Teresa de Jesus Jimenez Pons
Expediente 2025/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 7 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2025/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Teresa de Jesus Jimenez Pons
- TERESA DE JESUS JIMENEZ PONS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 2025/2023; Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Diego Jezreel Nieto Bianchi, declara abierta la audiencia pública sin asistencia de las partes. Enseguida, se realiza la relación de las constancias que obran en autos entre las que se encuentran el escrito de demanda de amparo (fojas 2 a 4); el auto admisorio de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés (el cual obra agregado en el expediente electrónico); el informe justificado de la responsable (foja 43); y con el resto de actuaciones de trámite. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede y por rendido el informe justificado de la responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio y, el Secretario da cuenta al Juez con las documentales ofrecidas por la parte quejosa (fojas 5 a 10) y las remitidas por la responsable (fojas 44 a 46). El Juez acuerda: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas antes indicadas que fueron ofrecidas por las partes, las que por su naturaleza se tienen por desahogadas; por tanto, se cierra esta fase procesal. Luego, se abre el periodo de alegatos, y el Secretario hace constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado tampoco presentó su alegato ministerial. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por precluido el derecho de las partes; por lo que se cierra dicha fase. A lo anterior el Juez acuerda: se declara cerrada la audiencia constitucional, sin que exista prueba pendiente por desahogar ni promoción por acordad, por lo que se turnan los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 2025/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra el acto de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria facultada para recibir demandas de guarida, recibió físicamente la promovida por ********************, ******************** y ********************, todas a favor de ******************** y ******************** y la última por propio derecho, contra los actos, entre otras, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por providencia de la misma fecha de presentación de la demanda, se radicó ésta y, en atención a que en un principio se ubicó en los supuestos de urgencia a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, se ordenó comisionar a la persona Actuaria adscrita a este juzgado para que obtuviera su ratificación. Sin que hayan ratificado la demanda ******************** y ********************, no obstante que se encontraban debidamente notificadas del requerimiento respectivo, el veintiocho de septiembre de la anualidad, se tuvo por no presentada la acción de amparo promovida en su favor; sin embargo, respecto al diverso reclamo de ********************, se admitió a trámite la demanda únicamente contra el acto atribuido a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En la secuela procesal, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó su alegato ministerial; se recibió el informe justificado de la responsable; y, finalmente, con esta fecha se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. En la inteligencia que, si bien el cinco de octubre pasado, se tuvieron rendidos los informes justificados del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, de quienes los suscribieron en representación de la Policía Estatal de Investigación y en suplencia del Fiscal General del Estado, así como del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, lo cierto es que en el auto admisorio se señaló que el acto reclamado era atribuible a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y no a dichas responsables. Por tanto, para efectos de la presente sentencia, no se tomarán en consideración los referidos documentos. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se trata de un acto atribuido a una autoridad distinta de la judicial, que incide en el derecho de posesión y propiedad de un bien mueble, cuya ejecución se llevó a cabo dentro del ámbito competencial en el ejerce jurisdicción este juzgado federal; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, primer párrafo, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación a los acuerdos 53/2013 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridad responsable Actos reclamados Secretario de Seguridad Pública del Estado Mérida, Yucatán - La retención del vehículo (motocicleta) de la marca ********************, modelo ********************, línea ********************, placas ********************, número de motor ********************, número de serie ********************. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza de los actos reclamados Es cierto el acto atribuido a la responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad, pues así lo señaló al rendir su informe justificado (fojas 43). Certeza que se corrobora con las documentales allegadas a este juicio de amparo por dicha responsable; a las que se les concede pleno valor legal, de conformidad con los artículos 130, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. Al respecto, se actualiza el motivo de improcedencia previsto en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción I del numeral 5º, ambos de la Ley de Amparo; los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Esto, porque la parte quejosa no acreditó la afectación a su interés jurídico respecto del bien mueble que aduce de su propiedad, ya que no exhibió documento idóneo y suficiente para acreditar que el acto que reclama afecta de manera personal y directa algún derecho subjetivo. De la intelección de los numerales antes transcritos, se desprende que para la procedencia del juicio de protección de derechos humanos se requiere que la parte quejosa acredite contar con un interés jurídico a tutelar por parte del órgano de control constitucional. El interés jurídico debe entenderse como la titularidad que al quejoso corresponde en relación con los derechos o posesiones que afirma fueron conculcados por la responsable; esto es, la existencia de un derecho legalmente tutelado, que otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Encuentra apoyo lo anterior, en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura 1a./J. 168/2007, correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, visible en la página 225 que reza: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." En este orden de ideas, el juicio de amparo sólo puede promoverse por quien resulte directamente perjudicado con el acto de autoridad y que, por ello, resiente un agravio de manera personal y directa en sus derechos subjetivos. Así, la figura del interés jurídico se encuentra íntimamente relacionada con el principio de instancia de parte agraviada establecido por el artículo 6º de la Ley de Amparo, conforme al cual, el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada. En el caso concreto, la quejosa ********************, se ostenta como propietaria y poseedora del vehículo (motocicleta) de la marca ********************, modelo ********************, línea ********************, placas ********************, número de motor ********************, número de serie ******************** y para acreditar su interés jurídico, exhibió: a) copia simple de la póliza de seguro ********************, b) copia simple de la tarjeta de circulación con número de folio ********************, c) factura electrónica con folio ********************, a nombre de ********************, con endoso en copia simple al reverso y d) tres credenciales para votar en copia simple. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, aún concatenadas unas con otras, dichas documentales resultan insuficientes para demostrar que la quejosa ******************** tenga un derecho jurídicamente constituido respecto del vehículo que en esta vía se defiende. Esto, ya que las documentales indicadas en los incisos a), b) y d), consistentes en copias simples, carecen de todo valor probatorio, por la facilidad que tiene su alteración o confección. Apoya lo anterior la tesis I.11o.C.1 K del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." Por otro lado, en lo que respecta a la factura electrónica exhibida por la quejosa, debe señalarse que por sí sola acredita lo que en ella se consigna, por disposición del artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, porque el sello digital que ostenta el documento exhibido es suficiente para validar la operación de venta ahí descrita, debido a que el Comprobante Fiscal Digital por Internet (en lo sucesivo CFDI), es la validación que realiza el Servicio de Administración Tributaria respecto de una transacción y operación comercial mediante la validación e incorporación de un sello digital; lo cual fue instaurado con la finalidad de dotar de certeza a los contribuyentes sobre las operaciones que realizan en relación con sus actividades económicas y, desde luego, evitar la evasión en el cumplimento de obligaciones tributarias. Sobre ese tópico, al resolver la contradicción de tesis 61/2007-SS, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expresó que el sello digital, conforme a las reglas administrativas que lo regulan, consiste en una cadena de caracteres generada por la autoridad tributaria y permite autenticar el contenido de un documento digital. De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 24/2008, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Febrero de 2008, visible a página 530, del rubro siguiente: "DECLARACIÓN PRESENTADA A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y ACUSE DE RECIBO CON SELLO DIGITAL. LA CONSTANCIA IMPRESA O SU COPIA SIMPLE SON APTAS PARA ACREDITAR LA APLICACIÓN DE LOS PRECEPTOS LEGALES EN QUE AQUÉLLA SE SUSTENTÓ." Sin embargo, la acreditación de dichos datos no es extensiva para el endoso que obra al reverso del citado documento, realizada a favor de la aquí quejosa ********************, en virtud de que ese acto no contiene el sello digital que autentique la transacción, por lo que prevalece el contenido de la factura, de la que se desprende la venta del vehículo automotor a ********************. Máxime que dicha cesión de derechos se encuentra plasmada en copia simple. En ese sentido, debe decirse que el interés jurídico debe acreditarse fehacientemente y no a base de presunciones pues la protección constitucional únicamente es posible otorgarla cuando se advierte que algún derecho sustantivo de los gobernados es transgredido por los entes del Estado, como lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 16/94 de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, visible a página 17, del rubro y texto siguientes: "INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." De esa forma, en tratándose del interés jurídico, la carga de la prueba recae enteramente en la parte quejosa, quien es la interesada en acreditar sus pretensiones, sin que este órgano federal se encuentre en posibilidad de perfeccionar sus medios probatorios. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XXVII.6 K sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Octubre de 2003, visible a página 1030, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías." Por consiguiente, si como ha quedado precisado, se actualiza el motivo de improcedencia antes indicado, es de concluir que, como se adelantó, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de protección de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en su demanda de amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra el acto atribuido a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se declararon inhábiles los días diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, virtud a que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de octubre de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Asimismo, que hasta la presente fecha obran en autos la totalidad de las constancias que integran el juicio ejecutivo mercantil ******************** requeridas al Juez Tercero Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Motul, Yucatán, en proveído de ocho de septiembre del año en curso, así como tampoco la pieza postal del acuse de recibo correspondiente al oficio por medio del cual se le requirió. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Incidental
Vistos, para resolver, los autos del incidente de suspensión 2025/2023 promovido por *****, contra actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. El veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria de guardia de este Juzgado de Distrito, recibió la demanda de amparo promovida por *********, a favor de *********, en la que reclama de la Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Posteriormente en proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********, respecto de las directas quejosas *********, admitiendo la presente demanda únicamente en los actos reclamados por su propio y personal derecho por *******. En la demanda de amparo, se narraron los antecedentes del acto reclamado, se precisaron los derechos fundamentales del parámetro de regularidad constitucional que se consideraron vulnerados, y fueron expresados los conceptos de violación. SEGUNDO. Trámite del incidente. En auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se ordenó dar trámite al presente incidente de suspensión; se pidió a la responsable su informe previo; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Finalmente, tiene verificativo la audiencia en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgador es legalmente competente para conocer y decidir sobre la suspensión definitiva solicitada en este incidente, conforme a los preceptos 103, fracción I, y 107, fracción X, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 37, 128 y 144, de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados El artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las resoluciones que decidan sobre la suspensión definitiva, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención de los promoventes y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. A) La retención del vehículo de la marca **********. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir sus correspondientes informes, las autoridades responsables Juez en turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, el encargado del Departamento Jurídico en materia de Amparos de la Subsecretaria de la Policía Estatal de Investigación, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de negaron el acto reclamado, sin que exista prueba en contrario de la parte quejosa, pues de las constancias que obran en autos no se advierte la existencia de tales actos y tampoco existe alguna presunción legal o humana que evidencia la certeza de los mismos. Por ende, con fundamento en los artículos 142 y 144 de la Ley de Amparo, procede negar a la parte quejosa en este aspecto la medida cautelar solicitada, por inexistencia del acto reclamado y autoridades responsables precisadas en párrafos precedentes, dados los términos de la jurisprudencia con el rubro siguiente: "INFORME PREVIO." CUARTO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Publica del Estado, con sede en esta ciudad al rendir su informe previo aceptó el acto que se le reclama, por lo que así deberá tenerse para los efectos de la presente incidencia. QUINTO. Análisis de la procedencia de la suspensión definitiva. Al respecto, procede analizar los requisitos para conceder la suspensión definitiva en el juicio de amparo, conforme a lo que establecen los artículos 107, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 128 y 138 de la Ley de Amparo, son: I. La medida cautelar debe solicitarse a petición de parte; II. Haya certidumbre sobre la existencia de los actos cuya suspensión solicita; III. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, según lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley de Amparo; y, IV. Se realice un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. I. LA MEDIDA CAUTELAR SE SOLICITA A PETICIÓN DE PARTE. Este requisito se tiene por cumplido, pues de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa, solicita expresamente la suspensión de los actos reclamados. II. EXISTENCIA DE LOS ACTOS CUYA SUSPENSIÓN SOLICITA. El requisito se encuentra colmado, atendiendo a lo establecido en el considerando cuarto de la presente resolución. III. NO SE SIGA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI SE CONTRAVENGAN DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. Al respecto, el artículo 129 de la Ley de Amparo, establece una serie de supuestos en los que, por regla general, se causará afectación al interés social o se contravendrán disposiciones de orden público, frente a los cuales el juzgador de amparo no debe conceder dicha medida cautelar. En el caso particular, el suscrito considera que de ser procedente la suspensión del acto reclamado, no se contravendrían disposiciones de orden público ni se causaría una afectación en la colectividad, toda vez que lo que se reclama en este asunto es la retención de la motocicleta de la quejosa sin justificar los motivos. IV. ANÁLISIS PONDERADO DEL CASO CONCRETO ENTRE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y LA AFECTACIÓN AL INTERÉS SOCIAL. Conforme al artículo 138 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo deberá realizar un ejercicio de ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social, esto con el propósito de determinar la procedencia de la suspensión, se debe ponderar la estimación que se obtenga del análisis de la apariencia del buen derecho, contra el interés social que se pudiera ver afectado de otorgar la medida cautelar. En el presente asunto, la quejosa manifiesta que el día veinte de septiembre de este año, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, retuvieron la motocicleta de la marca ***********, que aduce es de su propiedad. La parte quejosa para acreditar si interés suspensional exhibe con su demanda de amparo una factura digital, respecto de la motocicleta de la marca ******, expedida por "******" Sociedad Anonima de Capital Variable, emitida el de fecha dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, con número de folio **********. Ahora bien, no ha lugar a conceder dicha medida cautelar, como consecuencia a que la parte quejosa no acredita el interés suspensional que le asiste en el presente incidente, ya que para que lo anterior pudiera ocurrir, era necesario que demostrara, aunque sea en forma indiciaria que tiene la posesión material y jurídica del vehículo que en esta vía defiende, derivada de un justo título, lo que no se presenta en el caso, toda vez que la factura digital que exhibe, en ese caso particular, no es suficiente para acreditar su interés suspensional en el presente incidente. Esto es así, dado que la factura digital contiene en el reverso una notación que corresponde a un endoso a favor de la quejosa, por tanto, conforme a la regulación específica prevista en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, debe atenderse preponderantemente a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si el contenido de la información relativa es atribuible a las personas obligadas y si está disponible para su ulterior consulta. Por ende, la citada factura electrónica comercial no es idónea para demostrar el interés suspensional, ante la incertidumbre contenida en la anotación realizada en su reverso, dado que no es adminiculada con ningún otro elemento de prueba. No es obstáculo a lo anterior, que la quejosa exhiba copia simple de la tarjeta de circulación con número de folio ****** correspondiente al mencionado vehículo, a su nombre, dado que si bien podría generar una presunción, la misma fue exhibida en copia simple. Apoya lo anterior, la tesis I.11o.C.1 K, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, visible a página 1269, del rubro y texto siguientes: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio pleno, dada la naturaleza con que son confeccionadas, y si bien no puede negárseles el valor indiciario que arrojan cuando los hechos que con ellas se pretende probar se encuentran corroborados o adminiculados con otros medios de prueba que obren en autos, pues de esta manera es claro que el juzgador puede formarse un juicio u opinión respecto de la veracidad de su contenido, sin embargo, esto sólo ocurre cuando no son objetados por la parte contraria, mas no cuando sí son objetados, ya que en este caso, si la oferente de las copias fotostáticas no logra el perfeccionamiento de las mismas mediante su reconocimiento a cargo de quien las suscribió, ni siquiera pueden constituir un indicio que pueda adminicularse con otras probanzas." En ese sentido, dicha circunstancia evidentemente impide concederle la medida cautelar que solicita, pues el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por la parte agraviada, supone la demostración de su interés en forma presuntiva, esto es, ese acreditamiento implica que tratándose de actos tendientes a privar del goce de algún bien, corresponde a los peticionarios de amparo la carga procesal de allegar elementos de prueba suficientes para establecer indiciaria o presuntivamente que realmente es titular de un derecho sustentado en una causa legal que podrá afectarse con la ejecución del acto que se reclama. Esto es así, porque la suspensión de los actos reclamados participa de la naturaleza de una medida cautelar, cuyos presupuestos son la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, por lo que al no demostrarse ni en forma presuntiva que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional. Ante ello, se niega la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. Por lo expuesto y considerado, con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se establece el siguiente punto resolutivo y este Juez, R E S U E L V E: ÚNICO. SE NIEGA a ******, la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Fiscalía General del Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades en virtud de los razonamientos expuestos en el considerando tercero y cuarto de la presente resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los informes justificados rendidos por el Juez en turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, el encargado del Departamento Jurídico en materia de Amparos de la Subsecretaria de la Policía Estatal de Investigación, Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado y el Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, todas con residencia en esta ciudad; en consecuencia, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. NOTIFÍQUESE.
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