Teodoro Sierra Ávila
Expediente 598/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 598/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/09/2021
Partes del expediente
- Teodoro Sierra Ávila
- Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de julio del año en curso, a través del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales conducentes. Archivo del expediente Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente principal En otro orden de ideas, en términos del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción; ya que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que una vez que trascurra el termino de tres años de archivado el expediente procederá a su destrucción. Clasificación del asunto Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21, inciso b) del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, procederá la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Estado de autos Visto lo de cuenta, de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el término de cinco días, otorgado al quejoso Teodoro Sierra Ávila, sin que haya desahogado la prevención realizada en el acuerdo emitido el siete de julio de dos mil veintiuno, a fin de aclarar su demanda de amparo. Por no presentada En consecuencia, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento con el cual fue conminado en proveído citado en supralíneas y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Notifíquese. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de David Ruedas Moncivais, secretario que autoriza y da fe.Realizó: VOS
- Principal
Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda de amparo Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por Teodoro Sierra Ávila, por propio derecho, contra las autoridades y actos reclamados que enseguida se precisan: Autoridades responsables Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial Toluca, Estado de México. Fiscalía de Justicia para las Mujeres con sede en Toluca Estado de México. Actos reclamados La sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 257/2011 y tendente a privarlo de sus bienes y posesiones. Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 598/2021-II y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Prevención Ahora, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se atiende, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de garantías contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que proceda en cuanto al libelo de cuenta, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, satisfaga los requisitos que establecen los referidos numerales de la legislación de la materia, es decir: Primero. Manifieste de manera clara y precisa el acto o los actos que por esta vía reclama, lo anterior, toda vez que en el apartado correspondiente únicamente señala como tal la sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve en el expediente 257/2011, dictada en su contra y tendente a privarlo de sus bienes y posesiones; sin embargo, en el apartado correspondiente a los antecedentes refiere lo siguiente "Asimismo, de ser ejecutada dicha carpeta de investigación, es decir su consignación, se me estaría procesando al margen de un procedimiento civil ilegal."; asimismo, refiere en el capítulo de suspensión que le sea otorgada "a modo de ordenar a la responsable me emplace personalmente a juicio y así tener la posibilidad de defenderme adecuadamente." Motivos por lo que a este juzgado federal le genera incertidumbre si viene reclamando únicamente la ejecución de la sentencia en mención, la consignación de la carpeta de investigación o la falta de emplazamiento al juicio de pensiones alimentarias; cuestión que es necesaria aclarar para fijar correctamente la litis en el presente juicio. Dicho requerimiento obedece a que la precisión de los actos reclamados es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por ende debe requerirse al promovente para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Es aplicable la tesis XX.57 K, aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con número de registro 202853 que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Dicho requerimiento obedece a que la precisión de los actos reclamados, que es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por ende, debe requerirse a la parte quejosa para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Segundo. En relación al punto anterior, de ser el caso, deberá indicar si existe la intervención de diversas autoridades a las señaladas como responsables, y de ser así, indique su denominación y los actos que en su caso les atribuye, así como los antecedentes de los mismos, los cuales deberá realizar de manera cronológica. Tercero. Deberá ampliar de manera completa lógica y cronológica los antecedentes de los actos que por esta vía se reclaman. Dicha prevención deberá ser desahogada "bajo protesta de decir verdad", ya que constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar ésta, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, se advierte al ocursante que en caso de conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, será puesta a disposición del agente del Ministerio Público, en uso de la facultad conferida en el artículo 237, fracción III de la Ley de Amparo, para la persecución del delito contenido en el artículo 261, fracción I de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. (.)" Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro 2014917, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, de rubro y contenido siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber al promovente que del escrito con el cual dé cumplimiento a la presente determinación, deberá exhibir el número de copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Apercibimiento Apercibida que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Actuar oficioso Por otra parte, se requiere al Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial Toluca, Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe a este juzgado de distrito si el quejoso Teodoro Sierra Ávila, tiene reconocido algún carácter o ha comparecido o apersonado dentro del expediente 257/20211 de su índice (recibir copias, constancias, imponerse de los autos); asimismo, si tuvo conocimiento de la sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 257/2011; para lo cual, deberá acompañar las constancias necesarias con las que se acrediten esos aspectos. Se apercibe a la autoridad, que de ser omisa en remitir la información reseñada, o bien, manifestar el impedimento legal para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización. Para el caso de que ésta deba acompañar las constancias inherentes al acto reclamado, se solicita que las remitan por medio de mensajería rápida al domicilio de este tribunal constitucional, sito en avenida Doctor Nicolás San Juan, ciento cuatro, primer piso, colonia Exrancho Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca, Estado de México. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Personas autorizadas Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Domicilio procesal Ahora, refiere que señala como domicilio procesal el indicado en el membrete del ocurso, sin embargo, no se advierte domicilio alguno, en consecuencia, por única ocasión practíquese ésta en su domicilio particular señalado en su escrito de demanda. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 Constitucional, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Habilitación de días y horas inhábiles Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de David Ruedas Moncivais, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En cumplimiento al apercibimiento contenido en el aviso de ocho de julio del presente año, se notifica a la parte quejosa la determinación de siete de julio del actual, que dice: Toluca, Estado de México; siete de julio de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda de amparo Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por Teodoro Sierra Ávila, por propio derecho, contra las autoridades y actos reclamados que enseguida se precisan: Autoridades responsables Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial Toluca, Estado de México. Fiscalía de Justicia para las Mujeres con sede en Toluca Estado de México. Actos reclamados La sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 257/2011 y tendente a privarlo de sus bienes y posesiones. Radicación de demanda Se ordena registrar este asunto en el libro de gobierno correspondiente con el número de juicio de amparo 598/2021-II y constriñe formar los expedientes físicos y electrónicos, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Prevención Ahora, previo a acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda que se atiende, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 113 y 114 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que pueda subsanarlas en tiempo. Así, tomando como punto de partida lo que prevé el numeral 114, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. De lo anterior, se desprende que dicho artículo no limita las facultades del juzgador para exigir la aclaración de la demanda sólo cuando se omiten los requisitos del artículo 108 de la legislación en comento, sino en forma amplia y discrecional permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite, dado que al promover en la vía indirecta es evidente que no se tienen más datos que los proporcionados por la parte quejosa, con lo cual se considera mandarla prevenir cuando se estime que: 1. El escrito inicial de demanda contenga irregularidades. 2. Si se hubiese omitido alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la Ley de Amparo. 3. Si no hubiese acompañado documento con el que acredite su personalidad. 4. Si no hubiese expresado con precisión el acto reclamado. 5. Si no se hubiesen exhibido las copias que señala el artículo 110 de la Ley de Amparo, y; 6. Si el libelo de garantías contiene tales requisitos pero éstos fueran deficientes. En ese sentido, con fundamento en los artículos 108, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, a efecto de estar en aptitud de proveer lo que proceda en cuanto al libelo de cuenta, requiérase a la parte quejosa para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir de su legal notificación, satisfaga los requisitos que establecen los referidos numerales de la legislación de la materia, es decir: Primero. Manifieste de manera clara y precisa el acto o los actos que por esta vía reclama, lo anterior, toda vez que en el apartado correspondiente únicamente señala como tal la sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve en el expediente 257/2011, dictada en su contra y tendente a privarlo de sus bienes y posesiones; sin embargo, en el apartado correspondiente a los antecedentes refiere lo siguiente "Asimismo, de ser ejecutada dicha carpeta de investigación, es decir su consignación, se me estaría procesando al margen de un procedimiento civil ilegal."; asimismo, refiere en el capítulo de suspensión que le sea otorgada "a modo de ordenar a la responsable me emplace personalmente a juicio y así tener la posibilidad de defenderme adecuadamente." Motivos por lo que a este juzgado federal le genera incertidumbre si viene reclamando únicamente la ejecución de la sentencia en mención, la consignación de la carpeta de investigación o la falta de emplazamiento al juicio de pensiones alimentarias; cuestión que es necesaria aclarar para fijar correctamente la litis en el presente juicio. Dicho requerimiento obedece a que la precisión de los actos reclamados es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por ende debe requerirse al promovente para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Es aplicable la tesis XX.57 K, aprobada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 871, del Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con número de registro 202853 que establece: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRA POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS.- De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda." Dicho requerimiento obedece a que la precisión de los actos reclamados, que es un requisito esencial que debe contener toda demanda de amparo, toda vez que a través de esto se juzga la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se formula y se acredita ante la responsable, ya que lo anterior resulta indispensable para establecer la relación procesal en las controversias constitucionales; ello tomando en consideración que en el ámbito de impartición de justicia existe una diversidad de actos que pueden considerarse como violatorios de los derechos sustantivos del peticionario de amparo, por ende, debe requerirse a la parte quejosa para que aclare la prevención indicada en párrafos que anteceden. Segundo. En relación al punto anterior, de ser el caso, deberá indicar si existe la intervención de diversas autoridades a las señaladas como responsables, y de ser así, indique su denominación y los actos que en su caso les atribuye, así como los antecedentes de los mismos, los cuales deberá realizar de manera cronológica. Tercero. Deberá ampliar de manera completa lógica y cronológica los antecedentes de los actos que por esta vía se reclaman. Dicha prevención deberá ser desahogada "bajo protesta de decir verdad", ya que constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar ésta, por referirse a hechos o circunstancias de conocimiento personal y dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 174,745, que es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Asimismo, se advierte al ocursante que en caso de conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, será puesta a disposición del agente del Ministerio Público, en uso de la facultad conferida en el artículo 237, fracción III de la Ley de Amparo, para la persecución del delito contenido en el artículo 261, fracción I de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. (.)" Consideración que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, registro 2014917, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5, de rubro y contenido siguiente: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato" Con fundamento en el artículo 110 de la Ley de Amparo, se le hace saber al promovente que del escrito con el cual dé cumplimiento a la presente determinación, deberá exhibir el número de copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes. Apercibimiento Apercibida que de no cumplir con el desahogo de la prevención que se le formula en el lapso indicado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo penúltimo de la legislación de la materia, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Actuar oficioso Por otra parte, se requiere al Juez Sexto Familiar del Distrito Judicial Toluca, Estado de México, para que dentro del término de veinticuatro horas, informe a este juzgado de distrito si el quejoso Teodoro Sierra Ávila, tiene reconocido algún carácter o ha comparecido o apersonado dentro del expediente 257/20211 de su índice (recibir copias, constancias, imponerse de los autos); asimismo, si tuvo conocimiento de la sentencia interlocutoria dictada el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, emitida en el expediente 257/2011; para lo cual, deberá acompañar las constancias necesarias con las que se acrediten esos aspectos. Se apercibe a la autoridad, que de ser omisa en remitir la información reseñada, o bien, manifestar el impedimento legal para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización. Para el caso de que ésta deba acompañar las constancias inherentes al acto reclamado, se solicita que las remitan por medio de mensajería rápida al domicilio de este tribunal constitucional, sito en avenida Doctor Nicolás San Juan, ciento cuatro, primer piso, colonia Exrancho Cuauhtémoc, código postal 50010, Toluca, Estado de México. Información pública Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Consulta de medios electrónicos Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Personas autorizadas Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Domicilio procesal Ahora, refiere que señala como domicilio procesal el indicado en el membrete del ocurso, sin embargo, no se advierte domicilio alguno, en consecuencia, por única ocasión practíquese ésta en su domicilio particular señalado en su escrito de demanda. Gratuidad del servicio Se recuerda a las partes que, de conformidad con lo que dispone el artículo 17 Constitucional, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Habilitación de días y horas inhábiles Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones encomendadas y se autoriza a los actuarios adscritos para que, en caso de enterarse de un domicilio diverso en donde puedan realizarlas, se constituyan en éste y las lleven a cabo, sin necesidad de nueva determinación judicial que lo ordene, para lo cual deberán indagar con los vecinos del lugar y asentar pormenorizadamente la razón correspondiente. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Oscar Antonio Madero González, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, asistido de David Ruedas Moncivais, secretario que autoriza y da fe.
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