Teresa Elena Burgos Loeza
Expediente 1863/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1863/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Teresa Elena Burgos Loeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, mediante el cual informa las gestiones realizadas a fin de cumplimentar la ejecutoria de amparo, de las que se aprecia que ésta se encuentra en vías de cumplimiento, dado que el plazo para la discusión y votación del respectivo proyecto de laudo vencerá hasta el veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés en el juicio laboral de origen. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y atendiendo que ha transcurrido el término al que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, con relación a los numerales 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Ahora, el fallo protector se emitió con los siguientes efectos: (...) En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo. Se apercibe a la responsable, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del plazo señalado se le impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable del cumplimiento de la sentencia, que conforme a la Ley de Amparo, cuando la ejecutoria no queda cumplida tras el primer requerimiento, se procederá hacer efectiva la multa y remitir los autos al Tribunal Colegiado por inejecución, otorgando una prórroga de plazo por una sola y única ocasión. Por ello, se le conmina a cumplir la ejecutoria del presente juicio de manera completa y oportuna, pues la Ley Amparo no autoriza la elaboración de múltiples requerimientos para el cumplimiento de las sentencias. NOTIFÍQUESE.
- Principal
V I S T O S los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo 1863/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ******************** apoderado de ********************, contra el acto que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad y; RESULTANDO. PRIMERO. Demanda de amparo. El veintidós de agosto de dos mil veintitrés se recibió vía electrónica a través del Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, la demanda la demanda de amparo promovida electrónicamente por ******************** apoderado de ********************, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral ********************, así como su correspondiente notificación. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó sus conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. En acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se registró con el número 1863/2023 y se admitió a trámite la demanda. En la secuela procesal, se ordenó emplazar a la persona moral oficial tercera interesada y al representante social de la adscripción. Se recibió el informe de ley. Finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que los actos reclamados se tratan de omisiones de autoridades laborales cuyas consecuencias son de imposible reparación; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda de amparo. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión que se les reclama. Certeza que se corrobora con las constancias remitidas por las indicadas responsables; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia Las partes no proponen causas de improcedencia y este Juzgado no advierte que deba examinarse alguna de oficio, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede al análisis del fondo de la cuestión planteada. QUINTO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, en el particular, el accionante del amparo es la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, por lo que el estudio de los motivos de disenso podrán ser suplidos en su deficiencia, acorde a lo que establece la fracción V del artículo 79 de la Ley de Amparo. La parte quejosa de amparo arguye que la Junta responsable vulnera el derecho de pronta impartición de justicia, ya que ha paralizado el procedimiento natural, debido a que desde el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés se declaró cerrada la instrucción en el juicio laboral, sin que hasta la fecha haya dictado el laudo respectivo. Es fundado el concepto de violación. En efecto, el derecho humano de acceso a la jurisdicción se encuentra reconocido en el segundo párrafo del artículo 17 Constitucional, en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales competentes para ello, quienes además deberán impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones bajo los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Ahora, en el asunto que nos ocupa, de los citados principios de acceso a la justicia, sirve invocar el de justicia pronta, el cual consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. La prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia, así como la conclusión de la conflicto, incluida la etapa de ejecución de las sentencias. Ilustra lo antes dicho, en lo conducente, del criterio 1a./J. 103/2017 (10a.) que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN." Ahora, en materia laboral, el en el capítulo XVII de la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 885 al 890 (en su texto posterior la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil doce), establecen que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo; con el que se dará una copia a cada uno de los miembros de la Junta, para que en el plazo de cinco días, de estimarlo necesario, soliciten que se practiquen las diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. Hecho lo anterior, la Junta tendrá un plazo diez días a partir de que haya trascurrido el diverso de cinco días referidos, para que se lleve a cabo la discusión y votación del proyecto de resolución en forma de laudo. En el caso que se analiza, de las constancias que adjuntó la Junta responsable a su informe justificado, se advierte que mediante audiencia de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se declaró cerrada la instrucción, ordenándose turnar los autos a proyecto de laudo. En ese contexto, la actuación de la Junta responsable resulta ilegal, ya que sin causa justificada, dejó de impartir justicia dentro de los plazos y términos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, pues desde que se emitió la referida determinación, hasta la presente fecha, han transcurrido más de tres meses sin que se emita el laudo correspondiente, lo que resulta violatorio del derecho humano de justicia pronta, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Por identidad, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2004, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO." En esa tesitura, ante la violación al derecho humano de pronta impartición de justicia, es que debe concederse el amparo solicitado, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese tenor, la concesión de amparo será para el efecto siguiente: A. La Junta responsable dicte el laudo correspondiente en el juicio laboral ********************, de su índice. B. Comisione al actuario de su adscripción, a fin de que notifique a las partes el referido laudo. La presente resolución se emite a pesar de que no haya transcurrido el plazo de ocho días que otorga el artículo 117 de la Ley Amparo a las partes, para imponerse del contenido del informe con justificación rendido por la responsable, pues al haberse acreditado la vulneración al ordinal constitucional en mención al existir la omisión reclamada. Por ende, a ningún fin práctico conllevaría esperar que transcurra el plazo de ocho días correspondientes a la vista a que alude el artículo 117 de la Ley de Amparo con dicho informe si, al final, el resultado sería el mismo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 74 y 77 y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra la omisión de la responsable Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por los motivos expuestos en el considerando quinto de este fallo, para los efectos señalados en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta de la Junta Especial número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y anexo que acompaña; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicha documentación y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a estos autos el alegato ministerial del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que sea relacionado al celebrarse la audiencia constitucional, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Y como lo solicita el Fiscal Federal, entréguesele copia de la sentencia que se pronuncie en este juicio cuando las labores de este juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE.
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