Teresa Galván Villarreal

Expediente 402/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
402/2020
Año
2020
Actuaciones
24
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Teresa Galván Villarreal
  • Congreso del Estado de Chihuahua
  • Teresa Galván Villarreal y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo 402/2020-II-B, promovido por ********************, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, turnado a este Juzgado el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, ********************, presentó demanda de amparo contra actos que reclamó al Congreso, Gobernador Constitucional, Secretario General de Gobierno y Director de Talleres Gráficos, Titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Transporte del Estado, con sede en Chihuahua, Capital; Secretario de Seguridad Pública Municipal y Coordinador de Seguridad Vial, de esta ciudad. SEGUNDO. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada como expediente 402/2020-II-B; se pidió a las autoridades responsables su informe justificado. El veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se dictó sentencia definitiva, en la cual se sobreseyó en el presente juicio. La anterior determinación fue recurrida a través del recurso de revisión, correspondiendo el conocimiento del asunto al Primer Tribunal Colegiado de este Circuito, bajo el expediente 132/2021, en sesión de veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, revocó la sentencia recurrida a fin de regular el procedimiento y se recabaran constancias del procedimiento administrativo de la autoridad responsable. Nuevamente, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se inició al tenor del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver este asunto, conforme a lo dispuesto por los Artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y así como lo prevenido en el Acuerdo General 3/2013, adicionado por el 3/2015 y 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, lo anterior, en virtud de que los actos reclamados en este juicio atañen a la vía indirecta, al reclamarse una norma general, cuya ejecución podría tener en el lugar donde este Órgano Jurisdiccional ejerce jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en este juicio. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo con la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman la litis constitucional, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que la impetrante exponga en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, es oportuno citar las tesis sustentadas por el Pleno de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos rubros, son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." "AMPARO CONTRA LEYES. PARA DETERMINAR CUAL ES EL PRECEPTO QUE SE COMBATE, DEBEN TENERSE EN CUENTA LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN." Así, el detenido examen de todas las constancias del juicio que aquí nos ocupa, revela que los actos reclamados por la parte impetrante a las autoridades responsables son los siguientes: Al Congreso, Gobernador, Secretario General de Gobierno y Director de Talleres Gráficos. La aprobación, ublicación, refrendo y promulgación, del Decreto número LXVI/EXLEY/0708/2020 II P.O. en el cual se contiene la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, publicado el veintiuno de marzo del año dos mil veinte, como autoaplicativos los artículos 43, inciso a) y b), 77, 80, 83, 85, 88, 89, 93, 94, 95, 96, 99, 108, fracción IX, 120, 146, 147 y 150, fracción II, 151, fracción I, y transitorios tercero, quinto, sexto y séptimo de la Nueva Ley de Transporte del Estado de Chihuahua. "De las autoridades ejecutoras se reclama: Del Secretario General de Gobierno y Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado de Chihuahua. La aplicación de los artículos 110, fracción III y 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, como heteroaplicativos, en razón del primer acto de aplicación consistente en la emisión del "Acuerdo por el que se ordena dar inicio al procedimiento de cancelación previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua" publicado el cinco de septiembre de dos mil veinte, en relación a las concesiones ********************, ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************. Luego, al no advertirse algún otro acto impugnado por la parte quejosa, lo procedente es examinar la existencia de los actos de que se trata, para luego analizar la procedencia de este juicio y, en su caso, abordar el fondo del asunto. Sobre ese particular, es oportuno citar la tesis sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, enero-junio de 1990, que es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS. Del análisis del artículo 77 de la Ley de Amparo se desprende que el legislador estableció una prelación lógica en el orden de los considerandos que integran una sentencia, de manera que el juzgador, al dictarla, debe primero verificar si los actos reclamados existen o no, después cerciorarse si opera o no alguna causa de improcedencia o de sobreseimiento que impida someter, al juicio de constitucionalidad, los actos de autoridad existentes, y finalmente emitir criterio respecto de si éstos se ajustan o no a las garantías individuales contenidas en la Constitución Federal; y, en virtud de esa prelación, resulta incuestionable que cada uno de esos considerandos conservan autonomía y que la naturaleza de su vinculación es exclusivamente de carácter condicionante, pues no puede existir el posterior a falta del anterior. Además, debe destacarse que los considerandos que versan sobre la existencia de los actos reclamados y las causas de improcedencia o de sobreseimiento, constituyen meros requisitos de procedibilidad." TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y Coordinador General de Seguridad Vial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, negaron categóricamente los actos que les atribuye la accionante del amparo, consistente en la ejecución de los actos reclamados a las ordenadoras. Sin que la parte agraviada haya aportado pruebas tendientes para desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Además, tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Congreso, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno, con sede en Chihuahua, Capital, toda vez que al rendir sus informes justificados reconocieron la existencia de los mismos. Lo cual, desde luego, es una confesión expresa con valor probatorio pleno para tener demostrados los actos de que se trata, en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igual situación acontece respecto del Director de Talleres Gráficos del Estado, quien fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante de encontrarse notificado, como se aprecia del acuse de notificación; asimismo, el Secretario General de Gobierno y Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, negaron el acto que se les reclama, sin embargo el mismo debe tenerse por cierto, ante la existencia del oficio de cancelación de concesión de transporte público que emitió. Además, cabe puntualizar que la certeza de los actos reclamados a las autoridades responsables es implícita a los actos que dentro de sus ámbitos de competencia se les imputan, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, pues basta que sea publicada en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable sobre el particular, la Jurisprudencia número 2a./J. 65/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inscrita a folio 260, del Tomo XII, agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Luego, si en este juicio no se advierte probanza alguna que desvirtúe o contradiga la certeza de los actos de que se trata, esto basta para tenerlos por ciertos. Incluso, debe tenerse en cuenta que no está sujeta a prueba la existencia de las normas generales, como la reclamada en este juicio, justamente, no sólo por su naturaleza y obligatoriedad, sino también porque, en virtud de su publicación, constituyen un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo cual no se está en condiciones de desconocerlas. Es aplicable, la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, página 260, intitulada: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." Por lo anterior, no hay duda de que en este juicio de amparo quedó plenamente acreditada la existencia de los actos reclamados que nos ocupan, desde luego, en los términos de que se trata, por lo cual lo conducente ahora es ocuparse de la procedencia de la vía constitucional. QUINTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, se examinará la procedencia del juicio, porque constituye un aspecto jurídico que, al ser de orden público, es de análisis oficioso y preferente a cualquier otro, lo aleguen o no las partes. Al respecto, cabe destacar que la improcedencia del amparo es una institución en virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la quejosa es constitucional o no, la cual motiva que el juzgador federal no dirima la controversia planteada, al exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al efecto, se invoca la tesis de jurisprudencia ciento cincuenta y ocho, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." I. Causal de improcedencia. En la especie, se aprecia que, respecto de los actos reclamados consistentes en las cancelaciones de las concesiones para la prestación de servicio de transporte público ******************** y ********************, en perjuicio de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, ante su actual inexistencia, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y.". Lo anterior es así, no obstante que el juicio de amparo se promovió contra la Ley de Transporte virtud a la cancelación de las licencias de la aquí quejosa como acto de aplicación. Sin embargo, en resolución de nueve de noviembre de dos mil veinte, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado, canceló las concesiones para la prestación de servicio de transporte público ******************** y ********************, en perjuicio de la parte la parte quejosa, quien inconforme con tal determinación, promovió el recurso de inconformidad, y mediante resolución de nueve de febrero de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable revocó la anterior determinación, declarando vigentes las concesiones de que se trata. En ese orden de ideas, es claro que ya no es procedente el análisis de fondo del acto que se reclama virtud a la inexistencia del acto de aplicación de la norma; en tal razón, lo que procede es sobreseer en el presente juicio. II. Causal de improcedencia. En otro orden, este órgano de control constitucional, advierte que respecto a los actos materia de reclamo, consistente en la cancelación de las concesiones para la prestación del servicio de transporte público ********************, ********************, ******************** y ********************, a nombre de la aquí quejosa, emitida el nueve de noviembre de dos mil veinte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." En la norma citada se encuentra consagrado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo por cuanto hace a los actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues si uno de éstos constituye el acto reclamado y en su contra procede algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, debe agotarse esa instancia antes de acudir a la vía constitucional, para así respetar aquel principio que implica que el juicio de amparo sólo sea admisible contra actos definitivos. En efecto, el dispositivo transcrito establece lo que la doctrina y la jurisprudencia han denominado "principio de definitividad", que parte de la premisa de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa; por tanto, para que sea procedente debe agotarse, previamente, la jurisdicción ordinaria. La actualización de la hipótesis de improcedencia invocada requiere del cumplimiento de los siguientes requisitos: a) Que se trate de un acto de autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; b) Que contra dicho acto proceda algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado; c) Que conforme a la ley que rija el medio defensivo, los efectos del acto reclamado se suspendan; d) Que para tal suspensión, no se exijan mayores requisitos de los que consigna la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Lo anterior encuentra sustento en el artículo 107, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]." Como se advierte, el citado precepto es claro al establecer que en materia administrativa el amparo procede, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal; que será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes, se suspendan los efectos de dichos actos, ya sea de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado. Dicha suspensión deberá contar con los mismos alcances que los que prevé la Ley de Amparo y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado, sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. La norma constitucional dispone como excepción, que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución. Por otro lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reiterados criterios ha determinado que para la actualización de la causa de improcedencia en análisis, basta con que alguna ley, formal y material, estipule, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la ley de la materia. Asimismo, ha sostenido como excepciones al principio de definitividad, cuando se reclaman: 1. Actos que afectan a terceros extraños al juicio o al procedimiento del cual emanan; 2. Actos respecto de los cuales, la ley que los rige, exige mayores requisitos que los que prevé la ley de amparo, para suspender su ejecución. 3. Actos que importan una violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por su parte, la Ley de Amparo establece respecto al tema que nos ocupa, las siguientes excepciones: 1. Actos o resoluciones que se impugnan con motivo del primer acto de aplicación de una ley que se estima es inconstitucional. 2. Actos o resoluciones que importan peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, como lo son entre otros, las multas excesivas y las penas inusitadas o trascendentales. 3. Actos o resoluciones respecto de las cuales, la ley que las rige, no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. 4. Actos o resoluciones que carecen de fundamentación. Dicho criterio tuvo lugar con motivo de la tesis sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 2000, página 156, de rubro y texto: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Así, la quejosa, al promover el juicio de amparo, no toma en consideración que no se surten las excepciones al principio de definitividad previstas en la fracción XX, del artículo 61 de la ley de la materia. Ahora, como se adelantó, el acto reclamado resultan ser las resoluciones de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictadas en el procedimiento de cancelación de las concesiones (previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, vigente) instaurado en contra de la aquí quejosa, en la que se determinó la cancelación de la concesión para la prestación de servicio de transporte público ********************, ********************, ******************** y ********************. Precisado lo anterior, en el caso, tenemos que se actualiza la causa de improcedencia invocada y no se da ninguna excepción al principio de definitividad, en virtud de lo siguiente: I. Los actos reclamados fueron emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en atención a que los actos reclamados se atribuyen a autoridades administrativas, a saber, el Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Director de Transporte del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de Chihuahua, Capital; Jefe del Departamento de Transporte y Coordinador General de Seguridad Vial, de esta ciudad. II. Los actos reclamados son susceptibles de ser modificados, revocados o nulificados a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, con fundamento en el artículo 3, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, que señala: "CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Y LOS CONFLICTOS DE INTERESES Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) X. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. (...)." III. En efecto, a través del juicio contencioso administrativo previsto en la Ley de Justicia Administrativa en el Estado de Chihuahua, pueden ser modificados, revocados o nulificados los actos reclamados. Así, el artículo 60, de la referida Ley, señala -en esencia- que la sentencia definitiva del juicio podrá reconocer la validez de la resolución impugnada, o declarar la nulidad de la resolución impugnada, ya sea de manera lisa y llana o para los efectos previstos por esa norma. IV. El Capítulo IV "De las medidas cautelares", artículo 31, en relación con el diverso numeral 36, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, establece, regula y permite la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. V. La Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. Se concluye lo anterior en términos del siguiente cuadro comparativo: Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua: Ley de Amparo Plazo para proveer la provisional: 24 horas (artículo 36, fracción III, inciso c). 24 horas (artículo 112 requisitos Que sea solicitada. Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 36, fracción I). Que sea solicitada. Que no afecte el interés social ni contravenga disposiciones de orden público (artículo 128) Plazo para rendir informe: 48 horas (artículo 36, fracción III, inciso d). 48 horas (artículo 138, fracción III). Cuándo se puede solicitar: Desde el escrito inicial o en cualquier momento antes de la sentencia definitiva (artículo 36, fracción III, inciso a). En cualquier momento mientras no se dicte sentencia ejecutoria (artículo 130) Además, debe indicarse que el artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua es de contenido esencialmente igual al numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el cual, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 130/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión de la ejecución del acto impugnado; criterio jurisprudencial que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Bajo esa óptica, son infundadas las excepciones del principio de definitividad que refiere la quejosa en su demanda, mismas que fueron sintetizadas en los incisos a) y b), de la presente resolución, en las que en esencia refiere que el recurso de inconformidad previsto en el artículo 174 y siguientes de la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, exige mayores requisitos para el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, tiene más limitados los alcances de la suspensión del acto reclamado y que la suspensión solo puede solicitarse al momento de interponer dicho recurso, sin que de su regulación se advierta que puede solicitarse en momento posterior, lo cual es contrario a lo previsto a en la Ley de Amparo, respecto de la suspensión del acto reclamado. Lo anterior, es así, dado que el acto reclamado es susceptible de ser modificado, revocado o nulificado a través del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua y no mediante el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Transportes del Estado de Chihuahua, el cual, como ya quedó asentado líneas atrás no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva de los actos reclamados, ni establece un plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional. VI. No existe excepción al principio de definitividad, en razón de lo siguiente: a) Los actos administrativos respecto de los cuales la ley que los rige exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución. No se actualiza porque, como ha quedado ya expuesto, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, no exige mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión de los actos impugnados. Además, la circunstancia de que el acto pueda ser de imposible reparación, no es obstáculo para la improcedencia en estudio; toda vez que los medios de defensa ordinarios que tiene a su alcance la accionante de amparo, así como la suspensión de la que dispone al interponer el juicio administrativo, es idóneo, trayendo a su análisis la tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." b) Actos o resoluciones respecto de los cuales la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra. No se actualiza la excepción porque, como ya se dijo, el Capítulo IV "De las medidas cautelares", artículo 31, párrafo segundo, en relación con el diverso numeral 36, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, establecen, regulan y permiten la suspensión de la ejecución de los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo. c) Los actos que carezcan totalmente de fundamentación. No se actualiza la excepción, porque del estudio integral de la demanda se desprende que la verdadera intención de la parte quejosa fue reclamar, entre otras cuestiones, que el acto reclamado fue indebidamente fundado y motivado, y no así que carece de fundamentación, lo que se corrobora con la lectura de la resolución impugnada, pues de su contenido se evidencia que la autoridad sí invocó los fundamentos legales y expuso los argumentos por los que consideró que tales preceptos resultaban aplicables, sin embargo, el quejoso alega que esos fundamentos y motivos son insuficientes. Sin embargo, la indebida fundamentación no constituye una excepción al principio de definitividad previsto en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. d) Los actos en que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal. En la especie, no se reclaman únicamente violaciones directas a la Constitución Federal, sino también a ordenamientos secundarios, como lo son la Ley de Transporte y el Código Administrativo, ambos del Estado de Chihuahua. A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la parte quejosa, debe, antes de promover el juicio de amparo, agotar el juicio establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, no releva al afectado de la obligación de agotar el principio de definitividad, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el sólo hecho de señalar violaciones a la carta magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Apoya lo antes expuesto, el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 175-180, Tercera Parte, página 119, de rubro y texto, siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de DEFINITIVIDAD, SEGÚN EL CUAL ESTE JUICIO, QUE ES UN PROCEDENTE, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN QUE LA MISMA CONSTITUCIÓN Y LA LEY DE AMPARO PRECISAN, Y, CON BASE EN AMBAS, ESTA SUPREMA CORTE EN SU JURISPRUDENCIA, CUANDO SE HAYAN AGOTADO PREVIAMENTE LOS RECURSOS QUE LA LEY DEL ACTO HAYA INSTITUIDO PRECISAMENTE PARA LA IMPUGNACIÓN DE ÉSTE. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, NO HAY RAZÓN PARA PRETENDER QUE, POR EL HECHO DE QUE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE ADUZCA, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE AUDIENCIA, NO DEBA AGOTARSE EL RECURSO ORDINARIO, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. EL QUEJOSO DEBE, PUES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AGOTAR EL RECURSO ESTABLECIDO POR LA LEY DE LA MATERIA, PUES LA CIRCUNSTANCIA DE QUE EN LA DEMANDA DE AMPARO SE HAGA REFERENCIA A VIOLACIONES DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES NO RELEVA AL AFECTADO DE LA OBLIGACIÓN DE AGOTAR, EN LOS CASOS EN QUE PROCEDA, LOS RECURSOS QUE ESTATUYE LA LEY ORDINARIA QUE ESTIMA TAMBIÉN INFRINGIDA, PUES DE LO CONTRARIO IMPERARÍA EL ARBITRIO DEL QUEJOSO, QUIEN, POR EL SOLO HECHO DE SEÑALAR VIOLACIONES A LA CARTA MAGNA, PODRÍA OPTAR ENTRE ACUDIR DIRECTAMENTE AL JUICIO DE AMPARO O AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS de defensa que la ley secundaria establezca." -lo resaltado corresponde a este órgano Colegiado." e) Los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. No se actualiza la excepción porque el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y no en un reglamento. Ahora bien, la autoridad responsable al dictar la resolución que en esta vía se impugna señaló que esa resolución es definitiva, en contra de la cual procede el recurso de inconformidad, lo cierto es que bastaba con imponerse del contenido del artículo 3º, fracción X, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, para advertir su procedencia, pues se insiste, el acto reclamado, resultan ser las resoluciones de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictadas en el procedimiento de cancelación de concesiones (previsto en el artículo 112 de la Ley de Transporte del Estado de Chihuahua, vigente) instaurados contra ********************, en la que se determinó la cancelación de las concesiones para la prestación de servicio de transporte público ********************, ********************, ******************** y ********************, de ahí que de conformidad con el citado precepto legal, se actualizaba la procedencia del juicio ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, al tratarse de una resolución dictada por las autoridades administrativas que puso fin al procedimiento administrativo, independientemente de su definitividad, pues eso no condicionaba su procedencia. Máxime, el juicio contencioso administrativo está previsto en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua, y no en un reglamento, por lo que era necesario acudir a dicha normativa, para verificar su procedencia. d) La parte accionante de amparo reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22, constitucional. Aunado a ello, es preciso destacar que tampoco se advierte que la parte accionante de amparo reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22, constitucional, ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. e) La parte quejosa sea tercero extraño al procedimiento. Sin que pase inadvertido para este juzgado que la parte quejosa no es tercero extraño al procedimiento, virtud a que de las constancias remitidas por la quejosa, en específico las resoluciones de nueve de noviembre de dos mil veinte, dictadas por la autoridad responsable, se tiene que tuvo conocimiento del procedimiento de referencia e inclusive compareció al mismo. De ahí que, la quejosa no tiene el carácter de tercera extraña al procedimiento, y como consecuencia, no se da la excepción al principio de definitividad. Por todo lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues en contra del acto que por esta vía reclama la accionante de amparo, está legitimada para instar el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua; por tanto, previamente a la promoción del presente juicio de amparo, se encontraba obligada a cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera alguna de las excepciones planteadas. Al respecto, se cita la tesis aislada 2a. LVI/2000, visible en la página 156, del tomo XII, correspondiente al mes de julio de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Así también, la jurisprudencia VI.2o.C. J/239, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 765, tomo XVIII, correspondiente a noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo criterio es del tenor siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. DEBE AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD PARA PROMOVER AMPARO EN SU CONTRA. El hecho de que un acto de autoridad tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación que afecte directa e inmediatamente derechos sustantivos del gobernado, de ninguna manera constituye una excepción al principio de definitividad que rige en materia de amparo, consistente en agotar los medios de defensa o recursos ordinarios previstos en la ley que rige el acto, antes de acudir a la acción constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XIII, de la ley de la materia y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Debe tomarse en cuenta que el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, establece que el juicio se promoverá, una vez agotados los recursos o medios de defensa que las leyes ordinarias prevén para combatir el acto de autoridad reclamado en la vía constitucional. Con este principio se busca que el acto de autoridad a reclamar en la vía de amparo, tenga el carácter de definitivo. Es aplicable la tesis I.6o.C. J/37., localizada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002. Materia(s): Común. Tesis: Página: 902, que se cita enseguida: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". La presente resolución no vulnera en perjuicio de la quejosa lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues el alcance de la protección de derechos humanos no puede llegar al extremo de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de identificación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Cabe indicar que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, con residencia en la ciudad de Chihuahua, Capital, sostuvo un criterio similar al expuesto en la presente sentencia, al resolver el recurso de queja administrativa ******************** en sesión de ocho de febrero del año en curso; asimismo, el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, comparte similar criterio al confirmar la sentencia del juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado de Distrito, dentro del amparo en revisión administrativo ********************. En ese contexto, el suscrito se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación planteados por el accionante del amparo, con apoyo en el criterio sustentado en la Jurisprudencia número 509, de rubro y texto que se transcriben: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, cabe precisar que algunos de los criterios judiciales anteriores a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, citados en esta sentencia, son aplicables al caso concreto y resulta factible invocarlos, pues no se oponen a las prevenciones contenidas en la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, por tanto, se está acorde, en lo conducente con lo dispuesto en el transitorio sexto de la invocada legislación, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a las disposiciones actuales. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por ********************, en términos de los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe, hasta hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, en que las labores del juzgado permitieron concluir el dictado de la sentencia. Doy Fe.

  2. Principal

    En Ciudad Juárez, Chihuahua, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública el licenciado Jesús Manuel Mora Bustillos, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio del dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Hilario Quintero Torres, Secretario de Juzgado, se procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente a este juicio de amparo 402/2020-II, sin la asistencia personal de las partes. Abierta la audiencia se procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas, de acuerdo con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la anterior conformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, del Tomo IV, Primera Parte, Julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del texto siguiente: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas." Abierto el periodo probatorio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las documentales que obran en autos, por así permitirlo su propia y especial naturaleza, y tomando en consideración que no existen pruebas pendientes que desahogar se cierra dicho periodo. Por otro lado, se abre la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes presentó alegatos. Con lo anterior, se dan por concluidas las dos primeras fases de esta audiencia constitucional y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda, para lo cual firman esta acta el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargado de Despacho por Ministerio de Ley, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por encontrarse el titular gozando de su periodo vacacional, autorizado por oficio CCJ/ST/2328/2022, de trece de junio del dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión del Secretario con quien actúa y da fe. Doy Fe. El Secretario del Juzgado Sexto de Secretario Distrito en el Estado, Encargado del Despacho por Ministerio de Ley Lic. Jesús Manuel Mora Bustillos Lic. Hilario Quintero Torres

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio y anexos remitidos por la delegada de la autoridad responsable Titular de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología y Director de Transporte del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, dando cumplimiento a lo solicitado por este Juzgado mediante auto de ocho de junio del presente año, y remitiendo documentales, consistiendo en copia certificada de los procedimientos de cancelación de las concesiones 3612008091, 3612008113, 3612008296, 3612008275, 3612016774, 3612008073, 3612000290, 3612008077, 3612009545 y 3612008284, con lo que se da vista a las partes para que se enteren de su contenido y manifiesten lo que a su interés legal convenga sin menoscabo de hacer relación de lo anterior al momento de celebrar la audiencia constitucional. Ahora bien atento al volumen de las copias certificadas, se ordena la apertura de un tomo de pruebas por separado para mejor manejo del expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, ocho de junio de dos mil veintidós. Glósese a las presentes actuaciones, el oficio y anexo que signa el Secretario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en la localidad, por el que devuelve el original del juicio de amparo número 402/2020-II y envía copia certificada de la resolución correspondiente a la sesión ordinaria virtual de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el amparo en revisión administrativo 132/2021, en la cual, se resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. En los términos y para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo 402/2020, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede esta ciudad." Acúsese recibo y hágase del conocimiento de las partes. En consecuencia, tal y como lo precisa el Tribunal de Alzada, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo y, para los efectos ordenados requiérase a las autoridades responsables Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología y Secretario General de Gobierno, ambos del Estado de Chihuahua, para que en el término de cinco días contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias relativas al procedimiento de cancelación instaurado contra la promotora de amparo Teresa Galván Villarreal, consistente en el inicio del procedimiento de cancelación de las concesiones que se dice titular la quejosa, publicado en el Periódico Oficial del estado el cinco de septiembre de dos mil veinte. Con el apercibimiento de que en caso de omisión, se les impondrá como medida de apremio una multa de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización (96.22), de conformidad con los artículos 4º, fracciones I, II y III, y 5º, de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, en concordancia con los artículos 236, 237, 238 y 246 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se señalan las diez horas con veinticinco minutos del doce de julio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido de la licenciada Iria Cárdenas Lozano, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

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