Teresa Carmen Ramírez Velázquez

Expediente 133/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
133/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
07/03/2018

Partes del expediente

  • Teresa Carmen Ramírez Velázquez

Actuaciones

  1. Principal

    Causó estado auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, se ordena su archivo...

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, se notifica por medio de lista el acuerdo de veinte de febrero de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, que dice: ".se tiene por no presentada la demanda de amparo." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de febrero de dos mil dieciocho, se notifica por medio de lista el acuerdo de treinta de enero de dos mil dieciocho, a la parte quejosa, que dice: ".Vista la demanda de amparo promovida por Teresa Carmen Ramírez Velázquez, por su propio derecho y ostentándose como representante de su menor hija Martha Patricia Armendaris Ramírez, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 133/2018.requiérase a los promoventes para que dentro del plazo de cinco días, dé cumplimiento a las siguientes prevenciones: PRIMERO. Acredite con constancia fehaciente la representación legal para actuar a nombre de la menor Martha Patricia Armendaris Ramírez. Esto es así, al tomar en consideración que la personalidad es un presupuesto procesal indispensable para accionar el juicio de amparo en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el citado precepto 108, fracción I, de la ley de la materia, extremo que no se acredita con las documentales que adjuntan los promoventes. Toda vez que si bien, refiere bajo protesta de decir verdad que es madre de la menor Martha Patricia Armendaris Ramírez, ésta omite anexar el documento que acredite sus información. En ese contexto, resulta pertinente mencionar que no se inadvierte para realizar el presente requerimiento el contenido del artículo 8° de la Ley de Amparo, que a la letra expresa: "Artículo 8o. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda." De la anterior transcripción se aprecia en forma substancial que el menor de edad, podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. Sin embargo, en el presente caso, se desprende de los antecedentes narrados la promovente del amparo que a quien le recae el carácter de representante de la menor es precisamente a la quejosa Teresa Carmen Ramírez Velázquez; asimismo, no se aprecia que se encuentre ausente, ni impedida para instar el juicio a su nombre, y menos aún que se niegue a hacerlo. Sin que sea válido requerir a la promovente para que lo haga en otro momento procesal, pues dicha irregularidad atañe a un componente de la legitimación activa, cuyo estudio es de orden público, aunado a ello, puede argumentarse para evidenciar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo; máxime que resulta necesario para proporcionar a las partes los elementos necesarios para su defensa y facilitar al juzgado el desarrollo de su función jurisdiccional. SEGUNDO. Asimismo, se requiere a la promovente para que se sirva señalar el acto que atribuye a cada una de las autoridades que señala como responsables. TERCERO. De igual forma, se le previene para que bajo protesta de decir verdad, amplíe los antecedentes del acto reclamado. Esto es así, toda vez que omite manifestar si existe algún procedimiento administrativo del cual emane el acto reclamado y que se hubiese instaurado ante las autoridades que señala como responsable, y en el supuesto de ser así, la etapa procesal en la que se encuentre el mismo. Información que resulta relevante a fin de integrar de manera efectiva la litis constitucional, brindando certeza jurídica a las actuaciones y a las partes en el juicio, lo que constituye además, un requisito esencial en el escrito de demanda, acorde al numeral 108, de la Ley de Amparo. En el entendido de que la aclaración de que se trata, únicamente puede ser presentada por la parte promovente del amparo, no así por su autorizado, dado que se trata del ejercicio de la acción. Sin ser el caso de requerirle a la promovente sendas copias de su escrito aclaratorio para correrle traslado a las partes, ello en atención al segundo párrafo del artículo 110 de la Ley de la Materia, dado que refiere tratándose de asuntos en donde puedan afectarse intereses de menores, el Juzgado de oficio debe mandar expedir las mismas. En caso de incumplir con el punto primero, en el lapso concedido, o de no obtener información fidedigna de que la promovente sea representante de la menor, se proveerá lo conducente respecto al escrito de demanda, únicamente en relación a aquéllos por propio derecho. Asimismo, se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo ordenado dentro del término y en las condiciones antes indicadas, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, acorde con lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Cabe destacar que no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional, el acto reclamado que la parte quejosa hace consistir en "la confiscación de su casa, sin indemnización alguna, ocasionándosele una pobreza extrema"; acto, que se encuentra previsto en el artículo 22 Constitucional, y al cual se le debe atender en forma inmediata. Sin embargo, a fin de determinar si el citado acto reclamado se ubica en el supuesto previsto en el aludido precepto legal, resulta procedente realizar un análisis al contenido íntegro a la demanda que se atiende, para determinar si dicho acto se ubica en las hipótesis contempladas en el mencionado artículo, para determinar si es susceptible decretar la suspensión de plano. De ahí que, al atender los antecedentes del acto reclamado, así como los conceptos de violación que formula parte agraviada, se advierte que la confiscación de la cual se duele en esta instancia constitucional, deriva de las medidas de seguridad que en su momento llevó a cabo la Dirección de Protección Civil para salvaguardar la integridad física y salud de la parte quejosa, ante los movimientos y desprendimientos de tierra que han ocasionado derrumbes en el lugar que habita la agraviada. Situación que permite, concluir que dicho acto no se trata de una confiscación a las que se refiere el artículo 22 Constitucional, sino de una medida tomada por la Dirección de Protección Civil, cuya finalidad es evitar riesgos en la vida de las personas que habitan en el área afectada. En ese tenor, por el momento se reserva proveer lo conducente en cuanto a la medida cautelar que solicita respecto al citado acto reclamado, hasta en tanto desahogue la prevención que se le realiza en el presente proveído. En otro orden, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el descrito en su escrito de demanda, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los los licenciados Omar Arón Reyes Machado, Manuel Esteban Yáñez Placeres, Isamary Marcial Juárez, Rosa Cecilia Villaba Pérez y Sandra Elena Esquer Montoya, dado que cuentan con cédula profesional registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al artículo 185 del Título Décimo "Del Registro Único de Profesionales del Derecho" del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el tres de octubre de dos mil seis, mismo que derogó el similar 24/2005, relativo al establecimiento del Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de dieciocho de julio de dos mil cinco; y en términos restringidos del numeral en cita a José Luis Lozano Perales, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en la base de datos de referencia, así como a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado. Finalmente, atento a lo previsto en los artículos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los ordinales 5, 6, 7 y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a la parte promovente el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, al hacerse pública la sentencia que se dicte en este asunto; apercibidas que de no hacerlo, en la versión pública que se realice de dicha determinación, se suprimirá la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 5, 14, 25, 28, 44, 54, 55 y 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. ." Se tiene por notificado en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de ley de amparo, en virtud de no haber comparecido a este juzgado de distrito, a oír y recibir notificación personal.

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