Terencio Sala Becerra
Expediente 711/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 15 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 711/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 09/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Terencio Sala Becerra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Vista la primera de las certificaciones secretariales con las que se da cuenta, y atendiendo al estado procesal de autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días conferido a la parte quejosa y tercero interesado a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, respecto al proveído de dos de febrero de dos mil diecisiete (fojas 122 a 125), por el que se declaró cumplida la sentencia pronunciada en el presente juicio de amparo, sin que hayan hecho valer medio de impugnación alguno; en esa tesitura, toda vez que el presente expediente se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 196, párrafos tercero y cuarto, en relación con el ordinal 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena el archivo definitivo del presente expediente judicial. Por otra parte, vista la segunda certificación de cuenta, de la que se advierte que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, en cumplimiento al punto Octavo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración, y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años, al encuadrar en las hipótesis previstas en la fracción IV del punto Vigésimo Primero de dicho acuerdo; por tanto, se ordena que previo a su desintegración, se realice el desglose de las constancias a que se refiere el ordenamiento en cita.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte tercero interesada no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el siete de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de dos de febrero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación con la que se da cuenta, de los cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado este asunto para efecto de resolver si la ejecutoria de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; por consiguiente, el suscrito procede a pronunciarse de oficio al respecto, por ser el cumplimiento de la sentencia de amparo una cuestión de orden público. a) Antecedentes del cumplimiento al fallo protector: I. El diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, se dictó la sentencia en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Terencio Sala Becerra (fojas 80 a 88), para que la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "deje insubsistente la resolución reclamada de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Familiar 51/2016, y en su lugar dicte otra, en la que, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el valor y alcance de las constancias presentadas por el quejoso el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y justifique, en su caso, por qué dichos documentos no son idóneos para probar la inasistencia a la audiencia.". II. Por auto de doce de enero de dos mil diecisiete, la sentencia en comento causó ejecutoria, y se requirió a la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, computados legalmente, cumpliera con la ejecutoria de amparo (fojas 101 y 102), lo cual le fue debidamente notificado el trece de enero de dos mil diecisiete (foja 104). III. Por oficios Seg.S.E.F.19/2017 y Seg.S.E.F.24/2017 presentados en la Oficialía de Partes de este Órgano Jurisdiccional el trece y diecinueve de enero de dos mil diecisiete, respectivamente (fojas 105 y 109), la autoridad responsable informó que para dar cabal cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo remitía, con el primer oficio, transcripción del acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete, y con el segundo, copia certificada de la resolución de diecinueve de enero del presente año, dictada en autos del toca familiar 51/2016 de su índice. Conviene precisar que a las documentales referidas se les otorga valor probatorio pleno, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedido por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." IV. Luego, por acuerdo de veinte de enero de dos mil diecisiete (foja 118), se dio vista a las parte quejosa y tercero interesado para que en el plazo de tres días, computados legalmente, hicieran valer lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, que informó la autoridad responsable, sin que hayan hecho uso de ese derecho. b) Valoración del cumplimiento a la sentencia de amparo. De acuerdo con los antecedentes ya precisados, para poder determinar si la sentencia de amparo está cumplida o no lo está, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, es necesario clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio de amparo. Así los efectos de la concesión fue que la autoridad responsable, hiciera lo siguiente: I. Dejara insubsistente la resolución reclamada de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Familiar 51/2016; y, II. En su lugar dictara otra, en la que, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronunciara sobre el valor y alcance de las constancias presentadas por el quejoso el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y justificara, en su caso, por qué dichos documentos no eran idóneos para probar la inasistencia a la audiencia. Ahora, de la constancia aportada en vía de cumplimiento por la Magistrada Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, se advierte que se satisfizo los efectos de la ejecutoria de amparo, de la manera siguiente: En relación al punto I, el mismo se encuentra cumplido, pues mediante acuerdo de trece de enero de dos mil diecisiete dejó sin efectos la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Familiar 51/2016, de la manera siguiente: "---Toda vez que se CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN al quejoso antes citado; en consecuencia, se deja insubsistente la resolución de fecha quince de agosto del año dos mil dieciséis, dictada en los autos del Toca Familiar número 51/2016.---" Por lo que ve al punto II, se desprende su acatamiento por parte de la autoridad responsable, ya que por resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, la Magistrada Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad, se pronunció sobre el valor y alcance de las constancias presentadas por el quejoso el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, al establecer lo siguiente: "---Al dejar de considerar la Juzgadora las constancias de fecha 25 de abril de 2016, exhibidas por el recurrente Terencio Sala Becerra con su escrito de la misma fecha 25 de abril de 2016, presentado en la Oficialía de Partes Común a los Juzgados a las 10:40 de la mañana, como justificante médico de la inasistencia a la audiencia de fecha 25 de abril de 2016, para el desahogo de la prueba pericial en genética ADN, y al hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, teniéndose por ciertos los hechos que se le imputan al demandado, tal y como lo prevé el artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, así como al imponerle la multa por la cantidad de $1,095.60 (UN MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL); aplica inexactamente dicho precepto.-------------------- Se afirma lo anterior, toda vez que la Juzgadora no podía restarle valor probatorio a los justificantes médicos de fechas 25 de abril de 2016, exhibidas por parte del demandado, por el hecho de que el Mandatario Judicial de la parte actora haya solicitado en la audiencia de fecha 25 de abril de 2016, que no se tenga por justificada la inasistencia del demandado por las razones que expuso, ya que al tratarse de documentos originales expedidos en la misma fecha por el mismo doctor perteneciente a una institución pública como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo mismos hacen prueba plena y no se perjudican en cuanto a su validez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 323 fracción II y 404 del Código de Procedimientos Civiles del Estado; por lo tanto, la inconformidad vertida por el Mandatario Judicial de la parte actora no es motivo suficiente para desvirtuar las documentales de referencia y mucho menos para que la Juzgadora no las tomara en consideración, máxime que la misma Autoridad reconoció que las documentales en comento sí justifican la inasistencia del demandado, al señalar en el acuerdo combatido lo siguiente: ". también lo es que dichos documentos exhibidos aun justificando la inasistencia de dicho demandado en caso de que así sea,." Ante esta situación es claro que al quedar plenamente justificada la inasistencia del demandado a la audiencia de fecha 25 de abril de 2016, para el desahogo de la prueba pericial en genética ADN, la Juez natural estaba impedida para hacer efectivo el apercibimiento decretado en el auto de fecha seis de abril de dos mil dieciséis, para tener por ciertos los hechos que se le imputaban al demandado, así como para imponerle la multa antes referida.--------------------------------------------------------------------------Por otra parte, si la juzgadora no tomó en consideración la documental consistente en una orden de traslado de la clínica del ISSSTE, exhibida por el demandado Terencio Sala Becerra con escrito de fecha 25 de abril de 2016, en virtud de haberla presentado en copia simple, al cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 412 del Código de Procedimientos Civiles, carece de valor probatorio, tampoco debió de considerar lo manifestado por el mismo demandado en dicho escrito, respecto a su domicilio ubicado en la ciudad de Mérida, Yucatán; en tal razón la Juez natural debió de constituirse en el domicilio particular del demandado o en el lugar indicado para guardar reposo a efecto de tomar las muestras necesarias para el desahogo de la prueba pericial en genética ofrecida, tal como se ordenó en el auto de fecha seis de abril de dos mil dieciséis; sin embargo, esto no aconteció en el presente caso, debido a que la Juez no se constituyó en el domicilio particular del demandado ni en el lugar indicado para guardar reposo a efecto de desahogar la prueba pericial en genética, por consiguiente, la Juzgadora mucho menos podía hacer efectivo el cuestionado apercibimiento.-------------En este orden de ideas, a fin de acatar el principio de congruencia que debe regir en las resoluciones judiciales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para respetar la garantía de audiencia del recurrente, a fin de no dejar en estado de indefensión, es procedente modificar el auto impugnado, emitido en la audiencia de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis, para quedar de la manera siguiente: [.] --------------------------------------RESUELVE-----------------------------------------------PRIMERO.- SE CONFIRMA el acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (primer acuerdo), con base a lo expuesto en el considerando quinto de la presente resolución.--------------------------------SEGUNDO.- SE MODIFICA el acuerdo de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciséis (segundo acuerdo), con base a lo expuesto en el considerando quinto de la presente determinación, para quedar en los términos precisados en la parte final de dicho considerando.---------------TERCERO.- En cumplimiento, remítase copia certificada de esta resolución al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad de Chetumal, Quintana Roo.-----------------------------------------------CUARTO.- Remítase copia certificada de la presente resolución al juzgado de origen para los efectos legales correspondientes." De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable dictó en autos del Toca Familiar 51/2016, un acuerdo el trece de enero de dos mil diecisiete, mediante el cual dejó sin efectos la resolución de quince de agosto de dos mil dieciséis, asimismo, el diecinueve de enero del presente año, dictó una nueva resolución en la que al valorar el alcance de las constancias presentadas por el quejoso el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, determinó que las mismas al ser documentos originales expedidos por un doctor perteneciente a una institución pública como lo es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, hacían prueba plena de conformidad con lo dispuesto en los artículos 323, fracción II, y 404 ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que resolvió modificar el auto de veinticinco de abril de dos mil dieciséis. En ese contexto, es evidente que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos sus efectos; en tales circunstancias, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia, sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a la parte quejosa y al tercero interesado por el término de quince días a fin de que si es su deseo interponga recurso de inconformidad contra el presente proveído, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
- Principal
(AVISO) Toda vez que la parte quejosa no acudió a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el aviso fijado el veintitrés de los corrientes; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de veinte de enero del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta signado por la Magistrada Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, por medio del cual en cumplimiento al proveído de doce de enero de dos mil diecisiete (fojas 101 y 102), remite copia certificada de la resolución de diecinueve de enero de dos mil diecisiete, dictado en el toca familiar ******************** de su índice. Por consiguiente, dése vista a la parte quejosa y tercero interesado con las constancias enviadas por la citada autoridad, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no realizar pronunciamiento alguno, se dictará resolución fundada y motivada en la cual se declare si la sentencia de amparo está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla; lo anterior, de conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, apéndice 2000, tomo XI, Novena Época, que indica: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.".
- Principal
Chetumal, Quintana Roo, doce de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los que se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis (fojas 80 a 88), sin que lo hubieran hecho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara ejecutoriada, para todos los efectos legales. Así, en el Primer punto resolutivo de la aludida sentencia, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Terencio Sala Becerra, para el efecto de que la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, realice lo siguiente: ".deje insubsistente la resolución reclamada de quince de agosto de dos mil dieciséis, dictada en el Toca Familiar ***, y en su lugar dicte otra, en la que, con libertad de jurisdicción de manera fundada y motivada se pronuncie sobre el valor y alcance de las constancias presentadas por el quejoso el veinticinco de abril de dos mil dieciséis, y justifique, en su caso, por qué dichos documentos no son idóneos para probar la inasistencia a la audiencia." En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la sentencia de amparo en un plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que al efecto se le realice. Sin que en el caso haya lugar a requerirle por conducto de superior jerárquico, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, toda vez que en la especie la autoridad responsable es la Segunda Sala Unitaria Especializada en Materia Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y como tal no tiene un superior jerárquico a quién exhortar para que lo obligue a cumplir sin demora con el fallo protector, ya que el ejercicio de la función jurisdiccional presupone la inexistencia de relaciones de subordinación o superioridad jerárquica, fundada de modo relevante en el artículo 17 de la Constitución Mexicana, pues considerar lo contrario equivaldría a que dicha función fuera funcionalmente desnaturalizada. En el entendido que, de acuerdo con el artículo 193, segundo y tercer párrafo, de la legislación en consulta, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquier otra que intervenga en el trámite relativo, así como si la autoridad responsable demuestra y hace del conocimiento de este Juzgado, con la debida oportunidad, que la ejecutoria concesoria de amparo está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, este órgano de control constitucional podrá ampliar el plazo por una sola ocasión, subsistiendo desde luego, los apercibimientos decretados con antelación y a que se contraen los citados artículos 192 y 258, ambos, de la ley de la materia. Asimismo, se le hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutora concesoria de amparo, si es injustificado, no la exime de responsabilidad, se tomará en consideración como atenuante al imponerse la sanción penal respectiva, de conformidad con lo establecido por el numeral 195, de la legislación en consulta.
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