Teresa Cajero Rivera
Expediente 138/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 138/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 26/08/2021
Partes del expediente
- Magistrados de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México
- Teresa Cajero Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se recibe el oficio 4558 del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio 10419/2021 por el cual se le remitió el original del juicio de amparo indirecto 138/2021 del índice de este juzgado; circunstancia de la que se toma nota para los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el expediente como asunto concluido. Destino del expediente principal Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso J), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2, numeral 10, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran tres años de archivado, es susceptibles de destrucción, pues se trata de un cuadernillo de antecedentes relativo a una incompetencia; por tanto, carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
se remite amparo a la oficina de correspondencia de los Colegiados en materia civil
- Principal
Agréguese a los autos el escrito firmado por la quejosa Teresa Cajero Rivera, por medio de la cual interpone recurso de queja en contra del auto de once de marzo del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda. Así las cosas, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja que hace valer Teresa Cajero Rivera.
- Principal
Toluca, Estado de México; once de marzo de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Teresa Cajero Rivera, por propio derecho, contra el acto y autoridad responsable que enseguida se precisan: Acto reclamado. La resolución de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitida en el recurso de apelación 534/2020, del índice de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del tribunal Superior de Justicia del Estado de México, en la que confirma la interlocutoria dictada en el incidente de ejecución de sentencia tramitado en el procedimiento especial de divorcio incausado 830/2017, de la estadística del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México. Autoridad responsable. Magistrados de la Primera Sala Familiar Regional de Toluca del tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Radicación del asunto Se registra este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 138/2021-I y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Desechamiento Ahora, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la citada demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el contenido del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Precisado lo anterior, respecto del aludido acto reclamado, este órgano constitucional considera que debe desecharse de plano la demanda de amparo, en virtud de que se advierte de oficio que de manera manifiesta e indudable se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado antes precisado, dichos artículos establecen lo siguiente: "Artículo 107. El Amparo indirecto procede: [.] Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior [.]" Conforme a la simple interpretación gramatical del artículo transcrito, el juicio de garantías indirecto es procedente contra todos los actos provenientes de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se emitan después de concluido un juicio, con la mera satisfacción de los requisitos generales exigidos por tal ordenamiento; pero si se trata de actos que forman parte de un procedimiento de ejecución, entendido como el conjunto ordenado secuencialmente para hacer cumplir alguna parte o todo lo resuelto en la sentencia definitiva o en la resolución equivalente, se establece la regla específica consistente en que sólo se podrá reclamar destacadamente la última resolución de ese procedimiento, e invocar en la demanda las violaciones atribuidas tanto a dicha determinación final, como las imputadas a los demás actos del procedimiento de ejecución respectivo, que produzcan indefensión al quejoso. Asimismo, el propio precepto legal regula qué resolución, para efecto de la procedencia del amparo, debe considerarse como la última dictada en el procedimiento respectivo, a saber: En ejecución simple, la última resolución es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En procedimiento de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Con ambas reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto se pretende evitar la obstaculización de la etapa de ejecución de sentencia, al establecer que solamente procede contra la última resolución que se emita en el procedimiento correspondiente, no así contra otras determinaciones intermedias (regla genérica) y, tratándose de remates, únicamente procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. Conviene puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que existen actos dictados en ejecución de sentencia en contra de los que excepcionalmente sí es procedente el amparo indirecto; a saber: Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos y, Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de sentencia. Como ejemplo, estableció que al desestimar en etapa de ejecución de sentencia ciertas excepciones perentorias y sustanciales, como la de pago, compensación, pacto de espera o la prescripción de derecho de pedir ejecución, se generarían situaciones de imposible reparación. Lo anterior se corrobora de la lectura de la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 19/2011, consultable en la página 5, del tomo XXXIII, mayo de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución. Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación. ." Lo que se lleva apuntado, permite establecer que, por regla general, un acto dictado en ejecución de sentencia sólo puede reclamarse a través del amparo indirecto que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente o tratándose de remates, contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, de manera excepcional, cuando el acto reclamado, aún dictado en la etapa de ejecución de sentencia, afecta derechos sustantivos y que éstos sean ajenos a la cosa juzgada. Para justificar la actualización de la causal de improcedencia en estudio, del escrito de demanda que se atiende la quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, en el apartado de antecedentes lo siguiente: Que en el Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, se tramitó el procedimiento especial de divorcio incausado 830/2017, promovido por Pedro Hilario González Martínez, en contra de Teresa Cajero Rivera (quejosa), en el cual el diez de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia definitiva que decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a las partes y en virtud de que los contendientes celebraron su matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. Por lo que, el uno de octubre de dos mil diecisiete (sic), la quejosa interpuso el incidente de liquidación de sociedad conyugal, el cual fue resuelto mediante interlocutoria de diez de noviembre de dos mil veinte, en el que se determinó declarar improcedente la incidencia planteada. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de apelación que dio origen al toca 534/2020, del índice de la Primera Sala Regional Familiar de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, quien mediante resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, determino declarar infundados pero inoperantes los conceptos de agravio Precisados lo anterior, es conveniente atender a la naturaleza de la sociedad conyugal y al procedimiento general para su liquidación. Para tal fin, se invocan los artículos 4.24, 4.31, 4.42, 4.43 y 4.45 del Código Civil del Estado, que disponen: "Artículo 4.24.- El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes. En el caso de omisión o imprecisión, se entenderá celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. El régimen patrimonial podrá cambiarse mediante resolución judicial. Artículo 4.31.- La sociedad conyugal termina por: La conclusión del matrimonio; La voluntad de los cónyuges. Resolución judicial que declare que el cónyuge administrador ha actuado con dolo, negligencia, torpe administración que amenace arruinar a su cónyuge o disminuir considerablemente los bienes comunes; cuando uno de los cónyuges haga cesión de los bienes pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o, sea declarado en concurso o quiebra. Artículo 4.42.- Terminada la sociedad se procederá a su liquidación, formándose el inventario, excluyéndose los objetos de uso personal de los cónyuges. Artículo 4.43.- Aprobado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el patrimonio común y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos cónyuges en partes iguales o de acuerdo a la forma convenida en las capitulaciones matrimoniales. Artículo 4.45.- Todo lo relativo a la terminación y liquidación de la sociedad conyugal, se regirá por lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles al respecto." De la interpretación de tales numerales se colige que la sociedad conyugal nace al celebrarse el matrimonio o durante éste si así lo convinieren los cónyuges; el cual podrá cambiarse únicamente mediante resolución judicial. Las causas de terminación de la sociedad conyugal son diversas y pueden darse durante el matrimonio o por la disolución de éste, ya sea por voluntad de los consortes, por la sentencia que declare la disolución, entre otros. La disolución de la sociedad conyugal implica un procedimiento que no culmina con la sola declaratoria de ella, en tanto que tal declaratoria constituye apenas el inicio de una consecución de actos procesales que han de tener como culminación el acto de adjudicación de los bienes, por cada uno de los consortes, una vez que se ha hecho la liquidación de ellos mediante la formación de un inventario, pago de créditos contra el haber conyugal y aplicación de las pérdidas. De modo que los textos normativos son claros en cuanto a que, una vez disuelta la sociedad se procede a su liquidación, para lo que se debe formar un inventario excluyéndose los objetos de uso personal de los cónyuges; terminado el inventario, se deben pagar los créditos que hubiere contra el fondo social y se debe devolver a cada cónyuge lo que consortes, en la forma convenida. En el caso de pérdidas, el importe de ésta se deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que debían corresponderle y si uno solo llevó capital social, de éste se deducirá la pérdida total. Posteriormente, se procede a la partición y adjudicación de los bienes, que se rige por las disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En este contexto, respecto de la liquidación de la sociedad conyugal, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sostuvo que ésta no entraña una simple división de bienes, sino una serie de operaciones de cargo y abono, cuya diferencia viene a ser el resultado positivo (ganancia repartible), o negativo (pérdida repartible) de la liquidación. Al respecto es de invocar la tesis aislada sustentada por dicho órgano, visible en la sexta época del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, CXXVIII, página 110, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD LEGAL, LIQUIDACIÓN DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). La liquidación de la sociedad legal no entraña simple división de bienes, sino una serie de operaciones de cargo y abono, cuya diferencia viene a ser el resultado positivo (ganancia repartible), o negativo (pérdida repartible) de la liquidación. Esta serie de operaciones que constituyen la liquidación de la sociedad conyugal o legal está claramente prevista en los artículos 1907 a 1912 del capítulo VI denominado "de la liquidación de la sociedad legal", del título décimo del libro tercero del Código Civil del Estado de Puebla, que fijan el orden que debe seguirse para llegar al resultado final. Para la formulación de esa liquidación también deben observarse las disposiciones contenidas en el capítulo IV denominado "de la sociedad legal", de ese mismo título y libro del citado código, que señalan cuales son los bienes propios de cada consorte y los que forman el fondo de la sociedad legal." En ese sentido, el proceso de liquidación sigue las siguientes fases: Fijación. Comprende la redacción de un inventario valorado de los bienes comunes, así como de las relaciones de crédito que median entre las diversas masas patrimoniales. Compensación y saldo de cuentas. Formación de un plan de liquidación de las indicadas, estableciendo las compensaciones que procedan. Liquidación. Pagos y colación entre las masas. Los patrimonios privativos reciben cuanto se les adeudaba, y lo mismo la masa consorcial, quedando ésta integrada en su caso, por los bienes divisibles y los créditos contra los cónyuges que puedan imputarse en la cuota de cada uno. División. Adjudicación efectiva de los bienes comunes y dividendos, hecha la computación de créditos. Por su parte, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha referido la aplicación de las reglas sucesorias al procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal como se puede observar de la tesis aislada publicada en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXXI, página 440, de rubro y texto: "SOCIEDAD CONYUGAL, LIQUIDACIÓN DE LA. Para la liquidación de la sociedad conyugal, debe seguirse el procedimiento que señala el capítulo sexto, título décimo, del libro tercero del Código Civil para el Distrito y Territorios, y si se sigue un procedimiento diverso, con ello se violan, en perjuicio del interesado, las garantías del artículo 14 constitucional." De tal manera que los pasos de la liquidación se pueden resumir de la siguiente forma: Nombramiento de liquidadores; por regla general corresponde el carácter de liquidadores de la sociedad conyugal a ambos consortes. Rendición de cuentas; respecto de esta etapa, la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que debe haber condena expresa para que exista la obligación de rendir cuentas, según se desprende de la tesis aislada publicada en la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Parte, LXI, página 214, de rubro y texto: "SOCIEDAD CONYUGAL, LIQUIDACION DE LA. La rendición de cuentas de la administración de la comunidad de bienes que en rigor jurídico es la sociedad conyugal, no puede estar implícita en la división de la cosa común, ni en las bases de la partición de los bienes a que se aluden los artículos 287 del Código Civil y 523 del de Procedimientos Civiles, sino que debe ser materia de expresa condena, cuya ejecución se rige por los artículos 519 a 522 del citado código procesal. Así, es legalmente insuficiente la mera condena a la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, puesto que con arreglo a las disposiciones legales que se han citado, la condena debe comprender también la formación del inventario de los bienes comunes y la rendición de cuentas por el administrador, de conformidad con lo que disponen los artículos 183, 194, 197, 203, 206, 287, 942 in fine y 979 del Código Civil, y 519 a 523 del de Procedimientos Civiles." Inventario; La primera actividad a la que debe avocarse el cónyuge liquidador es a la elaboración de un inventario, esto es, la relación de todos los bienes pertenecientes a la comunidad. Avalúo; Se trata de determinar en la moneda oficial el valor en cambio de cada uno de los bienes, no del conjunto de los mismos a tanto alzado, sino uno por uno. El avalúo debe practicarse simultáneamente con el inventario. Debe realizarse el inventario del pasivo que corre a cargo del patrimonio común. Pago del pasivo social, reintegro de bienes propios; concluidos y aprobados por los interesados el inventario y avalúo, los liquidadores procederán al pago del pasivo social. Partición. La partición de la masa postganancial es un proceso de determinación de una porción de bienes que, correspondiendo al patrimonio común, habrán de ser trasladados al dominio exclusivo de alguno de los cónyuges o sus causahabientes, es decir, mediante la partición se persigue transformar el derecho que cada parte tiene sobre el todo de la comunidad en un derecho real de propiedad sobre uno o varios de los bienes de dicha comunidad específicamente determinados. Antes de proceder a la partición debe haber concluido el inventario y avalúo de los bienes y realizado la rendición de cuentas de quien se encuentre a cargo de la masa postganancial. Adjudicación. Es una etapa del proceso de liquidación y se constriñe a incorporar de manera exclusiva algún bien de la masa postganancial a quien fuera miembro de la sociedad conyugal o que conforme a derecho, deba ser considerado como sucesor. Generalmente para la figura de la adjudicación se requiere de la intervención de autoridad judicial o administrativa que la lleve a cabo, sin embargo, este proceso también puede efectuarse fuera de la intervención judicial, cuando de común acuerdo de las partes, han pactado dicho acto. En cuanto a lo acotado, es aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Julio de 2001, página 13, de rubro y texto: "APELACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE RESUELVE EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO). Si se toma en consideración, por un lado, que el proceso jurisdiccional y la sentencia que lo resuelve en el fondo constituyen el fundamento de la garantía de tutela judicial a que se refiere el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo condición indispensable, para que sea completa y efectiva, que el órgano jurisdiccional vele porque sus resoluciones se ejecuten, en la medida de lo posible, en sus propios términos, en tanto la ejecución eficaz e inmediata de las sentencias es de interés público y, por otro, que el legislador del Estado de México ha estimado que los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que, por tanto, han adquirido la naturaleza de cosa juzgada no deben ser innecesariamente obstaculizados mediante la interposición de recursos, tal como se establece en el artículo 717 del Código de Procedimientos Civiles para esa entidad, puede concluirse que la interlocutoria que resuelve el incidente de liquidación de sociedad conyugal, en cumplimiento de una sentencia definitiva de divorcio o de nulidad de matrimonio, en la medida en que es una resolución que tiende de manera directa e inmediata a hacer efectiva la ejecutoria de que se trate pues una vez resuelto el incidente no resta otra actuación del Juez más que la de adjudicar los bienes en términos de la partición, es una resolución contra la que no procede el recurso de apelación, sin que sea obstáculo para llegar a tal conclusión, la regla general que respecto a dicho recurso prevé el diverso artículo 432 del citado código, que establece que serán apelables las sentencias interlocutorias y los autos cuando así lo disponga el código si, además, lo fuere la sentencia definitiva del negocio en que se dicte, en virtud de que aun cuando la sentencia definitiva de la que deriva la interlocutoria de que se trata es apelable, el precepto primeramente citado es claro al afirmar que dichas resoluciones no admiten recurso alguno". Aun cuando no fue el planteamiento principal de dicha contradicción, sustentó que a la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal no se le debe otorgar el carácter de definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en los términos previstos por el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, sino que se debe considerar como una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, en virtud de que en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; lo que se puede apreciar de las consideraciones que dieron origen a dicha contradicción y que en lo que al caso interesa establecen: ".Lo antes expuesto, evidencia que el tema al que se refiere el presente estudio, contradice lo sustentado tanto por esta Primera Sala como por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que en la hipótesis planteada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, se sostiene que la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal tiene el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, en tanto que los pronunciamientos que sobre el particular ha sustentado este Alto Tribunal, conducen a la afirmación de que la 'última resolución' que se dicte en la fase ejecutiva debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Por tanto, resulta incuestionable que de acuerdo con tales consideraciones, a la interlocutoria que resuelve un incidente de liquidación de sociedad conyugal no se le debe otorgar el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que se debe considerar como una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, a virtud de que en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento." Lo hasta aquí expuesto, permite estimar que el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, determinó declarar improcedente el incidente de ejecución de sentencia tramitado en el procedimiento especial de divorcio incausado 830/2017, de su índice, cuya determinación fue recurrida y resuelta por la Sala responsable, cuya resolución constituye el acto reclamado; de modo que, es claro que en la especie, el procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal no ha concluido. Por tanto, aun cuando se emitió dentro del período de ejecución de la sentencia, no tiene el carácter de última resolución dictada en dicho procedimiento; tomando en cuenta que para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de esa naturaleza, debe entenderse por última resolución dictada en el referido período de ejecución, aquélla en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es decir, que dicha resolución reclamada, no puede considerarse que se esté en presencia de la última resolución dictada en el período de ejecución de la sentencia pronunciada en el procedimiento especial de divorcio incausado de origen, ya que atento al criterio sustentado por nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, se concluye que el acto reclamado, no aprueba ni reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución dictada en el juicio de divorcio de mérito; así como tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Se afirma lo anterior, pues resulta incuestionable que a resolución del toca de apelación que confirma la interlocutoria que resolvió el incidente sobre liquidación de la sociedad conyugal, cuya inconstitucionalidad se reclama, no se le debe otorgar el carácter de definitiva para los efectos del juicio de amparo indirecto, sino que se debe considerar como una resolución intermedia dictada en ejecución de sentencia, a virtud de que, como se señaló previamente, en ella no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declarara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Así, en términos de lo establecido expresamente por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución es: "aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente"; de ahí que, procede el amparo indirecto hasta que ello se actualice, esto es, una vez que se haya emitido alguno de los tres proveídos que se indican, donde podrán reclamarse las diversas violaciones al procedimiento de ejecución cometidas en esa fase. Por tanto, la determinación que confirma la resolución interlocutoria de procedente la liquidación de sociedad conyugal dictada en la etapa de ejecución, no constituye la última resolución emitida en ese procedimiento, pues no cuenta con las características que le son propias, ya que no decide sobre el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad jurídica para hacerlo o archiva el expediente, sino que, por contrario, se origina como una medida tendiente a cumplir con lo decidido en la contienda principal, que constituye cosa juzgada para las partes en el sumario de origen. En ese tenor, se actualiza la hipótesis normativa en alusión, que, como se dijo, pretende evitar la utilización del juicio de amparo como un medio para entorpecer la ejecución de los fallos, cuyo cumplimiento es de orden público e interés social. No pasa desapercibido para arribar a la conclusión anterior, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, que originó la jurisprudencia P./J. 108/2010, estableció que en ejecución de sentencia el amparo indirecto procede excepcionalmente contra actos dictados en el procedimiento relativo, que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, puesto que condicionó esa circunstancia a que los mismos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, situación que no se presenta en el especie. En efecto, según se advierte de la narración de los antecedentes bajo protesta de decir verdad, no se aprecia que haya actos que afecten de manera directa derechos sustantivos de la quejosa, por ende, no opera la excepción señalada y es inaplicable la jurisprudencia que se indica, consultable a página 6, tomo XXXIII, de enero de dos mil once, novena época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Por tanto, se colma la causal de improcedencia de que se trata, y con sustento en los artículos 112, párrafo primero, y 113 de la Ley de Amparo, al existir causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Domicilio procesal y personas autorizadas Con apoyo en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en su demanda de amparo. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo Con relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que este se avala en términos amplios, siempre y cuando cuente con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 Constitucional, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Habilitación de días y horas inhábiles Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Notifíquese personalmente.
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