Teofilo Nuriel Soberanez Ramírez

Expediente 872/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
872/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
15/08/2019

Partes del expediente

  • Teofilo Nuriel Soberanez Ramírez
  • Juez Primero de lo Penal de Primera Instancia del Partido Judicial, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    se ordena devolución de garantía.

  2. Principal

    Se notifica a quejoso por lista auto de 15 de agosto de 2019, que dice: Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia Penal por Ministerio de Ley, con residencia en esta ciudad; así entonces, con su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable que se trata ofreciendo como prueba de su parte, las documentales que adjunta a su informe de cuenta. Ahora, del estado que guardan los presentes autos, se aprecia que el quejoso de mérito, señala como acto reclamado en esta instancia el siguiente: "IV- ACTO RECLAMADO.-Les Reclamo a las autoridades la privación legal de mi libertad por las autoridades que señalo como responsables. Toda vez que he compurgado mi pena impuesta por la primera autoridad señalada como responsable." Seguidamente, en atención a las documentales que la autoridad oficiante remite como prueba en el presente juicio, en específico la constancia de reclusión de dos de julio de dos mil diecinueve, signada por el Director del Centro de Reinserción Social El Hongo II, de la que se advierte que el aquí quejoso obtuvo su libertad por compurgación de la pena en dicha data, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, con el diverso 2° de la Ley de Amparo. Por tanto de dichas constancias, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 63 fracción V, ambos de la ley de la materia, lo que conlleva a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ello, dado que las causas de improcedencia, son un presupuesto procesal de orden público, que deben estudiarse de manera oficiosa sin perjuicio de la etapa procesal en que se encuentre un determinado juicio, de conformidad con el artículo 62 de la Ley Amparo. Del texto de los artículos reproducidos, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de su derecho constitucional. En efecto, en el caso sometido a estudio, se desprende que han cesado los efectos del acto reclamado, consistente en la orden privativa de libertad, ello es así, pues de las constancias que se reciben en esta fecha, se observa que el impetrante del amparo obtuvo su libertad en dos de julio de dos mil diecinueve, al haber compurgado la pena que le fue impuesta en la causa penal 159/2017, por el delito de robo de vehículo de motor con violencia, del índice del Juzgado Primero de lo Penal, de esta ciudad, acto de privación que fue materia de este juicio de amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la causa de improcedencia de mérito, acorde a diversos criterios sustentados por órganos de control constitucional, se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por lo expuesto, existe convicción de que cesaron los efectos del acto que en esta instancia constitucional se reclama, como si se hubiera otorgado el amparo y la protección de la justicia Federal, es decir, como si éstos no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, puesto que el acto reclamado, dejó de existir. En apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, se invoca la tesis de jurisprudencia número 205/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundida en la página seiscientos cinco, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, enero de dos mil nueve, correspondiente a la Novena Época, que a continuación se transcribe en su rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." Por lo tanto, al haberse reclamado en el presente juicio de amparo, la privación ilegal de libertad y haber obtenido el impetrante su libertad en dos de julio pasado, tal como se advierte de las constancias que se anexaron; es inconcuso, que han cesado los efectos del acto combatido. En consecuencia, al haber quedado plenamente demostrado en autos la cesación de los efectos del acto que por esta instancia constitucional se duele la solicitante del amparo, no es dable analizar jurídicamente la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia Federal. En tal virtud, al haber sobrevenido durante la tramitación del presente juicio de amparo, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la ley de la materia en comento, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sustentan la anterior determinación, las jurisprudencias números 2a./J 59/99 y 2a./J. 9/98, emitidas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visibles en las páginas 38 y 210, Tomos IX y VII, junio de 1999 y febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que rezan de la siguiente manera en sus rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." Es importante señalar, que la causa por la que se decreta el sobreseimiento, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, Décima Época, del rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Así como la tesis I.2°.C.1.K(10ª) del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, mayo de dos mil trece, visible en la página mil setecientos setenta y uno, del rubro: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1O. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. En razón de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las diez horas con dos minutos del veintisiete de agosto del presente año. Por último, realícese la notificación del presente preveído en el domicilio que se citó en el proemio del escrito inicial de demanda, siendo éste el ubicado en avenida Los Charros, número 21-1, despacho 2, fraccionamiento J. Sandoval, delegación La Mesa, de esta ciudad. Notifíquese personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Se ordena expedir copia certificada solicitada.

  4. Principal

    Cuarto Tribunal Colegiado admitió recurso con el número 382/2019

Quedan 6 actuaciones en este expediente

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