Teresa de Jesús Puerto Castro
Expediente 1274/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1274/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Teresa de Jesús Puerto Castro
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán; veintidós de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido el auto dictado en este juicio el dieciséis de junio pasado, con fundamento en los artículos, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en términos del artículo 2o de la citada Ley de Amparo, se declara que el expresado auto que SOBRESEE en estos autos fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, no obra documento original y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción II del Punto Vigésimo primero del citado Acuerdo General, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, y anexo que acompañó, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; (.)" De la interpretación de la disposición antes transcrita, se deduce que el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. En ese sentido, conforme a la interpretación efectuada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la tesis 2a. CXI/96, publicada en la página doscientos diecinueve, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 199808, de rubro: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, el quejoso reclama, en esencia, la omisión de dictar sentencia en el juicio de origen 190/2020, del índice de la autoridad responsable Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, aduciendo que ha transcurrido en exceso el plazo previsto para ello en el artículo 56 de la Ley de lo Contencioso Administrativa del Estado de Yucatán. Luego, si bien la autoridad responsable reconoció la omisión argüida por la parte quejosa, lo cierto es que de las documentales remitidas con el informe justificado de cuenta, se desprende que el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal responsable dictó un acuerdo, en el cual se tuvo por formulado el proyecto de resolución de dicho juicio. Sin embargo, dicho Tribunal advirtió diversas discrepancias numerarias, por lo que estimó procedente reabrir la instrucción del proceso, al momento de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos para efectos de desahogar diversas diligencias. Devolviendo en consecuencia los autos a la Magistrada Ponente para que reabriera la instrucción en el momento de la continuación de la audiencia de ley de fecha diecisiete de junio de dos mil veintiuno, y se realizaran las diligencias al efecto señaladas, y una vez que ello aconteciera, presentara al Pleno de ese órgano jurisdiccional un nuevo proyecto de resolución, lo que así se hizo mediante acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós. Esto es, se trata de una determinación posterior a la presentación de la demanda de amparo (diecinueve de mayo de dos mil veintidós). Por tanto, es claro que, con motivo del acuerdo de uno de junio de dos mil veintidós, ha quedado irreparablemente consumada la violación aducida por el quejoso (dilación en la emisión del fallo definitivo), de manera que no se podría resolver sobre la constitucionalidad de la omisión impugnada en este juicio, sin afectar la situación jurídica generada por aquella determinación. En efecto, en el caso se reúnen los presupuestos necesarios para estimar actualizado el cambio de situación jurídica, debido a que el acto reclamado emana de un procedimiento jurisdiccional, a saber, el juicio contencioso radicado bajo el expediente 190/2020, del índice de la autoridad responsable. Además, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, esto es, el uno de junio de dos mil veintidós, se emitió un acuerdo en el que se ordenó reabrir la instrucción para posteriormente proceder al dictado de la sentencia, de modo que se modificó el estado procesal del juicio de referencia, pues éste dejó de estar en estado de resolución. Entonces, tomando en consideración que la violación que se aduce en este juicio de amparo, se sustenta en que ha transcurrido en exceso el plazo previsto para ello en el artículo 56 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, pues desde el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se inició la audiencia para dictar sentencia definitiva; es claro que no podría decidirse sobre dicha cuestión sin afectar la nueva situación jurídica, precisamente, porque el acuerdo de reapertura dejó sin efecto el estado de autos para fallarlo, y por ende, debe considerarse consumada irreparablemente la violación aquí reclamada. En ese orden de ideas, dado que actualmente no subsiste la condición en la que el peticionario del amparo sustenta la violación a sus derechos fundamentales, es claro que ello impide examinar los motivos de inconformidad relativos. Ilustra la postura que antecede, en lo conducente, la tesis XII.1o.34 C, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, visible en la página mil noventa y seis, tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de mayo de dos mil uno, Novena Época, registro 189784, de contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA EN EL PROCEDIMIENTO CIVIL. Cuando en un procedimiento civil ya se citó para oír sentencia y ésta no se dicta, y no existe acuerdo o razón que justifique tal omisión, eso constituye, de hecho, una situación jurídica en sentido negativo; por ende, si luego se dicta un acuerdo en que con determinados argumentos y con base en algunas disposiciones de derecho se suspende el procedimiento, lo anterior constituye una nueva situación jurídica diversa y autónoma, pues en el primer caso hay una omisión lisa y llana y en el segundo es un acto distinto que produce el mismo efecto dilatorio, pero con determinada fundamentación y motivación. Por ende, no se puede conceder el amparo para el efecto de que se dicte sentencia, pues ello vendría a trastocar la nueva situación jurídica, constituida por un acto que sí existe y que contiene su propia sustancia formal, y que podría ser constitucional o no; sin embargo, ello dependerá del estudio del mismo, que no puede ser hecho en un amparo relativo a otro acto con el que no guarda relación ni secuencia." En tales condiciones, resulta inconcuso que operó la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de este modo, con motivo de su actualización, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la legislación en cita, se impone sobreseer, fuera de audiencia, el presente juicio de amparo; en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Finalmente sólo resta señalar, que por auto de veintitrés de mayo del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de a quién le podría recaer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto se rinda el informe de Ley, lo cual aconteció; sin embargo, por los motivos expuestos párrafos precedentes, resulta innecesario hacer tal pronunciamiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Veintitrés de mayo de dos mil veintidós. SECCIÓN AMPARO. INC. 2327/2021-V. OFICIO. 14520/2022-V. AL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN TURNO DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO. PRESENTE. De conformidad con lo acordado en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en los presente incidente de suspensión, promovido por "Concesionaria Vuela Compañía de Aviación", Sociedad Anónima de Propiedad Industrial de Capital Variable, contra un acto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, residente en la Ciudad de México, y de otras autoridades; me permito remitirle vía electrónica el presente cuaderno incidental, con motivo del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Directora adscrita a la Oficina de Defensa del Consumidor ODECO, Zona Metropolitana Mérida, en contra de la sentencia interlocutoria dictada en esta incidencia, junto con el escrito digital de expresión de agravios respectivo, siendo innecesario el envío de la copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, ya que el traslado correspondiente podrá obtenerse digitalmente, cumpliendo de éste modo, lo ordenado en el artículo 89 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, se hace del conocimiento del Tribunal de Alzada, que éste Juzgado se encuentra en total disposición de remitir las constancias que la superioridad estime en su caso, ello, para la correcta substanciación del recurso de que se trata. Suplico a usted se sirva ordenar se acuse recibo a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán y aceptar las seguridades de mi atenta y distinguida consideración
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