Teresa Eduviges Sabido Pool
Expediente 393/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 16 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 23/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Teresa Eduviges Sabido Pool
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
MESA I. Téngase por recibido y agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, al que adjunta el original del expediente I.393/2019, del índice de este Juzgado, y la copia certificada de la resolución pronunciada en el toca 187/2019, de su índice, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, contra la sentencia firmada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, por este órgano jurisdiccional; ejecutoria de cuyo primer punto resolutivo se advierte que la Superioridad confirmó la sentencia recurrida, en el segundo punto resolutivo declaró que la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE al citado peticionario de amparo. En consecuencia, acúsese recibo; háganse las anotaciones de rigor en el libro respectivo; glósese a estos autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión en cita, únicamente con las constancias que no obren en autos. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito, se indica que en el presente expediente no existen documentos originales; asimismo, en virtud que el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en la fracción I del citado punto décimo, éste debe ser depurable, toda vez que en el mismo se negó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por otro lado, atendiendo a que en los autos incidentales derivados del presente juicio, se concedió la suspensión provisional y definitiva, de los actos reclamados a las responsables, provéase únicamente respecto de la destrucción del duplicado de dicho incidente debiendo conservarse el original del mismo, por el término de tres años y una vez transcurrido éste deberá depurarse tal como lo establece la fracción I del Punto Décimo, Capítulo III del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la fracción III del punto Vigésimo del capítulo Quinto del acuerdo antes citado, se determina que el duplicado del incidente de suspensión derivado del presente expediente, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que podrá hacerse una vez transcurridos los seis meses a que se refiere dicho precepto. De conformidad con lo establecido en el punto Undécimo del Capítulo Tercero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente expediente no tiene relevancia documental. Finalmente, en cuanto al valor jurídico, si lo tiene el presente juicio de amparo, y el incidente de suspensión derivado del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de tres de septiembre de dos mil diecinueve, comunicada en oficio CCJ/ST/4248/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
MESA I. Agréguese a estos autos para que obre como legalmente corresponda el oficio número 3481 de la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de revisión interpuesto por Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, en contra de la sentencia dictada el veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, formándose por tal motivo, el toca número 187/2019. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
MESA I. Agréguese a los presentes autos el escrito de Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, mediante el cual adjunta tres copias más de su escrito de expresión de agravios; desahogando así la prevención efectuada en proveído de diez de junio del año en curso, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el veintisiete de febrero de dos mil quince; en consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito de expresión de agravios entre las partes; y hecho que sea, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original de tal escrito y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, junto con este expediente en que se provee, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA I.En la ciudad de Mérida Yucatán, a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y día fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 393/2019, promovido por TERESA EDUVIGES SABIDO POOL y MANUEL DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA. Estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla con la asistencia únicamente del quejoso. El Secretario en funciones de Juez de Distrito declara abierta la audiencia. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos y da cuenta al Secretario en funciones de Juez con los informes justificados rendidos por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial, todas con sede en esta ciudad; asimismo, el Secretario hace CONSTAR: Que no existen promociones de las partes pendientes de acuerdo ni diligencias que realizar en el presente juicio de amparo. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Seguidamente el Secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa con su demanda, así como las que adjuntó la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Respecto de lo anterior, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica. En el período de alegatos, se da cuenta con el escrito de los quejosos con el que furmulas diversas manifestaciones. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el aludido escrito, con el que se formulan alegatos, sin necesidad de mayor acuerdo, en virtud de que los mismos no forman parte de la litis; lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" ; con lo que se cierra esta etapa. Finalmente al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la representación social federal, se declara cerrado este período, y por tanto, se procede a dictar la resolución siguiente. Doy fe. VISTO, para resolver el presente juicio de amparo 393/2019-I, promovido por Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel Del Carmen Díaz Miranda, contra los actos que reclaman de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, señalando como acto reclamado el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil número 1744/2017, todos lo autos decretados en dicho juicio, y la inscripción del embargo relativo al inmueble número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", de esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo auto aclaratorio de veintiséis de marzo de dos mil nueve, por acuerdo ocho de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata; se solicitaron los informes justificados; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado José Arnoldo Ehrenzweig Pacho; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su sede en esta ciudad, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos que por esta vía se impugnan como inconstitucionales y que se desprenden del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Así las cosas, analizada la demanda en su integridad, se advierte que la parte impetrante del amparo, esencialmente reclama: El emplazamiento al juicio natural y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el mismo, incluyendo el embargo trabado sobre el inmueble número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", su inscripción, así como la sentencia dictada el juicio ejecutivo mercantil 1744/2017. Lo anterior se realiza de conformidad con el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004 . TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Actuario de su adscripción y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, y se corrobora con el legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1744/2017, que adjuntó a su informe justificado la Juez responsable. Documental que constituye prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y es demostrativa de la certeza del acto. Resulta aplicable al caso, el criterio contenido en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.-." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. La autoridad responsable, Juez Tercero Mercantil del Primer Departameno Judicial del Estado, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que considera que los actos reclamados no efectan los intereses jurídicos de los quejosos. Es infundado lo anterior, habida cuenta que de conformidad con el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, cumplen con el presupuesto procesal de forma para instar el presente juicio, toda vez que se trata de los demandados en el juicio de origen (avales), y alegan una transgresión a sus derechos humanos con motivo de la tramitación del juicio de origen -a su decir-, sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento. No advirtiéndose de oficio causal de improcedencia alguna, se pasa al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. 1.- El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, José Arnoldo Ehrenzweig Pacho, promovió formal demanda en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de Miguel Ángel Chan Sánchez, como deudor principal y Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, como avales, a fin de que se les condene a pagar como prestaciones, la cantidad de $200.000.00, importe de un pagaré que suscribió el demandado; el pago del 5% mensual, de interés moratorio pactado y ya generado; y los gastos y costas que se generen en el procedimiento; asunto que fue presentado ante el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede esta ciudad, quien por auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo admitió a trámite, registrándolo con el número 1744/2017, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 2.- El actuario adscrito al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante razón de catorce de mayo de diecicoho, hizo constar que se constituyó en unión de la parte actora, al predio marcado con el número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de esta ciudad, en busca de los tres demandados, y dejó tres citatorios, para regresar al día siguiente, todos a la misma hora, en poder de un tercero quien dijo llamarse Ángel Cruz Sabido, la cual en su parte conducente dice: ". domicilio señalado por la parte actora como de los demandados MIGUEL ÁNGEL CHAN SÁNCHEZ, EDUVIGES SABIDO POOL Y MANUEL DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA, y previamente cerciorado de que se trata del domicilio buscado, por la nomenclatura puesta en las placas metálicas que indican la numeración de las calles y el número del predio por ser visible en los accesos del mismo, casa de una planta, fachada color blanco, rejas de color negro, puerta de madera, así como que en dicho predio viven, habitan y tienen su domicilio los ciudadanos arriba nombrados, ya que asi me lo asegura una persona del sexo masculino, quien acude a mi llamado, y bajo formal protesta de decir verdad afirma llamarse Ángel Cruz Sabido, primo cercano de los demandados y habitar en este mismo domicilio, quien no se identifica por no querer hacerlo, pese a requerirle que lo efectúe, describiéndolo como de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez morena, cabello lacio color negro, complexión media, de un metro con sesenta y siete centímetros de estatura aproximadamente, ante quien me identifico como Actuario Judicial, requiriéndo la presencia de los demandados. a lo que manifiesta que no se encuentran presentes en este momento por estar atendiendo asuntos personales fuera de este predio, por lo que. procedo a dejarles tres citatorios, uno para cada interesado para que me aguarden en este domicilio. ". 3.- Con motivo de lo anterior, al día siguiente hábil se constituyó en el domicilio indicado en el párrafo anterior, en busca de la parte demandada, aquí quejosa, y como no estaba presente, no obstante el citatorio de espera que había dejado el día anterior, dio constancia de que procedió a entender la diligencia con la persona que acudió a su llamado, Ángel Cruz Sabido, diligencia que en su parte conducente dice: ".que en dicho predio viven, habitan y tienen su domicilio los ciudadanos arriba nombrados, ya que así me lo asegura una persona del sexo masculino, quien acude a mi llamado, y bajo formal protesta de conducirse con verdad afirma llamarse ÁNGEL CRUZ SABIDO, primo cercano de los demandados y habitar en este mismo domicilio, quien no se identifica por no querer hacerlo. requiréndole la presencia de los demandados. a lo que manifiesta que no se encuentran presentes en este momento por estar atendiendo asuntos personales fuera de este predio, no obstante los tres citatorios que se les dejaron, una para cada interesado, por lo que con fundamento en el artículo mil trescientos noventa y tres procedo a entende la diligencia con mi informante, a quien enterro de la diligencia. Acto reguido le notifico a la parte demandada, por medio de tres cédulas, una para cada interesado, que entrego a la persona con quien entiendo al diligencia.. y le hago entrega a la propia persona requerida de tres juegos de la demanda exhibidas, del documento base de la acción, debidamente cotejadas y selladas, lñas cuales recibe de conformidad juntamente con una copia de la presente actuación y de las cédulas de notificación a que antes se ha hecho referencia. con lo que se da por concluida la presente diligencia, levantando para constancia la presente acta que previa su lectura en alta voz, no firma la persona requerida por no querer hacerlo. No firma la parte actora por no considerarlo necesario, firmando únicamente el suscrito para constancia. Anexo copia de las cédulas de referencia. Doy Fe". 4.- El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio por perdidos los derechos de los demandados al no contestar el emplazamiento 5.- El diez de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia, en la que entre otras cuestiones se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad reclamada por concepto de suerte principal, entre otras prestaciones. SEXTO. Análisis de la litis constitucional. En primer lugar, es necesario precisar que los justiciables acuden a esta sede constitucional ostentándose con el carácter de terceros extraños por equiparación (parte formal en el juicio de origen) al procedimiento génesis de los actos que aquí combaten; así, el fundamento de procedencia en que fija su petición de amparo lo hacen con base en el artículo 107, fracción III, inciso c) y fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción VI del numeral 107 de la Ley de Amparo . Una vez precisado lo anterior, en sus conceptos de violación, los quejosos refieren lo siguiente: Que el emplazamiento (citatorio) combatido nunca les fue entregado, y que no se actuó conforme a derecho, pues el actuario responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Que el actuario no se cerciorció que el predio en donde se efectuó la diligencia combatida, sea el domicilio en el cual vivían, residían o habitaban, en virtud de que no realizó razón pormenorizada de esa circunstancia. Que la diligencia combatida es violatoria de los numerales 14, 16 y 17 Constitucionales, pues el actuario no se cercioró si la persona con la que entendió la dligencia era conocida o familiar de los buscados, y si habitaba el predio en donde se efectuó el emplazamiento; asimismo, que la persona con la que se entendió la diligencia nunca se identificó ante la fe judicial. Son infundados los conceptos de violación anteriores, analizados en su conjunto por así permitirlo el numeral 76 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque del análisis acucioso de las constancias que integran la diligencia de emplazamiento controvertida, se observa que ésta reúne los requisitos esenciales para asegurar que los impetrantes del amparo tuvieron conocimiento completo del asunto de origen que se substanció y resolvió en su contra. En efecto, el llamamiento al juicio es el acto más relevante de un procedimiento jurisdiccional, ya que por virtud de éste, la parte accionada conoce la existencia de aquél que es intentado en su contra, específicamente de la autoridad que lo substancia, las partes que intervienen, las prestaciones reclamadas y los hechos en que se sustenta la procedencia de la pretensión. En ese sentido, la falta de esa primera notificación o su práctica defectuosa, sin observar alguna exigencia legal, constituye la infracción adjetiva de mayor magnitud, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues ello produce indefensión a la parte enjuiciada, al afectar la posibilidad de oponer excepciones y defensas, ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar y tener acceso al dictado de una resolución conclusiva, en la que se decidan los planteamientos que haga valer para la defensa de sus intereses. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.". El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental Por existir suplencia de la queja, en un caso como el de la especie, se procede a analizar la legalidad de la diligencia de emplazamiento, lo que, dada la estrecha vinculación, se hará de manera conjunta con lo argumentado vía conceptos de violación por los quejosos, cuyo llamamiento tuvo verificativo en términos del acta levantada por el ejecutor responsable el quince de mayo de dos mil dieciocho. Bien, en la especie se tiene que el procedimiento de origen es un juicio "ejecutivo mercantil", y en relación con las formalidades que debe colmar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, deben cumplirse con las normativas previstas en los artículos 1068, fracción I, 1392 y 1393 del Código de Comercio , así como 309, fracción I, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil, vigentes a la fecha de la diligencia debatida. Esta notificación al demandado deberá ser personal; empero, si el notificador no encuentra al deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, dejará citatorio, lo cual se hará a condición de que se encuentre ausente la persona a localizar en el domicilio del cual por cierto debe cerciorarse el diligenciario, quien debe señalar hora hábil dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, para la práctica del emplazamiento. Ahora, en este apartado se dará respuesta a los conceptos de agravio expuestos por los quejosos, en el sentido de que -aducen- no se dejó previo citatorio previo a la práctica del emplazamiento controvertido, pues para ello, basta con imponerse del antecedente "2" del capítulo relativo, en el que se transcribió el citatorio que asentó el ejecutor responsable, el cual de la razón del citatorio correspondiente, adujo que lo dejó en el domicilio señalado como de los demandados Miguel Ángel Chan Sánchez, Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, sito en el predio número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", de esta ciudad, el cual dejó en poder de quien dijo llamarse "Ángel Cruz Sabido", quien dijo ser "primo" de los buscados y habitar en ese mismo predio, siendo que al inquirirlo por su presencia, mencionó que en ese momento no se encontraban y que ahí era su domicilio, por lo que asentó que dejó tres citatorios para que lo esperaran a las nueve horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, apercibidos que en caso de no esperarlo, podría practicar la diligencia con la persona que se encontrara en ese domicilio. Por tanto, contrario a lo que arguyen los inconformes, se colige que la diligencia de emplazamiento reclamada reúne todos y cada cada una de las exigencias legales esenciales, mismas que le aseguraron a los notificados -aquí quejosos- el conocimiento completo y oportuno del procedimiento jurisdiccional seguido en su contra. En efecto, de la diligencia de emplazamiento se observa que el ejecutor se cercioró de que el sitio señalado como domicilio de los buscados existe, como lo reafirmó con los datos visibles de la nomenclatura puesta en las placas metálicas que indican la numeración de las calles y el número del predio, las cuales se encontraban visibles en el acceso del inmueble y por la manifestación de quien dijo llamarse "Ángel Cruz Sabido", mismo que adujo ser primo de los buscados, habitar en ese predio, y que los demandados no se encontraban, pero que ese era su domicilio; persona que el fedatario la describió como de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez morena, cabello lacio color negro, complexión media, de un metro con sesenta y siete centímetros de estatura. Elementos que asentó tanto en el acta circunstanciada de entrega del citatorio como en la de emplazamiento. Como corolario, el funcionario ejecutor se cercioró suficientemente de que en el inmueble donde actuó podrían ser encontrados los directamente interesados, por tener ahí su residencia. Ahora, en un primer momento -diligencia de entrega de los citatorios- al no haberlos localizado, el notificador responsable les dejó citatorios (tres) para que lo esperaran al día hábil siguiente en horario fijo. Aviso oficial que como ya se explicó, fue entregado a la persona que dijo ser familiar de los buscados - primo - y quien de igual forma precisó habitar en el propio inmueble. Y al no haber atendido las citas fijadas, el ejecutor procedió a practicar el emplazamiento por medio de cédula con la persona localizada en la fecha y horario establecidos, quien reiteró su carácter de familiar de los demandados y su domicilio en el indicado predio. De igual forma, también en la cédula de emplazamiento se advierten correctos los datos de identificación del juicio y el tribunal que ordena la diligencia, pues se asentó: (i) el nombre de la parte actora José Arnoldo Ehrenzweig Pacho, (ii) número de expediente: juicio ejecutivo mercantil 1744/2017, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; (iii) la transcripción del auto que ordena el emplazamiento: se insertaron los autos de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y ocho de diciembre de dos mil diecisiete; (iv) se les corrió traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma (uno para cada demandado): la persona que la atendió recibió las copias de traslado y cédulas, mismos que contiene los autos señalados; y (v) el notificador trató de recabar la firma de la persona notificada: asentó que no firmó de recibido -como se aprecia en la parte final del emplazamiento-. Adicionalmente, el funcionario se identificó ante la persona entrevistada y le pidió a esta última que garantizara su identidad con algún documento, con el resultado ya explicado con antelación. Como corolario, la diligencia de emplazamiento reclamada fue realizada en el sitio donde el notificador se aseguró que vivían los buscados, por lo que su fe pública surte efectos plenos; máxime, que confirmó la información utilizada con el dicho del entrevistado, de quien procedió a asentar su media filiación ante su negativa de identificarse. Luego, el ejecutor responsable observó los requisitos legales exigibles, que garantizaron a los quejosos el conocimiento completo y oportuno del juicio seguido en su contra, así como la naturaleza de las prestaciones que les fueron demandadas, la parte enjuiciante y la autoridad jurisdiccional ante quien se siguió el asunto. Por otra parte, resulta infundado el diverso concepto de violación en el que los quejosos señalan, que el actuario no se cercioró si la persona con la que entendió la dligencia era conocida o familiar de los buscados, y si habitaba el predio en donde se efectuó el emplazamiento; asimismo, que la persona con la que se entendió la diligencia nunca se identificó ante la fe judicial. Se dice lo anterior, cuenta habida que del análisis del citatorio y emplazamiento combatidos, es dable advertir que el actuario sí cercioró de la calidad en que se encontraba en el domicilio buscado, la persona con quien entendió las diligencias en comento, pues refirió ser "primo" de los demandados y habitar en el inmueble de mérito, siendo suficiente esa manifestación para encuadrarla en el numeral 1393 del Código de Comercio, en el sentido de que la diligencia se practicará con "los parientes, empleados o domésticos del interesado", sin que se de la lectura del artículo en comento se advierta como requisito que el actuario, se cerciore, cómo y de qué forma tiene esa calidad la persona con la que entendió la diligencia, -pariente, empleado o doméstico-. De igual forma, durante la práctica de las diligencias de citatorio previo y emplazamiento, el diligenciario no se encuentra obligado a cerciorarse de la identidad de la persona con la que entiende dichas diligencias, ni tampoco cerciorarse de la identidad de esa persona por el dicho de los vecinos, toda vez que ese requisito no lo exige los artículos 1393 del Código de Comercio, y 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio. Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice:. "EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerse con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no es menos cierto que cuando la parte demandada no atiende al citatorio previo, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato ". Así las cosas, el actuario, al estar informado de la ausencia de los demandados, el fedatario estaba en aptitud legal de realizar el emplazamiento con una persona que tenga alguna de las calidades de pariente, empleado o doméstico del interesado, o a cualquier otra persona que viva en el domicilio, dado que no basta que el notificador se constituya en el domicilio buscado y entienda la diligencia con alguna de personas citadas, pues la diligencia debe practicarse directamente con la persona buscada, y sólo en el caso de que ésta no se encuentre, podrá practicarse con diversa persona. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL FEDATARIO JUDICIAL EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEBE ASENTAR EXPRESAMENTE QUE EL DEMANDADO NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PUEDA PRACTICARLA CON PERSONA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).De la interpretación sistemática de los artículos 114, 116 y 117, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, deriva que el emplazamiento debe realizarse personalmente con el demandado y sólo en el caso de que no se encuentre en el domicilio señalado, se hará la notificación por cédula, la cual se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en el domicilio, para lo cual el notificador, previamente a ello, deberá cerciorarse de que en el lugar vive la persona que deba emplazarse, haciendo constar en la cédula los pormenores que prevé el citado artículo 116, es decir, la fecha y hora en que se entregue la cédula, el nombre y apellido del promovente, así como el nombre y apellido de la persona a quien le sea entregada la cédula, el juez que manda a practicar la diligencia y la determinación que ordena efectuar la correspondiente notificación. En esa virtud, una vez que el fedatario judicial se cerciora de que está en el domicilio correcto y de que el demandado vive ahí, debe requerir su presencia y, únicamente en el caso de que se le informe que no se encuentra, estará en aptitud legal de realizar el emplazamiento con una persona que tenga alguna de las calidades establecidas en el citado artículo 117, lo que debe asentar expresamente en la razón actuarial, porque si bien dichos artículos no prevén tal obligación para el fedatario, lo cierto es que al constituir un presupuesto lógico y legal indispensable -que el demandado no se encuentre en el domicilio y verificar que se siguió el orden de prelación que señala este precepto-, se requiere que dicha particularidad quede asentada en el acta correspondiente, a fin de salvaguardar las formalidades del procedimiento, pues a juicio de este alto tribunal, no basta que el notificador se constituya en el domicilio buscado y entienda la diligencia con algún pariente, empleado o doméstico del interesado, o alguna persona que viva en el domicilio señalado, pues la diligencia debe practicarse directamente con la persona buscada, y sólo en el caso de que ésta no se encuentre, podrá practicarse con diversa persona." Por otra parte, los quejosos no aportaron probanza alguna para acreditar su dicho y desvirtuar lo asentado por el diligenciario, esto a pesar de que recae en ellos la carga para comprobar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues únicamente ofrecieron como pruebas, copias fotostáticas de su credenciales para votar, las cuales no tienen valor probatorio alguno, por tratarse de simple reproducciones que no demuestran de modo alguno la ilegalidad del llamamiento a juicio reclamado. Consecuentemente, las actuaciones del diligenciario en su carácter de funcionario investido de fe pública, tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre lo contrario, lo que en el caso no aconteció, tal y como se evidenció en párrafos precedentes. Fortalece la consideración anterior, la jurisprudencia 1125, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia". En esa tesitura, de las constancias que obran en autos se advierte la existencia de datos suficientes para considerar que oportunamente se hizo del conocimiento de los demandados, ahora quejosos, del juicio entablado en su contra y, con ello, estuvieron en posibilidad de contestar la demanda y hacer valer los medios de defensa que consideraran pertinentes. Por lo tanto, es inconcuso que el llamamiento a juicio practicado a los ahora peticionarios, debe tenerse por válido y por ende, subsiste con la presunción de legalidad que tienen los actos de autoridad, derivada de la fe pública de la que está investido el actuario responsable. Finalmente, no pasan inadvertidas, las diversas tesis que citaron los justiciables como apoyo a aus conceptos de violación; sin embargo, al resultar constitucional el emplazamiento combatido, no les benefician en modo alguno dichos criterios jurisprudenciales. Entonces, al resultar infundados los conceptos de violación analizados, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel Del Carmen Díaz Miranda, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, consistentes en las diligencias de citación y de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1744/2017, llevadas cabo el catorce y quince de mayo, ambos de dos mil dieciocho; así como todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo la inscripción del embargo del inmueble trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", atribuido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado; pues estas últimas actuaciones no fueron combatidas por vicios propios, sino como consecuencia de la diligencia de llamamiento a juicio reclamada. SÉPTIMO. Versión pública de la sentencia. Asimismo, en cumplimiento a los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y el publicado el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativos al uso obligatorio del módulo de sentencias contenido en el SISE, como programa automatizado para la captura y consulta de las sentencias que dicten los órganos jurisdiccionales, y a las atribuciones de órganos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como los procedimientos relativos, y garantizar los derechos previstos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la información que tienen bajo su resguardo las áreas administrativas y los órganos jurisdiccionales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. OCTAVO. Datos personales. Se tiene a las partes en este juicio constitucional por no opuestos a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a TERESA EDUVIGES SABIDO POOL y MANUEL DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA, respecto de los actos reclamados a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Actuario de su adscripción y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado; por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. TERCERO. Se hace constar que las partes en este juicio constitucional no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy Fe. 393/2019 TERESA EDUVIGES SABIDO POOL 393/2019 TERESA EDUVIGES SABIDO POOLHilda Adriana Chan Canto Es parte final de la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, dictada en autos del juicio de amparo 393/2019. En la misma fecha se libraron los oficios 16532, 16533, 16534 y 16535a las autoridades responsables en términos de la minuta que se agrega. Conste. En la ciudad de Mérida Yucatán, a las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y día fijados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 393/2019, promovido por TERESA EDUVIGES SABIDO POOL y MANUEL DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA. Estando en audiencia pública Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, procede a celebrarla con la asistencia únicamente del quejoso. El Secretario en funciones de Juez de Distrito declara abierta la audiencia. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias de autos y da cuenta al Secretario en funciones de Juez con los informes justificados rendidos por la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Actuario de su adscripción y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial, todas con sede en esta ciudad; asimismo, el Secretario hace CONSTAR: Que no existen promociones de las partes pendientes de acuerdo ni diligencias que realizar en el presente juicio de amparo. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias, para los efectos legales procedentes. Seguidamente el Secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades señaladas como responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como corresponda. Abierto el periodo de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa con su demanda, así como las que adjuntó la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. Respecto de lo anterior, el Secretario en funciones de Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica. En el período de alegatos, se da cuenta con el escrito de los quejosos con el que furmulas diversas manifestaciones. El Secretario en funciones de Juez acuerda: Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el aludido escrito, con el que se formulan alegatos, sin necesidad de mayor acuerdo, en virtud de que los mismos no forman parte de la litis; lo anterior, en concordancia con la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO" ; con lo que se cierra esta etapa. Finalmente al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni pedimento de la representación social federal, se declara cerrado este período, y por tanto, se procede a dictar la resolución siguiente. Doy fe. VISTO, para resolver el presente juicio de amparo 393/2019-I, promovido por Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel Del Carmen Díaz Miranda, contra los actos que reclaman de la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y que por razón de turno le tocó conocer a este órgano jurisdiccional, Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, señalando como acto reclamado el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil número 1744/2017, todos lo autos decretados en dicho juicio, y la inscripción del embargo relativo al inmueble número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", de esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de demanda. Previo auto aclaratorio de veintiséis de marzo de dos mil nueve, por acuerdo ocho de abril de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo de que se trata; se solicitaron los informes justificados; se dio la intervención que compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado José Arnoldo Ehrenzweig Pacho; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la que previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgador Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque los actos reclamados se atribuyen a autoridades que tienen su sede en esta ciudad, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos que por esta vía se impugnan como inconstitucionales y que se desprenden del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Lo anterior, tiene sustento además, en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación . Así las cosas, analizada la demanda en su integridad, se advierte que la parte impetrante del amparo, esencialmente reclama: El emplazamiento al juicio natural y como consecuencia de ello, todo lo actuado en el mismo, incluyendo el embargo trabado sobre el inmueble número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", su inscripción, así como la sentencia dictada el juicio ejecutivo mercantil 1744/2017. Lo anterior se realiza de conformidad con el criterio que sustenta el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número P. VI/2004 . TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Actuario de su adscripción y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Juridica Patrimonial, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados, y se corrobora con el legajo de copias certificadas del juicio ejecutivo mercantil 1744/2017, que adjuntó a su informe justificado la Juez responsable. Documental que constituye prueba plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y es demostrativa de la certeza del acto. Resulta aplicable al caso, el criterio contenido en la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 53, Tomo VI, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1907-1995, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.-." CUARTO. Análisis de causas de improcedencia. La autoridad responsable, Juez Tercero Mercantil del Primer Departameno Judicial del Estado, hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que considera que los actos reclamados no efectan los intereses jurídicos de los quejosos. Es infundado lo anterior, habida cuenta que de conformidad con el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia, Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, cumplen con el presupuesto procesal de forma para instar el presente juicio, toda vez que se trata de los demandados en el juicio de origen (avales), y alegan una transgresión a sus derechos humanos con motivo de la tramitación del juicio de origen -a su decir-, sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento. No advirtiéndose de oficio causal de improcedencia alguna, se pasa al análisis de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos íntegramente, como si se insertaran a la letra, en obvio de innecesarias repeticiones. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. 1.- El veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, José Arnoldo Ehrenzweig Pacho, promovió formal demanda en la vía ejecutiva mercantil, en ejercicio de la acción cambiaria directa, en contra de Miguel Ángel Chan Sánchez, como deudor principal y Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, como avales, a fin de que se le condene a pagar como prestaciones, la cantidad de $200.000.00, importe de un pagaré que suscribió el demandado; el pago del 5% mensual, de interés moratorio pactado y ya generado; y los gastos y costas que se generen en el procedimiento; asunto que fue presentado ante el Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede esta ciudad, quien por auto de ocho de diciembre de dos mil diecisiete, lo admitió a trámite, registrándolo con el número 1744/2017, y ordenó el emplazamiento de la parte demandada. 2.- El actuario adscrito al Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante razón de catorce de mayo de diecicoho, hizo constar que se constituyó en unión de la parte actora, al predio marcado con el número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de esta ciudad, en busca de los tres demandados, y dejó tres citatorios, para regresar al día siguiente, todos a la misma hora, en poder de un tercero quien dijo llamarse Ángel Cruz Sabido, la cual en su parte conducente dice: ". domicilio señalado por la parte actora como de los demandados MIGUEL ÁNGEL CHAN SÁNCHEZ, EDUVIGES SABIDO POOL Y MANUEL DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA, y previamente cerciorado de que se trata del domicilio buscado, por la nomenclatura puesta en las placas metálicas que indican la numeración de las calles y el número del predio por ser visible en los accesos del mismo, casa de una planta, fachada color blanco, rejas de color negro, puerta de madera, así como que en dicho predio viven, habitan y tienen su domicilio los ciudadanos arriba nombrados, ya que asi me lo asegura una persona del sexo masculino, quien acude a mi llamado, y bajo formal protesta de decir verdad afirma llamarse Ángel Cruz Sabido, primo cercano de los demandados y habitar en este mismo domicilio, quien no se identifica por no querer hacerlo, pese a requerirle que lo efectúe, describiéndolo como de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez morena, cabello lacio color negro, complexión media, de un metro con sesenta y siete centímetros de estatura aproximadamente, ante quien me identifico como Actuario Judicial, requiriéndo la presencia de los demandados. a lo que manifiesta que no se encuentran presentes en este momento por estar atendiendo asuntos personales fuera de este predio, por lo que. procedo a dejarles tres citatorios, uno para cada interesado para que me aguarden en este domicilio. ". 3.- Con motivo de lo anterior, al día siguiente hábil se constituyó en el domicilio indicado en el párrafo anterior, en busca de la parte demandada, aquí quejosa, y como no estaba presente, no obstante el citatorio de espera que había dejado el día anterior, dio constancia de que procedió a entender la diligencia con la persona que acudió a su llamado, Ángel Cruz Sabido, diligencia que en su parte conducente dice: ".que en dicho predio viven, habitan y tienen su domicilio los ciudadanos arriba nombrados, ya que así me lo asegura una persona del sexo masculino, quien acude a mi llamado, y bajo formal protesta de conducirse con verdad afirma llamarse ÁNGEL CRUZ SABIDO, primo cercano de los demandados y habitar en este mismo domicilio, quien no se identifica por no querer hacerlo. requiréndole la presencia de los demandados. a lo que manifiesta que no se encuentran presentes en este momento por estar atendiendo asuntos personales fuera de este predio, no obstante los tres citatorios que se les dejaron, una para cada interesado, por lo que con fundamento en el artículo mil trescientos noventa y tres procedo a entende la diligencia con mi informante, a quien enterro de la diligencia. Acto reguido le notifico a la parte demandada, por medio de tres cédulas, una para cada interesado, que entrego a la persona con quien entiendo al diligencia.. y le hago entrega a la propia persona requerida de tres juegos de la demanda exhibidas, del documento base de la acción, debidamente cotejadas y selladas, lñas cuales recibe de conformidad juntamente con una copia de la presente actuación y de las cédulas de notificación a que antes se ha hecho referencia. con lo que se da por concluida la presente diligencia, levantando para constancia la presente acta que previa su lectura en alta voz, no firma la persona requerida por no querer hacerlo. No firma la parte actora por no considerarlo necesario, firmando únicamente el suscrito para constancia. Anexo copia de las cédulas de referencia. Doy Fe". 4.- El catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la autoridad responsable dio por perdidos los derechos de los demandados al no contestar el emplazamiento 5.- El diez de octubre de dos mil dieciocho se dictó sentencia, en la que entre otras cuestiones se condenó a la parte demandada al pago de la cantidad reclamada por concepto de suerte principal, entre otras prestaciones. SEXTO. Análisis de la litis constitucional. En primer lugar, es necesario precisar que los justiciables acuden a esta sede constitucional ostentándose con el carácter de terceros extraños por equiparación (parte formal en el juicio de origen) al procedimiento génesis de los actos que aquí combaten; así, el fundamento de procedencia en que fija su petición de amparo lo hace con base en el artículo 107, fracción III, inciso c) y fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la fracción VI del numeral 107 de la Ley de Amparo . Una vez precisado lo anterior, en sus conceptos de violación, los quejosos refieren lo siguiente: Que el emplazamiento (citatorio) combatido nunca les fue entregado, y que no se actuó conforme a derecho, pues el actuario responsable no cumplió con las formalidades esenciales del procedimiento. Que el actuario no se cerciorció que el predio en donde se efectuó la diligencia combatida, sea el domicilio en el cual vivían, residían o habitaban, en virtud de que no realizó razón pormenorizada de esa circunstancia. Que la diligencia combatida es violatoria de los numerales 14, 16 y 17 Constitucionales, pues el actuario no se cercioró si la persona con la que entendió la dligencia era conocida o familiar de los buscados, y si habitaba el predio en donde se efectuó el emplazamiento; asimismo, que la persona con la que se entendió la diligencia nunca se identificó ante la fe judicial. Son infundados los conceptos de violación anteriores, analizados en su conjunto por así permitirlo el numeral 76 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, porque del análisis acucioso de las constancias que integran la diligencia de emplazamiento controvertida, se observa que ésta reúne los requisitos esenciales para asegurar que los impetrantes del amparo tuvieron conocimiento completo del asunto de origen que se substanció y resolvió en su contra. En efecto, el llamamiento al juicio es el acto más relevante de un procedimiento jurisdiccional, ya que por virtud de éste, la parte accionada conoce la existencia de aquél que es intentado en su contra, específicamente de la autoridad que lo substancia, las partes que intervienen, las prestaciones reclamadas y los hechos en que se sustenta la procedencia de la pretensión. En ese sentido, la falta de esa primera notificación o su práctica defectuosa, sin observar alguna exigencia legal, constituye la infracción adjetiva de mayor magnitud, dada su trascendencia en las demás formalidades esenciales del procedimiento, pues ello produce indefensión a la parte enjuiciada, al afectar la posibilidad de oponer excepciones y defensas, ofrecer y desahogar pruebas, así como alegar y tener acceso al dictado de una resolución conclusiva, en la que se decidan los planteamientos que haga valer para la defensa de sus intereses. Ilustra lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.". El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental Por existir suplencia de la queja, en un caso como el de la especie, se procede a analizar la legalidad de la diligencia de emplazamiento, lo que, dada la estrecha vinculación, se hará de manera conjunta con lo argumentado vía conceptos de violación por los quejosos, cuyo llamamiento tuvo verificativo en términos del acta levantada por el ejecutor responsable el quince de mayo de dos mil dieciocho. Bien, en la especie se tiene que el procedimiento de origen es un juicio "ejecutivo mercantil", y en relación con las formalidades que debe colmar la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, deben cumplirse con las normativas previstas en los artículos 1068, fracción I, 1392 y 1393 del Código de Comercio , así como 309, fracción I, 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la legislación mercantil, vigentes a la fecha de la diligencia debatida. Esta notificación al demandado deberá ser personal; empero, si el notificador no encuentra al deudor a la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor, dejará citatorio, lo cual se hará a condición de que se encuentre ausente la persona a localizar en el domicilio del cual por cierto debe cerciorarse el diligenciario, quien debe señalar hora hábil dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, para la práctica del emplazamiento. Ahora, en este apartado se dará respuesta a los conceptos de agravio expuestos por los quejosos, en el sentido de que -aducen- no se dejó previo citatorio previo a la práctica del emplazamiento controvertido, pues para ello, basta con imponerse del antecedente "2" del capítulo relativo, en el que se transcribió el citatorio que asentó el ejecutor responsable, el cual de la razón del citatorio correspondiente, adujo que lo dejó en el domicilio señalado como de los demandados Miguel Ángel Chan Sánchez, Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel del Carmen Díaz Miranda, sito en el predio número trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", de esta ciudad, el cual dejó en poder de quien dijo llamarse "Ángel Cruz Sabido", quien dijo ser "primo" de los buscados y habitar en ese mismo predio, siendo que al inquirirlo por su presencia, mencionó que en ese momento no se encontraban y que ahí era su domicilio, por lo que asentó que dejó tres citatorios para que lo esperaran a las nueve horas con treinta minutos del quince de mayo de dos mil dieciocho, apercibidos que en caso de no esperarlo, podría practicar la diligencia con la persona que se encontrara en ese domicilio. Por tanto, contrario a lo que arguyen los inconformes, se colige que la diligencia de emplazamiento reclamada reúne todos y cada cada una de las exigencias legales esenciales, mismas que le aseguraron a los notificados -aquí quejosos- el conocimiento completo y oportuno del procedimiento jurisdiccional seguido en su contra. En efecto, de la diligencia de emplazamiento se observa que el ejecutor se cercioró de que el sitio señalado como domicilio de los buscados existe, como lo reafirmó con los datos visibles de la nomenclatura puesta en las placas metálicas que indican la numeración de las calles y el número del predio, las cuales se encontraban visibles en el acceso del inmueble y por la manifestación de quien dijo llamarse "Ángel Cruz Sabido", mismo que adujo ser primo de los buscados, habitar en ese predio, y que los demandados no se encontraban, pero que ese era su domicilio; persona que el fedatario la describió como de aproximadamente cuarenta y cinco años de edad, tez morena, cabello lacio color negro, complexión media, de un metro con sesenta y siete centímetros de estatura. Elementos que asentó tanto en el acta circunstanciada de entrega del citatorio como en la de emplazamiento. Como corolario, el funcionario ejecutor se cercioró suficientemente de que en el inmueble donde actuó podrían ser encontrados los directamente interesados, por tener ahí su residencia. Ahora, en un primer momento -diligencia de entrega de los citatorios- al no haberlos localizado, el notificador responsable les dejó citatorios (tres) para que lo esperaran al día hábil siguiente en horario fijo. Aviso oficial que como ya se explicó, fue entregado a la persona que dijo ser familiar de los buscados - primo - y quien de igual forma precisó habitar en el propio inmueble. Y al no haber atendido las citas fijadas, el ejecutor procedió a practicar el emplazamiento por medio de cédula con la persona localizada en la fecha y horario establecidos, quien reiteró su carácter de familiar de los demandados y su domicilio en el indicado predio. De igual forma, también en la cédula de emplazamiento se advierten correctos los datos de identificación del juicio y el tribunal que ordena la diligencia, pues se asentó: (i) el nombre de la parte actora José Arnoldo Ehrenzweig Pacho, (ii) número de expediente: juicio ejecutivo mercantil 1744/2017, del índice del Juzgado Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; (iii) la transcripción del auto que ordena el emplazamiento: se insertaron los autos de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y ocho de diciembre de dos mil diecisiete; (iv) se les corrió traslado con el escrito de demanda y demás documentos presentados con la misma (uno para cada demandado): la persona que la atendió recibió las copias de traslado y cédulas, mismos que contiene los autos señalados; y (v) el notificador trató de recabar la firma de la persona notificada: asentó que no firmó de recibido -como se aprecia en la parte final del emplazamiento-. Adicionalmente, el funcionario se identificó ante la persona entrevistada y le pidió a esta última que garantizara su identidad con algún documento, con el resultado ya explicado con antelación. Como corolario, la diligencia de emplazamiento reclamada fue realizada en el sitio donde el notificador se aseguró que vivían los buscados, por lo que su fe pública surte efectos plenos; máxime, que confirmó la información utilizada con el dicho del entrevistado, de quien procedió a asentar su media filiación ante su negativa de identificarse. Luego, el ejecutor responsable observó los requisitos legales exigibles, que garantizaron a los quejosos el conocimiento completo y oportuno del juicio seguido en su contra, así como la naturaleza de las prestaciones que les fueron demandadas, la parte enjuiciante y la autoridad jurisdiccional ante quien se siguió el asunto. Por otra parte, resulta infundado el diverso concepto de violación en el que los quejosos señalan, que el actuario no se cercioró si la persona con la que entendió la dligencia era conocida o familiar de los buscados, y si habitaba el predio en donde se efectuó el emplazamiento; asimismo, que la persona con la que se entendió la diligencia nunca se identificó ante la fe judicial. Se dice lo anterior, cuenta habida que del análisis del citatorio y emplazamiento combatidos, es dable advertir que el actuario sí cercioró de la calidad en que se encontraba en el domicilio buscado, la persona con quien entendió las diligencias en comento, pues refirió ser "primo" de los demandados y habitar en el inmueble de mérito, siendo suficiente esa manifestación para encuadrarla en el numeral 1393 del Código de Comercio, en el sentido de que la diligencia se practicará con "los parientes, empleados o domésticos del interesado", sin que se de la lectura del artículo en comento se advierta como requisito que el actuario, se cerciore, cómo y de qué forma tiene esa calidad la persona con la que entendió la diligencia, -pariente, empleado o doméstico-. De igual forma, durante la práctica de las diligencias de citatorio previo y emplazamiento, el diligenciario no se encuentra obligado a cerciorarse de la identidad de la persona con la que entiende dichas diligencias, ni tampoco cerciorarse de la identidad de esa persona por el dicho de los vecinos, toda vez que ese requisito no lo exige los artículos 1393 del Código de Comercio, y 310 y 311 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio. Encuentra exacta aplicación a lo anterior, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice:. "EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL. Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerse con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no es menos cierto que cuando la parte demandada no atiende al citatorio previo, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato ". Así las cosas, el actuario, al estar informado de la ausencia de los demandados, el fedatario estaba en aptitud legal de realizar el emplazamiento con una persona que tenga alguna de las calidades de pariente, empleado o doméstico del interesado, o a cualquier otra persona que viva en el domicilio, dado que no basta que el notificador se constituya en el domicilio buscado y entienda la diligencia con alguna de personas citadas, pues la diligencia debe practicarse directamente con la persona buscada, y sólo en el caso de que ésta no se encuentre, podrá practicarse con diversa persona. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. EL FEDATARIO JUDICIAL EN EL ACTA CORRESPONDIENTE DEBE ASENTAR EXPRESAMENTE QUE EL DEMANDADO NO SE ENCONTRABA EN EL DOMICILIO SEÑALADO AL EFECTO PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PUEDA PRACTICARLA CON PERSONA DIVERSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).De la interpretación sistemática de los artículos 114, 116 y 117, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, deriva que el emplazamiento debe realizarse personalmente con el demandado y sólo en el caso de que no se encuentre en el domicilio señalado, se hará la notificación por cédula, la cual se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona que viva en el domicilio, para lo cual el notificador, previamente a ello, deberá cerciorarse de que en el lugar vive la persona que deba emplazarse, haciendo constar en la cédula los pormenores que prevé el citado artículo 116, es decir, la fecha y hora en que se entregue la cédula, el nombre y apellido del promovente, así como el nombre y apellido de la persona a quien le sea entregada la cédula, el juez que manda a practicar la diligencia y la determinación que ordena efectuar la correspondiente notificación. En esa virtud, una vez que el fedatario judicial se cerciora de que está en el domicilio correcto y de que el demandado vive ahí, debe requerir su presencia y, únicamente en el caso de que se le informe que no se encuentra, estará en aptitud legal de realizar el emplazamiento con una persona que tenga alguna de las calidades establecidas en el citado artículo 117, lo que debe asentar expresamente en la razón actuarial, porque si bien dichos artículos no prevén tal obligación para el fedatario, lo cierto es que al constituir un presupuesto lógico y legal indispensable -que el demandado no se encuentre en el domicilio y verificar que se siguió el orden de prelación que señala este precepto-, se requiere que dicha particularidad quede asentada en el acta correspondiente, a fin de salvaguardar las formalidades del procedimiento, pues a juicio de este alto tribunal, no basta que el notificador se constituya en el domicilio buscado y entienda la diligencia con algún pariente, empleado o doméstico del interesado, o alguna persona que viva en el domicilio señalado, pues la diligencia debe practicarse directamente con la persona buscada, y sólo en el caso de que ésta no se encuentre, podrá practicarse con diversa persona." Por otra parte, los quejosos no aportaron probanza alguna para acreditar su dicho y desvirtuar lo asentado por el diligenciario, esto a pesar de que recae en ellos la carga para comprobar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, pues únicamente ofrecieron como pruebas, copias fotostáticas de su credenciales para votar, las cuales no tienen valor probatorio alguno, por tratarse de simple reproducciones que no demuestran de modo alguno la ilegalidad del llamamiento a juicio reclamado. Consecuentemente, las actuaciones del diligenciario en su carácter de funcionario investido de fe pública, tienen pleno valor probatorio, salvo que se demuestre lo contrario, lo que en el caso no aconteció, tal y como se evidenció en párrafos precedentes. Fortalece la consideración anterior, la jurisprudencia 1125, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Asimismo, sirve de apoyo en lo conducente, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito, de rubro y texto: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDONEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia". En esa tesitura, de las constancias que obran en autos se advierte la existencia de datos suficientes para considerar que oportunamente se hizo del conocimiento de los demandados, ahora quejosos, del juicio entablado en su contra y, con ello, estuvieron en posibilidad de contestar la demanda y hacer valer los medios de defensa que consideraran pertinentes. Por lo tanto, es inconcuso que el llamamiento a juicio practicado a los ahora peticionarios, debe tenerse por válido y por ende, subsiste con la presunción de legalidad que tienen los actos de autoridad, derivada de la fe pública de la que está investido el actuario responsable. Finalmente, no pasan inadvertidas, las diversas tesis que citaron los justiciables como apoyo a aus conceptos de violación; sin embargo, al resultar constitucional el emplazamiento combatido, no les benefician en modo alguno dichos criterios jurisprudenciales. Entonces, al resultar infundados los conceptos de violación analizados, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Teresa Eduviges Sabido Pool y Manuel Del Carmen Díaz Miranda, en contra de los actos que reclama del Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, consistentes en las diligencias de citación y de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1744/2017, llevadas cabo el catorce y quince de mayo, ambos de dos mil dieciocho; así como todo lo actuado en dicho juicio, incluyendo la inscripción del embargo del inmueble trescientos setenta y seis, de la calle noventa y siete, de la colonia "Santa Rosa", atribuido al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado; pues estas últimas actuaciones no fueron combatidas por vicios propios, sino como consecuencia de la diligencia de llamamiento a juicio reclamada. SÉPTIMO. Versión pública de la sentencia. Asimismo, en cumplimiento a los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, y el publicado el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, relativos al uso obligatorio del módulo de sentencias contenido en el SISE, como programa automatizado para la captura y consulta de las sentencias que dicten los órganos jurisdiccionales, y a las atribuciones de órganos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, así como los procedimientos relativos, y garantizar los derechos previstos en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de la información que tienen bajo su resguardo las áreas administrativas y los órganos jurisdiccionales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. OCTAVO. Datos personales. Se tiene a las partes en este juicio constitucional por no opuestos a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a TERESA EDUVIGES SABIDO POOL y MANUEL DEL CARMEN DÍAZ MIRANDA, respecto de los actos reclamados a la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, Actuario de su adscripción y Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial del Estado; por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. TERCERO. Se hace constar que las partes en este juicio constitucional no se opusieron a la publicación de sus datos personales. Independientemente de lo anterior, con fundamento en el artículo 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información. ....
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