Teresa Adriana García Romo

Expediente 67/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2022

Partes del expediente

  • Teresa Adriana García Romo
  • Juzgado Quinto de lo Familiar por Audiencias del Distrtito Judicial Bravos

Actuaciones

  1. Principal

    CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el oficio de cuenta, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde. Atento a su contenido, como lo solicita la Superioridad, infórmesele que mediante oficio de dos de febrero del año próximo pasado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asumió la competencia y se avocó al conocimiento del asunto 560/2019, del índice del Tribunal de su adscripción, relacionado al toca civil de apelación 64/2019, del índice de la Segunda Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia y juicio de origen 888/2018, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y la demanda de amparo presentada por Teresa Adriana García Romo; mismo que se radicó ante este juzgado bajo el número de expediente 67/2021-VII. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asistido del licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de queja contra del auto que desechó la demanda de amparo en el presente expediente, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por lo que, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto queda firme para todos los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Se publica el acuerdo de dos de febrero de 2021 en lista pues la parte quejosa no acudió a ser notificada, de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c) de la ley de Amparo. Visto lo de cuenta, agréguense a los autos para que obre como legalmente corresponda. Así, atento a su contenido se tiene por recibido el oficio presentado en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, recibido con tres anexos (juicio de amparo directo civil 560/2019, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito; toca civil de apelación 64/2019, del índice de la Segunda Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia y juicio de origen 888/2018, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, y la demanda de amparo presentada por Teresa Adriana García Romo, en virtud de mediante resolución de veinte de enero del año en curso, ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda propuesta, por los motivos ahí expuestos. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, asume la competencia y se avoca al conocimiento del asunto; comuníquese lo anterior al Tribunal de Alza declinante en vía de acuse de recibo. En consecuencia, fórmese y regístrese bajo el expediente 67/2021-VII. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que aquélla es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Al respecto, es oportuno citar los artículos 62 y 113 ambos de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De dichos numerales se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en trato es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de admitirse la demanda y substanciarse el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a duda, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito1 , que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo 1 Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Septiembre de 2004, Página: 1631. dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Así, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que la quejosa Teresa Adriana García Romo, presentó demanda de amparo contra actos de la Segunda Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de justicia del Estado, consistente en la resolución de seis de mayo de dos mil diecinueve, donde confirmó el acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Quinto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, dentro del expediente 888/2018, que ordenó se le girara nuevamente oficio al Oficial del Registro Civil del Municipio de Francisco I. Madero del Estado de Coahuila, para que dentro del término de tres días remitiera a dicho órgano jurisdiccional copia certificada del asiento original del acta de nacimiento de la quejosa con número (1067), Libro 1, registrada el catorce de mayo de mil novecientos ochenta. Establecido lo anterior, es de puntualizarse que el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación a los actos que pretende impugnar la parte quejosa, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Los citados dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII.En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte". De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo biinstancial sólo es procedente cuando los actos reclamados sean de imposible reparación. Por su parte, el artículo 172, fracción III, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se consideran violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los órganos jurisdiccionales de amparo. (.)." De lo anterior se puede colegir, que cuando se trata de violaciones cometidas dentro de un procedimiento, que por regla general no tiene ejecución de imposible reparación, pues no afectan de manera inmediata alguno de los derechos fundamentales consagrados por la Carta Magna, sino que solo producen afectaciones adjetivas reparables en sentencia definitiva, la vía idónea para combatirlas es el amparo directo, siempre que tales violaciones afecten las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a) Constitucional; pero existen una serie de excepciones en las que procederá el amparo indirecto ante el Juez de Distrito que señala el mismo artículo 107, fracción III, incisos b) y c) Constitucional y que precisa el artículo 107, fracciones V y VI de su Ley Reglamentaria, entre otros casos, cuando se trate de actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y cuando afecten a personas extrañas a la controversia. Lo anterior evidencia, que no todas las violaciones cometidas dentro de un procedimiento son susceptibles de impugnarse en la vía constitucional, pues si se trata de aquellas que lesionan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo y que de manera enunciativa señala el artículo 172 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, procederá el amparo directo; o bien el indirecto, si se actualizan las que tienen una ejecución de imposible reparación o afecten a personas extrañas a juicio. Los actos en juicio que tienen una ejecución de imposible reparación y que por ende son susceptibles de impugnarse en amparo biinstancial, son aquellos que de modo directo e inmediato afectan derechos sustantivos consagrados en la Constitución, también llamados derechos fundamentales, de los que no se podrá privar ni restringir al gobernado, sino en los casos y cumpliendo los requisitos que impone la Carta Magna; siendo el juicio de amparo indirecto el medio para hacer efectiva esa finalidad, mediante la restitución a la quejosa en el goce de esos derechos fundamentales en los que sufra una perturbación, restricción, privación, etcétera, pero nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales. En el presente caso, los actos reclamados consisten en la resolución de segunda instancia que confirmó el acuerdo de uno de febrero de dos mil diecinueve, dictado por el Juez Quinto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, dentro del expediente 888/2018, donde ordenó se le girara nuevamente oficio al Oficial del Registro Civil del Municipio de Francisco I. Madero del Estado de Coahuila, para que dentro del término de tres días remitiera a dicho órgano jurisdiccional copia certificada del asiento original del acta de nacimiento de la quejosa con número (1067), Libro 1, registrada el catorce de mayo de mil novecientos ochenta. De lo antes expuesto se advierte que los actos materia de reclamo por la impetrante, son actos intraprocesales y por ende los mismos no son considerados como de imposible reparación. En efecto, si bien es cierto que no se prejuzga en cuanto a que esos acuerdos reclamados pudieran ser contrario a los intereses de la accionante del amparo, sin embargo, también es verídico que tal decisión, de ninguna forma afecta, per se, derechos sustantivos, a efecto de que el juicio de amparo indirecto sea procedente. En ese contexto, debe decirse que contra dichos actos reclamados no procede el amparo indirecto, toda vez que constituyen un acto intraprocesal que no tienen una ejecución irreparable, en la medida que no afecta de manera directa o inmediata alguno de los derechos humanos garantizados por la Carta Magna, sino que en todo caso se está frente a un acto que produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o intraprocesal, que pudiera ser reparada si la sentencia que resuelva en definitiva el procedimiento del que emana, resultara favorable a la parte quejosa y de no ser así, la cuestión que se plantea y de la que derivan los actos materia de reclamo, constituiría una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo que, en su caso, se promoviera contra el fallo definitivo, de conformidad con el artículo 172, fracción XIII de la Ley de Amparo. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el siguiente epígrafe y texto: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." También, brinda apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 61, publicada en la página 39 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Novena Época, bajo el epígrafe: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de amparo no establece que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo. La Ley de Amparo con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia constitución señala la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos, procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.

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