación no procesal, en términos del artículo 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que adicionó el referido Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós. 1.4 Precisión. Finalmente, téngase a la licenciada *****, informando que ella es la actual titular de la Mesa Tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por lo que se apersona con ese carácter, aun cuando la persona que intervino en la audiencia de la que deriva el acto reclamado era diversa profesionista que se encontraba en dicho puesto. Por tanto, las subsecuentes notificaciones que correspondan a dicha parte procesal, diríjanse a la licenciada ****, agente del Ministerio Público adscrita a la Mesa Tres del Sector Metropolitano de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; quien ahora ostenta la titularidad de la mesa referida. Realícese la precisión correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Sandra Guzmán Rueda, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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